La fortaleza del mercado laboral dará eficiencia.
Buenos Aires Económico
Por Alejandro Vanoli
Alejandro Vanoli, de la CNV La reforma del sistema jubilatorio resulta necesaria y oportuna. De acuerdo a la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, es el Estado quien otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, prescripción constitucional que desde hace décadas por falencias del Estado y en particular desde 1994 por las falencias del sistema previsional instaurado en esa fecha, no se cumple.
El régimen se introdujo en 1994, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina, copiando prácticamente al sistema chileno impuesto por el gobierno de facto de Pinochet –casi único en el mundo– en ese momento.
Si analizamos a nivel mundial los sistemas jubilatorios se ve que sólo la minoría de los países los privatizaron, en particular un grupo de países latinoamericanos y otros países periféricos. De hecho, países desarrollados como Francia, Canadá y Suecia, entre otros mantienen un régimen obligatorio público, de reparto o de cuentas individuales bajo administración estatal.
Este proceso de privatización impulsado en 1994 constituyó un mecanismo de financiarización forzosa, similar al corralito del que no se podía salir. Hasta este año el traspaso de un sistema a otro era en un solo sentido (del régimen de reparto al de capitalización). Desde esta óptica, cabía preguntarse por qué no permitir una verdadera competencia entre esos dos regímenes sin corralito si el sistema privado era tan bueno. Esta libre elección recién pudo hacerse bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Por otra parte, la mayoría de las AFJP se encuentran enfrentadas a múltiples conflictos de interés dada su pertenencia a grandes conglomerados financieros. En reiteradas oportunidades incumplieron su rol fiduciario, fraudulentamente perjudicando a los futuros beneficiarios. El actual superintendente de AFJP, Carlos Weitz, tuvo una actuación descollante en el pasado y en el presente, en limitar regulatoriamente los conflictos de intereses e investigar y procurar la sanción de prácticas abusivas en el mercado con fondos provisionales por parte de diversos intermediarios y grupos económicos que concentran bancos, seguros y otros agentes de mercado.
No obstante, más allá de estos intentos, es necesario volver a un sistema público obligatorio que no es nada más ni nada menos que imitar el esquema de jubilación que tienen en vigencia los países desarrollados.
Una falla importante del sistema de capitalización, que no suele ser mencionada, es que no proporciona un adecuado cuidado a los fondos de los futuros jubilados ante escenarios de bajas profundas y generalizadas en los mercados de activos financieros. Además el esquema implicó un sistema de financiamiento caro para el sector público y prácticamente escaso para financiar al sector privado y a las actividades productivas, además de generar una clara inequidad distributiva.
Cabe destacar, además, que la medida no surge espontáneamente. Hubo intentos de mejora, como por ejemplo el denominado inciso q) que obligaba a las AFJP a invertir en proyectos de economía real. Sin embargo, los resultados fueron muy limitados.
Algunos sectores desconfían de la administración pública de las cajas jubilatorias por la experiencia pasada entre las décadas de los ’60 y ’80. Una clave para la eficiencia de un régimen previsional, más allá de temas demográficos, es la fortaleza del mercado laboral con trabajadores en blanco y bien pagos.
Sin embargo, ésta es una oportunidad que tiene el Estado para retornar a la dignidad de las jubilaciones de los años ’40 y ’50; con un Estado con superávit y una política que defienda el empleo y la producción será posible profundizar las mejoras en los haberes jubilatorios efectuadas desde el 2003.
En definitiva, el nivel de las jubilaciones –bajo cualquier régimen– depende directamente del estado de la economía. Por lo que en tiempos de crisis global se necesita más que nunca un modelo de desarrollo endógeno, con fuerte presencia estatal que permita mantener la senda de crecimiento con empleo, salarios con mayor poder adquisitivo, y por ende mayor recaudación fiscal y previsional que posibilite mejores jubilaciones para todos. Ello requerirá un gran control social de los fondos previsionales, transparencia, eficiencia económica y social para cumplir todos estos objetivos, buenas jubilaciones, provisión de bienes públicos y adecuado financiamiento a la economía real para lograr así el desarrollo económico y una mejor distribución del ingreso.
Alejandro Vanoli | Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores
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