Juan José Balatti
3 de marzo de 2012
Un Proyecto Nacional que busca ser exitoso necesita por un lado consustanciarse fiel y objetivamente con la historia y ponerse a tono no sólo con el mundo que nos toca vivir sino también con el que intuimos y deducimos habrá de sobrevivirnos.
La justicia, la libertad, la soberanía posibilitan la felicidad, el bienestar general, la unión nacional, la paz, producir más y distribuir mejor. Estos valores prescriptivos básicos necesitan redimensionarse, reformularse si queremos capacitar al hombre argentino para hacer frente y poder realizarse con plenitud en un mundo signado por la mutación constante.
Teniendo en cuenta estas premisas debemos delinear los contornos de un modelo, de un proyecto en este presente-futuro con la memoria del pasado. El Justicialismo aporta a esta modelo una realización peronista y otra kirchnerista, en ambas el pueblo participa y elige sus conductores. Hay continuidad histórica del pueblo con conducciones para cada tiempo.
Los tres pilares fundamentales del Justicialismo, la justicia social, la libertad económica y la soberanía político-económica-tecnológica, necesitan adecuarse a la eficiente interdependencia interestatal y a la conformación de un continentalismo que constituye el penúltimo estadio hacia el universalismo.
El 1 de marzo de 2012 al inaugurar las sesiones del Congreso la Presidenta CFK anuncio el envió de un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la RA.
Un nuevo Banco Central es necesario en la nueva economía que profundice el modelo. No se echa el vino nuevo en odres viejos, enseña el evangelio.
El actual Banco Central es monetarista, responde a la matriz inglesa de bancos centrales que domina el sistema financiero internacional, esclavizando hombres y pueblos.
El mundo necesita de un nuevo sistema económico-monetario-financiero. Ni el libre comercio, ni el mercado o su variante keynesiana pueden solucionar la actual crisis mundial terminal. Son esas políticas monetario-financieras, implementadas a partir del fin de la segunda guerra mundial, las que originaron y condujeron a la actual situación, por lo tanto no pueden ser solución. No perdamos tiempo en realizar la autopsia del cadáver de la crisis financiera. Conocemos el diagnóstico: pandemia monetarista, que dominó y pretende continuar dominando a naciones y pueblos. Enterrémosla definitivamente para bien de la humanidad.
Frente al actual sistema económico-financiero no se plantea la opción entre economía de mercado o economía dirigida, sino quien dirigirá la economía y hacia qué fines. O la política dirige a la economía o la economía continuará dirigiendo la política.
Definir una nueva misión y función de los bancos centrales en occidente está en la agenda de países y regionales. En todos hay dos alternativas la monetarista y la crediticia-productiva, que por otra parte han sido opciones históricas.
El Justicialismo se basa en que “la riqueza, la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción.
El trabajo, es la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad nacional, el trabajo, intelectual o físico o ambos simultáneamente, constituyen además de un derecho esencial la suprema dignidad del hombre argentino.
El capital, es un bien instrumental que el trabajo ha creado, dinamizándolo y poniéndolo al servicio de la economías nacional y del bienestar social. Su utilización por lo tanto no puede contrariar ni al hombre ni al Pueblo argentino en su realización plena.
El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social.
La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”.
Si el trabajo constituye la suprema dignidad del hombre y es el verdadero agente de la producción, es el creador del capital.
El monetarismo posee una finalidad especulativa: lo jurídico, lo político, lo social y hasta lo cultural pasan a ser apéndices de una sociedad plutocrática. La actividad económica, además de responder a los intereses de las oligarquías agrarias, industriales y financieras, como sus únicas metas son los fines de lucro crea en la comunidad expectativas y entusiasmos artificiosos y artificiales, obligando a consumir bienes innecesarios y hasta perjudiciales al conjunto nacional. El principio de la soberanía financiera de la Nación tiene, especialmente en estos momentos, idéntica dimensión formal que el de la soberanía política. La riqueza de una nación es su capacidad para entregar mercancías cuando, donde y como se necesiten. El crédito financiero de una nación es el cálculo de esa capacidad, el que, expresado en forma convencional, constituye el dinero nacional. La moneda es un medio de cambio, no una mercancía. Así como el objeto económico de la industria es la producción y el objeto económico de la sociedad el consumo, el objeto del crédito y la moneda es la distribución, esto es, el encuentro social entre la producción y el consumo. Creado el dinero con propósitos privados y para especular con él, sólo tiene una relación indirecta con las mercancías, dejando por ello de ser una medida social de riqueza. Es imprescindible rescatar a la comunidad de esta realidad artificiosa, volviendo a la esencia natural del dinero y el crédito (medios de cambio) y colocar su manipulación, su creación y su destrucción en manos del Estado como órgano político de la comunidad.
Un nuevo Banco Central, que contribuya a la libertad económica, donde el dinero de la Nación se base en el crédito real de la misma, es decir, en la capacidad combinada de la Nación para producir bienes y servicios. Reconocer cualquier otro patrón o respaldo que no sea la cantidad de riqueza de la comunidad nacional, cesa su función de medio de cambio y nace su desnaturalización como mercancía. El Estado Argentino sustituirá las actuales modalidades abstractas e irreales para emitir moneda, remplazándolas por existencia calculada de bienes y servicios a los que los medios de cambio traducirán. La forma en que computaran las oscilaciones de la riqueza se llevará a cabo por medio de una Cuenta Nacional que reflejará periódica y regularmente la necesidad de crear o destruir dinero nacional de conformidad con las fluctuaciones de apreciación o depreciación de esa misma riqueza.
Tal como es usado en la actualidad el sistema monetario tiene tres características fundamentales:
1º El crédito financiero no es una consecuencia del crédito real ni tiene con éste relación ni correlación alguna;
2º Siendo emitido por el sistema bancario a condición de serle devuelto con interés, el crédito financiero se convierte en una mercancía;
3º El beneficio acumulado por el sistema bancario es de tal grado que transfiere a él el control de la economía. El resultado es un mundo en el que, tanto la producción como el consumo, se desenvuelven en función de las finanzas y éstas –a su vez- son el instrumento formal –cuando no político- del sistema de la banca privada.
El país ha sido orientado por intereses particulares más que por necesidades reales; ello convirtió a la sociedad y al Estado en sistemas disfuncionales para la satisfacción de las necesidades reales. La funcionalidad de la organización económica se logrará reorientando el desempeño de las funciones hacia la satisfacción de las necesidades, tutelando el bien común y vigilando las reservas naturales disponibles para el futuro, sancionando toda distorsión de intereses particulares o contrario a esos principios superiores. No hay un dogma de economía socializada, tampoco hay dogma de economía libre. No existe más que una economía de imperativo categórico, es decir, una economía que, en su conjunto, tiene por misión procurar a una comunidad dada las mejores condiciones de vida. Por ello y primordialmente, el Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones económicas, en tanto ellas coincidan con el interés nacional, consolidando la justicia social, la libertad económica y la soberanía política-tecnológica-financiera. Para alcanzar esto es necesario reformar el actual Banco Central. Esta reforma ha de ser la base sólida sobre la que se construya la profundización del modelo.
El Justicialismo, conjunciones de ideas y valores nacidas del pueblo, en su origen estableció la necesidad de alcanzar la libertad económica, como nación soberana y así poder realizar la justicia social.
“La Nación alcanzara su libertad económica, para quedar en consecuencia de hecho y de derecho, con el amplio poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana” Del acta de la Declaración de la Independencia Económica realizada en la Casa de Tucumán el 9 de julio de 1947.
Nuestro homenaje y recuerdo al Compañero Tato
El periodista y escritor Néstor "Tato" Contissa (Jacobacci, 28/8/1954 - Buenos Aires 27 de febrero de 2012)
"Peronista integral, como el arroz", como se definía, Contissa tuvo una fuerte presencia en la batalla por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, desde su rol de docente en la Facultad de Ciencias Sociales, fue formador de profesionales del Periodismo y la Comunicación.
Contissa se licenció en Periodismo en 1984, trabajó en radio y distintos medios gráficos y fue subdirector de Radio nacional, cuando la dirección estaba a cargo de Mona Moncalvillo.
En la actualidad, conducía el programa "Días como flechas" en la AM750, junto a Pancho Muñoz y también colaboraba en la agencia Télam con distintos artículos y cuentos.
Fuentes allegadas al periodista, confirmaron que sus restos no serán velados y que serán inhumados mañana a las 9,30 en una Misa de Cuerpo Presente en el Cementerio de la Chacarita.
Vamos por mas patria.........
Antonio Muñiz
Luego del aplastante triunfo de Cristina Fernández de Kirchner el pasado 23 de octubre, se abre un nuevo escenario político y quedan sin lugar a dudas muchas cosa para el debate y la discusión para los próximos meses.
Sin embargo creo quedan alguna cosa muy claras, que viene expresando nuestra presidenta en los últimos discursos, Creo que hay expresiones que son sustanciales para entender lo que vendrá. La primera se refirió a que ella no es neutral, que este no es un gobierno neutral, está para defender a los humildes, a los trabajadores, siempre con medidas inclusivas. Este gobierno tiene como objetivos sostener un crecimiento a tasas elevadas que permitan generar empleo e inclusión social, reindustrializar el país pero al mismo tiempo generar mercado interno. El kirchnerismo, abreva en lo mejor del peronismo, es un proyecto de país, un proyecto político, social y económico claro, acotarlo a un “modelo”, como pretenden el stablishment es ocultar su raíz histórica, es empobrecerlo. Es un proyecto de país que lleva 8 años de ejecución y que va por otros cuatro años con un gran apoyo popular.
Sin lugar a dudas es necesario, dentro del marco de fuerzas existente, avanzar en reformas sustanciales para profundizar el rumbo expuesto, La reforma del sistema financiero se presenta como perentoria si se pretende seguir creciendo a tasas altas, es necesario re direccionar el ahorro de los argentinos hacia la producción y el trabajo.
Hay que avanzar en la ley de tierras que pidió la presidenta, hay que avanzar el nuevo estatuto del peón rural, una nueva ley de arrendamiento de la tierra, que fomente la producción y el trabajo del chacarero pero desaliente el monocultivo sojero y permita cuidar la riqueza de la tierra.
Hay que avanzar en la distribución de la riqueza, y esto no solo se hace mejorando los salarios, también hay formas indirectas que es necesario reforzar, hay que construir mas viviendas, mas y mejores escuelas, mas hospitales, hay que seguir construyendo rutas y caminos, vías férreas, usinas eléctricas, mas industrias que agreguen valor a nuestra producción primaria, que su vez generen empleo y mayor inclusión social
La otra frase que creo nos marca un camino fue: “Les pido que se organicen en los frente sociales, en los frentes estudiantiles, para defender a la patria y los intereses de los más vulnerables y para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido” y estaba dirigida a los miles de militantes, muchos de ellos jóvenes, que nos reunimos en la plaza ese 23 a la noche. Creo que el mensaje es claro, y toma lo mejor de la historia peronista, “la organización”, nos esta pidiendo que organicemos las fuerzas propias, que desarrollemos frentes de trabajo militante, en los barrios, en la fabricas, en las universidades, para lograr unidad y organización para defender lo logrado e ir por mas.
En ese sentido muchos de nosotros, simples militantes, venimos trabajando en la unidad de agrupaciones, espacios políticos, movimientos sociales, etc, en un armado común que levantando las banderas del movimiento nacional se reivindique hoy como kirchnerista y siga la conducción de Cristina Fernández. Este espacio tiene que ser amplio y convocante, es necesario sumar a todos, sin mezquindades y sin soberbias. Debemos dejar de lado la mentalidad de kiosquitos, que pudieron servir en algún momento, pero que hoy la historia nos exige superar.
El desafió del momento es comprender el rumbo que nos marca Cristina Fernández, cuando en sus mensajes nos convoca a todos los argentinos a superar las divisiones y a trabajar por la unidad nacional pero al mismo tiempo nos convoca a profundizar las políticas orientadas a lograr más inclusión, mas democracia, mas pluralidad y mas derechos humanos”.
Carta de la igualdad
El espacio de intelectuales, artistas y creadores elaboró un nuevo documento que analiza el proceso que llevó a la reelección de Cristina Kirchner y los desafíos que se abren ahora.
I
El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54 por ciento de los votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político, late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa, heterogénea y abierta, y el impulso hacia un extendido compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los argumentos simplistas de la gran prensa –voto conservador, el consumo, la oposición inexpresiva– son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de continuidad que también sostuvieron el 54 por ciento. El humor social, la recuperación de valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en lo público, la perspectiva y esperanza en un futuro.
Recordemos que apenas una década ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular de 2001, cuando en las calles se sancionó la derrota política –y comenzó el retroceso cultural– de un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ’90. Y si aquéllas habían crecido en la resistencia, creando formas nuevas para la política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Juntamente con una aguda recesión avanzaron la desocupación, la exclusión, la marginación y la pobreza, mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a los sectores más concentrados de la economía.
La Historia abrió una alternativa y una esperanza en 2003. La extendida experiencia política que denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia, una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner fue el epicentro de esa combinación. Asumió la presidencia con un discurso nacional y popular que se distancia del camino industrial-primario-exportador sin inclusión social (desarrollista de derecha), que había intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la democratización de la economía, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno se pensó como heredero e intérprete de la movilización social, viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis, sino también los de una organización de la que no se podría prescindir. Los movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción, junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.
La desarticulación del último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se encontraban sin juicio ni castigo. Los primeros intentos de justicia sucumbieron bajo las leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita construcción militante de derechos humanos. Heroica por parte de las Madres de la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos, y multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de desarmar el dispositivo de la impunidad, el gobierno recuperaba las reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y, al hacerlo, se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva. El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de sentencias y la constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del terrorismo de Estado configuraron un camino que debe seguir siendo profundizado con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados –como en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas– por lo tramitado en las mazmorras concentracionarias. Consecuente con la profundidad de su compromiso con los derechos humanos, una de las características distintivas del proyecto iniciado en 2003 ha sido la firme decisión de los gobiernos nacionales de no reprimir la protesta popular.
El desendeudamiento con el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita, las negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de recomposición de ingresos y, luego, la estatización de la administración previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen jubilatorio trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la Unasur y la flamante Celac. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política internacionalista y regional.
II
En 2008 la nueva época adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó –y opera– como el agente interno de la restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados con los negocios ligados a la Argentina reprimarizada de fin del siglo pasado. Se sumó toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos, conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la apuesta a un modelo centrado en la demanda externa y sustentado en salarios bajos.
Los tiempos eran agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía nacional y ala ampliación de derechos se alzaba una coalición destituyente promovida por la elite del privilegio.
El año 2009 –en el que se afrontó un resultado electoral adverso– supuso un desafío de gran dificultad, pero las fuerzas estaban templadas y el Gobierno profundizó las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja signaron ese momento. Coincidieron durante ese año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional, que fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no escaseaban los conflictos, el Gobierno impulsó con fuerza otra reforma estructural: una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prescribe límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la apuesta se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.
En dos acontecimientos de 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la multitud reconocida en la nación que se conmemoraba –y esto es: no en abierto conflicto con el gobierno que la representaba–, en el segundo fue la emergencia de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la contracara de la justa ira de diciembre de 2001, el duelo en la plaza reponía una confianza en la política que era impensable diez años atrás.
III
Eso fue posible porque la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos, leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar Igualdad a las posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta imprescindible. La ley del matrimonio igualitario –que lleva en su nombre la cuestión que tratamos–, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad –y ya no como sumisión a la voluntad de un otro–, está en el horizonte de esas medidas que, impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las creencias y las lógicas que estructuran la vida social.
Si la Igualdad es el horizonte de estas políticas, lo es como igualdad en la diferencia y reconocimiento de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va desplegando en un recorrido desde la inclusión –con las múltiples estrategias de reparación social– hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La igualdad en la diferencia debe ser también el signo de una democratización profunda de la cultura, a la que las mayorías tengan acceso, generando disposiciones al conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura no es sólo generar espectáculos masivos. Es también crear las condiciones para la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento –como la ley de medios y Tecnópolis– que deben ser profundizados y ampliados. Muchos pasos se han dado de 2003 a hoy para disminuir la desigualdad que había generado la destrucción de la educación pública. Más chicos en la escuela y almorzando con sus familias. Menor deserción. Primeras camadas del secundario en algunas zonas del país. Docentes reconocidos en su dignidad de trabajadores. Bibliotecas y netbooks para todos. Estos cambios destacan y promueven el desafío de avanzar por lo aún faltante: la buena escuela pública, como la mejor alternativa de formación en todos los lugares y para todos los sectores. Habrá que explorar pedagogías, cruzar saberes y pensamientos, interrogar los modos de transmisión del conocimiento; pero esto será posible no sólo por el trabajo de especialistas sino también por la mayor participación de sujetos activos con compromiso en la transformación cultural y social necesaria para la buena educación. Ello requerirá que la política de Estado enunciada en la Ley de Educación Nacional se traduzca en prácticas sociales que legitimen en todo el territorio de nuestro país el derecho a la educación pública en una sociedad democrática. Pero aun con los cambios legislativos y políticas implementadas, subsisten tendencias estructurales regresivas, constitutivas de una matriz de sistema educativo, cuya reversión es imprescindible para atender al objetivo de la Igualdad. El creciente peso relativo de la educación privada –sostenida con financiamiento del Estado– en todos los distritos del país, pero con más intensidad donde predomina la población de sectores medios, resume la significatividad de esas herencias. Ese avance en desmedro de la centralidad de la educación pública es una fuente de desigualación social que conjuga desde segmentaciones clasistas hasta prejuicios raciales. La superación de esta lógica requiere de la convocatoria a los docentes, a los sindicatos y a la participación popular para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular.
Una nueva etapa del proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la victoria electoral y en el foro del G-20. En ellos el ideal de la Igualdad y la crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave. Posicionarse desde América latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del lado de las mayorías populares en la política nacional. No son aceptables las interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó a los años noventa. En éstos se trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, en tanto el crédito a los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria –constructora de desigualdad– avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del sufragio en una nación de ciudadanos frente al voto en un mercado de consumidores.
IV
La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de Mar del Plata, que derrotó al ALCA, y los proyectos de constitución del Banco del Sur y de la Unasur, así como la desvinculación de las políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin imprevisible. La nueva política económica heterodoxa desarrollada por la Argentina y buena parte de América latina y el Caribe generó mejores condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en el nivel de la economía mundial.
El desplome financiero conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para ese objetivo. Las derechas de los países centrales se obstinan en profundizar la lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los órdenes nacionales como en la esfera global. En esos países la democracia emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el poder financiero elige tecnocracias para dirigir sus destinos. Las instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia y ajustes en los presupuestos públicos, privatizaciones de empresas de servicios y reducciones de salarios, despidos masivos y destrucción de lo que restaba de los Estados de bienestar configuran el nuevo rostro de los países centrales. En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas civilizatorios”. Sin embargo, este avance reaccionario no se despliega sin resistencias. Las huelgas y movilizaciones obreras y el surgimiento de nuevas expresiones de lucha popular –como la de los indignados– son síntomas de un descontento que constituye un potencial de futuros conflictos, lejos de la pretendida sentencia del fin de la Historia que el neoliberalismo proclamaba en sus décadas de esplendoroso ascenso.
El discurso presidencial en el G-20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá a la barbarie?
La degradación del sistema en los países centrales comprende la aceptación y el fomento de paraísos fiscales, esquemas de elusión impositiva, maniobras con los precios de transferencia en las operaciones intrafirma de las empresas transnacionales. Así, mientras la financiarización conduce a la profundización de estos rasgos, los discursos de los líderes de las naciones hegemónicas condenan esas prácticas, la mayoría de las veces en forma hipócrita, mientras promueven ordenamientos legales internacionales con objetivos más cosméticos que transformadores.
En cambio, los países periféricos que sufren pérdidas fiscales y fugas de capitales por la presencia de esos mecanismos están interesados realmente en su desarticulación. El gobierno argentino ha trabajado en los foros internacionales en esa dirección. Así, el interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno. Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de Ley Antiterrorista, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega.
Durante la última década nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada en el mundo desarrollado. Tal proceso político, dirigido a establecer esa sociedad de derechos, es incongruente con las sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América latina –con marcadas heterogeneidades, indudablemente–, supone un ejercicio creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en el cual la ciudadanía política recupera un lugar principal respecto de las relaciones mercantiles no exento de conflictos y contradicciones. La frustración del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas de ajuste impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permite realizar un poderoso contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos no están exentos de intrincados desafíos, asociados a un exacerbado grado de transnacionalización, gestión de recursos naturales y complejos escenarios de tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates todavía en ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares, independientes, igualitarios y libertarios.
No es fácil darle nombre propio al tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta/10 y, ciertamente, ese nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas. La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera, resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible, frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo mundial. El paradigma de la Igualdad adquiere una significación trascendente como brújula en el clima de desazón de esta época.
La recuperación y centralidad de la idea de Igualdad representa una transformación cultural en la Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias conducirían a la ampliación y eficiencia productivas que desembocarían en la reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos. Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.
Siempre ha existido una relación contradictoria y tensa entre capitalismo e Igualdad. La extensión de los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que esa expansión a la vez operaba como velo de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la economía esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni la Igualdad sustantiva ni la ampliación de derechos son cuestiones de mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación mercantil para elegir el destino estratégico de una nación son tributarios de una propuesta de profundización de la Igualdad. Esta es la inscripción del paradigma de la Igualdad proclamado por la Presidenta como objetivo de esta etapa.
V
Desde 2003 se produjo una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que la Argentina eleva los índices promedio de la región en términos de equidad distributiva. El sistema impositivo alcanzó en 1974 su pico de equidad del siglo XX, y luego comenzó un ininterrumpido derrumbe que profundizaba constantemente su regresividad. El actual proyecto ha revertido esa tendencia alcanzando una leve progresividad al final de la década recién concluida. Las retenciones han contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20 por ciento más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del Impuesto a las Ganancias, la reforma en el Impuesto al Valor Agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales son cuestiones pendientes.
El crecimiento del gasto público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron en ese sentido. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora cualitativa: una atención que no sólo descanse en la mejora de la infraestructura escolar o sanitaria. En relación con la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9 por ciento del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste –en un sistema fragmentado– una enorme inequidad en la distribución de los recursos. Pensar la salud como política de integración social hace necesario recuperar el rol del Estado como único rector y prestador creciente y dominante, para hacer realidad la universalidad de la atención y el acceso a la salud como derechos de ciudadanía. Un derecho no es ni puede ser una mercancía, ni debe ser el mercado quien distribuya la salud y la vida.
La quita de subsidios a los ricos y a las clases medias-altas que pueden prescindir de ellos contribuye a la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías populares asociadas a recortes del gasto público y no así las reasignaciones progresivas de éste, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que provee los bienes para éste.
La cuestión de la Igualdad comprende el debate clave acerca de los sectores en pugna por la distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa del alza de los precios y la disminución de la competitividad externa tienden a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal, pero esta vez actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora. Este aparente oxímoron consiste en propiciar una creciente intervención estatal en materia económica, pero amputando las políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 –asociadas a la recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical– del programa encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico concentrado local y extranjero. La competitividad externa, luego de la devaluación del peso argentino en 2002, fue conseguida a costa de fuertes transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al mercado interno hacia los sectores empresarios medianos y grandes rurales y urbanos. No se explicó, entonces, por un incremento de la competitividad sistémica genuina, sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una conducta empresarial de fuertes inversiones, que en el caso de las grandes empresas tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 pese a las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años. La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos del modelo económico– parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la metáfora presidencial de “sintonía fina”.
Mucho se hizo en estos años en pos de la afirmación de la Igualdad. Lo hizo un gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario. Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y que las llevan al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas, como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos, delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores–, pero al mismo tiempo forjadas en la protección de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90 y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas.
No es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades, en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la reacción y un movimiento –complejo y múltiple– que apuesta por la Igualdad. Es inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras brava ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos– un compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la Igualdad, el de ampliación de derechos.
VI
El paradigma de la Igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga de capitales. Durante los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial, conseguido como resultado de la actual política económica y de las condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las constantes remesas de utilidades revelan que la Igualdad no constituye un objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. Así, a la exigencia de mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al Estado fijar políticas.
Pendiente está, en función de la profundización de la Igualdad, una legislación justa sobre la posesión de la tierra urbana y rural. El proyecto de ley actualmente en discusión constituye un primer paso. Los desalojos de los humildes y la prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del modelo derrotado en 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.
La marginación del ideario del desarrollo y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento y derrame fueron tributarios de la sanción de leyes financieras que retiraron al Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas– y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la Ley de Entidades Financieras y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización.
La vibrante defensa de Cristina Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio origen a Aysa y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo habilitan una vía de profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo de una banca extranjera especializada en créditos personales –colocados a altas tasas–, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa creencia. Así, el empeoramiento del balance de divisas en el sector energético alerta sobre una insuficiencia exploratoria del capital privado en la industria petrolera. La mejora en el planeamiento y la regulación y la recuperación de la centralidad empresaria estatal en ese sector no sólo atenderían a requerimientos del proceso de desarrollo, sino que también crearían condiciones para generar estrategias económicas que no desdeñen el cuidado del medio ambiente, a la vez que afirmarían el camino de la autonomía nacional.
VII
Si se postula una sociedad de derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados es una sociedad sin plan, porque la organización de ésta opera indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser ése un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.
Una sociedad movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en ningún pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto conjunto de militancias heterogéneas y diferentes configuran un escenario promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la Historia, más bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que establece con otros momentos, pero también para que su actual complejidad ilumine la del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la Igualdad.
I
El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54 por ciento de los votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político, late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa, heterogénea y abierta, y el impulso hacia un extendido compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los argumentos simplistas de la gran prensa –voto conservador, el consumo, la oposición inexpresiva– son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de continuidad que también sostuvieron el 54 por ciento. El humor social, la recuperación de valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en lo público, la perspectiva y esperanza en un futuro.
Recordemos que apenas una década ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular de 2001, cuando en las calles se sancionó la derrota política –y comenzó el retroceso cultural– de un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ’90. Y si aquéllas habían crecido en la resistencia, creando formas nuevas para la política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Juntamente con una aguda recesión avanzaron la desocupación, la exclusión, la marginación y la pobreza, mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a los sectores más concentrados de la economía.
La Historia abrió una alternativa y una esperanza en 2003. La extendida experiencia política que denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia, una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner fue el epicentro de esa combinación. Asumió la presidencia con un discurso nacional y popular que se distancia del camino industrial-primario-exportador sin inclusión social (desarrollista de derecha), que había intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la democratización de la economía, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno se pensó como heredero e intérprete de la movilización social, viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis, sino también los de una organización de la que no se podría prescindir. Los movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción, junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.
La desarticulación del último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se encontraban sin juicio ni castigo. Los primeros intentos de justicia sucumbieron bajo las leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita construcción militante de derechos humanos. Heroica por parte de las Madres de la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos, y multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de desarmar el dispositivo de la impunidad, el gobierno recuperaba las reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y, al hacerlo, se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva. El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de sentencias y la constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del terrorismo de Estado configuraron un camino que debe seguir siendo profundizado con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados –como en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas– por lo tramitado en las mazmorras concentracionarias. Consecuente con la profundidad de su compromiso con los derechos humanos, una de las características distintivas del proyecto iniciado en 2003 ha sido la firme decisión de los gobiernos nacionales de no reprimir la protesta popular.
El desendeudamiento con el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita, las negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de recomposición de ingresos y, luego, la estatización de la administración previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen jubilatorio trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la Unasur y la flamante Celac. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política internacionalista y regional.
II
En 2008 la nueva época adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó –y opera– como el agente interno de la restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados con los negocios ligados a la Argentina reprimarizada de fin del siglo pasado. Se sumó toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos, conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la apuesta a un modelo centrado en la demanda externa y sustentado en salarios bajos.
Los tiempos eran agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía nacional y ala ampliación de derechos se alzaba una coalición destituyente promovida por la elite del privilegio.
El año 2009 –en el que se afrontó un resultado electoral adverso– supuso un desafío de gran dificultad, pero las fuerzas estaban templadas y el Gobierno profundizó las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja signaron ese momento. Coincidieron durante ese año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional, que fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no escaseaban los conflictos, el Gobierno impulsó con fuerza otra reforma estructural: una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prescribe límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la apuesta se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.
En dos acontecimientos de 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la multitud reconocida en la nación que se conmemoraba –y esto es: no en abierto conflicto con el gobierno que la representaba–, en el segundo fue la emergencia de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la contracara de la justa ira de diciembre de 2001, el duelo en la plaza reponía una confianza en la política que era impensable diez años atrás.
III
Eso fue posible porque la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos, leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar Igualdad a las posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta imprescindible. La ley del matrimonio igualitario –que lleva en su nombre la cuestión que tratamos–, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad –y ya no como sumisión a la voluntad de un otro–, está en el horizonte de esas medidas que, impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las creencias y las lógicas que estructuran la vida social.
Si la Igualdad es el horizonte de estas políticas, lo es como igualdad en la diferencia y reconocimiento de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va desplegando en un recorrido desde la inclusión –con las múltiples estrategias de reparación social– hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La igualdad en la diferencia debe ser también el signo de una democratización profunda de la cultura, a la que las mayorías tengan acceso, generando disposiciones al conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura no es sólo generar espectáculos masivos. Es también crear las condiciones para la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento –como la ley de medios y Tecnópolis– que deben ser profundizados y ampliados. Muchos pasos se han dado de 2003 a hoy para disminuir la desigualdad que había generado la destrucción de la educación pública. Más chicos en la escuela y almorzando con sus familias. Menor deserción. Primeras camadas del secundario en algunas zonas del país. Docentes reconocidos en su dignidad de trabajadores. Bibliotecas y netbooks para todos. Estos cambios destacan y promueven el desafío de avanzar por lo aún faltante: la buena escuela pública, como la mejor alternativa de formación en todos los lugares y para todos los sectores. Habrá que explorar pedagogías, cruzar saberes y pensamientos, interrogar los modos de transmisión del conocimiento; pero esto será posible no sólo por el trabajo de especialistas sino también por la mayor participación de sujetos activos con compromiso en la transformación cultural y social necesaria para la buena educación. Ello requerirá que la política de Estado enunciada en la Ley de Educación Nacional se traduzca en prácticas sociales que legitimen en todo el territorio de nuestro país el derecho a la educación pública en una sociedad democrática. Pero aun con los cambios legislativos y políticas implementadas, subsisten tendencias estructurales regresivas, constitutivas de una matriz de sistema educativo, cuya reversión es imprescindible para atender al objetivo de la Igualdad. El creciente peso relativo de la educación privada –sostenida con financiamiento del Estado– en todos los distritos del país, pero con más intensidad donde predomina la población de sectores medios, resume la significatividad de esas herencias. Ese avance en desmedro de la centralidad de la educación pública es una fuente de desigualación social que conjuga desde segmentaciones clasistas hasta prejuicios raciales. La superación de esta lógica requiere de la convocatoria a los docentes, a los sindicatos y a la participación popular para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular.
Una nueva etapa del proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la victoria electoral y en el foro del G-20. En ellos el ideal de la Igualdad y la crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave. Posicionarse desde América latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del lado de las mayorías populares en la política nacional. No son aceptables las interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó a los años noventa. En éstos se trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, en tanto el crédito a los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria –constructora de desigualdad– avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del sufragio en una nación de ciudadanos frente al voto en un mercado de consumidores.
IV
La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de Mar del Plata, que derrotó al ALCA, y los proyectos de constitución del Banco del Sur y de la Unasur, así como la desvinculación de las políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin imprevisible. La nueva política económica heterodoxa desarrollada por la Argentina y buena parte de América latina y el Caribe generó mejores condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en el nivel de la economía mundial.
El desplome financiero conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para ese objetivo. Las derechas de los países centrales se obstinan en profundizar la lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los órdenes nacionales como en la esfera global. En esos países la democracia emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el poder financiero elige tecnocracias para dirigir sus destinos. Las instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia y ajustes en los presupuestos públicos, privatizaciones de empresas de servicios y reducciones de salarios, despidos masivos y destrucción de lo que restaba de los Estados de bienestar configuran el nuevo rostro de los países centrales. En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas civilizatorios”. Sin embargo, este avance reaccionario no se despliega sin resistencias. Las huelgas y movilizaciones obreras y el surgimiento de nuevas expresiones de lucha popular –como la de los indignados– son síntomas de un descontento que constituye un potencial de futuros conflictos, lejos de la pretendida sentencia del fin de la Historia que el neoliberalismo proclamaba en sus décadas de esplendoroso ascenso.
El discurso presidencial en el G-20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá a la barbarie?
La degradación del sistema en los países centrales comprende la aceptación y el fomento de paraísos fiscales, esquemas de elusión impositiva, maniobras con los precios de transferencia en las operaciones intrafirma de las empresas transnacionales. Así, mientras la financiarización conduce a la profundización de estos rasgos, los discursos de los líderes de las naciones hegemónicas condenan esas prácticas, la mayoría de las veces en forma hipócrita, mientras promueven ordenamientos legales internacionales con objetivos más cosméticos que transformadores.
En cambio, los países periféricos que sufren pérdidas fiscales y fugas de capitales por la presencia de esos mecanismos están interesados realmente en su desarticulación. El gobierno argentino ha trabajado en los foros internacionales en esa dirección. Así, el interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno. Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de Ley Antiterrorista, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega.
Durante la última década nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada en el mundo desarrollado. Tal proceso político, dirigido a establecer esa sociedad de derechos, es incongruente con las sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América latina –con marcadas heterogeneidades, indudablemente–, supone un ejercicio creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en el cual la ciudadanía política recupera un lugar principal respecto de las relaciones mercantiles no exento de conflictos y contradicciones. La frustración del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas de ajuste impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permite realizar un poderoso contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos no están exentos de intrincados desafíos, asociados a un exacerbado grado de transnacionalización, gestión de recursos naturales y complejos escenarios de tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates todavía en ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares, independientes, igualitarios y libertarios.
No es fácil darle nombre propio al tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta/10 y, ciertamente, ese nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas. La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera, resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible, frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo mundial. El paradigma de la Igualdad adquiere una significación trascendente como brújula en el clima de desazón de esta época.
La recuperación y centralidad de la idea de Igualdad representa una transformación cultural en la Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias conducirían a la ampliación y eficiencia productivas que desembocarían en la reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos. Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.
Siempre ha existido una relación contradictoria y tensa entre capitalismo e Igualdad. La extensión de los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que esa expansión a la vez operaba como velo de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la economía esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni la Igualdad sustantiva ni la ampliación de derechos son cuestiones de mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación mercantil para elegir el destino estratégico de una nación son tributarios de una propuesta de profundización de la Igualdad. Esta es la inscripción del paradigma de la Igualdad proclamado por la Presidenta como objetivo de esta etapa.
V
Desde 2003 se produjo una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que la Argentina eleva los índices promedio de la región en términos de equidad distributiva. El sistema impositivo alcanzó en 1974 su pico de equidad del siglo XX, y luego comenzó un ininterrumpido derrumbe que profundizaba constantemente su regresividad. El actual proyecto ha revertido esa tendencia alcanzando una leve progresividad al final de la década recién concluida. Las retenciones han contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20 por ciento más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del Impuesto a las Ganancias, la reforma en el Impuesto al Valor Agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales son cuestiones pendientes.
El crecimiento del gasto público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron en ese sentido. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora cualitativa: una atención que no sólo descanse en la mejora de la infraestructura escolar o sanitaria. En relación con la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9 por ciento del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste –en un sistema fragmentado– una enorme inequidad en la distribución de los recursos. Pensar la salud como política de integración social hace necesario recuperar el rol del Estado como único rector y prestador creciente y dominante, para hacer realidad la universalidad de la atención y el acceso a la salud como derechos de ciudadanía. Un derecho no es ni puede ser una mercancía, ni debe ser el mercado quien distribuya la salud y la vida.
La quita de subsidios a los ricos y a las clases medias-altas que pueden prescindir de ellos contribuye a la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías populares asociadas a recortes del gasto público y no así las reasignaciones progresivas de éste, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que provee los bienes para éste.
La cuestión de la Igualdad comprende el debate clave acerca de los sectores en pugna por la distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa del alza de los precios y la disminución de la competitividad externa tienden a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal, pero esta vez actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora. Este aparente oxímoron consiste en propiciar una creciente intervención estatal en materia económica, pero amputando las políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 –asociadas a la recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical– del programa encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico concentrado local y extranjero. La competitividad externa, luego de la devaluación del peso argentino en 2002, fue conseguida a costa de fuertes transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al mercado interno hacia los sectores empresarios medianos y grandes rurales y urbanos. No se explicó, entonces, por un incremento de la competitividad sistémica genuina, sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una conducta empresarial de fuertes inversiones, que en el caso de las grandes empresas tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 pese a las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años. La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos del modelo económico– parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la metáfora presidencial de “sintonía fina”.
Mucho se hizo en estos años en pos de la afirmación de la Igualdad. Lo hizo un gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario. Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y que las llevan al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas, como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos, delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores–, pero al mismo tiempo forjadas en la protección de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90 y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas.
No es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades, en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la reacción y un movimiento –complejo y múltiple– que apuesta por la Igualdad. Es inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras brava ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos– un compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la Igualdad, el de ampliación de derechos.
VI
El paradigma de la Igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga de capitales. Durante los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial, conseguido como resultado de la actual política económica y de las condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las constantes remesas de utilidades revelan que la Igualdad no constituye un objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. Así, a la exigencia de mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al Estado fijar políticas.
Pendiente está, en función de la profundización de la Igualdad, una legislación justa sobre la posesión de la tierra urbana y rural. El proyecto de ley actualmente en discusión constituye un primer paso. Los desalojos de los humildes y la prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del modelo derrotado en 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.
La marginación del ideario del desarrollo y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento y derrame fueron tributarios de la sanción de leyes financieras que retiraron al Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas– y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la Ley de Entidades Financieras y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización.
La vibrante defensa de Cristina Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio origen a Aysa y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo habilitan una vía de profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo de una banca extranjera especializada en créditos personales –colocados a altas tasas–, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa creencia. Así, el empeoramiento del balance de divisas en el sector energético alerta sobre una insuficiencia exploratoria del capital privado en la industria petrolera. La mejora en el planeamiento y la regulación y la recuperación de la centralidad empresaria estatal en ese sector no sólo atenderían a requerimientos del proceso de desarrollo, sino que también crearían condiciones para generar estrategias económicas que no desdeñen el cuidado del medio ambiente, a la vez que afirmarían el camino de la autonomía nacional.
VII
Si se postula una sociedad de derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados es una sociedad sin plan, porque la organización de ésta opera indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser ése un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.
Una sociedad movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en ningún pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto conjunto de militancias heterogéneas y diferentes configuran un escenario promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la Historia, más bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que establece con otros momentos, pero también para que su actual complejidad ilumine la del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la Igualdad.
Crisis mundial, rebeliones y anarcocapitalismo
Por: Ricardo Forster
Que vivimos en un momento difícil, complejo y crítico de la historia mundial es algo que no puede negarse ni ocultarse. Que la desorientación, la pérdida de referencias y el extravío sacuden en particular a los países más desarrollados es algo que también se manifiesta con sólo mirar lo que está sucediendo en sociedades como Grecia, España, Italia, Francia o Estados Unidos, sociedades en la que la propia democracia no atraviesa por su momento más espléndido allí donde ha sido duramente colonizada por la tecnocracia economicista que hoy impulsa los famosos planes de ajuste. Que el modelo de valorización financiera que vino a instalarse en la economía mundial desde finales de los setenta y como un modo de ir desplazando al Estado de Bienestar en el mismo momento en que se derrumbaba la Unión Soviética, ha entrado en una profunda crisis que amenaza con ser terminal es algo que ni siquiera los medios de comunicación hegemónicos pueden disimular más allá de que todavía sigan predominando el discurso y las soluciones neoliberales. Que mientras eso sucede en el centro económico del mundo hay otras regiones, en particular Sudamérica, que, a diferencia de otras épocas en las que un estornudo en el Primer Mundo significaba una neumonía entre nosotros, va atravesando la crisis con una estabilidad sorprendente de acuerdo a las experiencias anteriores, es también señal de los cambios que vienen operándose en algunos de sus principales países, y eso a pesar de la pésima prensa que suelen tener en los medios primermundistas los procesos políticos que se despliegan en esta parte sureña del continente americano (¿no resulta extraño que durante la última década se demonizara a la Venezuela de Chávez, a la Bolivia de Evo Morales, al Ecuador de Correa y a la Argentina de los Kirchner mientras se aceleraban las condiciones, invisibilizadas por los medios hegemónicos, para el desencadenamiento de la crisis que desde el 2008 viene acorralando a Estados Unidos y Europa y nada se decía del autoritarismo represivo de los regímenes árabes que serían desbancados en 2011?). Que el mundo árabe se ve sacudido por una ola de movilizaciones populares de carácter democrático es algo que va mucho más allá de lo que en primera instancia se definió como un modo de sacarse de encima dictaduras opresivas que venían sojuzgando a esos pueblos desde hace décadas con el beneplácito de las democracias occidentales, para ir transformándose en profundas y decisivas interpelaciones al poder, al sistema económico y a la injusticia estructural que todavía hoy sigue vigente. Que China comienza a enfrentarse a problemas macroeconómicos que amenazan no sólo con desacelerar su crecimiento sino que también impactan sobre los trabajadores impulsando un grado incipiente pero persistente de conflictividad social, es otro dato de esos que hacen temblar al resto del planeta que, eso es cada vez más evidente y gravoso, depende de un modo decisivo de la continua expansión de la economía del gigante asiático.
En un mundo convulsionado donde se entrelazan como factores de conflictividad creciente lo económico, lo político, lo social, lo ecológico y hasta lo cultural, Sudamérica aparece como la región más calma y mejor posicionada sin por eso dejar de lado sus persistentes desigualdades. En todo caso la región enfrenta un enorme desafío con posibilidades que antes no encontraba y que hoy, allí donde se profundizan los acuerdos y se vigoriza la unidad, le permite avanzar hacia una mejor distribución de la riqueza en el marco de una participación popular que mejora sustancialmente la vida de nuestras democracias. La contraposición entre el pellejo vacío en que tienden a convertirse algunos países europeos (pienso en los pobres griegos, inventores del asunto allá lejos y hace tiempo, que ni siquiera pudieron acudir a un referéndum para decidir su destino, o en los italianos que ante la irreversible decadencia de Berlusconi se encontraron con un premier directamente importado de las usinas del capital-liberalismo para no hablar de los españoles que a pesar de girar hacia la derecha del PP no parecen satisfacer a la troika de bancos y a los mandamás de una Europa en crisis que no acaba de saciarse y quiere más ajuste), y la vitalidad refrescante de las experiencias democrático populares sudamericanas es más que llamativa. Que tratarán de exportar su crisis hacia nuestras costas no hay dudas, por eso es fundamental definir políticas comunes capaces de proteger al conjunto de la región contra las descargas especulativo financieras.
La plaza Tahrir arde y, en medio de movilizaciones de miles de egipcios que resisten al poder militar, lo que es puesto en cuestión es el límite que se le quiso dar, desde los Estados Unidos y la Comunidad Europea (que cada vez más se reduce a Alemania, en primer grado, y a Francia, en segundo grado, mientras que el resto de sus miembros ve de qué modo se van disolviendo las expectativas de un futuro asociado, así se lo veía, a un consumo indetenible e infinito), a la “primavera árabe”. La frontera que se quiso cerrar a cal y canto era, precisamente, la de la participación popular exigiendo más y mejor democracia bajo la forma, olvidada, de la equidad y no simplemente un cambio cosmético que dejara todo igual. El ignominioso fin de Khadafi en Libia, su asesinato bajo la mirada cómplice de las fuerzas de la OTAN y con el regocijo de las grandes empresas petroleras, la continuidad de la protesta en Siria pese a la represión feroz, el desbarrancamiento del régimen yemenita, el inicio de un giro democrático en Marruecos y la persistencia de una resistencia heroica en El Cairo con preponderante participación juvenil, constituye uno de los momentos más intensos, complejos y desafiantes de una época en la que el capitalismo central no sabe cómo salir de una crisis que sigue profundizándose.
El agotamiento de la paciencia entre los pueblos árabes está relacionada con la multiplicación exponencial, en esos países, de una doble tenaza que comienza a quebrarse: por un lado, la decadencia de regímenes opresivos sostenidos, avalados y protegidos por las mismas democracias occidentales que, de un modo cínico, se desgarran las vestiduras ante esos mismos regímenes en el momento en que sus pueblos se rebelan pero a los que antes apoyaron durante décadas política, económica y militarmente, y, por el otro lado, al impacto directo del aumento de los alimentos y el deterioro creciente de economías entrelazadas con las europeas y que también fueron contaminadas por el virus del neoliberalismo que acabó por pulverizar no sólo formas tradicionales de vida sino, incluso, los propios desarrollos industriales en países que volvieron a convertirse en deudores de una división internacional del trabajo que los condena a ser simples productores de bienes primarios y a un crecimiento exponencial de la tasa de desocupación que afecta, principalmente, a los sectores juveniles –alma rugiente de las grandes rebeliones– (el petróleo en el caso de esos países, la minería o los productos agropecuarios en el de gran parte de América latina, con la excepción de Venezuela que sigue buscando escaparle, con éxito desparejo, al abrazo de oso de la primarización de la economía. No hay que dejar de subrayar que la Argentina es el país de la región que no se ha reprimarizado en estos últimos años). Los países árabes no pudieron compensar con el aumento del precio del petróleo el aumento exponencial de los alimentos como consecuencia de la espiral especulativa que involucra a todos los commodities. Imagine, el amigo lector, qué sería de nosotros sin las retenciones a los granos.
Lo que se agotó, al menos en ciertas regiones del mundo, es la continuidad de un modelo económico sustentado en la valorización financiera, una de cuyas consecuencias ha sido el endeudamiento generalizado de aquellos países que, siendo parte de la comunidad europea o productores de hidrocarburos y otros productos primarios, se dejaron capturar por las mieles, supuestas, de un mercado global en el que cada país debería contribuir a un orden mundial arrasador de esa vieja entelequia llamada “Estado-nación” en nombre de fuerzas abstractas capaces de desplegarse por geografías exclusivamente diseñadas por los nuevos lenguajes de las finanzas, la especulación, los commodities y la gendarmería internacional representada, en lo central, por el ejército estadounidense y sus aliados de la OTAN. Más de 30 años de expansión neoliberal dejaron, como consecuencia, una inédita concentración de la riqueza y la consiguiente desigualdad que trajo aparejada (tanto en los países centrales como en los periféricos) una multiplicación de la pobreza, la indigencia y la exclusión, nuevas y variadas formas de violencia, anomias y fragmentaciones sociales que transformaron de cuajo sociedades enteras, la proliferación de políticas de desarrollo inversamente proporcionales a la protección del medio ambiente (en 2012 se llega al final de los famosos acuerdos de Kyoto sin que ninguno de sus objetivos de sustentabilidad hayan logrado cristalizar, sobre todo, en Estados Unidos, Japón y China haciendo del calentamiento global y de la crisis medioambiental uno de los problemas fundamentales que se continuarán descargando, con cada vez mayor virulencia, sobre nuestro planeta y sobre nuestras sociedades), la multiplicación de regímenes corruptos y represivos avalados, durante décadas, por el Occidente democrático y la dependencia de la locomotora China que, ante la amenaza de que detenga en algo su marcha, llena de espanto al mundo entero.
Una economía ferozmente entrelazada que logra, en la mayor parte de los casos, exportar mundialmente una crisis originada en Europa y Estados Unidos y cuyo núcleo principal es la valorización financiera que ha llegado a su límite y a su zona de colapso. La famosa burbuja inmobiliaria, apenas la punta del iceberg de un sistema atrapado en las telarañas de la especulación del anarcocapitalismo financiero como lo ha denominado con precisión quirúrgica Cristina Kirchner, ha dejado al descubierto el funcionamiento arbitrario y corrupto de un orden económico sustentado en el debilitamiento del Estado y de los actores sociales capaces de enfrentar su lógica expansiva. La hegemonía del liberal-capitalismo se hizo de la mano de una ofensiva, iniciada por el tándem Reagan-Thatcher al inicio de los años ’80, contra los sindicatos y, fundamentalmente, contra la continuidad del Estado de Bienestar que, desde la perspectiva de las usinas ideológicas del poder corporativo mundial, había llegado a su extenuación. A lo largo de más veinte años, pero con modalidades diferentes (más brutales en algunos casos, como por ejemplo lo hizo Thatcher en Gran Bretaña o el menemismo en la Argentina; más lentos en otros –como en España, Italia, Francia o Alemania–) lo que se impuso fue el pasaje del capitalismo estatal-productivo nacido de la crisis del ’30 y de la segunda posguerra bajo inspiración keynesiana al capitalismo especulativo financiero. Lo que está en crisis en la actualidad es esta segunda variante de un sistema de la economía-mundo que nos ha llevado a un verdadero callejón sin salida.
En nuestro país se dio, desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, un proceso inverso al de la mayor parte de las economías del mundo (tanto centrales como periféricas), proceso caracterizado por la recuperación del mercado interno, de la masa salarial y del consumo junto con una estratégica decisión de avanzar hacia el desendeudamiento desacoplando a la Argentina de un circuito financiero internacional profundamente corrompido. Nuestra alternativa a la crisis del 2001 no fue seguir con las recetas del FMI ni recluirnos en una reprimarización continua de la economía adaptada, siempre, a la continuidad del endeudamiento a través del retorno a los famosos mercados de capitales tan añorados por nuestro establishment económico y político ni, tampoco, a dejarnos seducir por las “metas de inflación” (un eufemismo que esconde el enfriamiento de la economía, la reducción de los salarios y la caída exponencial del consumo). Esto no significa, por supuesto, que la continuidad y la profundización de la crisis en el centro no afecte a nuestro país; significa, más bien, que las alternativas no serán adaptarnos, una vez más, a las exigencias de quienes causaron la crisis y que hoy se dedican a “gestionar” a aquellos países, como Grecia o Italia (a España no le falta mucho para que un “técnico” tome cartas en el asunto pese al triunfo de la derecha), que se han puesto en manos, renunciando a cualquier decisión democrática de sus pueblos, de los tecnócratas del Banco Central Europeo y, bajo la atenta y punitiva mirada, de Alemania.
La Argentina, al borde de un nuevo mandato del kirchnerismo, seguramente continuará los caminos de la heterodoxia, esos mismos que le permitieron escapar del abrazo de oso de los organismos internacionales. La pulseada será dura, tanto por las presiones externas como por las internas, pero seguramente, y tomando en cuenta lo que viene sosteniendo Cristina, el rumbo político-económico seguirá siendo el opuesto a la despiadada ola neoliberal que, pese a estar en su peor momento, justamente por eso, buscará expandir todavía más sus recetas demoledoras de vida social. Entre nosotros, la memoria ayuda. Los europeos no han conocido del todo el verdadero rostro de los gramáticos del ajuste. Los pueblos árabes se rebelan al mismo tiempo contra la represión y contra un modelo de injusticias y desolación. La historia, una vez más, se ha puesto en marcha.
Que vivimos en un momento difícil, complejo y crítico de la historia mundial es algo que no puede negarse ni ocultarse. Que la desorientación, la pérdida de referencias y el extravío sacuden en particular a los países más desarrollados es algo que también se manifiesta con sólo mirar lo que está sucediendo en sociedades como Grecia, España, Italia, Francia o Estados Unidos, sociedades en la que la propia democracia no atraviesa por su momento más espléndido allí donde ha sido duramente colonizada por la tecnocracia economicista que hoy impulsa los famosos planes de ajuste. Que el modelo de valorización financiera que vino a instalarse en la economía mundial desde finales de los setenta y como un modo de ir desplazando al Estado de Bienestar en el mismo momento en que se derrumbaba la Unión Soviética, ha entrado en una profunda crisis que amenaza con ser terminal es algo que ni siquiera los medios de comunicación hegemónicos pueden disimular más allá de que todavía sigan predominando el discurso y las soluciones neoliberales. Que mientras eso sucede en el centro económico del mundo hay otras regiones, en particular Sudamérica, que, a diferencia de otras épocas en las que un estornudo en el Primer Mundo significaba una neumonía entre nosotros, va atravesando la crisis con una estabilidad sorprendente de acuerdo a las experiencias anteriores, es también señal de los cambios que vienen operándose en algunos de sus principales países, y eso a pesar de la pésima prensa que suelen tener en los medios primermundistas los procesos políticos que se despliegan en esta parte sureña del continente americano (¿no resulta extraño que durante la última década se demonizara a la Venezuela de Chávez, a la Bolivia de Evo Morales, al Ecuador de Correa y a la Argentina de los Kirchner mientras se aceleraban las condiciones, invisibilizadas por los medios hegemónicos, para el desencadenamiento de la crisis que desde el 2008 viene acorralando a Estados Unidos y Europa y nada se decía del autoritarismo represivo de los regímenes árabes que serían desbancados en 2011?). Que el mundo árabe se ve sacudido por una ola de movilizaciones populares de carácter democrático es algo que va mucho más allá de lo que en primera instancia se definió como un modo de sacarse de encima dictaduras opresivas que venían sojuzgando a esos pueblos desde hace décadas con el beneplácito de las democracias occidentales, para ir transformándose en profundas y decisivas interpelaciones al poder, al sistema económico y a la injusticia estructural que todavía hoy sigue vigente. Que China comienza a enfrentarse a problemas macroeconómicos que amenazan no sólo con desacelerar su crecimiento sino que también impactan sobre los trabajadores impulsando un grado incipiente pero persistente de conflictividad social, es otro dato de esos que hacen temblar al resto del planeta que, eso es cada vez más evidente y gravoso, depende de un modo decisivo de la continua expansión de la economía del gigante asiático.
En un mundo convulsionado donde se entrelazan como factores de conflictividad creciente lo económico, lo político, lo social, lo ecológico y hasta lo cultural, Sudamérica aparece como la región más calma y mejor posicionada sin por eso dejar de lado sus persistentes desigualdades. En todo caso la región enfrenta un enorme desafío con posibilidades que antes no encontraba y que hoy, allí donde se profundizan los acuerdos y se vigoriza la unidad, le permite avanzar hacia una mejor distribución de la riqueza en el marco de una participación popular que mejora sustancialmente la vida de nuestras democracias. La contraposición entre el pellejo vacío en que tienden a convertirse algunos países europeos (pienso en los pobres griegos, inventores del asunto allá lejos y hace tiempo, que ni siquiera pudieron acudir a un referéndum para decidir su destino, o en los italianos que ante la irreversible decadencia de Berlusconi se encontraron con un premier directamente importado de las usinas del capital-liberalismo para no hablar de los españoles que a pesar de girar hacia la derecha del PP no parecen satisfacer a la troika de bancos y a los mandamás de una Europa en crisis que no acaba de saciarse y quiere más ajuste), y la vitalidad refrescante de las experiencias democrático populares sudamericanas es más que llamativa. Que tratarán de exportar su crisis hacia nuestras costas no hay dudas, por eso es fundamental definir políticas comunes capaces de proteger al conjunto de la región contra las descargas especulativo financieras.
La plaza Tahrir arde y, en medio de movilizaciones de miles de egipcios que resisten al poder militar, lo que es puesto en cuestión es el límite que se le quiso dar, desde los Estados Unidos y la Comunidad Europea (que cada vez más se reduce a Alemania, en primer grado, y a Francia, en segundo grado, mientras que el resto de sus miembros ve de qué modo se van disolviendo las expectativas de un futuro asociado, así se lo veía, a un consumo indetenible e infinito), a la “primavera árabe”. La frontera que se quiso cerrar a cal y canto era, precisamente, la de la participación popular exigiendo más y mejor democracia bajo la forma, olvidada, de la equidad y no simplemente un cambio cosmético que dejara todo igual. El ignominioso fin de Khadafi en Libia, su asesinato bajo la mirada cómplice de las fuerzas de la OTAN y con el regocijo de las grandes empresas petroleras, la continuidad de la protesta en Siria pese a la represión feroz, el desbarrancamiento del régimen yemenita, el inicio de un giro democrático en Marruecos y la persistencia de una resistencia heroica en El Cairo con preponderante participación juvenil, constituye uno de los momentos más intensos, complejos y desafiantes de una época en la que el capitalismo central no sabe cómo salir de una crisis que sigue profundizándose.
El agotamiento de la paciencia entre los pueblos árabes está relacionada con la multiplicación exponencial, en esos países, de una doble tenaza que comienza a quebrarse: por un lado, la decadencia de regímenes opresivos sostenidos, avalados y protegidos por las mismas democracias occidentales que, de un modo cínico, se desgarran las vestiduras ante esos mismos regímenes en el momento en que sus pueblos se rebelan pero a los que antes apoyaron durante décadas política, económica y militarmente, y, por el otro lado, al impacto directo del aumento de los alimentos y el deterioro creciente de economías entrelazadas con las europeas y que también fueron contaminadas por el virus del neoliberalismo que acabó por pulverizar no sólo formas tradicionales de vida sino, incluso, los propios desarrollos industriales en países que volvieron a convertirse en deudores de una división internacional del trabajo que los condena a ser simples productores de bienes primarios y a un crecimiento exponencial de la tasa de desocupación que afecta, principalmente, a los sectores juveniles –alma rugiente de las grandes rebeliones– (el petróleo en el caso de esos países, la minería o los productos agropecuarios en el de gran parte de América latina, con la excepción de Venezuela que sigue buscando escaparle, con éxito desparejo, al abrazo de oso de la primarización de la economía. No hay que dejar de subrayar que la Argentina es el país de la región que no se ha reprimarizado en estos últimos años). Los países árabes no pudieron compensar con el aumento del precio del petróleo el aumento exponencial de los alimentos como consecuencia de la espiral especulativa que involucra a todos los commodities. Imagine, el amigo lector, qué sería de nosotros sin las retenciones a los granos.
Lo que se agotó, al menos en ciertas regiones del mundo, es la continuidad de un modelo económico sustentado en la valorización financiera, una de cuyas consecuencias ha sido el endeudamiento generalizado de aquellos países que, siendo parte de la comunidad europea o productores de hidrocarburos y otros productos primarios, se dejaron capturar por las mieles, supuestas, de un mercado global en el que cada país debería contribuir a un orden mundial arrasador de esa vieja entelequia llamada “Estado-nación” en nombre de fuerzas abstractas capaces de desplegarse por geografías exclusivamente diseñadas por los nuevos lenguajes de las finanzas, la especulación, los commodities y la gendarmería internacional representada, en lo central, por el ejército estadounidense y sus aliados de la OTAN. Más de 30 años de expansión neoliberal dejaron, como consecuencia, una inédita concentración de la riqueza y la consiguiente desigualdad que trajo aparejada (tanto en los países centrales como en los periféricos) una multiplicación de la pobreza, la indigencia y la exclusión, nuevas y variadas formas de violencia, anomias y fragmentaciones sociales que transformaron de cuajo sociedades enteras, la proliferación de políticas de desarrollo inversamente proporcionales a la protección del medio ambiente (en 2012 se llega al final de los famosos acuerdos de Kyoto sin que ninguno de sus objetivos de sustentabilidad hayan logrado cristalizar, sobre todo, en Estados Unidos, Japón y China haciendo del calentamiento global y de la crisis medioambiental uno de los problemas fundamentales que se continuarán descargando, con cada vez mayor virulencia, sobre nuestro planeta y sobre nuestras sociedades), la multiplicación de regímenes corruptos y represivos avalados, durante décadas, por el Occidente democrático y la dependencia de la locomotora China que, ante la amenaza de que detenga en algo su marcha, llena de espanto al mundo entero.
Una economía ferozmente entrelazada que logra, en la mayor parte de los casos, exportar mundialmente una crisis originada en Europa y Estados Unidos y cuyo núcleo principal es la valorización financiera que ha llegado a su límite y a su zona de colapso. La famosa burbuja inmobiliaria, apenas la punta del iceberg de un sistema atrapado en las telarañas de la especulación del anarcocapitalismo financiero como lo ha denominado con precisión quirúrgica Cristina Kirchner, ha dejado al descubierto el funcionamiento arbitrario y corrupto de un orden económico sustentado en el debilitamiento del Estado y de los actores sociales capaces de enfrentar su lógica expansiva. La hegemonía del liberal-capitalismo se hizo de la mano de una ofensiva, iniciada por el tándem Reagan-Thatcher al inicio de los años ’80, contra los sindicatos y, fundamentalmente, contra la continuidad del Estado de Bienestar que, desde la perspectiva de las usinas ideológicas del poder corporativo mundial, había llegado a su extenuación. A lo largo de más veinte años, pero con modalidades diferentes (más brutales en algunos casos, como por ejemplo lo hizo Thatcher en Gran Bretaña o el menemismo en la Argentina; más lentos en otros –como en España, Italia, Francia o Alemania–) lo que se impuso fue el pasaje del capitalismo estatal-productivo nacido de la crisis del ’30 y de la segunda posguerra bajo inspiración keynesiana al capitalismo especulativo financiero. Lo que está en crisis en la actualidad es esta segunda variante de un sistema de la economía-mundo que nos ha llevado a un verdadero callejón sin salida.
En nuestro país se dio, desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003, un proceso inverso al de la mayor parte de las economías del mundo (tanto centrales como periféricas), proceso caracterizado por la recuperación del mercado interno, de la masa salarial y del consumo junto con una estratégica decisión de avanzar hacia el desendeudamiento desacoplando a la Argentina de un circuito financiero internacional profundamente corrompido. Nuestra alternativa a la crisis del 2001 no fue seguir con las recetas del FMI ni recluirnos en una reprimarización continua de la economía adaptada, siempre, a la continuidad del endeudamiento a través del retorno a los famosos mercados de capitales tan añorados por nuestro establishment económico y político ni, tampoco, a dejarnos seducir por las “metas de inflación” (un eufemismo que esconde el enfriamiento de la economía, la reducción de los salarios y la caída exponencial del consumo). Esto no significa, por supuesto, que la continuidad y la profundización de la crisis en el centro no afecte a nuestro país; significa, más bien, que las alternativas no serán adaptarnos, una vez más, a las exigencias de quienes causaron la crisis y que hoy se dedican a “gestionar” a aquellos países, como Grecia o Italia (a España no le falta mucho para que un “técnico” tome cartas en el asunto pese al triunfo de la derecha), que se han puesto en manos, renunciando a cualquier decisión democrática de sus pueblos, de los tecnócratas del Banco Central Europeo y, bajo la atenta y punitiva mirada, de Alemania.
La Argentina, al borde de un nuevo mandato del kirchnerismo, seguramente continuará los caminos de la heterodoxia, esos mismos que le permitieron escapar del abrazo de oso de los organismos internacionales. La pulseada será dura, tanto por las presiones externas como por las internas, pero seguramente, y tomando en cuenta lo que viene sosteniendo Cristina, el rumbo político-económico seguirá siendo el opuesto a la despiadada ola neoliberal que, pese a estar en su peor momento, justamente por eso, buscará expandir todavía más sus recetas demoledoras de vida social. Entre nosotros, la memoria ayuda. Los europeos no han conocido del todo el verdadero rostro de los gramáticos del ajuste. Los pueblos árabes se rebelan al mismo tiempo contra la represión y contra un modelo de injusticias y desolación. La historia, una vez más, se ha puesto en marcha.
Charla- debate: “El proceso de reindustrialización de la economía argentina”
El día jueves 10 de noviembre, organizada por la agrupación kirchnerista Causa Popular se realizó en la sede del Club Argentino de nuestra ciudad, la charla sobre la reindustrialización argentina. La misma estuvo a cargo del economista Mariano Kestelboin, integrante de La gran Makro, espacio político que nuclea a los equipos técnicos de Amado Boudou.
Presentado por Antonio Muñiz, uno de los referentes de Causa Popular, el expositor resumió la historia de la industria argentina, sus orígenes, su apogeo y su destrucción a partir de la políticas neoliberales de la década 70, bajo el régimen militar, pero también durante los 80 y 90, ya en democracia, donde: “se privilegió el modelo agro exportador - rentístico por sobre la industria y el mercado interno”.
Kestelboin agregó: “Hay sectores internos poderosos, aliados con capitales externos, que no quieren industrias en Argentina, no quieren que haya mercado interno, no quieren que haya Estado, quieren un país para pocos, con un mercado interno chico, que tenga grandes saldos exportables”.
El orador remarcó durante su charla su fuerte adhesión a las políticas industrialistas que lleva adelante el gobierno y subrayo como centrales mantener el tipo de cambio alto y competitivo, las acciones para proteger la producción local y sobe todo medidas para defender y desarrollar un fuerte mercado interno.
Abogó, sobre el final, en referencia a la necesidad de mantener el rumbo, pero, también que era necesario profundizar el modelo apuntando a reformas estructurales de fondo. En ese sentido mencionó como estratégicas las reformas a la Ley de entidades financieras, mejorar los canales de comercialización, eliminando aquellos eslabones innecesarios en la cadena comercial y por sobre todo profundizar la distribución de la riqueza, ya que eso permitirá expandir el mercado interno y por ende la producción.
“Vamos por más patria, más libertad y más igualdad”
Antonio Muñiz
Luego del aplastante triunfo de Cristina Fernández de Kirchner el pasado 23 de octubre, se abre un nuevo escenario político y quedan sin lugar a dudas muchas cosa para el debate y la discusión para los próximos meses.
Sin embargo creo quedan alguna cosa muy claras, que viene expresando nuestra presidenta en los últimos discursos, Creo que hay expresiones que son sustanciales para entender lo que vendrá. La primera se refirió a que ella no es neutral, que este no es un gobierno neutral, está para defender a los humildes, a los trabajadores, siempre con medidas inclusivas. Este gobierno tiene como objetivos sostener un crecimiento a tasas elevadas que permitan generar empleo e inclusión social, reindustrializar el país pero al mismo tiempo generar mercado interno. El kirchnerismo, abreva en lo mejor del peronismo, es un proyecto de país, un proyecto político, social y económico claro, acotarlo a un “modelo”, como pretenden el stablishment es ocultar su raíz histórica, es empobrecerlo. Es un proyecto de país que lleva 8 años de ejecución y que va por otros cuatro años con un gran apoyo popular.
Sin lugar a dudas es necesario, dentro del marco de fuerzas existente, avanzar en reformas sustanciales para profundizar el rumbo expuesto, La reforma del sistema financiero se presenta como perentoria si se pretende seguir creciendo a tasas altas, es necesario re direccionar el ahorro de los argentinos hacia la producción y el trabajo.
Hay que avanzar en la ley de tierras que pidió la presidenta, hay que avanzar el nuevo estatuto del peón rural, una nueva ley de arrendamiento de la tierra, que fomente la producción y el trabajo del chacarero pero desaliente el monocultivo sojero y permita cuidar la riqueza de la tierra.
Hay que avanzar en la distribución de la riqueza, y esto no solo se hace mejorando los salarios, también hay formas indirectas que es necesario reforzar, hay que construir mas viviendas, mas y mejores escuelas, mas hospitales, hay que seguir construyendo rutas y caminos, vías férreas, usinas eléctricas, mas industrias que agreguen valor a nuestra producción primaria, que su vez generen empleo y mayor inclusión social
La otra frase que creo nos marca un camino fue: “Les pido que se organicen en los frente sociales, en los frentes estudiantiles, para defender a la patria y los intereses de los más vulnerables y para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido” y estaba dirigida a los miles de militantes, muchos de ellos jóvenes, que nos reunimos en la plaza ese 23 a la noche. Creo que el mensaje es claro, y toma lo mejor de la historia peronista, “la organización”, nos esta pidiendo que organicemos las fuerzas propias, que desarrollemos frentes de trabajo militante, en los barrios, en la fabricas, en las universidades, para lograr unidad y organización para defender lo logrado e ir por mas.
En ese sentido muchos de nosotros, simples militantes, venimos trabajando en la unidad de agrupaciones, espacios políticos, movimientos sociales, etc, en un armado común que levantando las banderas del movimiento nacional se reivindique hoy como kirchnerista y siga la conducción de Cristina Fernández. Este espacio tiene que ser amplio y convocante, es necesario sumar a todos, sin mezquindades y sin soberbias. Debemos dejar de lado la mentalidad de kiosquitos, que pudieron servir en algún momento, pero que hoy la historia nos exige superar.
El desafió del momento es comprender el rumbo que nos marca Cristina Fernández, cuando en sus mensajes nos convoca a todos los argentinos a superar las divisiones y a trabajar por la unidad nacional pero al mismo tiempo nos convoca a profundizar las políticas orientadas a lograr más inclusión, mas democracia, mas pluralidad y mas derechos humanos”.
Scioli participó en la UNLu de la 7ma.Jornada del Frente Nacional Peronista
El gobernador Daniel Scioli junto a Prince.Con la presencia de varios dirigentes políticos, la actividad convocó a debatir sobre "El Proyecto Nacional y su Impacto en el Territorio Local". El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien cerró el encuentro, prometió obras para Luján y manifestó su apoyo al candidato del Frente para la Victoria, Miguel Prince.
Bajo el lema "El Proyecto Nacional y su Impacto en el Territorio Local. Políticas de Estado para el Crecimiento y el Desarrollo Sustentable", se llevó a cabo en el Auditorio "Dardo Dorronzoro" de la Universidad Nacional de Luján, la Séptima Jornada Regional del Frente Nacional Peronista. La actividad convocó a una gran cantidad de público y personalidades de la política regional, contándose entre ellas a varios intendentes de distritos vecinos, como Carlos Selva y Juan Pablo Anghileri. Además de Carlos Cansanello, rector de la casa de altos estudios, hicieron uso de la palabra, entre otros, el candidato a intendente por el Frente para la Victoria, Miguel Prince, el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra, el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, quien cerró la jornada y manifestó su apoyo a la candidatura de Prince.
Las actividades comenzaron cerca de las 16.30, con palabras de bienvenida a cargo de Cansanello y Prince, quienes intercambiaron agradecimientos y recordaron sus años de militancia compartida. "Políticas Ambientales para una ciudad más saludable y en desarrollo" fue el título elegido para ilustrar el primer panel, que analizó la posibilidad de un desarrollo sostenido en armonía con el medio ambiente y la preservación de los recursos. A continuación, el debate se trasladó a la "Gestión de las políticas de desarrollo productivo y económico para el crecimiento local", panel que contó con el testimonio saliente del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Domínguez destacó la "oportunidad histórica que tiene el país en materia de crecimiento y desarrollo a partir del escenario mundial de aumento de la población y demanda de alimentos", relativizó la reiterada baja del precio de la soja señalando que "el 80 por ciento de la cosecha ya está vendida", insistió con el concepto presidencial de "urbanizar la ruralidad" y enfatizó la necesidad de "articular con los municipios, las universidades y las escuelas para generar conocimiento y seguir agregando valor a nuestra producción agrícola".
Cerca de las 20, y como acto de clausura, volvió a hacer uso de la palabra el candidato a intendente por Frente para la Victoria, quien agradeció a Pereyra por "promover este debate que alienta la municipalización, la regionalización y la descentralización". "No hay que confundir municipalismo con vecinalismo. Nosotros no somos vecinalistas. Nosotros no creemos en un proyecto local que no esté integrado con un proyecto provincial y nacional", manifestó el actual concejal en uso de licencia. El intendente de Florencio Varela, uno de los referentes del Frente Nacional Peronista, quien tuvo a su cargo la organización de la jornada, destacó el rol de los intendentes en el diseño y la ejecución de políticas públicas. "Los conductores son los que iluminan el camino", expresó, "y acá en Luján ese conductor es Miguel Prince". Por último, el gobernador Scioli destacó los logros obtenidos durante su primera gestión y planteó los desafíos para un eventual segundo mandato, destacando el rol de los municipios. Scioli se comprometió a que "en los próximos cuatro años podamos tener agua corriente y cloacas para todos los lujanenses" y "a trabajar en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo para ponerlo en valor y seguir impulsando el turismo cultural".
El hecho maldito del país burgués y la actualidad
Ricardo Forster
John William Cooke estampó una frase que dejó su impronta enigmática en la vida política e intelectual argentina al caracterizar al “peronismo como el hecho maldito del país burgués”. Frase explosiva, contundente y cargada de posibles y diversas interpretaciones que no han agotado, pasados los años y las vicisitudes nacionales, sus posibilidades y su dramatismo. Frase que dividió aguas no sólo en el interior, siempre tumultuoso y contradictorio, del movimiento creado por Juan Perón, sino que también conmovió a las izquierdas y a su relación difícil y laberíntica con ese corpus político decisivo de la vida argentina que, desde la lejana década del ’40 hasta nuestros días, ha sido y sigue siendo el eje vertebrador de los acontecimientos centrales y de las encrucijadas por las que ha seguido atravesando nuestro país.
Una frase que disparada por la sagacidad de Cooke intentaba conmover la tendencia, siempre presente en el peronismo, a su cooptación por el sistema, a ese proceso que parecía cristalizar en la transformación de su caudal popular y provocador en una fuerza capturada por las exigencias y las necesidades del propio mundo burgués contra el que se había rebelado, según la interpretación nada inocente de Cooke. Después del ’55 y en medio de la década del sesenta signada, entre nosotros, por el impacto de la revolución cubana y las fragilidades de democracias cada vez más condicionadas por la política de Estados Unidos hacia América latina, Cooke, hombre de ideas radicalizadas que intentaba convencer a Perón de acercarse al influjo para él fascinante de Fidel Castro y del Che, buscó dramatizar lo que para él constituía el núcleo duro y perturbador del peronismo: su condición plebeya –la figura de Evita como centro de esa condición jacobina y como norte de una permanente insubordinación–, su capacidad de cuestionar de modo directo y sin falsos ideologismos ni purismos teóricos el centro del poder real de nuestro país. Para Cooke el peronismo, su condición de “hecho maldito”, persistió allí incluso donde se lo quiso condicionar y adaptar a la partidocracia burguesa destacando, como no dejó de hacerlo en su extraordinaria y ardua correspondencia con Perón, que más allá de esos posibles giros adaptacionistas lo propio, lo original y lo intransferible de la experiencia del peronismo tenía que ver directamente con su carácter de “hecho maldito”, de transgresor de las formas y, sobre todo, de haber sido responsable de la aparición tumultuosa de las masas populares en la escena política. El peronismo como flujo de nuevas intensidades y de nuevas demandas, pero también como una tradición que le dio forma al autorreconocimiento de aquellos que habían permanecido olvidados e invisibilizados por el relato dominante. Pero también como catalizador de nuevas y viejas formas del prejuicio y el racismo emanados de las clases dominantes e irradiado sobre amplios sectores medios capturados por esa gramática de la exclusión que vieron en la irrupción de las masas (el famoso “aluvión zoológico”) lo insoportable y lo inaceptable, aquello que venía a cuestionar su poder y su visión del mundo.
Incomodidad, plebeyismo, irreverencia popular, cuestionamiento del poder y de sus lógicas intocables, impredecibilidad, ruptura de los protocolos establecidos y democratización de la vida social constituyeron algunas de esas marcas que, a los ojos de John W. Cooke, resultaron intolerables y malditos para el país burgués. ¿Sería mucho arriesgar que, una vez salidos de la noche prostibularia del menemismo que prácticamente había logrado convertir al peronismo en un partido del establishment financiero y en una farsa de su propia historia, la aparición inesperada y anómala de Néstor Kirchner recondujo a la tradición popular, de la que formó parte desde su juventud, de nuevo hacia su constitución “maldita”? ¿Sería justo señalar que la caída en picada del peronismo capturado en los años ’90 por el neoliberalismo pero como estación de cumplimiento de sus peores componentes y de las zonas oscuras de su travesía histórica, por lo prostibulario menemista y que parecía concluir con lo mejor de su tradición popular, fue transformada por la irrupción del kirchnerismo en una nueva oportunidad? ¿Que lo inaugurado por Kirchner y continuado por Cristina supone, en algún punto, un más allá del propio peronismo sobre todo allí donde reactualizó su componente “maldito”, su capacidad para interpelar, cuestionar y conmover al poder del establishment argentino? Preguntas que no podemos dejar de hacernos en este momento de calma en la que la marcha hacia el seguramente caudaloso triunfo de octubre vuelva a poner sobre el tapete los desafíos de la época y, sobre todo, la pregunta que se hace con insistencia: ¿qué significa profundizar?
Después del 14 de agosto el camino hacia octubre parece despejado y sin las turbulencias a las que nos tenía acostumbrados la realidad argentina. Las inquietudes, lejos de venir de nuestra propia geografía, provienen de un escenario mundial atravesado por una crisis de indescifrables consecuencias y que no hace otra cosa que reafirmar, a los ojos de una parte sustantiva de la sociedad, que los pasos seguidos por el gobierno nacional para impedir que sus consecuencias nos alcancen han sido los correctos. En todo caso, y más allá de los esfuerzos, a esta altura entre bizarros y amarillistas, de la oposición mediática (la única que parece contar a la hora de intentar fijar una agenda que no llega a suscitar demasiadas expectativas en la opinión pública) por reinstalar el tema “Schoklender” transformando, una vez más, a ciertas fuerzas políticas en títeres de una escenificación cuyo libreto resulta impresentable, lo que predomina es una calma que sigue prefigurando lo que todo el mundo descuenta: un triunfo más holgado todavía que el que se alcanzó en la primarias de agosto.
Entre perpleja y demudada, la oposición no alcanza a comprender qué sucedió entre las ilusiones desatadas por las elecciones de junio de 2009 y este presente aciago en el que la sensación de final anunciado la llena de una desilusión que anticipa un oscuro saldo de cuentas cuyas facturas serán muy gravosas. Tal vez debería haber recordado aquella frase de Cooke con la que iniciamos este artículo como un modo de intentar comprender la complejidad de un peronismo recargado bajo su impronta kirchnerista que vuelve a actualizar su componente maldito que, eso hay que decirlo para que se entienda, ha constituido, y lo sigue haciendo, lo intolerable para aquellos que estaban acostumbrados a ejercer con absoluta discrecionalidad el poder detrás del poder. Ellos, desde 1945, han comprendido por dónde pasa el desafío efectivo a ese poder en nuestro país. Néstor y Cristina Kirchner, por si lo tenían olvidado después del menemato, se lo hicieron recordar. Y, claro, eso no se perdona.
A Cristina no le hace falta hacer campaña, le basta con seguir gobernando y con amplificar la multiplicidad de obras y de intervenciones locales e internacionales que la siguen poniendo a años luz de una dirigencia opositora que nunca logró encontrar el tono ni los modos adecuados para enfrentar a quien apela a su indudable capacidad retórica asociada a su prolífica y variada construcción política (en unos pocos días se desplazó con absoluta soltura desde París a Merlo, desde el Gran Buenos Aires a Nueva York, pasando primero por ese magnífico acto en el que se premió la actividad infatigable de las Abuelas de Plaza de Mayo y terminando en la inauguración de una nueva universidad nacional en el Gran Buenos Aires, señalando, con actos y hechos elocuentes, qué significa inclusión e igualdad de oportunidades. Mientras esto hacia la Presidenta, la oposición representaba la comedia de la “visita” de Sergio Schoklender al Congreso).
Dicho de otro modo: mientras la mayoría de la oposición se pliega sumisa a los designios de la corporación mediática, Cristina gobierna y se desentiende de una agenda malsana que, sin ton ni son, intenta colocar quien profundiza el camino del autodescrédito. Pocas veces en la historia democrática argentina resultó más claro y evidente el proceso de desbarrancamiento de una oposición incapacitada para comprender los cambios decisivos que vienen desplegándose en el país y que simplemente ponen en evidencia lo rudimentario de sus estrategias que intentan dañar un proyecto que sigue su marcha amplificando su base de sustentación social (incluso los empresarios han dejado para otra oportunidad sus veleidades opositoras y hasta la propia Mesa de Enlace no parece ser otra cosa que un mal recuerdo mientras Biolcati no sabe cómo hacer para que nadie rememore su discurso de película de terror clase B en la Sociedad Rural). Tal vez una de las consecuencias de los resultados electorales de octubre sea la redefinición del mapa político desplazando de la escena a quienes no han logrado comprender que algo sustantivo viene ocurriendo en el país desde mayo de 2003. Es hora de que una democracia ampliada y profundizada se desprenda de sus rémoras habilitando un debate político entre actores que respondan no a una lógica de la catástrofe y la profecía autocumplida, sino que, aceptando sus discrepancias y sus diferentes concepciones, puedan litigar con altura en el interior de un espacio público atravesado por sujetos política, social y culturalmente activos.
El desafío, en todo caso, ya no proviene de la oposición (apenas si Binner intenta desmarcarse un poco de tanto grotesco buscando convertirse en una alternativa creíble y proyectando a su fuerza como la única que garantiza cierta racionalidad a la hora de abrir un debate político respecto del rumbo del país), sino, antes bien, de las distintas interpretaciones que en el interior del kirchnerismo buscan definir el hacia dónde de un modelo que hoy no encuentra adversarios de fuste y que por lo tanto acabará desplazando la discusión hacia sus propias fuerzas. De ahí que la pregunta que predomina gire, con insistencia, en las distintas significaciones de la supuestamente enigmática profundización del proyecto.
Están los que le temen a una suerte de radicalización y que, por lo tanto, buscan ponerles paños fríos a los ímpetus transformadores destacando que lo fundamental ya se hizo y que de lo que se trata es de mejorar el modelo sin lanzarse a nuevas aventuras que pueden ser peligrosas tomando en cuenta el difícil panorama de la economía mundial (son aquellos mismos que, bajo otras circunstancias históricas, tratarán de quitarle la condición “maldita” que hoy porta el kirchnerismo). Están lo que señalan que con el casi seguro triunfo de octubre se cierra una etapa que comenzó cuando la Mesa de Enlace se lanzó a su acción destituyente en marzo de 2008, que tuvo momentos arduos y complejos que lesionaron al Gobierno llevándolo a una situación delicada de la que salió doblando la apuesta y reconstruyendo base de apoyo electoral. El cierre de esa etapa supone, para esta interpretación, que ahora se abre un tiempo de consolidación y profundización que deberá girar alrededor de un concepto reiteradamente señalado por Cristina: la igualdad entendida como un entrelazamiento de ampliación de derechos (sociales, culturales, económicos y civiles) y de mejoramiento sustantivo en la distribución de los ingresos achicando el margen de desigualdad que sigue siendo la marca de origen del neoliberalismo.
Defender el concepto de igualdad supone dar un paso adelante en la arquitectura de una sociedad que vaya recuperando niveles de equidad que, en otro contexto de su historia, constituyeron la base de un país altamente inclusivo y caracterizado por la amplitud de su movilidad social ascendente (Néstor Kirchner solía repetir esta herencia malgastada en su momento y que él soñaba con recuperar reinstalando entre nosotros una nueva versión del Estado de Bienestar). Ambas posiciones saben que el tiempo que se abre será una época de interesantes conflictos (entendiendo siempre que esa palabra, lejos de implicar un peligro para la democracia, constituye su núcleo de renovación y reinvención) nacidos de una realidad que ha expandido el crecimiento económico, la recuperación del empleo junto con la consolidación del poder adquisitivo del salario y la ampliación de una política de derechos que redunda en la potencialización de sujetos social y políticamente activos. De ahí que el desafío de los próximos años se relacione directamente con estas tensiones creativas y con aquellos escenarios en los que estarán quienes buscarán reintroducir los frenos a esa recuperación de la parte que les corresponde a los asalariados del PBI y quienes buscarán amplificarla más y más. En el interior de estas tensiones se expresará el alcance o no de lo que hoy se llama “profundización”. Y, ayer como hoy, habrá que seguir dilucidando lo enigmático y potente de aquella frase magistral de John William Cooke.
John William Cooke estampó una frase que dejó su impronta enigmática en la vida política e intelectual argentina al caracterizar al “peronismo como el hecho maldito del país burgués”. Frase explosiva, contundente y cargada de posibles y diversas interpretaciones que no han agotado, pasados los años y las vicisitudes nacionales, sus posibilidades y su dramatismo. Frase que dividió aguas no sólo en el interior, siempre tumultuoso y contradictorio, del movimiento creado por Juan Perón, sino que también conmovió a las izquierdas y a su relación difícil y laberíntica con ese corpus político decisivo de la vida argentina que, desde la lejana década del ’40 hasta nuestros días, ha sido y sigue siendo el eje vertebrador de los acontecimientos centrales y de las encrucijadas por las que ha seguido atravesando nuestro país.
Una frase que disparada por la sagacidad de Cooke intentaba conmover la tendencia, siempre presente en el peronismo, a su cooptación por el sistema, a ese proceso que parecía cristalizar en la transformación de su caudal popular y provocador en una fuerza capturada por las exigencias y las necesidades del propio mundo burgués contra el que se había rebelado, según la interpretación nada inocente de Cooke. Después del ’55 y en medio de la década del sesenta signada, entre nosotros, por el impacto de la revolución cubana y las fragilidades de democracias cada vez más condicionadas por la política de Estados Unidos hacia América latina, Cooke, hombre de ideas radicalizadas que intentaba convencer a Perón de acercarse al influjo para él fascinante de Fidel Castro y del Che, buscó dramatizar lo que para él constituía el núcleo duro y perturbador del peronismo: su condición plebeya –la figura de Evita como centro de esa condición jacobina y como norte de una permanente insubordinación–, su capacidad de cuestionar de modo directo y sin falsos ideologismos ni purismos teóricos el centro del poder real de nuestro país. Para Cooke el peronismo, su condición de “hecho maldito”, persistió allí incluso donde se lo quiso condicionar y adaptar a la partidocracia burguesa destacando, como no dejó de hacerlo en su extraordinaria y ardua correspondencia con Perón, que más allá de esos posibles giros adaptacionistas lo propio, lo original y lo intransferible de la experiencia del peronismo tenía que ver directamente con su carácter de “hecho maldito”, de transgresor de las formas y, sobre todo, de haber sido responsable de la aparición tumultuosa de las masas populares en la escena política. El peronismo como flujo de nuevas intensidades y de nuevas demandas, pero también como una tradición que le dio forma al autorreconocimiento de aquellos que habían permanecido olvidados e invisibilizados por el relato dominante. Pero también como catalizador de nuevas y viejas formas del prejuicio y el racismo emanados de las clases dominantes e irradiado sobre amplios sectores medios capturados por esa gramática de la exclusión que vieron en la irrupción de las masas (el famoso “aluvión zoológico”) lo insoportable y lo inaceptable, aquello que venía a cuestionar su poder y su visión del mundo.
Incomodidad, plebeyismo, irreverencia popular, cuestionamiento del poder y de sus lógicas intocables, impredecibilidad, ruptura de los protocolos establecidos y democratización de la vida social constituyeron algunas de esas marcas que, a los ojos de John W. Cooke, resultaron intolerables y malditos para el país burgués. ¿Sería mucho arriesgar que, una vez salidos de la noche prostibularia del menemismo que prácticamente había logrado convertir al peronismo en un partido del establishment financiero y en una farsa de su propia historia, la aparición inesperada y anómala de Néstor Kirchner recondujo a la tradición popular, de la que formó parte desde su juventud, de nuevo hacia su constitución “maldita”? ¿Sería justo señalar que la caída en picada del peronismo capturado en los años ’90 por el neoliberalismo pero como estación de cumplimiento de sus peores componentes y de las zonas oscuras de su travesía histórica, por lo prostibulario menemista y que parecía concluir con lo mejor de su tradición popular, fue transformada por la irrupción del kirchnerismo en una nueva oportunidad? ¿Que lo inaugurado por Kirchner y continuado por Cristina supone, en algún punto, un más allá del propio peronismo sobre todo allí donde reactualizó su componente “maldito”, su capacidad para interpelar, cuestionar y conmover al poder del establishment argentino? Preguntas que no podemos dejar de hacernos en este momento de calma en la que la marcha hacia el seguramente caudaloso triunfo de octubre vuelva a poner sobre el tapete los desafíos de la época y, sobre todo, la pregunta que se hace con insistencia: ¿qué significa profundizar?
Después del 14 de agosto el camino hacia octubre parece despejado y sin las turbulencias a las que nos tenía acostumbrados la realidad argentina. Las inquietudes, lejos de venir de nuestra propia geografía, provienen de un escenario mundial atravesado por una crisis de indescifrables consecuencias y que no hace otra cosa que reafirmar, a los ojos de una parte sustantiva de la sociedad, que los pasos seguidos por el gobierno nacional para impedir que sus consecuencias nos alcancen han sido los correctos. En todo caso, y más allá de los esfuerzos, a esta altura entre bizarros y amarillistas, de la oposición mediática (la única que parece contar a la hora de intentar fijar una agenda que no llega a suscitar demasiadas expectativas en la opinión pública) por reinstalar el tema “Schoklender” transformando, una vez más, a ciertas fuerzas políticas en títeres de una escenificación cuyo libreto resulta impresentable, lo que predomina es una calma que sigue prefigurando lo que todo el mundo descuenta: un triunfo más holgado todavía que el que se alcanzó en la primarias de agosto.
Entre perpleja y demudada, la oposición no alcanza a comprender qué sucedió entre las ilusiones desatadas por las elecciones de junio de 2009 y este presente aciago en el que la sensación de final anunciado la llena de una desilusión que anticipa un oscuro saldo de cuentas cuyas facturas serán muy gravosas. Tal vez debería haber recordado aquella frase de Cooke con la que iniciamos este artículo como un modo de intentar comprender la complejidad de un peronismo recargado bajo su impronta kirchnerista que vuelve a actualizar su componente maldito que, eso hay que decirlo para que se entienda, ha constituido, y lo sigue haciendo, lo intolerable para aquellos que estaban acostumbrados a ejercer con absoluta discrecionalidad el poder detrás del poder. Ellos, desde 1945, han comprendido por dónde pasa el desafío efectivo a ese poder en nuestro país. Néstor y Cristina Kirchner, por si lo tenían olvidado después del menemato, se lo hicieron recordar. Y, claro, eso no se perdona.
A Cristina no le hace falta hacer campaña, le basta con seguir gobernando y con amplificar la multiplicidad de obras y de intervenciones locales e internacionales que la siguen poniendo a años luz de una dirigencia opositora que nunca logró encontrar el tono ni los modos adecuados para enfrentar a quien apela a su indudable capacidad retórica asociada a su prolífica y variada construcción política (en unos pocos días se desplazó con absoluta soltura desde París a Merlo, desde el Gran Buenos Aires a Nueva York, pasando primero por ese magnífico acto en el que se premió la actividad infatigable de las Abuelas de Plaza de Mayo y terminando en la inauguración de una nueva universidad nacional en el Gran Buenos Aires, señalando, con actos y hechos elocuentes, qué significa inclusión e igualdad de oportunidades. Mientras esto hacia la Presidenta, la oposición representaba la comedia de la “visita” de Sergio Schoklender al Congreso).
Dicho de otro modo: mientras la mayoría de la oposición se pliega sumisa a los designios de la corporación mediática, Cristina gobierna y se desentiende de una agenda malsana que, sin ton ni son, intenta colocar quien profundiza el camino del autodescrédito. Pocas veces en la historia democrática argentina resultó más claro y evidente el proceso de desbarrancamiento de una oposición incapacitada para comprender los cambios decisivos que vienen desplegándose en el país y que simplemente ponen en evidencia lo rudimentario de sus estrategias que intentan dañar un proyecto que sigue su marcha amplificando su base de sustentación social (incluso los empresarios han dejado para otra oportunidad sus veleidades opositoras y hasta la propia Mesa de Enlace no parece ser otra cosa que un mal recuerdo mientras Biolcati no sabe cómo hacer para que nadie rememore su discurso de película de terror clase B en la Sociedad Rural). Tal vez una de las consecuencias de los resultados electorales de octubre sea la redefinición del mapa político desplazando de la escena a quienes no han logrado comprender que algo sustantivo viene ocurriendo en el país desde mayo de 2003. Es hora de que una democracia ampliada y profundizada se desprenda de sus rémoras habilitando un debate político entre actores que respondan no a una lógica de la catástrofe y la profecía autocumplida, sino que, aceptando sus discrepancias y sus diferentes concepciones, puedan litigar con altura en el interior de un espacio público atravesado por sujetos política, social y culturalmente activos.
El desafío, en todo caso, ya no proviene de la oposición (apenas si Binner intenta desmarcarse un poco de tanto grotesco buscando convertirse en una alternativa creíble y proyectando a su fuerza como la única que garantiza cierta racionalidad a la hora de abrir un debate político respecto del rumbo del país), sino, antes bien, de las distintas interpretaciones que en el interior del kirchnerismo buscan definir el hacia dónde de un modelo que hoy no encuentra adversarios de fuste y que por lo tanto acabará desplazando la discusión hacia sus propias fuerzas. De ahí que la pregunta que predomina gire, con insistencia, en las distintas significaciones de la supuestamente enigmática profundización del proyecto.
Están los que le temen a una suerte de radicalización y que, por lo tanto, buscan ponerles paños fríos a los ímpetus transformadores destacando que lo fundamental ya se hizo y que de lo que se trata es de mejorar el modelo sin lanzarse a nuevas aventuras que pueden ser peligrosas tomando en cuenta el difícil panorama de la economía mundial (son aquellos mismos que, bajo otras circunstancias históricas, tratarán de quitarle la condición “maldita” que hoy porta el kirchnerismo). Están lo que señalan que con el casi seguro triunfo de octubre se cierra una etapa que comenzó cuando la Mesa de Enlace se lanzó a su acción destituyente en marzo de 2008, que tuvo momentos arduos y complejos que lesionaron al Gobierno llevándolo a una situación delicada de la que salió doblando la apuesta y reconstruyendo base de apoyo electoral. El cierre de esa etapa supone, para esta interpretación, que ahora se abre un tiempo de consolidación y profundización que deberá girar alrededor de un concepto reiteradamente señalado por Cristina: la igualdad entendida como un entrelazamiento de ampliación de derechos (sociales, culturales, económicos y civiles) y de mejoramiento sustantivo en la distribución de los ingresos achicando el margen de desigualdad que sigue siendo la marca de origen del neoliberalismo.
Defender el concepto de igualdad supone dar un paso adelante en la arquitectura de una sociedad que vaya recuperando niveles de equidad que, en otro contexto de su historia, constituyeron la base de un país altamente inclusivo y caracterizado por la amplitud de su movilidad social ascendente (Néstor Kirchner solía repetir esta herencia malgastada en su momento y que él soñaba con recuperar reinstalando entre nosotros una nueva versión del Estado de Bienestar). Ambas posiciones saben que el tiempo que se abre será una época de interesantes conflictos (entendiendo siempre que esa palabra, lejos de implicar un peligro para la democracia, constituye su núcleo de renovación y reinvención) nacidos de una realidad que ha expandido el crecimiento económico, la recuperación del empleo junto con la consolidación del poder adquisitivo del salario y la ampliación de una política de derechos que redunda en la potencialización de sujetos social y políticamente activos. De ahí que el desafío de los próximos años se relacione directamente con estas tensiones creativas y con aquellos escenarios en los que estarán quienes buscarán reintroducir los frenos a esa recuperación de la parte que les corresponde a los asalariados del PBI y quienes buscarán amplificarla más y más. En el interior de estas tensiones se expresará el alcance o no de lo que hoy se llama “profundización”. Y, ayer como hoy, habrá que seguir dilucidando lo enigmático y potente de aquella frase magistral de John William Cooke.
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