A dos años

Por Alfredo Zaiat

Han pasado dos años del fracaso oficial de establecer por ley la Resolución 125 de retenciones móviles y compensaciones a pequeños productores. En la mayoría de los acontecimientos políticos, la evaluación sobre impactos económicos y sociales requiere de cierta perspectiva histórica, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Dos años es un lapso breve para un análisis en ese sentido pero suficiente, en esta oportunidad, para revelar que esa medida hubiera sido beneficiosa en términos económicos para los pequeños productores. Esta conclusión no se descubre por algún informe del Gobierno sobre las alícuotas de las retenciones que estarían vigentes en caso de haberse aprobado la 125, sino por la propia acción parlamentaria de grupos políticos y patronales del sector que combatieron esa resolución y hoy proponen en el Congreso retenciones segmentadas.

La distancia permite, en cambio, observar con más nitidez que la reacción contra la 125 no fue un fenómeno espontáneo e inesperado, como entonces muchos analistas se tentaron de mencionar como explicación de lo que consideraron una improvisación del Gobierno que derivó en semejante conflicto. Esa violenta oposición a las retenciones móviles, con prolongados cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos a centros urbanos, expresó la resistencia que se estaba acumulando contra la política de intervención estatal en un sensible mercado que afecta el presupuesto de la población vulnerable. Esto no implica minimizar ciertas deficiencias de la administración kirchnerista en su vínculo con el sector. Su política agropecuaria descansaba sólo en que un dólar alto, precios internacionales en alza y la licuación de pasivos bancarios actuarían como exclusivos dinamizadores, descuidando la necesidad de construir una estrategia específica para cada uno de los actores de esa actividad.

Ese masivo rechazo fue alimentado con insistencia por los grupos conservadores y más reaccionarios del campo desde 2004. Esto queda bien explicado en un esclarecedor libro de Sebastián Ortiz, La patria terrateniente. Entre los muchos y detallados relevamientos de opiniones y proclamas, este historiador rescata un editorial de La Nación sentenciando que “nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna” (29 de abril de 2006). Se señalaba que pese a las abundantes regulaciones estatales existentes en el pasado, remarcando las registradas en los gobiernos de Juan Domingo Perón, “nunca se había recurrido al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones”.

La constante agitación política iniciada en 2004 fue impulsada por las principales entidades patronales del agro con protestas descentralizadas a nivel regional. Ortiz explica que “la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial), pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA), permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen aún”. Esa estrategia fue hasta marzo de 2008. Ortiz menciona que, desplegándose en lo profundo de la Pampa Húmeda, “esa descentralización y el paso a la acción directa fueron en búsqueda de un clima propicio para una acción mayor”. Condiciones políticas y sociales que se presentaron en el momento del anuncio de la Resolución 125.

En el prólogo de ese libro, el historiador Norberto Galasso destaca que Ortiz observa con pertinencia los cuatro años de conflicto 2004-2008 para relatar “de qué modo se va iniciando la confrontación, de qué manera los altos precios de nuestros productos de exportación generan fabulosas ganancias y cómo el Estado ha debido intervenir pues de otro modo nuestros “esforzados hombres de campo” venderían toda su producción en el exterior, salvo que los argentinos estuviésemos dispuestos a pagarles internamente los altos precios del mercado mundial”. Galasso observa lo que es evidente, aunque oculto por el poder hegemónico que moldea el sentido común: para los empresarios, del campo y de la industria, un gobierno funciona bien si permite que ellos se queden con ganancias extraordinarias y funciona mal si formula una política económica que interviene para afectarla en una pequeña porción para redistribuirla. “Se advierten, además, no sólo los rasgos corporativistas del planteo de los terratenientes –que arrastra tras de sí a los medianos productores–, sino también de qué modo la mayor parte de la dirigencia política se convierte en portavoz de sus intereses”, ilustra Galasso.

Esa compleja dinámica económica y social alcanzó su clímax en la frustrada 125, con su posterior expresión política en la elección de medio término del año pasado que culminó en la constitución de un bloque de agrodiputados. La sucesión de pronósticos apocalípticos para instalar miedo en la sociedad y confundir sobre la situación sectorial fue –y sigue siendo– la característica más notable de los dirigentes agropecuarios. El archivo es una potente herramienta para rescatar de esa nebulosa agromediática los casos del trigo, la ganadería y la lechería. Esas actividades enfrentarían un año terrible, según las proyecciones realizadas por los máximos dirigentes de la ahora agrietada Mesa de Enlace, derivando en la necesidad de importar trigo carne y leche. Vale la pena realizar el ejercicio de contrastar pronósticos con realidad en cada una de esas actividades productivas:

-Trigo.

Pronóstico: En junio de 2009, Biolcati pronosticó que en 2010 el país iba a tener que importar trigo y que la intención de siembra sería “la más baja de los últimos años”. “Difícilmente se llegue a las 2,5 millones de hectáreas sembradas”, afirmó en La Nación del 9 de junio de 2009.

Realidad: De acuerdo con el informe de Estimaciones Agrícolas Mensuales del Ministerio de Agricultura, a junio de 2010, en la presente campaña el área sembrada se ubicará en 4,4 millones de hectáreas. Se proyecta que la producción actual casi duplicará a la anterior, que se ubicó en 7,5 millones de toneladas. El total se ubicaría en 12 millones de toneladas. O sea, no se importará trigo.

-Carne.

Pronóstico: A mediados de 2009, los máximos dirigentes de la SRA y FAA aseguraron que este año se iba a tener que importar carne. “La Argentina va a celebrar el Bicentenario comiendo carne uruguaya”, aseguró Biolcati en La Nación del 20 de julio de 2009. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo que “Argentina tendrá que importar carne en 2010”, en la revista Noticias de ese mismo día.

Realidad: Hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, con valores que llegan a los 9,0 pesos/kg vivo, cuando el año pasado ese valor se ubicaba cerca de los 3,5/kg. También se verifica una mejora en la oferta forrajera debido a las condiciones climáticas favorables. La ganadería es un negocio rentable, lo cual se evidencia en la reversión de la faena de hembras y en el inicio de un proceso de retención de vientres: en mayo la proporción de hembras en la faena total descendió a 43,8 por ciento. Esas condiciones permitirán recomponer el stock ganadero en el mediano plazo. El mercado interno, a su vez, está plenamente abastecido sin necesidad de importar carne.

-Leche.

Pronóstico: Buzzi sostuvo que “no alcanzará la leche para abastecer la mesa de los argentinos en el mediano plazo” y pronosticó que “estaría en peligro el abastecimiento local en 2011”. Responsabilizó al Gobierno por esta situación, a quien acusó de implementar “malas políticas” que llevan al cierre de tambos, en declaraciones a la revista Noticias del 20 de julio de 2009.

Realidad: Luego de atravesar en 2009 un período de fuerte sequía y precios internacionales bajos, este año la lechería recuperará terreno gracias al repunte del mercado internacional y las mejores condiciones climáticas. La producción de 2010 se ubicará alrededor de los 10.300 millones de litros, lo que permitirá abastecer plenamente al mercado interno, cuyo consumo total se estima en 8000 millones de litros. No habrá necesidad de importar leche.

La 125 ya es historia, con las enseñanzas, debilidades y sorpresas que dejó como balance un conflicto traumático. Pero no lo es la persistencia de los representantes patronales de los grupos económicos y sociales privilegiados, con el acompañamiento de fuerzas políticas conservadoras, de adulterar el estado de situación de uno de los sectores más rentables y dinámicos de la economía local.

azaiat@pagina12.com.

La evasión sojera y la 125

Santiago Fraschina

Un mayor control del Estado en la producción de granos lograría más recaudación tributaria, para que ésta se traslade a los gastos públicos. En un año y medio, la AFIP detectó una operación fraudulenta del sector agroexportador por más de 570 millones de pesos.


En el mismo momento en que la Bolsa de Cereales porteña anunciaba que la campaña sojera 2009/2010 superaba en más de siete millones de toneladas a la pasada zafra, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, anunció que se había detectado la comercialización de 6,5 millones de toneladas “en negro”, entre enero de 2009 y junio de 2010.

Esto equivaldría a un valor de 5.200 millones, representando una evasión de 570 millones de pesos. Echegaray aseguró que los controles en rutas, de las cartas de porte y en los procedimientos en los molinos y acopios fueron eficaces para detectar la evasión. Se trata de operaciones sojeras y, en menor medida, de trigo y maíz, por las cuales no se pagaron IVA ni Ganancias.

Consideramos que la AFIP debe tecnificar más el control en la producción de los agronegocios, aplicando mayor tecnología, como la vigilancia satelital.
Si bien gracias a las cartas de porte por ejemplo, el Gobierno Nacional endureció la vigilancia para evitar evasiones impositivas y disminuir en el futuro la producción en “negro”, algo fundamental para el aumento de la recaudación.

Si hubiésemos logrado la aplicación de la resolución presidencial 125, que determinaba las retenciones móviles, disminuiría la evasión en el agro y hoy el Estado contaría con mayores recursos para incentivar otros rubros que no sean específicamente la soja.

Las entidades agrarias quieren que sigamos siendo un país periférico abastecedor de productos primarios y sin ningún valor agregado. Este modelo no genera fuente de trabajos y evita la diversificación productiva, esa es la lógica de un país agroexportador.

Las demandas globales de oleaginosa, sobre todo por el aumento de consumo de India y China, y el crecimiento sostenido de los precios de la soja derivaron en la expansión de la frontera agrícola, con el corrimiento sobre montes nativos y selva para la producción de cereales destinadas al mercado de la exportación.

La liberación de la semilla transgénica en 1996 no hizo más que robustecer el aumento de la producción sojera, estimada en la actualidad en 55 millones de toneladas, superando la mitad del área agrícola argentina.

Los actores económicos más importantes lo constituyen grandes agroexportadores liderados por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus) Los Grobo; entre otros.


Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular -

Preguntas que nos surgen

Por Ignacio Blanco, Marcelo Ciaramella, Eduardo de la Serna *

Ante el surgimiento de temas conflictivos en la sociedad, en medio de los debates, vemos que con mucha frecuencia las voces que se atribuyen a “la Iglesia” aparecen del lado de los que se niegan a “lo nuevo”, los que tienen miedo a la libertad, los que quieren que nada cambie. Es cierto que con mucha frecuencia hay quienes quieren mostrar la “peor cara” de la Iglesia, es cierto que no siempre “lo nuevo” es “lo mejor” y que caminar caminos de libertad supone andar rumbos que a su vez nos hagan libres. Por eso, como miembros activos y plenos de la Iglesia, un grupo de curas de la diócesis de Quilmes quisiéramos formularnos algunas preguntas. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí creemos que interrogarnos nos ayuda a pensar con libertad y con paz.

- Ante el clima de intolerancia, y en muchos casos de actitudes verdaderamente dignas de las peores Cruzadas, movidas por preocupantes fundamentalismos bíblicos, filosóficos y antropológicos, nos preguntamos: ¿Se puede seguir afirmando que la homosexualidad es una “enfermedad”, y desde una comprensión prejuiciosa de la misma, condenar tal identidad y sus eventuales derechos civiles? ¿Cuáles serían los argumentos serios, razonables y académicos para sostener semejante afirmación?

- Ante el planteamiento de que un eventual matrimonio entre parejas del mismo sexo atenta contra la “ley natural”, nos preguntamos: ¿A qué se llama “natural” en estas discusiones? ¿No estará aquí una de las dificultades para poder clarificar este debate? “Ley natural”, “naturaleza”, “orden natural”, ¿no son expresiones a ser revisadas y actualizadas? ¿Pueden entenderse estas expresiones de manera absoluta, fijista y sin la dinámica propia de nuestra condición humana? Si en la historia de la Iglesia se consideraba “natural” el cauce de un río y se impedía canalizarlo, o se consideraba “natural” la esclavitud, ¿no estaremos ante una concepción claramente cultural? La concepción de “ley natural”, ¿no es más propia del helenismo que de la Biblia? Cuando san Pablo afirma que “es natural en el varón el pelo corto” (1 Cor 11), ¿no es ésta una concepción evidentemente cultural?

- En nuestros barrios hay muchos pibes y pibas que nacen y crecen con madres solteras, a cargo de tías y abuelas, de gente sincera que realizando la “función materna y paterna” les garantiza el afecto y el cuidado necesario para la vida. Comedores, hogares o simplemente vecinos y vecinas que hacen gratuitamente más amplia su mesa y su casa, logran que muchos chicos encuentren “familia” (la más de las veces sin su papá biológico y, a veces, hasta sin su mamá biológica). ¿No será necesario revisar el concepto burgués de “familia”, defendido detrás de slogans discriminatorios a la condición homosexual? ¿No han generado los pretendidos “sanos” matrimonios heterosexuales (“sanos” por el mero hecho de ser “hetero”) situaciones disfuncionales, abandono de hijos, abusos y violaciones a la vida?

- Se ha afirmado que se quiere cambiar “la familia”. ¿No es evidente que “la familia” ha cambiado y sigue cambiando a lo largo de la historia? El modelo que actualmente se defiende, ¿no es propio del siglo XVIII y muy diferente de las familias de las comunidades indígenas de América o de Africa? ¿La familia polígama de “Abraham, nuestro padre en la fe”, es igual a la familia ampliada en la que convivían no sólo padres, hijos, nietos, sino también esclavos y clientes, como era habitual en el imperio romano? ¿La familia patriarcal en que la mujer era tenida por “propiedad de” un varón (¿no viene de allí el término matri monium?) es igual a la familia en la que una jovencita debe cuidar a sus hermanitos mientras su mamá trabaja porque su papá los abandonó? ¿Cuál de todos estos y los muchos otros existentes en la historia sería el término adecuado para hablar de “familia”?

- Si miramos el Evangelio de Jesús, es evidente que Reino de Dios y familia son “fidelidades en conflicto” (S. Guijarro). Jesús dedica todas sus energías y entusiasmo a predicar “el reino de Dios” y relativiza de un modo claro y evidente la familia. ¿No es sorprendente que muchas veces escuchemos y leamos sobre “la familia” como una expresión unívoca y sin relación con la búsqueda de la justicia y la opción por los pobres, propia del Reino? ¿Por qué tantos y tantas “cruzados/as” católicos/as que levantan sus voces y se movilizan no lo hacen para combatir la pobreza, la injusticia, la desocupación, la falta de salud, de vivienda digna, cosas que ciertamente “atentan contra la familia”? Si para Jesús, “el reino es lo único absoluto y todo lo demás es relativo” (Pablo VI), ¿por qué no es “el reino” el grito unánime de los “cristianos” (católicos o no) de hoy?

Si la Iglesia en su historia, en su predicación y en sus enseñanzas (Magisterio) enseña que se debe obedecer ciegamente la “conciencia”, y que el ser humano “percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin” (Dignitatis humanae, Nº 3), ¿es posible, a esta altura de la historia, pretender condicionar la acción de nuestros legisladores en su labor parlamentaria con concepciones propias de la cristiandad medieval, obviando su legítima libertad de conciencia en temas tan controvertidos? Es absolutamente justo y razonable poder decir una palabra y opinar, pero pretender legislar o que los legisladores “deban” seguir dictámenes eclesiásticos, ¿no es más propio de concepciones de “cristiandad” antes que de respeto y tolerancia democráticas?

- Algunas voces eclesiásticas han reclamado un “plebiscito”. Siguiendo los propios criterios y argumentos que han enarbolado, ¿se podría plebiscitar la “ley natural”? La apariencia es que consideran que en ese supuesto plebiscito saldría ganadora su posición, ¿lo propondrían, de no creerlo?, ¿aceptarían un triunfo de la posición opuesta? Si se trata de reconocimiento de “derechos de las minorías”, ¿es sensato o justo proponer semejante plebiscito? ¿Se puede plebiscitar lo que es justo?

- Si para Jesús el Reino de misericordia, justicia e inclusión de los desplazados de su pueblo estaba por encima de toda otra concepción y valores culturales de su tiempo (la familia incluida); a la luz del evangelio del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37) nos preguntamos, ¿cómo podríamos considerarnos discípulos de Jesús sin conmovernos con entrañas de misericordia ante los hermanos y hermanas excluidos del camino de la vida y la igualdad ante la ley? ¿Podemos seguir “de largo” sin detenernos a escuchar lo que Dios nos está queriendo decir a través de tantos y tantas que se sienten “explotados y deprimidos” bajo un sistema discriminatorio?

En conciencia, queremos ser pastores según los sentimientos de Jesús, y estas preguntas son las que nos surgen en estos días.

Queremos ser Iglesia servidora del Reino, siempre del lado de los más pobres y sufrientes.

* Junto a otros quince sacerdotes de Quilmes y otras diócesis.
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› NESTOR KIRCHNER SALIO AL CRUCE DE LA EMBESTIDA DEL CARDENAL JORGE BERGOGLIO CONTRA EL MATRIMONIO GAY.


“El país debe dejar las visiones oscurantistas”
En alusión al lobby eclesiástico en el Senado, el ex presidente consideró que “cuando se tiene que presionar es que hay muy pocos elementos para convencer”. Bergoglio había dicho que hay una “guerra de Dios” y que el proyecto es “una ‘movida’ del padre de la mentira”.
O GAY


La guerra santa que lanzó el cardenal Jorge Bergoglio contra el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que el miércoles debatirá el Senado tuvo su réplica ayer en el oficialismo, el principal –aunque no único– impulsor de la iniciativa. El diputado Néstor Kirchner, que votó a favor en la Cámara baja, afirmó que “la Argentina debe dejar definitivamente las visiones discriminatorias y oscurantistas”. Y se refirió al durísimo lobby eclesiástico en la Cámara alta: “Cuando se tiene que presionar es que se tienen muy pocos elementos para convencer”, advirtió. La respuesta del ex presidente llegó después de que Página/12 publicara el miércoles pasado una carta de Bergoglio en la que asegura que el proyecto es “una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”.

El ex presidente Kirchner fue consultado sobre la existencia de presiones eclesiásticas contra el proyecto aprobado en Diputados: “Bueno, dicen eso”, dijo, antes de considerar que “cuando se tiene que presionar, es que se tienen muy pocos elementos para convencer”. En clara defensa del proyecto, afirmó que “la Argentina debe dejar definitivamente las visiones discriminatorias y oscurantistas” que intentan sabotear su aprobación en el Senado. “Lamento el carril que le han dado algunos a este tema, pero yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de haber votado a favor del matrimonio igualitario, a favor de la igualdad de derechos; los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos”, añadió.

Bergoglio, en una carta abierta a las carmelitas de los cuatro monasterios de Buenos Aires y publicada por este diario, consideró que “el pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia”. “No seamos ingenuos –escribió–: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento), sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios.”

También sostuvo que “está en juego la identidad y la supervivencia de la familia” y que se trata de “una guerra de Dios”.

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, calificó de “fundamentalista” al cardenal por considerar una “guerra de Dios” al debate legislativo. Bergoglio “irrumpe con inusitada violencia en el ámbito de la deliberación democrática y llama al odio entre los argentinos”, señaló el ex diputado. Al plantear la modificación del matrimonio civil, continuó, “no se está hablando de un sacramento ni de temas religiosos”, sino que “sólo se está discutiendo la ampliación de los derechos civiles en favor de un importante sector de la sociedad argentina”. “Quien debiera estar predicando la paz y la tolerancia anda convocando a una guerra santa y a realizar actos políticos callejeros para presionar al Senado de la Nación”, resumió.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que no apoyó el proyecto de matrimonio porque, explicó, “soy una gran creyente”, dijo estar a favor de una “unión familiar” para homosexuales, una hipótesis que incluiría el derecho a la adopción conjunta. “La verdad es que a Kirchner no le importa la comunidad gay, lo que a Kirchner le importa es combatir con alguien y los está usando (a los homosexuales)” para confrontar con Bergoglio, agregó. “Las posiciones rígidas son de ambos lados, sectores muy extremos de la Iglesia, pero también Néstor Kirchner.” Calificar a la homosexualidad de “perversión” es “la locura de algunos sacerdotes”, dijo, “no es la posición de la mayoría de la Iglesia”. “Yo jamás votaría en contra de las personas con identidad sexual diferente, pero tampoco podría votar tocando una palabra, dado que soy una gran creyente.”

Las críticas arreciaron también en las provincias. En Mendoza, sectores juveniles de partidos de izquierda marcharon por el centro de la ciudad capital con la consigna “Derecho al matrimonio para todos y todas”. Con la animación de agrupaciones de estudiantes de distintas carreras de la universidad estatal, la subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, militantes de la diversidad sexual y de organizaciones como Barrios de Pie y Juana Azurduy, entre otros, la movilización se inició tras la distribución de panfletos y actividades culturales. En Rosario hubo una multitudinaria marcha que llenó la plaza Montenegro

CFK: "Independencia es libertad, pero también igualdad"


"Tenemos que encauzar los esfuerzos en hacer una sociedad más igualitaria en la que las minorías tengan los mismos derechos que las mayorías", apuntó la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia y en clara referencia a la polémica que se produjo en torno al matrimonio gay.



Tras participar de un pequeño evento en la Casa de Tucumán, y antes de encabezar el desfile militar en el marco de la celebración del 194 aniversario del Día de la Independencia, Fernández de Kirchner consideró ante los medios que "debemos ser una sociedad inclusiva que cada vez sume más derechos para todos. La independencia no llega sólo con la libertad, sino que también tiene que servir para la igualdad. Independencia es sinónimo de libertad e igualdad".

Una vez en el palco preferencial, y de cara a la calle en la que caminarían artistas y militares tars sus palabras, la Presidenta señaló que el Gobierno "está claramente trabajando en darle mayor independencia al país; sobre todo independencia económica" que, según apuntó, "permitió aplicar políticas de inclusión social en un contexto mundial de cercenamiento de derechos".

"Mientras en otras latitudes se discuten despidos, rebajas de sueldo, en Argentina estamos debatiendo estas cosas", en referencia a las políticas de desendeudamiento, la estructura de movilidad jubilatoria y la ampliación de la base no imponible de Ganancias. "Es es bueno que lo hagamos, porque somos los que tenemos autoridad para poder discutir esas cosas: somos los que restituimos derechos que habían sido cercenados".

En ese sentido, apuntó que "mientras este modelo político fue mayoría en el Congreso, jamás quitamos o negamos derechos a las minorías. Cuando eso pasa, significa que la sociedad está atravesando una etapa fea".

"Estamos en el rumbo acertado. Creo que merecemos un reconocimiento", continuó Fernández, tras entregar computadoras personales a un grupo de estudiantes secundarios e inaugurar caminos provinciales.

Además, hizo referencia a la gestión del ex presidente y su esposo, Néstor Kirchner, y apuntó que "a mi me tocó la segunda etapa. La de profundizar la construcción de solidez que permitiese que los momentos de prosperidad no sean fugaces y que nos dejara liberar todas nuestras fuerzas como país para construir una sociedad más justa e igualitaria".

El ex presidente, diputado nacional y titular de UNASUR llegó con la Presidenta pasadas las 12.30 a Tucumán. Estuvieron acompañados de una comitiva integrada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; los ministros de Interior, Florencio Randazzo; de Defensa, Nilda Garré; de Planificación Federal, Julio de Vido; de Economía, Amado Boudou, y el canciller Héctor Timerman.

En otros aviones oficiales llegaron el secretario de Obras Públicas de la Nación, Oscar López, y las titulares de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, entre otros.

"Siempre sostuvimos desde este proyecto nacional la necesidad de que todos los argentinos podamos construir una nación que nos constituya y represente --continuó Fernández--. Debemos seguir profundizando ese trabajo para incluir a aquellos que todavía no han podido acceder a su trabajo".

En tanto, remarcó que "además de tener democracia y libertad de expresión, los argentinos tenemos hoy la maravillosa capacidad de recordar y de pensar, para elegir qué país y qué vida queremos tener".

Por último, y antes de presenciar el desfile cívico militar de celebración del 194 aniversario del 9 de Julio, Fernández convocó a "todos los argentinos a seguir trabajando en la independencia económica y cultural, a pensar por nosotros mismos y a ver por nuestros propios ojos. No dejemos que nos cuenten lo que vemos".

A las 16, partirá hacia Beijing, donde comenzará su visita de Estado a China, que también incluye la ciudad de Shangai, donde será recibida por las máximas autoridades de ese país.

La Presidenta viajará al gigante asiático acompañada por el canciller Héctor Timerman y una importante comitiva, que incluye a más 70 ejecutivos.

Al mismo tiempo, la jefa del Estado presidirá una Misión Comercial Multisectorial organizada por la Cancillería argentina, para lo cual estará acompañada por representantes de empresas nacionales, muchas de ellas pymes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-149189-2010-07-09.html

La zoncera del aislamiento

Por Federico Bernal

Existen profusas críticas de la ortodoxia económica que le endilgan a la administración kirchnerista haber aislado a la Argentina del mundo. Desde la perspectiva del comercio exterior, parámetro para descifrar el grado de vinculación internacional, se rebate esa apreciación. En base a datos del FMI, del Indec y del Centro de Economía Internacional, las exportaciones argentinas medidas en valores corrientes en millones de dólares pasaron de 12.353 en 1990 a 26.341 en 2000 y a 70.020 en 2008. Es decir, entre 1990 y 2008, las exportaciones registraron un incremento ininterrumpido del 467 por ciento. En igual período, el aumento continuado más pronunciado se verificó entre 2002 y 2008, con un 172,3 por ciento, contra un 113,9 por ciento entre 1992/1998. Para los nostálgicos de los años ‘90, durante esa década las exportaciones se incrementaron un 113,2 por ciento, mientras que para el período kirchnerista (2003-2008) el incremento fue del 136,8 por ciento.

Resulta interesante destacar que las exportaciones de productos agrícolas se incrementaron 88 por ciento entre 1995 y 2006, comportamiento que no se condice con la procedencia socioproductiva de las críticas a la política comercial oficial. Por su parte, las importaciones hicieron el siguiente derrotero: 4077 en 1990, 25.280 en 2000 y 57.422 en 2008. Durante la administración kirchnerista crecieron 315,1 por ciento hasta 2008, bastante menos que el 520 por ciento registrado en los ‘90. Al analizar el nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI, se encuentra que para 1990 se ubicaba en un 8,7 por ciento; diez años después había ascendido apenas al 9,3, para dar el gran salto en la última década, hasta llegar al 21,4 por ciento en 2009. En cuanto a la evolución de las importaciones en el PBI, las cifras dan cuenta del siguiente cambio: 2,9 por ciento en 1990, 8,9 en 2000 y 17,6 en 2008.

Ahora bien, nada más trascendental y contundente a la hora de ratificar o rechazar el nivel de aislamiento de la Argentina que rastrear la evolución de los destinos y los orígenes de su comercio exterior. En 2004, el país exportó a 47 países por más de 100 millones de dólares anuales a cada uno; en 2008 lo hizo a 59 países, un incremento del 25,5 por ciento de los destinos compradores. En 2004, se exportó a 7 países por más de 1000 millones de dólares a cada uno; en 2008 lo hizo a 17 países, un alza del 142,9 por ciento. En 2004, los primeros diez destinos se repartieron el 63,7 por ciento de las exportaciones totales, y los primeros veinte destinos, el 77,7. En 2008, los primeros diez participaron con el 60,6 por ciento y los primeros veinte, con el 75,9%. Es decir, la Argentina exportó mayores volúmenes a más países, y logró una mayor diversificación de sus compradores.

Lo mismo se verifica a nivel de las importaciones: 27 países nos vendieron sus productos por más de 100 millones de dólares cada uno en 2004; cuatro años después serían 41 países los que venderían iguales volúmenes. Por último, las exportaciones hacia los principales destinos registraron incrementos del 134 por ciento para el período 2003/2008 (promedios de variación porcentual anual). En este período, la tendencia favorable en el vínculo comercial entre la Argentina con el Mercosur, el Nafta y la Unión Europea ha sido notable.

La Argentina del presente es la más vinculada e interrelacionada con el mundo de las últimas décadas

AGRO › SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

Diversificación o monocultivo

La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera.

Por Alejandro Rofman
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La tradicional Pampa Húmeda, otrora ocupada por decenas de miles de chacareros que organizaban la actividad productiva destinada a la exportación de cereales, oleaginosas y carnes, ha cambiado agudamente de perfil. Ello ha tenido lugar en el último cuarto de siglo en un doble proceso. Por un lado, la emigración de las familias residentes en los predios hacia ciudades ha sido una constante en ese período. Diversos factores concurrieron a ello: el deseo familiar de una búsqueda de calidad de vida que no podía obtener en la residencia campestre, el deseo de las nuevas generaciones de integrarse a estudios secundarios y universitarios inaccesibles en las cercanías de las chacras y la profunda revolución tecnológica que limitó sensiblemente el aporte laboral en las tareas propias del chacarero y su familia. Por otro lado, las nuevas exigencias que supuso la introducción de cultivos altamente sofisticados en cuanto a su proceso productivo (siembra directa, fertilización del suelo, difusión de agroquímicos para combatir malezas y recolección) se impuso como estrategia específica, en particular en lo referente a la soja.

Este cultivo era inexistente hace un cuarto de siglo y ya cubre más de la mitad de la superficie sembrada anualmente en esa región. Requiere, para obtener el producto final, de la intervención de sistemas de producción, uso de maquinaria y selección de insumos que obliga al ingreso de otros tipos de agentes económicos en sustitución de la unidad familiar. El 70 por ciento de la tierra dedicada a la agricultura en la Pampa Húmeda es arrendada. En esa superficie el propietario es rentista o es productor que agrega tierra alquilada a la propia, pero ya no vive en la finca. Su otrora chacra diversificada se ha convertido en monoproductora de soja.

La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y a la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera. La diversificación, como modelo apropiado para una agricultura con agricultores ha permanecido en las áreas bajo secano o bajo riego, en donde pequeñas o medianas explotaciones siguen alojando a la familia y la base productiva se constituye con formas variadas de producción. Sembrar algodón y tener parte de la finca dedicada a tubérculos (mandioca), aves, hortalizas o legumbres, reduce el riesgo productivo y posee la virtud de cultivar con métodos no degradantes de la calidad del suelo, sin agroquímicos y con resguardo frente a inconvenientes climáticos.

Este modelo, como ejemplo, se repite en otras áreas del país con pequeños productores familiares que cultiva tabaco, caña, frutas y especies exóticas. Complementan su actividad con productos agrícolas y pecuarios para su propio consumo. Esta virtud de la agricultura diversificada se verifica en estrategias productivas que reúne, en cada finca y en forma simultánea, actividades de origen agropecuario. Ello es posible dado que la unidad familiar, mediante un proceso de división del trabajo, puede dedicar parte de la fuerza laboral disponible a la tarea de producir bienes agrícolas para el mercado (generalmente los integrantes masculinos). Y el otro segmento laboral se dedica a la actividad generadora de alimentos para el autoconsumo (especialmente la fuerza laboral femenina). Si es necesario y faltan recursos para la subsistencia, aparece como opción la venta de fuerza de trabajo en tareas extraprediales con el objetivo de obtener ingresos monetarios adicionales.

En el actual panorama del sector agrario hay una experiencia válida como modelo productivo a futuro: el de los productores familiares, que en su mayoría han conservado el criterio saludable de cultivar en sus tierras una gama amplia de opciones productivas. Esta experiencia abarca a más de 200.000 productores familiares integrantes del segmento de propietarios u ocupantes de hecho que viven en fincas (cerca del 70 por ciento de los productores agrarios del país) y les sirven como sede física y productiva a la vez. Ello es habitual en los asentamientos productivos de las regiones extrapampeanas y su perfil debería constituir el modelo de una adecuada planificación del sector. Si tal es la opción que se escoge, los numerosos ocupantes de predios diversificados requerirían, para asegurar su permanencia y garantizar un nivel de calidad de vida digno, la incorporación de medidas concretas de ofertas de bienes públicos que posibiliten cubrir la demanda insatisfecha imperante a lo largo y ancho del país rural

* Investigador principal del Conicet. Miembro fundador del Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires.

La plata de los jubilados

Por Alfredo Zaiat

La presentación de proyectos legislativos para disponer el 82 por ciento móvil a los haberes previsionales ha reeditado la versión “la plata de los jubilados”. A esta altura, se ha convertido en la consigna más rendidora para políticos conservadores, progresistas y analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente”. La instalaron cuando se puso fin al desfinanciamiento del sistema previsional durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP (esa primera versión fue descripta en un artículo del 17 de mayo de 2009). Insistieron cuando se dispuso la universalización de la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados, iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población (segundo capítulo de la saga publicado el 8 de noviembre de 2009). Antes con el cierre de las AFJP y el manejo de las inversiones de la Anses, luego con la AUH, ahora reaparece la tercera versión con el debate por el 82 por ciento móvil. El concepto “la plata de los jubilados” que domina el espacio político mediático sólo contribuye a la confusión general. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Además de rústica, es tramposa esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines. Más aun cuando el sistema previsional fue desquiciado y el mercado laboral fragmentado durante décadas.

La cantidad de beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino era de 3,2 millones en 2003 y con una moratoria flexible se amplió a 5,6 millones en 2010. Se incluyeron 2,4 millones de nuevos beneficiarios elevando la cobertura previsional del 57 a casi el 90 por ciento de la población en edad jubilatoria. Resulta evidente que una elevada mayoría de esos beneficiarios –y no sólo los de la moratoria– está recibiendo un ingreso que no tiene relación con el monto y los años de aporte realizados. Del total de jubilados, el 40 por ciento es por moratoria, y la relación aportantes/beneficios ha descendido de 2,15 a 1,52. En esa instancia emerge una cuestión que no es expresada abiertamente pero que encierra una suerte de paradoja distributiva. Los pocos merecedores de elevadas jubilaciones por su historia previsional están recibiendo un haber más debajo que el posible al universalizarse el sistema. A la vez, esa ampliación de la cobertura ha sido un potente factor de redistribución de ingresos rescatando a decenas de miles de la intemperie previsional. ¿Cuál de las dos vías construye una sociedad con mayor justicia social admitiendo la existencia de la restricción presupuestaria? La segunda alternativa implica un haber medio, que si bien ha subido considerablemente en los últimos años (1157 pesos), se encuentra por debajo del que hubiera sido sin la moratoria. Hoy el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima en un proceso que ha achatado progresivamente la pirámide de ingresos previsional, dinámica que en forma leve empezó a revertirse con la movilidad automática que aplica ajustes dos veces por año. En el período marzo 2009-marzo 2010 el aumento acumulado fue de un notable 29,7 por ciento, porcentaje que invita a concurrir al archivo para confrontarlo con las estimaciones realizadas por legisladores que criticaban y aún lo siguen haciendo con elevada irritabilidad la fórmula de movilidad. Esos cálculos convierten a los economistas de la city en prudentes pronosticadores de fallidos.

El sistema previsional tiene más complejidades que la vulgar consigna “la plata de los jubilados”, resabio que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público, precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía, y detallar las fuentes de recursos. El monto mensual de fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. De ese total, sólo el 59 por ciento corresponde a aportes y contribuciones.

La reducción de las cargas patronales desde 1993 ha detraído recursos del sistema de seguridad social. El desfinanciamiento producido por la rebaja en esas contribuciones para recuperar competitividad debido al corset de la convertibilidad fue un error, el mismo que se aplicó en la década del ’80 durante la dictadura, cuando también se intentó por esa vía corregir el atraso del tipo de cambio real. Esa medida no impulsó el blanqueo de trabajadores, como argumentaban sus defensores, sino que aumentó el desempleo por la propia dinámica de una política cambiaria que provocaba destrucción del aparato productivo. La revisión de esa injusta transferencia de ingresos de los noventa requiere una evaluación rigurosa de su impacto económico-laboral. Ese análisis debería incluir su incidencia en los costos laborales, su eventual traslado a precios, la presión empresaria para una mayor devaluación y el efecto sobre la dinámica del empleo. La suba de aportes patronales forma parte de la necesaria tarea de reconstruir una estructura tributaria progresiva teniendo en cuenta que en los países desarrollados las cargas sociales constituyen uno de pilares de la recaudación. Para evitar confusiones, esa eventual medida debería ser abordada en función de esos parámetros y no como parte del debate sobre el 82 por ciento móvil de las jubilaciones. En la renovada discusión política sobre los haberes previsionales se sostiene que existen los fondos para cumplir con ese porcentaje por el abultado stock de activos que maneja la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esos activos son un patrimonio que el Estado rescató del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. Ese capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de ser una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso del crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación del sistema previsional por inversiones que generan mayor empleo y formalización laboral. Ese stock de activos del régimen jubilatorio de reparto debe estar en función de mejorar el flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura.

Resulta interesante avanzar en el análisis de la estructura previsional y si las cuentas permiten financiar aumentos de las jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” y destinar un poco más de energía para estudiar la solvencia intertemporal del actual régimen de reparto.

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82 por ciento móvil

Por Alfredo Zaiat

El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.

Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.

Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.

De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.

En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.

Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.

Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.

Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.

Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.

azaiat@pagina12.com.ar

Foro en defensa del Proyecto Nacional y Popular

El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el invitado especial del primer Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, que contó con más de 250 militantes.