Medidas para el desarrollo social e industrial

Hay que sacar el sapo del agua caliente y construir un futuro más justo.
Bernardo Tirelli

Hay algo positivo en la actual crisis internacional, porque no sólo se han caído los falsos argumentos de las teorías neoliberales y del fundamentalismo del mercado sino que también quedó cuestionado el dinero –el capital– como creador de valor, o sea de trabajo. Este vacío intelectual que deja la crisis crea la oportunidad de afirmar principios propios que permitan reconstruir una Argentina industrial más igualitaria, fiel a sus antecedentes históricos y de identidad. Esto significa defender el ahorro que, entre otras cosas, posibilita una jubilación justa para los trabajadores. Y también significa potenciar la dirección del ahorro, o sea, el trabajo acumulado por los argentinos, hacia la creación de más industrias, principalmente en las zonas de bajo desarrollo, con el fin de lograr un país justo e igualitario. La promoción industrial. En la Argentina hubo varios intentos de promover el desarrollo industrial y también varios intentos deliberados de destruirlo. Tal vez no sea tan paradójico que quien más hizo por destruir la industria nacional, la última dictadura, haya sido el autor de la ley de facto –ley 22.021– aún vigente de promoción y desarrollo. En realidad esa ley durante la dictadura, al igual que su plan económico, favoreció a determinados grupos mal llamados nacionales, los que salieron del proceso dictatorial como sus grandes beneficiarios, iniciando un rumbo de gran concentración económica e industrial que aún hoy no se detiene. No existen promociones industriales; la que existía facultando la desgravación de los impuestos de IVA y Ganancias provocó distorsiones por los abusos y falta de controles que permitieron la evasión de impuestos sin ningún desarrollo industrial. Fue derogada, aunque hoy sobreviven beneficios de su aplicación en muchas empresas radicadas en las zonas promovidas.En la actualidad la ley 22.021 es el único régimen de promoción nacional que otorga la facultad de aplicar impuestos nacionales para actividades productivas difiriendo su devolución hasta un plazo posterior variable, según el proyecto, a su puesta en marcha. Esta ley de facto está vigente pero en la práctica no existe. En el Presupuesto de 1999 se le incorpora cupo fiscal y a instancia de los diputados nacionales de Santa Cruz se incluye a esta provincia como autoridad de aplicación lo que termina, por primera vez, extendido a todas las provincias patagónicas. El gobierno de la Alianza veta el artículo y las sucesivas leyes de Presupuesto nacional no le otorgaron cupo fiscal.Con el veto del Ejecutivo en 1999 este se comprometió a enviar un nuevo proyecto que fue conducido por Beatriz Nofal. En el anteproyecto de Nofal se destacaban dos aspectos, el primero, referido a los criterios de elegibilidad y al mecanismo para establecer los cupos de cada provincia, y el segundo, a los beneficios otorgados a los inversores y a las actividades que se promueven. El primero pone énfasis en el desempleo y con ese concepto establece una vinculación lineal entre los índices que miden ese déficit y la elegibilidad y el cupo que le corresponde a cada provincia. Aplicando esas pautas resultaban beneficiarias provincias con alto desarrollo como Santa Fe y con mayores cupos provincias como Entre Ríos, quedando, a su vez, prácticamente excluidas todas las provincias patagónicas comenzando por la de Santa Cruz. Los incentivos propuestos y su forma de aplicación eran inviables, con garantías duras las provincias de mayor grado de desarrollo tenían los mismos o mayores incentivos que provincias menos desarrolladas y con menor infraestructura y los beneficios de financiamiento del IVA y derechos de importación eran exiguos para inversiones en zonas marginales. También, en esos años, varios legisladores nacionales de provincias del norte argentino –uno de ellos es hoy gobernador– presentaron un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario (5216-D-04) en ambas Cámaras. Se planteaba utilizar como fondo inicial el de las AFJP, para generar empleo en número significativo, con inversiones en todo el país con ciertas exclusiones y limitaciones a fin de promocionar zonas de bajo desarrollo y con esto coadyuvar al equilibrio regional. Se buscaba que permitiera intervenir tanto a inversores nacionales como extranjeros, que los fondos previsionales sean dedicados en una parte a la inversión productiva, que no disminuyera la recaudación tributaria actual y por lo tanto que no tenga costo fiscal y que los emprendimientos no tengan exenciones impositivas con alguna excepción relacionada a la reinversión de utilidades según la localización y a la ganancia mínima presunta en la etapa de inversión entre otros, que sea un instrumento estable de promoción por varios años, que fuera atractivo para los inversores y que disminuyera los problemas de deudas de las provincias. En lugar de este proyecto las AFJP financiaron por más de 15.000 millones a empresas del extranjero y a empresas extranjeras, en suelo argentino, de alta concentración económica. ¿Qué resultado se tendría si esos fondos se hubieran utilizado, según el espíritu de ese proyecto de ley, para el desarrollo productivo en las zonas atrasadas y con empleo precario? El proyecto no tuvo tratamiento.


EL SAPO.


A los EE.UU. les pasó lo del sapo en agua caliente. Cuando se introduce un sapo vivo en agua caliente este salta porque se quema, pero si se lo coloca en agua tibia y se la va calentando de a poco la cosa es distinta. Por ser el sapo un animal de los llamados de sangre fría (poiquilotermos) el cuerpo de éste toma la temperatura del medio que le rodea. Entonces si el calor del agua sube de manera progresiva el sapo se irá poniendo más activo y puede llegar a soportar más de 80 grados centígrados sin quemarse. Si la temperatura sigue subiendo muere sin quejarse. Igual sucedió en la Argentina con la convertibilidad. Los EE.UU. y Europa hoy, después de quemarse, corrigen colocando capital e ingerencia estatal en el resguardo de su economía e industrias básicas. Defienden la producción y el trabajo. En la Argentina los criterios de no promoción –salvo para los grandes grupos que sí tuvieron– han estado basados en principios de libertad de mercado, de no ingerencia del Estado y de resguardo de los costos fiscales. Este concepto parte de dos errores. Uno, considerar que la actividad productiva, en las zonas subdesarrolladas, existiría igual sin la promoción. El otro, que los fondos destinados a promoción son costos y no inversiones. Nunca ha sido tenido en cuenta, por los técnicos nacionales de las últimas décadas, el recupero en impuestos y en cargas sociales que genera cada proyecto productivo. Aceptar el principio del costo fiscal por ingresos, que el Estado no percibe, pero que son directamente aplicados a inversiones productivas con impacto directo en la generación de nuevos y diversos tributos e importantes implicancias en todo el campo social es aceptar que el Estado no debe tener ninguna función en la corrección de las desigualdades y los desequilibrios regionales y que estos sólo se corrigen por la acción libre del mercado. Es hora de abandonar el agua que calienta la concentración y la desigualdad económica. En vez de pensar en subir las tasas de interés para evitar corridas al dólar hay que incentivar los emprendimientos productivos dentro de un Plan Nacional de Desarrollo. El resultado de un plan de promoción industrial y regional puede calcularse y, en ese caso, se puede hablar de pérdidas o ganancias, según se hagan las cosas, pero no de costos fiscales. Dentro del gran debate por el proyecto nacional hay que incluir la gran discusión de una ley de promoción industrial para todo el país desde un proyecto estratégico y de saber qué promocionar, dónde y con qué recursos y métodos. El Estado tiene en sus manos la acción para sacar al sapo del agua caliente para construir un futuro más justo e igualitario.

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