LOS RURALISTAS INTENTARON COPAR LA LEGISLATURA BONAERENSE POR LA FUERZA

Un déjà vu violento en nombre de la Patria El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, se trepó a una columna en la entrada de la Legislatura bonaerense y empezó a gritar “¡Argentina!, ¡Argentina!, ¡Argentina!”. A su alrededor, ruralistas y empleados del sindicato de trabajadores rurales agitaban banderas nacionales y le hacían el coro. “Si esta ley se sanciona, esto va a ser peor que la 125”, agregó Biolcati, añorando aquella época en la que el lockout contra la aplicación de las retenciones móviles logró la adhesión, no sólo de los ruralistas, sino de amplios sectores medios que se sumaron a una rebelión fiscal disfrazada de gesta cívica. Ahora, la intención fue la misma y, al igual que en 2008, los dirigentes del agro no dudaron en querer imponer su posición a través de la violencia. De hecho, derribaron una reja del edificio y se apostaron en el playón del Palacio, por donde ingresan los vehículos oficiales. Un rato después, se enfrentaron con militantes oficialistas que decidieron hacerles frente para desalojarlos. “Estoy preocupado porque un grupo identificado como La Cámpora hizo de seguridad y de policía en este edificio del pueblo”, expresó Daniel Berdini, director de Coninagro, quien antes había ingresado por la fuerza a un edificio público como si fuese algo normal. La policía provincial no intervino. Los ruralistas resistieron el avance de los jóvenes kirchneristas y comenzó una gresca en las puertas de la Legislatura que incluyó golpes y empujones. Finalmente, los dirigentes del agro y los empleados del sindicalista rural Geronimo “Momo” Venegas se fueron del lugar, aunque resolvieron en una improvisada asamblea declararse en “estado de alerta y movilización”. Biolcati le pidió a los productores que “acusen con el dedo a los legisladores de sus pueblos culpables de este despojo al que nos han sometido” y que “presionen para que no suceda esto y si ocurre –les advirtió– sepamos cómo reaccionar, como lo hemos sabido años atrás”. El vicegobernador Gabriel Mariotto respondió que “lo que hubo es una manifestación violenta desde Carbap, alentados por Biolcati. Es una muestra de violencia que no se ajusta a la convivencia democrática”. Los dirigentes de la Mesa de Enlace están acostumbrados a proceder de este modo cuando el Gobierno y/o el Congreso no sanciona lo que ellos consideran correcto. Durante el lockout de 2008 reivindicaron el federalismo fiscal y la resistencia civil frente a lo que consideraban una injusticia, pero lo hicieron con una dosis de violencia que registra pocos antecedentes en democracia. Cortaron rutas en todo el país y mientras mantuvieron los piquetes llegaron a impedir el paso de ambulancias, agredieron a embarazadas, tiraron millones de litros de leche, balearon camiones y ómnibus, quemaron pastizales, incendiaron autos y escracharon a los políticos que no pensaban como ellos. No fueron prácticas generalizadas, pero existieron. Por lo tanto, el intento de copar la Legislatura por la fuerza no llamó la atención.

EL SENADO DIO MEDIA SANCION A LA SUBA DEL INMOBILIARIO RURAL, PESE A LAS PRESIONES DEL AGRO

Nervios alterados por el pago de impuestos Las cámaras patronales quisieron copar la Legislatura bonaerense para impedir la actualización del gravamen. La Cámara alta aprobó el proyecto y el miércoles lo harían los diputados. Hoy se paga lo mismo por 200 hectáreas en Lobos que por un auto de 2010. Por Tomás Lukin El Senado de la provincia de Buenos Aires dio ayer media sanción a una reforma impositiva que despertó la oposición de las cámaras patronales agropecuarias, que intentaron evitar el avance de la iniciativa forzando el ingreso a la Legislatura. La furia empresarial, encabezada por el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se desató por la actualización en la valuación de las tierras. Las modificaciones permitirán incrementar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en 300 millones de pesos anuales, un aumento del 30 por ciento anual. El proyecto corrige ine-quidades en el valor fiscal de la hectárea en la provincia que creaba situaciones inverosímiles, donde el impuesto que debía pagar, por ejemplo, un terrateniente de Lobos era levemente superior al que ingresaba por patentes el dueño de un Renault Sandero modelo 2010. Además, los cambios obligarán a los propietarios rentistas que no explotan sus campos a pagar bienes personales a nivel nacional. En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria no logró reunir el quórum necesario para sesionar y la reforma, que además amplía la capacidad de endeudamiento de la provincia y modifica las alícuotas de ingresos brutos y sellos, sería tratada el próximo miércoles. El valor fiscal de la tierra en la provincia de Buenos Aires está congelado en niveles muy bajos desde los años noventa, cuando gobernaba Eduardo Duhalde. El debate para actualizarlos comenzó hace cinco años pero no prosperó. La disminución de los recursos de coparticipación que reciben los municipios bonaerenses este año, partidas por alrededor de 900 millones de pesos que pasaron a estar afectadas al financiamiento educativo, activaron el reclamo de los intendentes hacia el gobernador Daniel Scioli. Ante la imposibilidad de volver a recurrir al endeudamiento externo, por las elevadas tasas de interés, y la incertidumbre económica global, la provincia dispuso modificar distintos impuestos, ampliar las posibilidades para emitir deuda en moneda local y aprovechó el escenario para comenzar a corregir las inequidades en el impuesto inmobiliario rural. Los cambios propuestos en la materia no sólo amplían la recaudación de la provincia de 1000 a 1300 millones de pesos anuales, sino que llevarán a muchos terratenientes rentistas a pagar bienes personales a nivel nacional. “Esto va a ser peor que la [Resolución] 125”, amenazó ayer Biolcati, colgado desde una columna en uno de los ingresos a la Legislatura en La Plata. El ruralista le hablaba a un público que, según afirmaron desde el Ejecutivo provincial a este diario, no sólo estuvo compuesto por empresarios, sino que contó con “fuerzas de choque de la Uatre”, el sindicato rural que conduce Gerónimo Venegas. El violento intento de los representantes de Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural para evitar la sanción del proyecto en el Senado contabilizó forcejeos con la policía y también con militantes de La Cámpora (ver aparte). “Si esta ley se sanciona las consecuencias para los productores van a ser terribles”, afirmó el titular de la SRA desempolvando los pronósticos que reitera en cada reclamo patronal. “Tienen derecho a reclamar y hacer una defensa corporativa pero eso no los habilita a generar episodios de violencia. Las amenazas del titular de la Sociedad Rural a los legisladores recordando que ‘tienen que volver a sus pueblos’ son temerarias”, señaló el ministro de Asuntos Agrarios provincial, Gustavo Arrieta, quien aseguró que volverá a recibir a las cámaras empresarias una vez que se apruebe el proyecto. El congelamiento en la valuación fiscal de la tierra generó un fuerte atraso y profundas situaciones de injusticia fiscal. En distritos donde el precio de la hectárea supera los 10 mil dólares, el valor que se toma en cuenta para pagar el impuesto inmobiliario no supera los 250 dólares. Así, muchos empresarios terminan pagando menos impuestos por sus tierras que por la patente de sus autos. Según explicó a Página/12 la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, con los aumentos el valor fiscal de las propiedades rurales pasará a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado. Junto con las su-bas, que también estarán acompañadas por mejoras en los registros catastrales, se aplicará una baja en las alícuotas que amortiguará el incremento en el impuesto. En promedio, los aumentos serán del 40 por ciento, pero en algunos será significativamente mayor –Carbap estimó que podría superar 700 por ciento– porque se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias. Batakis señaló que sobre un total de 19 millones de hectáreas productivas, en cuatro millones el impuesto que pagarán sus propietarios será inferior al que abonan hoy. Pero, incluso en esas áreas, el valor fiscal de la tierra será actualizado. La principal preocupación de las cámaras patronales agropecuarias es que el aumento en la valuación de la hectárea elevará el precio fiscal de sus campos al punto de que serán alcanzados por el impuesto a los bienes personales nacional. Si 100 hectáreas en Lobos tenían un valor fiscal de 400 pesos la hectárea, esa tierra pagaba impuestos por 40 mil pesos, por debajo del límite de 305 mil pesos a partir del cual se deben pagar bienes personales. Cuando se apruebe el proyecto, esa propiedad tendrá un valor para el Estado cercano a los 800 mil pesos. El detalle que destacaban anoche Batakis y Arrieta es que los productores, quienes trabajan sus tierras, están exentos por ley de pagar bienes personales por esas propiedades. Sin embargo, deberán comenzar a ingresar el impuesto aquellos que son rentistas, lo que exaltó a Biolcati. Compartir:

El rol de las Agencias de Desarrollo en la Planificación Estratégica

Muchas agencias surgieron en los ´90 como respuesta a la crisis del aparato productivo, hoy es momento de darles un sentido estratégico para proyectar el desarrollo sustentable a nivel local Por Lic. Lisandro Mogliati Las agencias de desarrollo son una herramienta fundamental para alcanzar los consensos necesarios a nivel local para la planificación territorial y aportan a la construcción de escenarios, en los cuales pueden desenvolverse los proyectos estratégicos identificados en un esquema de consenso político-institucional. En ese esquema mencionado, deben establecerse los roles y competencias de cada actor y se alimenta un proceso donde se comparte el conocimiento, se democratizan las herramientas de promoción económica y social, en particular tendiendo a favorecer la creación de empresas, en un marco de sustentabilidad productiva y ambiental. En la Argentina, muchas agencias de desarrollo surgieron en la década del ´90, como respuesta a la debilidad del aparato productivo, dada su escasa competitividad en un marco de apertura económica que relegó a la producción nacional. En esa etapa, muchas agencias se gestaron de arriba hacia abajo, es decir, a partir de políticas provinciales o nacionales que promovían su creación para abordar y ejecutar territorialmente, determinados programas de apoyo a las pymes o bien para la gestión de microemprendimientos, que posibilitaran la generación de autoempleo como eje para contrarrestar la falta de oportunidades que ofrecía el mercado laboral, sobretodo en el sector industrial que caracterizaba esa década. A raíz de ello, en los municipios se apuró la creación de agencias de desarrollo a partir de ciertos consensos institucionales mínimos, impulsados generalmente por las áreas de Producción, y se decidían el destino de los recursos para financiar emprendimientos productivos, pero careciendo de un abordaje serio del sentido estratégico y la visión del largo plazo que debe darse a estos procesos. Paradójicamente, las agencias de desarrollo en la Argentina, se ven fortalecidas en etapas de crisis y su accionar se relaja en tiempos más prósperos, cuando es la verdadera oportunidad de sentar las bases de procesos de desarrollo endógeno, vigorizando el entramado productivo y vinculando al desarrollo con la innovación tecnológica y un enlace firme con los distintos niveles de educación. Promover el desarrollo local es un rol indelegable de los municipios, la creación de agencias con una visión estratégica y no sólo en etapas críticas, también debe constituir el accionar municipal, más allá de los ingentes esfuerzos que se realizan a nivel superestructural en particular del gobierno nacional que le dio rango de Secretaría de Estado a la SEPYME, para fomentar el desarrollo regional, promoviendo así la creación y el fortalecimiento de agencias en todo el territorio nacional. Esta decisión política marca el rumbo, pero la última palabra la tienen los intendentes, en torno al futuro competitivo y estratégico que pretendan darle al municipio y que esa disposición sea acompañada por el entramado institucional y principalmente por las pymes, que son el actor preponderante, el eje principal a fortalecer con herramientas y gestiones que las tornen competitivas, generadoras de empleo, exportadoras y con conciencia ambiental.-

Foro en defensa del Proyecto Nacional y Popular

El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el invitado especial del primer Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, que contó con más de 250 militantes.