Por Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com
El viernes último, en su programa matinal por Continental, Víctor Hugo Morales organizó un debate sobre los problemas de la sojización en el que participaron el médico y productor agrario Gastón Fernández Palma, presidente de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), la socióloga y especialista en temas rurales Norma Giarracca y el ingeniero agrónomo Alfredo Galli. Por la calidad e intensidad que tuvo la discusión, Miradas al Sur consideró oportuno publicar un extracto amplio del debate.
“Ni siquiera somos el granero del mundo, somos el pastizal"Alberto Lapolla es un ingeniero agrónomo especializado en genética, estudioso del modelo sojero, que despliega sus críticas con convicción y fundamentos. Director del Instituto de Investigación de la Central de Movimientos Populares y asesor de la Comisión Nacional de Tierras, reflexiona en diálogo con Miradas al Sur.
–¿Cuál es la correlación entre la concentración de la tierra y el boom sojero?
El malestar de la Argentina sojeraNo existe cerco lo suficientemente alto para mantener oculto este debate. La de la soja es una controversia que interpela a toda la sociedad y con especial aspereza al sistema científico técnico. Los sectores pro y los anti en un diálogo de sordos, cruzan acusaciones. Es una antinomia en la que salud y calidad de vida se contraponen al éxito económico del campo, y en la que cada parte cita los estudios científicos que le conviene y omite mencionar los que no apoyan sus argumentos.
“Grandes pueden quedarse con los campos; los chicos no pueden competir”La tendencia constante hacia el monocultivo de soja en el país, ese proceso que llamamos sojización, en términos actuales aparece evidenciado en el hecho de que de las casi 90 millones de toneladas de granos producidos en esta campaña, 55 millones corresponden al célebre yuyito . En el sistema actual, los pooles de siembra funcionan como fideicomisos o plazos fijos en que los inversores depositan su capital con el objetivo de alquilar campos, contratar las maquinarias y el trabajo a terceros para la siembra y cosecha y luego dividir ganancias.
En busca de la 125 perdidaYa se cumplieron dos años del famoso voto “no positivo”. En aquel momento, el Senado rechazó la Resolución 125. El campo festejó con abrazos y cánticos. Las cuatro entidades rurales estaban en contra de este proyecto y fue ésa la base de su unión. Hoy el cantar es otro. Segmentar o eliminar las retenciones. Proteger a los más pequeños o beneficiar a todos sin distinción. Las diferencias que, en su momento, parecían superadas, hoy salen a flote. Ahora la 125 abre una grieta. La Federación Agraria Argentina (FAA) busca su aprobación.
Dos años no positivosLa fisura en el discurso hegemónico de los grandes medios de comunicación, sin los cuales el “conflicto con el campo” no sólo no hubiera prosperado, sino que se hubiera llamado de otro modo, permite que otras voces se animen y puedan escucharse, como la del ex intendente de Venado Tuerto, Roberto Scout, quien dijo: “Buzzi debería estar fuera del país por traidor. Él engañó a la gente con la 125 y Cobos les votó en contra”.
De las denuncias sobre el uso de agrotóxicos al discurso de Cristina en Rosario, la discusión se abre cada vez más.
Hace dos semanas, el investigador del Conicet Andrés Carrasco fue atacado por un grupo de personas en la localidad chaqueña de La Leonesa. Carrasco tenía previsto dar una conferencia sobre los daños que, de acuerdo a sus estudios, produce el glifosato en la salud de seres vivos y en el ambiente. Sin embargo, no pudo hacerlo. La noticia no circuló mucho. Fue Página/12 quien le dio más visibilidad al atropello sufrido por este reconocido médico embriólogo. Los atacantes, según medios provinciales, fueron algunos empleados municipales más otros que serían productores de arroz de la zona. Y la explicación es que la fumigación de los arrozales es con glifosato. Con el correr de los días se reavivó un debate para el cual el común de los mortales no tenemos altura como para opinar. Me refiero a si la casuística lograda por Carrasco para afirmar los efectos nocivos del glifosato es suficiente o no. En todo caso, buena parte de los defensores del medio ambiente y enemigos del monocultivo sojero creen que Carrasco es una piedra en el zapato para grandes y poderosos intereses que van desde Monsanto hasta varios laboratorios nacionales, desde la Sociedad Rural hasta miles de especuladores que colocan sus ahorros en pooles de soja.
Hay un costado en el que sí la sociedad puede tomar partido. Me refiero a la ingenua o cínica postura de esperar que unos científicos muy puros investiguen –con parcimonia y sin apuro– y produzcan dictámenes para confirmar o desmentir a Carrasco. La historia de los laboratorios está tan manchada de sangre como para imaginar que la solución saldrá de la mano de una ciencia impoluta. Paralelamente a un debate crudo sobre los intereses de quienes se esconden detrás de la ciencia hay que atender a la historia social de la soja. Porque en la Argentina ya hubo una historia social del trigo, o del algodón o del azúcar.
El miércoles pasado entrevisté en Radio Nacional al ministro de Educación del Chaco, Francisco Romero, quien aportó algunos datos ilustrativos del impacto del monocultivo sojero. Primero la buena noticia: el PBI en la provincia crece a tasas chinas y los recursos para Educación lo hacen proporcionalmente más que ese aumento. Concretamente, este año el 36% de los recursos provinciales van a Educación, lo cual significa un crecimiento del 50% respecto a cinco años atrás. Ahora la espantosa noticia: de un total de, aproximadamente, 1.200.000 chaqueños, unos 300.000 migraron de los pueblos pequeños del Chaco a raíz de la expansión sojera. La mitad de ellos está en la periferia de Resistencia y la otra se reparte entre el Gran Rosario y el Gran Buenos Aires. La gran mayoría de esos desplazados fueron parte de la economía algodonera, trabajadores asalariados o pequeños campesinos. Romero recalcó que en la actualidad el gobierno de Jorge Capitanich hace esfuerzos para diversificar los cultivos en la provincia. Sin embargo, el aluvión venía de antes y es demasiado fuerte.
La Bolsa y la vida. El miércoles por la noche, la presidenta Cristina Kirchner pronunció un discurso que, a juicio de quien escribe estas líneas, fue una pieza maestra. Es más, pensé en qué otro dirigente político hubiera podido plantarse con firmeza y mantener un tono calmo y sincero en la Cámara de Comercio de Rosario ante un público de caras rígidas y trajes elegantes. No creo que alguien hubiera podido hacerlo mejor. Ni provocó ni despertó falsas expectativas. Sin embargo, les dijo en la cara que los niveles de informalidad –evasión– de la Argentina son exagerados. Cristina no hizo anuncios. Quizá esté en carpeta la idea de segmentar las retenciones tal como se rumorea de modo intenso. Es muy difícil saber cuál podría ser una fórmula para que el Estado pudiera intervenir en la compleja economía agropecuaria –liderada por el cultivo de soja transgénica– con algunos aliados que expresen o representen intereses de productores, campesinos y asalariados del campo. Sencillamente porque, tal como lo define el propio Gustavo Grobocopatel –el rey de la soja– se trata de un cultivo que no necesita campesinos. El ministro de Educación de Chaco contó que, en esa provincia, la soja ocupa a unas 6.000 personas. Recordemos, los desplazados son 300.000.
Al día siguiente del discurso presidencial, Víctor Hugo Morales puso su programa para promover un debate imprescindible (ver http://sur.elargentino.com/notas/%C2%BFquien-se-hace-cargo-de-los-agroto...). Allí, Norma Giarracca mostró lo que hay detrás de los agronegocios. Contó, entre otras tantas cosas, lo que fue la historia del azúcar en Tucumán, que a mediados de los setentas tuvo un capítulo negro. Fue cuando los pequeños productores –nucleados en la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán– estaban aliados a la poderosa Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera para defender a lo que quedaba de la destrucción del sector hecha por la dictadura de Onganía en 1967. La represión de los sesentas quedó empalidecida por el genocidio que se dio –de modo paralelo e interactivo– a partir del llamado Operativo Independencia que, con la excusa de perseguir guerrilleros (que existían desde ya como producto del odio social generado por aquella oligarquía azucarera) eliminaron a todas las voces que defendían un modelo económico no concentrador. Dos de las primeras víctimas del golpe del ’76 fueron dos líderes sindicales tucumanos: Isauro Arancibia, secretario general del gremio de los docentes, y Atilio Santillán, de los azucareros. No es casual que el ministro Romero del Chaco hiciera referencia al gran historiador tucumano Eduardo Rosenzvaig para ponerle un nombre a lo que viven las comunidades cuando los poderosos imponen sus intereses. Ecocidio. Ese fue el término que usó Romero para referirse a lo que pasa en el Chaco. El mismo que usó Rosenzvaig para hablar de la destrucción del azúcar. Ecocidio es degradación del ambiente más destrucción humana.
El debate promovido por Víctor Hugo tuvo un protagonista muy interesante. Gastón Fernández Palma, médico, empresario de agronegocios y presidente de AAPresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). Un argumentador sobresaliente que se define como técnico y explica las bondades de la siembra directa que, según él, no degrada el medio ambiente y que permite que los suelos –con las rotaciones debidas– no se degraden tanto como con el cultivo por métodos de labranza. Fue despiadado con Carrasco, quien publica “sus investigaciones en Página/12”. Y también con la Comunidad Económica Europea –que no permite el uso del glifosato–. Según Fernández Palma, los europeos son diletantes (luego usó el término demorantes para que no sonara tan soez) porque están retrasados tecnológicamente respecto a lo que se investiga en otras latitudes. No resulta serio que, en esta era de la globalización, alguien pueda argumentar que Monsanto –u otros laboratorios– responden a una lógica de nacionalidad. La Unión Europea pone límites a la voracidad. Es una manera de hacer una ecuación finita entre productores rurales diversificados y en pequeñas unidades, de conciencia de los consumidores, de estándares políticos que protegen a sus habitantes antes de permitir que sean conejos de Indias.
Ese debate en Radio Continental, una emisora alineada con los intereses sojeros, demuestra que hay madurez suficiente, que hay condiciones para no emblocarse y jugar a todo o nada. Porque Víctor Hugo no se fue de Continental y seguramente su público mudará de emisora cuando termina su programa. Y otros preferirán escuchar dos campanas y se quedan en la 590. Del mismo modo que los oyentes de la primera mañana quizá prefieran no escuchar al uruguayo. Pero de eso se trata la comunicación: de convivir, de cambiar el dial, de enterarse y tomar partido si uno cree conveniente. También de eso se trata la economía sojera. Fernández Palma se escuda en la técnica pero descalifica al investigador que no suma su saber al poderoso y complejo mundo sojero.
El debate está abierto. Como sucedió con la ley de medios, con las Afjp o los juicios por violaciones a los derechos humanos, incluso con la Ley de Glaciares: cuando la sociedad pone en valor estos debates, este gobierno sabe buscar equilibrios y defender los intereses populares. En lo que respecta a las políticas con el sector agropecuario, venimos de una pelea que aún no está saldada. La rebelión sojera contra la Resolución 125 puso al descubierto las brechas, las profundas diferencias que hay en la Argentina cada vez que se pone en jaque a los intereses financieros y agropecuarios. Ahora el escenario es muchísimo mejor para quienes defienden una Argentina diversificada. Un momento muy interesante para avanzar en definiciones.
Yo sojizo, Tú sojizas, El sojiza.
Por José Natanson
Pensando sobre todo en los países monoproductores de hidrocarburos, la politóloga Terry Lynn Karl, de la Universidad de Stanford, escribió The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States (University of California Press), donde desarrolla la tesis de “la paradoja de la abundancia”, la idea de que aquellos países con una dotación extraordinaria de recursos naturales tienen mayores dificultades para lograr un crecimiento económico sostenido, arrastran niveles de pobreza y desigualdad altos y son políticamente inestables. En suma, son menos desarrollados.
La clave es el rentismo, que puede definirse como aquella actividad económica que no depende de la innovación o el riesgo empresarial, sino de la dotación de recursos naturales, es decir de la generosidad de la naturaleza. Las actividades rentistas generan un ingreso que no tiene contrapartida productiva, en el sentido de que no son el resultado del esfuerzo de los factores de producción –el trabajo y el capital– sino de la suerte. Por eso la renta no se produce; se captura.
El ejemplo más claro es el petróleo. De hecho, aunque el rentismo ha sido conceptualizado por la ciencia económica al menos desde Adam Smith, los primeros esfuerzos serios por indagar en sus consecuencias datan de principios de los ’70, en coincidencia con el primer boom petrolero.
La concentración de la producción en uno o unos pocos recursos naturales tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos, impide la generación de encadenamientos virtuosos y limita el mercado interno, generando una redistribución regresiva del ingreso. En el caso extremo de los países extractivistas como Bolivia o Venezuela, la economía funciona con una lógica de enclave, islas hiperrentables de actividades primario-exportadoras en medio de océanos de atraso. Esto expone al aparato productivo a los vaivenes del mercado mundial, donde el subibaja de los precios –como sucede con esas relaciones atormentadas que años de psicoanálisis nos enseñaron a evitar– lo desilusionan o lo llenan de alegría, pero nunca lo dejan en paz.
Hay excepciones, por supuesto. Un caso interesante es el de Noruega, octavo productor de petróleo del mundo y segundo país en el Indice de Desarrollo Humano del PNUD, situación que se explica por el hecho de que el petróleo fue descubierto y comenzó a explotarse tardíamente, pasados los ’60, cuando Noruega ya era país de punta. Pero más allá de este tipo de excepciones y admitiendo las flexibilidades del caso, la idea básica es que existe una relación inversa entre riqueza natural y desarrollo. O incluso más: la maldición de los recursos naturales ha sido asumida por algunos académicos casi como un determinismo geográfico, un fatalismo tropical. Estudios recientes del BID, por ejemplo, sostienen que los países más ricos en recursos naturales y más cercanos a la línea ecuatorial están condenados a ser más atrasados y pobres.
En América latina, el caso más claro de fracaso del rentismo es Venezuela, que depende casi exclusivamente del petróleo, con una producción manufacturera en bancarrota y una agricultura devastada, un Estado que bate records de ineficiencia y un proceso de desinstitucionalización rampante del sistema político. Chávez, lejos de revertir esta situación, la empeoró: las exportaciones petroleras representan hoy cerca del 94 por ciento de los ingresos por exportaciones totales, cuando diez años atrás constituían el 68; del mismo modo, cerca del 49 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno central proviene hoy del petróleo, por vía de impuestos, regalías y dividendos, contra 37 por ciento en 1999.
Quizá no tenga sentido, al menos en este espacio, discutir si esto es resultado de la gestión chavista, de los altos precios del petróleo o del espíritu saudita de las elites venezolanas, cuyo mal gusto en materia de ropa, autos y yates es una buena muestra, especialmente desagradable, de los efectos que el rentismo produce incluso en el sentido de la estética. Pero al menos habrá que reconocer que el proceso bolivariano no ha logrado mejorar las cosas: hay en América latina países con bajo crecimiento y baja inflación (Colombia, México) y otros con alto crecimiento y alta inflación (Argentina); Venezuela combina ambas cosas (el PBI cayó 5,8 en el primer trimestre de este año y la inflación superará el 30 por ciento). Un deterioro económico indisimulable que se refleja en una baja del rendimiento de las misiones sociales, el gran logro de la gestión chavista. Según datos del Aponte Bank, en los últimos dos años cerraron un 30 por ciento de los centros de atención primaria de la Misión Barrio Adentro, la primera lanzada por Chávez y la más valorada por los venezolanos de bajos recursos, que encontraron en los médicos cubanos una solución a los déficit crónicos del sistema de salud.
La soja es una actividad productiva, pero genera superganancias casi tan extrordinarias como las producidas por el rentismo. Esto se explica por una conjunción de factores. En primer lugar, la nueva realidad del mercado mundial de alimentos, con los commodities batiendo records de precios gracias al empuje de India y China. El segundo factor es la fertilidad del campo argentino y la abundancia de tierras, que ha permitido una ampliación de la frontera agrícola hacia zonas no pampeanas, pero pampeanizadas, como el sur de Chaco y Santiago del Estero. El tercero es el salto tecnológico producido en los ’90, una década mala desde el punto de vista de la rentabilidad pero que a pesar de ello –o quizá como consecuencia de ello– permitió incorporar semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, maquinaria agrícola, ese invento argentino que son las silobolsas, nuevas terminales portuarias, etc. Aprovechando al máximo el uno a uno, los productores lograron enormes ganancias de productividad que después de la devaluación impulsaron el boom sojero.
La soja no es una actividad rentista, pero casi. Parte de las condiciones que explican su auge –el clima, el suelo– no tienen que ver con la astucia o la capacidad schumpeteriana de asumir riesgos de los productores, sino con la generosidad de la naturaleza (igual que sucede con el petróleo, el oro o el gas). De hecho, los márgenes de ganancia que produce son tan inmensos que sólo pueden compararse con los generados por industrias extractivas, como el petróleo y la minería, o con aquellas actividades en las que el Estado, justamente por los altos ingresos que producen, se reserva el monopolio fiscal, como el juego.
La soja, a diferencia de los hidrocarburos o los minerales, es un recurso renovable. Pero hasta cierto punto. Las nuevas tecnologías transgénicas, claves para el despegue sojero, producen un agotamiento de los suelos si no se rotan con otros cultivos. Con los precios por las nubes, los productores se ven tentados a no hacerlo, con el consiguiente deterioro del principal factor de producción (la tierra). En suma, el suelo puede agotarse si la tasa de extracción es más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso.
Esto no significa que haya que dejar de cultivar soja ni caer en los cuestionamientos livianos, a veces técnicamente infundados, a las nuevas tecnologías de la agricultura. Tampoco se trata de recuperar el viejo dogma desarrollista que dice que cualquier exportación industrial es buena y cualquier exportación basada en recursos naturales es mala. Como sabe bien un trabajador de la frontera mexicana, la maquila –el ensamble de piezas destinadas a crear productos que luego se exportan– es una actividad manufacturera que no crea puestos de trabajo de calidad ni se derrama sobre el resto de la economía. Contra lo que piensan los viejos desarrollistas (todavía quedan algunos), no todo se soluciona construyendo una planta de agua pesada.
De hecho, hay países que han logrado altos niveles de desarrollo con una estructura exportadora basada en recursos naturales. El 49 por ciento de las exportaciones de Nueva Zelanda son alimentos. Allí, el Gobierno ha creado organismos y programas que alientan la cooperación entre el sector público y las empresas privadas con objetivos tan precisos como incrementar las exportaciones de vino a los segmentos de mayor poder adquisitivo del Sudeste de Asia o desarrollar nuevas variedades de kiwi –que en el pasado era un fruta exclusivamente neocelandesa pero que ahora se cultiva en todo el mundo– para no perder presencia en el mercado mundial. El resultado es que una tonelada de alimentos exportada por Argentina vale, en promedio, 300 dólares, mientras que una exportada por Nueva Zelanda vale 1600.
En un interesante informe publicado por la Cepal (“Australia y Nueva Zelanda: la innvocación como eje de la competitividad”), Graciela Moguillansky sostiene que ambos países “basaron su desarrollo en los recursos naturales, pero a diferencia de América latina, han experimentado un alto ingreso per cápita, estabilidad en su crecimiento y superado la pobreza. La explicación de ello –afirma– no es sólo un buen manejo macroeconómico, sino una estrategia de crecimiento e inserción internacional, donde la innovación tiene un lugar central”.
Las retenciones son un mecanismo necesario pero insuficiente para combatir los males del rentismo y redistribuir las ganancias generadas por la soja. La semana pasada, Clarín informó que Los Grobo –con 100.000 hectáreas en la Argentina y una facturación de 800 millones de dólares en esta campaña– decidió comenzar a producir pastas secas, con una primera planta en Chivilcoy, de modo de integrar la producción de trigo y diversificar sus exportaciones. ¿Este tipo de operaciones serían posibles sin las retenciones, que le quitan rentabilidad a la exportación del commoditie? Quizá, si no hubiera retenciones al trigo, Los Grobo nunca se hubieran lanzado a producir fideos y capeletis. Pero esto no significa que con ello alcance. Para un desarrollo más profundo se necesita también cierta previsibilidad macroeconómica (que el Gobierno viene garantizando bien), una mejor sintonía Estado-privados a través de políticas sectoriales más amplias y activas (clave de una estrategia desarrollista) y un entorno legal claro. En esto los neoliberales tienen razón
Pensando sobre todo en los países monoproductores de hidrocarburos, la politóloga Terry Lynn Karl, de la Universidad de Stanford, escribió The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States (University of California Press), donde desarrolla la tesis de “la paradoja de la abundancia”, la idea de que aquellos países con una dotación extraordinaria de recursos naturales tienen mayores dificultades para lograr un crecimiento económico sostenido, arrastran niveles de pobreza y desigualdad altos y son políticamente inestables. En suma, son menos desarrollados.
La clave es el rentismo, que puede definirse como aquella actividad económica que no depende de la innovación o el riesgo empresarial, sino de la dotación de recursos naturales, es decir de la generosidad de la naturaleza. Las actividades rentistas generan un ingreso que no tiene contrapartida productiva, en el sentido de que no son el resultado del esfuerzo de los factores de producción –el trabajo y el capital– sino de la suerte. Por eso la renta no se produce; se captura.
El ejemplo más claro es el petróleo. De hecho, aunque el rentismo ha sido conceptualizado por la ciencia económica al menos desde Adam Smith, los primeros esfuerzos serios por indagar en sus consecuencias datan de principios de los ’70, en coincidencia con el primer boom petrolero.
La concentración de la producción en uno o unos pocos recursos naturales tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos, impide la generación de encadenamientos virtuosos y limita el mercado interno, generando una redistribución regresiva del ingreso. En el caso extremo de los países extractivistas como Bolivia o Venezuela, la economía funciona con una lógica de enclave, islas hiperrentables de actividades primario-exportadoras en medio de océanos de atraso. Esto expone al aparato productivo a los vaivenes del mercado mundial, donde el subibaja de los precios –como sucede con esas relaciones atormentadas que años de psicoanálisis nos enseñaron a evitar– lo desilusionan o lo llenan de alegría, pero nunca lo dejan en paz.
Hay excepciones, por supuesto. Un caso interesante es el de Noruega, octavo productor de petróleo del mundo y segundo país en el Indice de Desarrollo Humano del PNUD, situación que se explica por el hecho de que el petróleo fue descubierto y comenzó a explotarse tardíamente, pasados los ’60, cuando Noruega ya era país de punta. Pero más allá de este tipo de excepciones y admitiendo las flexibilidades del caso, la idea básica es que existe una relación inversa entre riqueza natural y desarrollo. O incluso más: la maldición de los recursos naturales ha sido asumida por algunos académicos casi como un determinismo geográfico, un fatalismo tropical. Estudios recientes del BID, por ejemplo, sostienen que los países más ricos en recursos naturales y más cercanos a la línea ecuatorial están condenados a ser más atrasados y pobres.
En América latina, el caso más claro de fracaso del rentismo es Venezuela, que depende casi exclusivamente del petróleo, con una producción manufacturera en bancarrota y una agricultura devastada, un Estado que bate records de ineficiencia y un proceso de desinstitucionalización rampante del sistema político. Chávez, lejos de revertir esta situación, la empeoró: las exportaciones petroleras representan hoy cerca del 94 por ciento de los ingresos por exportaciones totales, cuando diez años atrás constituían el 68; del mismo modo, cerca del 49 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno central proviene hoy del petróleo, por vía de impuestos, regalías y dividendos, contra 37 por ciento en 1999.
Quizá no tenga sentido, al menos en este espacio, discutir si esto es resultado de la gestión chavista, de los altos precios del petróleo o del espíritu saudita de las elites venezolanas, cuyo mal gusto en materia de ropa, autos y yates es una buena muestra, especialmente desagradable, de los efectos que el rentismo produce incluso en el sentido de la estética. Pero al menos habrá que reconocer que el proceso bolivariano no ha logrado mejorar las cosas: hay en América latina países con bajo crecimiento y baja inflación (Colombia, México) y otros con alto crecimiento y alta inflación (Argentina); Venezuela combina ambas cosas (el PBI cayó 5,8 en el primer trimestre de este año y la inflación superará el 30 por ciento). Un deterioro económico indisimulable que se refleja en una baja del rendimiento de las misiones sociales, el gran logro de la gestión chavista. Según datos del Aponte Bank, en los últimos dos años cerraron un 30 por ciento de los centros de atención primaria de la Misión Barrio Adentro, la primera lanzada por Chávez y la más valorada por los venezolanos de bajos recursos, que encontraron en los médicos cubanos una solución a los déficit crónicos del sistema de salud.
La soja es una actividad productiva, pero genera superganancias casi tan extrordinarias como las producidas por el rentismo. Esto se explica por una conjunción de factores. En primer lugar, la nueva realidad del mercado mundial de alimentos, con los commodities batiendo records de precios gracias al empuje de India y China. El segundo factor es la fertilidad del campo argentino y la abundancia de tierras, que ha permitido una ampliación de la frontera agrícola hacia zonas no pampeanas, pero pampeanizadas, como el sur de Chaco y Santiago del Estero. El tercero es el salto tecnológico producido en los ’90, una década mala desde el punto de vista de la rentabilidad pero que a pesar de ello –o quizá como consecuencia de ello– permitió incorporar semillas genéticamente modificadas, fertilizantes, maquinaria agrícola, ese invento argentino que son las silobolsas, nuevas terminales portuarias, etc. Aprovechando al máximo el uno a uno, los productores lograron enormes ganancias de productividad que después de la devaluación impulsaron el boom sojero.
La soja no es una actividad rentista, pero casi. Parte de las condiciones que explican su auge –el clima, el suelo– no tienen que ver con la astucia o la capacidad schumpeteriana de asumir riesgos de los productores, sino con la generosidad de la naturaleza (igual que sucede con el petróleo, el oro o el gas). De hecho, los márgenes de ganancia que produce son tan inmensos que sólo pueden compararse con los generados por industrias extractivas, como el petróleo y la minería, o con aquellas actividades en las que el Estado, justamente por los altos ingresos que producen, se reserva el monopolio fiscal, como el juego.
La soja, a diferencia de los hidrocarburos o los minerales, es un recurso renovable. Pero hasta cierto punto. Las nuevas tecnologías transgénicas, claves para el despegue sojero, producen un agotamiento de los suelos si no se rotan con otros cultivos. Con los precios por las nubes, los productores se ven tentados a no hacerlo, con el consiguiente deterioro del principal factor de producción (la tierra). En suma, el suelo puede agotarse si la tasa de extracción es más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso.
Esto no significa que haya que dejar de cultivar soja ni caer en los cuestionamientos livianos, a veces técnicamente infundados, a las nuevas tecnologías de la agricultura. Tampoco se trata de recuperar el viejo dogma desarrollista que dice que cualquier exportación industrial es buena y cualquier exportación basada en recursos naturales es mala. Como sabe bien un trabajador de la frontera mexicana, la maquila –el ensamble de piezas destinadas a crear productos que luego se exportan– es una actividad manufacturera que no crea puestos de trabajo de calidad ni se derrama sobre el resto de la economía. Contra lo que piensan los viejos desarrollistas (todavía quedan algunos), no todo se soluciona construyendo una planta de agua pesada.
De hecho, hay países que han logrado altos niveles de desarrollo con una estructura exportadora basada en recursos naturales. El 49 por ciento de las exportaciones de Nueva Zelanda son alimentos. Allí, el Gobierno ha creado organismos y programas que alientan la cooperación entre el sector público y las empresas privadas con objetivos tan precisos como incrementar las exportaciones de vino a los segmentos de mayor poder adquisitivo del Sudeste de Asia o desarrollar nuevas variedades de kiwi –que en el pasado era un fruta exclusivamente neocelandesa pero que ahora se cultiva en todo el mundo– para no perder presencia en el mercado mundial. El resultado es que una tonelada de alimentos exportada por Argentina vale, en promedio, 300 dólares, mientras que una exportada por Nueva Zelanda vale 1600.
En un interesante informe publicado por la Cepal (“Australia y Nueva Zelanda: la innvocación como eje de la competitividad”), Graciela Moguillansky sostiene que ambos países “basaron su desarrollo en los recursos naturales, pero a diferencia de América latina, han experimentado un alto ingreso per cápita, estabilidad en su crecimiento y superado la pobreza. La explicación de ello –afirma– no es sólo un buen manejo macroeconómico, sino una estrategia de crecimiento e inserción internacional, donde la innovación tiene un lugar central”.
Las retenciones son un mecanismo necesario pero insuficiente para combatir los males del rentismo y redistribuir las ganancias generadas por la soja. La semana pasada, Clarín informó que Los Grobo –con 100.000 hectáreas en la Argentina y una facturación de 800 millones de dólares en esta campaña– decidió comenzar a producir pastas secas, con una primera planta en Chivilcoy, de modo de integrar la producción de trigo y diversificar sus exportaciones. ¿Este tipo de operaciones serían posibles sin las retenciones, que le quitan rentabilidad a la exportación del commoditie? Quizá, si no hubiera retenciones al trigo, Los Grobo nunca se hubieran lanzado a producir fideos y capeletis. Pero esto no significa que con ello alcance. Para un desarrollo más profundo se necesita también cierta previsibilidad macroeconómica (que el Gobierno viene garantizando bien), una mejor sintonía Estado-privados a través de políticas sectoriales más amplias y activas (clave de una estrategia desarrollista) y un entorno legal claro. En esto los neoliberales tienen razón
Soja transgénica y glifosato, ésa es la cuestión
NUEVA CARTA ABIERTA A GUSTAVO GROBOCOPATEL
Por Mempo Giardinelli
Estimado Gustavo,
También agradezco el afecto contenido en tu carta, que celebro hayas hecho pública. Me parece que ambos intentamos no tener razón, sino claridad para ayudar a otros a entender un aspecto del presente. Eso exige un debate público, no privado. Así nos lo han pedido varios amigos.
Ante todo, quiero precisar nuevamente el argumento medular de mi carta anterior: que no es suficiente pensar una “estrategia de desarrollo con una visión de largo plazo” a cualquier precio. No cuestioné tu rol empresario ni tu visión de la economía mundial. Lo que cuestioné y me preocupa, y quiero discutirlo, es el daño –para mí palpable y enorme– que produce el abuso de agroquímicos vinculados con la soja. Expuse lo visible: una geografía degradada a partir de plantaciones a fuerza de glifosatos y otros venenos. Y enumeré los “daños colaterales” –despoblación, indigencia, contaminación–, los cuales son negados o minimizados sistemáticamente por productores, empresarios y corporaciones del sector.
Ese y no otro fue mi cuestionamiento, expresado antes desde mi ignorancia que desde mis prejuicios. Y eso porque no los tengo ni respondo a dogmatismo alguno. Apenas tengo curiosidad y ojos y corazón para ver. Por lo tanto, no cuestiono tus intereses ni los de nadie que trabaja y gana dinero. Saludo el éxito bien habido, la fortuna transparente y sobre todo el empeño de los emprendedores. Mi padre fue uno de ellos, seco pero decente y tenaz.
Con tu permiso, entonces, voy a discutir algunas de tus afirmaciones.
1) Decís que “Falta un Estado de calidad” y proponés “un ordenamiento territorial, con organismos de control, con justicia”.
Digo yo: ¿No es justamente eso lo que intenta el Estado ahora, al proponer un Plan Agropecuario Nacional a 10 años, y una ley de arrendamiento que incluye un principio de ordenamiento territorial? ¿Es razonable oponerse sólo porque son propuestas K? Ignoro tu posición al respecto, pero la del llamado “campo” me parece muy contradictoria. Con el debate por la “125” pasó lo mismo, y ahora muchos se dan cuenta de que les salió el tiro por la culata. Por lo tanto, yo prefiero decir que los problemas deberían ser resueltos con un ordenamiento legal muy estricto en materia de soja transgénica y de agroquímicos. Y explico por qué.
Hacia el final de tu carta decís que “gracias a la siembra directa no estamos desertificando más, el glifosato es el menos malo de los herbicidas y no pasa a las napas porque se destruye al tocar el suelo”.
Pero esto no es así, porque son muchos los millones de hectáreas que se deforestaron para sembrar soja y tienen destino de desierto ya que las rotaciones son difíciles. Y cuando deforestan para ampliar el área sembrada inevitablemente desertifican, al generar “cambio climático” (ciclos de sequías e inundaciones, como padecemos en el Chaco).
En cuanto al glifosato, no es inocuo. Según autorizados genetistas y científicos que he consultado (entre ellos un reputado investigador en Medio Ambiente y Salud del Hospital Italiano de Rosario, que hace veinte años trabaja en esto) el problema son los agregados, empezando por los detergentes para penetrar la tierra, que acompañan siempre la mezcla y que son disruptores orgánicos poderosos, como el viejo DDT. Además, como las malezas se vuelven cada vez más resistentes, le agregan otros agroquímicos –endosulfan, clorpirifo o el 24D–, la mayoría de los cuales están prohibidos en los países serios. En Francia e Inglaterra el cultivo extensivo de soja transgénica está penado por la ley. Y en otras sociedades desarrolladas no se permite bajo ningún motivo el uso de agroquímicos.
Entonces no es posible presumir inocencia para el glifosato, producto del que además en la Argentina se abusa, como se abusa de la soja transgénica, que tiene agregado un gen que la hace resistente al glifosato, que es el herbicida que mata todo, excepto a ella. Y la verdad es que nadie sabe cómo actúa este gen en un organismo vegetal, animal o humano. Y cuando esto sucede, en ciencia se aplica lo que se llama un “principio de precaución” hasta que se sepa qué pasa con las otras especies que interactúan con este gen. La FDA (EE.UU.) lo está experimentando en animales, pero no en humanos. De ahí que muchos tenemos la fuerte sospecha de que millones de argentinos indirectamente somos quizás conejitos de Indias.
2) Vos decís: “Sin soja este proceso se hubiera acelerado” y que la degradación data en el Chaco “de mucho tiempo atrás, antes de la soja”.
Es cierto, todos los problemas son anteriores, pero eso no autoriza a dar la bienvenida a la soja a cualquier precio. Es lo que propuse discutir. No para tener razón, repito. Sí para saber y que sepamos todos. Porque si no va a resultar que la soja no es culpable de nada. Y eso no es verdad.
También afirmás que “la agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad”, viene “desde la década del ‘40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros”.
A mí en cambio me parece que las ideologías siempre juegan un papel y con los intereses mueven al mundo. Y los paradigmas son cambiantes y no siempre se erigen en favor del bienestar de los pueblos. La transformación de los últimos 40 a 60 años es producto de la tecnología, los costos de la mano de obra, las luchas sociales por la redistribución de las ganancias y varios etcéteras. No acuerdo con que la pérdida de mano de obra campesina no es tal porque pasa a los sectores de servicios.
Pero además, esa idea del nuevo paradigma agricultor me parece cuestionable si, casi inexorablemnete, deja sin trabajo a la gente y destruye familias, tradiciones culturales, apegos a formas de trabajar. No propongo que volvamos al arado de manceras, pero la modernidad desalmada tampoco. Y menos cuando hay minorías demasiado minoritarias que se enriquecen tanto mientras las mayorías cada vez más mayoritarias se empobrecen hasta niveles de indigencia.
Es por esto que el crecimiento y el desarrollo, para mí, no son una cuestión económica, sino cultural. Si el nuevo paradigma agricultor destruye la cultura de los pueblos y a sus pobladores, es un paradigma negativo.
3) “La movilidad social era mucho más lenta, para ser agricultor tenías que ser hijo de... Hoy los emprendedores, no importa su origen, pueden llegar a ser productores...”
Aquí tengo otro desacuerdo, Gustavo, porque en la Argentina de hoy, a 15.000 dólares la hectárea, la concentración es asombrosa: hay media docena de grandes agroindustrias, mientras 200.000 productores familiares tienen el 15 por ciento de la tierra. Y a mí sí me importa el origen de quien emprende, porque ese origen me permite conocer sus intenciones, su valoración del esfuerzo ajeno y su sensibilidad social.
4) Mencionás luego a los “pequeños productores que estaban a punto de perder sus campos en manos de los bancos o de los usureros locales. Este nuevo sistema agrícola de servicios ha hecho mucho más por ellos que el Estado... “
Pero esto no es verdad. Fue el Estado el que condonó deudas; fue el Banco Nación el que refinanció a muy bajo costo y apoyó de múltiples maneras a los que perdían sus propiedades. Me parece injusto atribuirle semejantes méritos al nuevo sistema.
5) “En Europa, las napas están contaminadas por siglos de agricultura irracional; felizmente en la Argentina no tenemos esos problemas...”
En Europa los pueblos consumen agua envasada y purificada con tratamientos muy estrictos, Gustavo. En la Argentina el 80 o 90 por ciento de la población consume aguas contaminadas que son dudosamente tratadas. Y como se cortan bosques enteros y el glifosato está descontrolado, la contaminación se extiende a las nuevas áreas sembradas.
6) Decís que “la desocupación es menor a la que hubiera habido sin soja” y que falta industrializar la soja en origen para “dar más trabajo”.
Esto también es discutible. Hay muchísimos cultivos sin mano de obra, y el 70 por ciento de los que trabajan están en negro. Sobran datos sobre esto. Pero además aquí se dice que no es posible industrializar porque la demanda (es decir, China) la requiere tal como se exporta: puro poroto. Lo que es una condena adicional. Un amigo empresario al frente de una pyme me dice: “De aquí sale tabla aserrada pero nada de muebles. Yo visité la región de La Marca, en Italia, y en una zona que no es más grande que Tucumán hay 5000 fábricas de muebles, y exportan 20.000 millones de euros al año. ¡Todo con madera importada!” Eso es lo que hace China: nos compra el poroto, nuestra tierra queda exhausta y el agua contaminada, y la industrialización la hacen ellos.
Finalmente, imagino que a vos te han reprochado haber entrado en este debate. A mí también me pasa. Pero sostengo que si algo vale de este intercambio es que ni vos ni yo escribimos para la tribuna, sino para saber.
Y me consta que hay empresarios tanto o más poderosos que vos, que se esconden todo el tiempo; procuran que nadie los conozca y algunos convierten sus empresas en asociaciones ilícitas. Por eso te respeto: porque vos ponés el pecho y la cara, y tenés ideas, y aunque tu modelo productivo puede no convencerme yo valoro tu perfil de empresario y me encantaría que la Argentina tuviera muchos más como vos.
Un abrazo.
Por Mempo Giardinelli
Estimado Gustavo,
También agradezco el afecto contenido en tu carta, que celebro hayas hecho pública. Me parece que ambos intentamos no tener razón, sino claridad para ayudar a otros a entender un aspecto del presente. Eso exige un debate público, no privado. Así nos lo han pedido varios amigos.
Ante todo, quiero precisar nuevamente el argumento medular de mi carta anterior: que no es suficiente pensar una “estrategia de desarrollo con una visión de largo plazo” a cualquier precio. No cuestioné tu rol empresario ni tu visión de la economía mundial. Lo que cuestioné y me preocupa, y quiero discutirlo, es el daño –para mí palpable y enorme– que produce el abuso de agroquímicos vinculados con la soja. Expuse lo visible: una geografía degradada a partir de plantaciones a fuerza de glifosatos y otros venenos. Y enumeré los “daños colaterales” –despoblación, indigencia, contaminación–, los cuales son negados o minimizados sistemáticamente por productores, empresarios y corporaciones del sector.
Ese y no otro fue mi cuestionamiento, expresado antes desde mi ignorancia que desde mis prejuicios. Y eso porque no los tengo ni respondo a dogmatismo alguno. Apenas tengo curiosidad y ojos y corazón para ver. Por lo tanto, no cuestiono tus intereses ni los de nadie que trabaja y gana dinero. Saludo el éxito bien habido, la fortuna transparente y sobre todo el empeño de los emprendedores. Mi padre fue uno de ellos, seco pero decente y tenaz.
Con tu permiso, entonces, voy a discutir algunas de tus afirmaciones.
1) Decís que “Falta un Estado de calidad” y proponés “un ordenamiento territorial, con organismos de control, con justicia”.
Digo yo: ¿No es justamente eso lo que intenta el Estado ahora, al proponer un Plan Agropecuario Nacional a 10 años, y una ley de arrendamiento que incluye un principio de ordenamiento territorial? ¿Es razonable oponerse sólo porque son propuestas K? Ignoro tu posición al respecto, pero la del llamado “campo” me parece muy contradictoria. Con el debate por la “125” pasó lo mismo, y ahora muchos se dan cuenta de que les salió el tiro por la culata. Por lo tanto, yo prefiero decir que los problemas deberían ser resueltos con un ordenamiento legal muy estricto en materia de soja transgénica y de agroquímicos. Y explico por qué.
Hacia el final de tu carta decís que “gracias a la siembra directa no estamos desertificando más, el glifosato es el menos malo de los herbicidas y no pasa a las napas porque se destruye al tocar el suelo”.
Pero esto no es así, porque son muchos los millones de hectáreas que se deforestaron para sembrar soja y tienen destino de desierto ya que las rotaciones son difíciles. Y cuando deforestan para ampliar el área sembrada inevitablemente desertifican, al generar “cambio climático” (ciclos de sequías e inundaciones, como padecemos en el Chaco).
En cuanto al glifosato, no es inocuo. Según autorizados genetistas y científicos que he consultado (entre ellos un reputado investigador en Medio Ambiente y Salud del Hospital Italiano de Rosario, que hace veinte años trabaja en esto) el problema son los agregados, empezando por los detergentes para penetrar la tierra, que acompañan siempre la mezcla y que son disruptores orgánicos poderosos, como el viejo DDT. Además, como las malezas se vuelven cada vez más resistentes, le agregan otros agroquímicos –endosulfan, clorpirifo o el 24D–, la mayoría de los cuales están prohibidos en los países serios. En Francia e Inglaterra el cultivo extensivo de soja transgénica está penado por la ley. Y en otras sociedades desarrolladas no se permite bajo ningún motivo el uso de agroquímicos.
Entonces no es posible presumir inocencia para el glifosato, producto del que además en la Argentina se abusa, como se abusa de la soja transgénica, que tiene agregado un gen que la hace resistente al glifosato, que es el herbicida que mata todo, excepto a ella. Y la verdad es que nadie sabe cómo actúa este gen en un organismo vegetal, animal o humano. Y cuando esto sucede, en ciencia se aplica lo que se llama un “principio de precaución” hasta que se sepa qué pasa con las otras especies que interactúan con este gen. La FDA (EE.UU.) lo está experimentando en animales, pero no en humanos. De ahí que muchos tenemos la fuerte sospecha de que millones de argentinos indirectamente somos quizás conejitos de Indias.
2) Vos decís: “Sin soja este proceso se hubiera acelerado” y que la degradación data en el Chaco “de mucho tiempo atrás, antes de la soja”.
Es cierto, todos los problemas son anteriores, pero eso no autoriza a dar la bienvenida a la soja a cualquier precio. Es lo que propuse discutir. No para tener razón, repito. Sí para saber y que sepamos todos. Porque si no va a resultar que la soja no es culpable de nada. Y eso no es verdad.
También afirmás que “la agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad”, viene “desde la década del ‘40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros”.
A mí en cambio me parece que las ideologías siempre juegan un papel y con los intereses mueven al mundo. Y los paradigmas son cambiantes y no siempre se erigen en favor del bienestar de los pueblos. La transformación de los últimos 40 a 60 años es producto de la tecnología, los costos de la mano de obra, las luchas sociales por la redistribución de las ganancias y varios etcéteras. No acuerdo con que la pérdida de mano de obra campesina no es tal porque pasa a los sectores de servicios.
Pero además, esa idea del nuevo paradigma agricultor me parece cuestionable si, casi inexorablemnete, deja sin trabajo a la gente y destruye familias, tradiciones culturales, apegos a formas de trabajar. No propongo que volvamos al arado de manceras, pero la modernidad desalmada tampoco. Y menos cuando hay minorías demasiado minoritarias que se enriquecen tanto mientras las mayorías cada vez más mayoritarias se empobrecen hasta niveles de indigencia.
Es por esto que el crecimiento y el desarrollo, para mí, no son una cuestión económica, sino cultural. Si el nuevo paradigma agricultor destruye la cultura de los pueblos y a sus pobladores, es un paradigma negativo.
3) “La movilidad social era mucho más lenta, para ser agricultor tenías que ser hijo de... Hoy los emprendedores, no importa su origen, pueden llegar a ser productores...”
Aquí tengo otro desacuerdo, Gustavo, porque en la Argentina de hoy, a 15.000 dólares la hectárea, la concentración es asombrosa: hay media docena de grandes agroindustrias, mientras 200.000 productores familiares tienen el 15 por ciento de la tierra. Y a mí sí me importa el origen de quien emprende, porque ese origen me permite conocer sus intenciones, su valoración del esfuerzo ajeno y su sensibilidad social.
4) Mencionás luego a los “pequeños productores que estaban a punto de perder sus campos en manos de los bancos o de los usureros locales. Este nuevo sistema agrícola de servicios ha hecho mucho más por ellos que el Estado... “
Pero esto no es verdad. Fue el Estado el que condonó deudas; fue el Banco Nación el que refinanció a muy bajo costo y apoyó de múltiples maneras a los que perdían sus propiedades. Me parece injusto atribuirle semejantes méritos al nuevo sistema.
5) “En Europa, las napas están contaminadas por siglos de agricultura irracional; felizmente en la Argentina no tenemos esos problemas...”
En Europa los pueblos consumen agua envasada y purificada con tratamientos muy estrictos, Gustavo. En la Argentina el 80 o 90 por ciento de la población consume aguas contaminadas que son dudosamente tratadas. Y como se cortan bosques enteros y el glifosato está descontrolado, la contaminación se extiende a las nuevas áreas sembradas.
6) Decís que “la desocupación es menor a la que hubiera habido sin soja” y que falta industrializar la soja en origen para “dar más trabajo”.
Esto también es discutible. Hay muchísimos cultivos sin mano de obra, y el 70 por ciento de los que trabajan están en negro. Sobran datos sobre esto. Pero además aquí se dice que no es posible industrializar porque la demanda (es decir, China) la requiere tal como se exporta: puro poroto. Lo que es una condena adicional. Un amigo empresario al frente de una pyme me dice: “De aquí sale tabla aserrada pero nada de muebles. Yo visité la región de La Marca, en Italia, y en una zona que no es más grande que Tucumán hay 5000 fábricas de muebles, y exportan 20.000 millones de euros al año. ¡Todo con madera importada!” Eso es lo que hace China: nos compra el poroto, nuestra tierra queda exhausta y el agua contaminada, y la industrialización la hacen ellos.
Finalmente, imagino que a vos te han reprochado haber entrado en este debate. A mí también me pasa. Pero sostengo que si algo vale de este intercambio es que ni vos ni yo escribimos para la tribuna, sino para saber.
Y me consta que hay empresarios tanto o más poderosos que vos, que se esconden todo el tiempo; procuran que nadie los conozca y algunos convierten sus empresas en asociaciones ilícitas. Por eso te respeto: porque vos ponés el pecho y la cara, y tenés ideas, y aunque tu modelo productivo puede no convencerme yo valoro tu perfil de empresario y me encantaría que la Argentina tuviera muchos más como vos.
Un abrazo.
El ocaso de una experiencia política
Por Edgardo Mocca
Elisa Carrió es el símbolo de una etapa política argentina. La que empieza a insinuarse con el escándalo de los sobornos en el Senado para aprobar la más regresiva ley laboral de nuestra historia y la consecuente renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia del gobierno de la Alianza. En octubre de 2001 la ciudadanía expresaría en las urnas su repudio al rumbo asumido por el gobierno de De la Rúa y dos meses más tarde, en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre, las manifestaciones populares sellarían en las calles el fin de esa experiencia política.
Aunque las escenas de aquel incendio social parezcan hoy lejanas en el tiempo, vivimos políticamente bajo la influencia que proyecta esa experiencia. En algún sentido, podemos pensar que la elección del año próximo podría estar señalando la desembocadura de ese ciclo de la política argentina. Se juega, en los meses que nos separan de esos comicios, si la política puede escaparse definitivamente de la jaula de hierro del sentido común cualunquista y antipolítico sistemáticamente construido por los grandes medios de comunicación o seguirá aceptando esas reglas de juego y reduciéndose a la condición de administradora de intereses y proyectos que se incuban fuera de las instituciones democráticas.
Si la renuncia de la jefa de la Coalición Cívica al Acuerdo Cívico y Social (se supone, aunque no está claro, que es el partido y no solamente su líder el que renuncia) se inscribe en esa perspectiva, el acto adquiere una significación muy especial. La estrella central de un modo personalizado y mediatizado de hacer política parece estar llegando a su ocaso. Y ese ocaso podría estar señalando también los límites insalvables de la acción política exclusivamente centrada en la video-seducción, carente de entramados colectivos y de sustentos ideológicos. Si Carrió, como todo hace prever, avanza en la dirección del aislamiento y la irrelevancia, será tal vez el golpe más duro para toda una matriz política: la de lo que el investigador italiano Mauro Calise llamó “partidos personales”, séquitos cambiantes que acompañan la casi siempre frágil y fugaz fortuna mediática de sus jefes.
La historia de la emergencia, el cenit y el tendencial ocaso de Carrió es, de algún modo, la historia del mencionado derrumbe político argentino. Rápidamente comprendió la naturaleza raigal de la brecha de confianza abierta entre la sociedad y la política en los últimos meses de 2001. Construyó, a partir de esa comprensión, un atractivo relato que, en ese entonces, combinaba la denuncia moral contra la clase política en su conjunto con el señalamiento de la funcionalidad de esa crisis moral para los proyectos políticos de sectores privilegiados, nacionales y extranjeros. En la tradición yrigoyenista, el término clave del relato era el “régimen”. El régimen eran los dirigentes políticos venales y era también un proyecto de exclusión social y postergación nacional.
Ese discurso convirtió a Carrió en la heredera de la centroizquierda republicana que había expresado el Frepaso en los años noventa. A su alrededor se nucleó una importante cantidad de dirigentes de ese origen, que habían soltado amarras con la experiencia de la Alianza, cuando ésta apareció nítidamente como una continuación vergonzante del proyecto menemista. El escenario de aquellos días era muy propicio para la penetración del discurso refundacional desarrollado en clave ética: las crisis como las de entonces llevan a las sociedades a profundas interrogaciones sobre su historia y sobre su futuro; las viejas explicaciones y las viejas retóricas son arrastradas por el vendaval de los acontecimientos. La consigna “que se vayan todos” había encarnado en planteos políticos de máxima radicalidad, provenientes, muchos de ellos, de sectores políticos e intelectuales, habitualmente caracterizados por su moderación y su prudencia.
La etapa moral-centroizquierdista de Carrió abarcó el período que va desde fines de 2001 a la elección de mayo de 2003, aunque formalmente se mantuviera un tiempo más, en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, al que apoyó en la finalmente nonata segunda vuelta de esa elección, con la fundamentación de que el líder santacruceño era “lo mejor del régimen”. El paulatino viraje de la líder de lo que entonces era el ARI tuvo como telón de fondo la necesidad de diferenciación respecto de la agenda de la primera etapa kirchnerista. Derechas e izquierdas, pasó a sostener, son cuestiones del pasado que hoy se agitan demagógicamente. Lo que hacía falta, según esta nueva portada “preideológica” era un “contrato moral” que agrupara a los adversarios del “régimen”, de cuya definición dejaron de formar parte los componentes específicamente políticos. Su partido, mientras tanto, nunca dejó de ser personal. Carrió era (y es) la ideología, la imagen, la estrategia y la táctica de cualquier espacio que la reconozca como referente. No es difícil de entender: si el crecimiento del “partido” se reduce a la suerte de su liderazgo, ¿cuál será el espacio de crítica y rectificación colectiva que pueda surgir de su interior? Cualquier debate puede clausurarse con la amenaza del líder de irse del partido. Así, fue muy escaso el eco alcanzado por la disidencia del ARI, encarnada por varios ex dirigentes del Frepaso; el partido personal –es decir su líder– ya había decidido convertirse en la vedette política de la oposición de derecha, lo que no hizo sino profundizarse desde entonces. Dicho sea de paso, los supuestos debates que hoy tendrían lugar en la Coalición Cívica a partir de la ruptura de su jefa con el agrupamiento panradical no tendrán ninguna consecuencia política relevante; ninguno de quienes puedan promover la discusión cuenta con recurso alguno para modificar las decisiones y solamente le queda a cada uno la alternativa de buscar otras aguas para su navegación política.
Todo indica que el portazo de Carrió no fue inesperado para los cálculos de la cúpula radical; más bien se lo fue induciendo a fuerza de desplazamientos y ninguneos. Razonablemente, los dirigentes radicales consideran que los votos que pudiera sumarles la diputada para la elección de 2011 no compensan el costo de una convivencia virtualmente imposible. Ante cada giro de la situación, el Acuerdo Cívico y Social tiene que lidiar con las iniciativas del Gobierno y, al mismo tiempo, con una “aliada” autoerigida en tribunal moral del partido, pronta a denunciar cualquier gesto que a ella le parezca una claudicación ética. Hace rato que en la UCR se está tomando nota del cambio en el humor político de la sociedad que, visiblemente, ya no es el de los afiebrados días de la protesta agraria de 2008, ni el de los coletazos de la crisis mundial en 2009. La idea de seguir haciendo política, hacia 2011, con el tono y las consignas de entonces –que hoy siguen siendo las de Carrió y los oligopolios mediáticos– ha dejado de ser una estrategia recomendable. Es cierto que los humores políticos son muy cambiantes entre nosotros; pero los radicales no creen que la exaltación apasionada y la guerra sin cuartel sean su elemento. Saben que la ciudadanía puede más fácilmente buscar al radicalismo para que gobierne, cuando se siente estabilizada en sus avances, que cuando hay que poner orden en el caos.
Lo previsible es que Carrió y las personas que decidan seguir acompañándola doblarán indefinidamente la apuesta de la rabia antikirchnerista incondicional. A diferencia de 2007, los opositores no sienten que estén jugando necesariamente por la “medalla de plata” sino que aspiran, cada agrupamiento por separado, a ganar el gobierno. Los electores opuestos al Gobierno no buscarán –es de prever– alguien que exprese su indignación, sino alguien que pueda ganar y gobernar. Es probable que a la Coalición Cívica no la esté esperando un muy buen desempeño electoral. ¿Puede volver Carrió sobre sus pasos? Difícilmente el radicalismo la ayude con mucho más que con gestos afectuosos y políticamente correctos.
Elisa Carrió es el símbolo de una etapa política argentina. La que empieza a insinuarse con el escándalo de los sobornos en el Senado para aprobar la más regresiva ley laboral de nuestra historia y la consecuente renuncia de Chacho Alvarez a la vicepresidencia del gobierno de la Alianza. En octubre de 2001 la ciudadanía expresaría en las urnas su repudio al rumbo asumido por el gobierno de De la Rúa y dos meses más tarde, en las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre, las manifestaciones populares sellarían en las calles el fin de esa experiencia política.
Aunque las escenas de aquel incendio social parezcan hoy lejanas en el tiempo, vivimos políticamente bajo la influencia que proyecta esa experiencia. En algún sentido, podemos pensar que la elección del año próximo podría estar señalando la desembocadura de ese ciclo de la política argentina. Se juega, en los meses que nos separan de esos comicios, si la política puede escaparse definitivamente de la jaula de hierro del sentido común cualunquista y antipolítico sistemáticamente construido por los grandes medios de comunicación o seguirá aceptando esas reglas de juego y reduciéndose a la condición de administradora de intereses y proyectos que se incuban fuera de las instituciones democráticas.
Si la renuncia de la jefa de la Coalición Cívica al Acuerdo Cívico y Social (se supone, aunque no está claro, que es el partido y no solamente su líder el que renuncia) se inscribe en esa perspectiva, el acto adquiere una significación muy especial. La estrella central de un modo personalizado y mediatizado de hacer política parece estar llegando a su ocaso. Y ese ocaso podría estar señalando también los límites insalvables de la acción política exclusivamente centrada en la video-seducción, carente de entramados colectivos y de sustentos ideológicos. Si Carrió, como todo hace prever, avanza en la dirección del aislamiento y la irrelevancia, será tal vez el golpe más duro para toda una matriz política: la de lo que el investigador italiano Mauro Calise llamó “partidos personales”, séquitos cambiantes que acompañan la casi siempre frágil y fugaz fortuna mediática de sus jefes.
La historia de la emergencia, el cenit y el tendencial ocaso de Carrió es, de algún modo, la historia del mencionado derrumbe político argentino. Rápidamente comprendió la naturaleza raigal de la brecha de confianza abierta entre la sociedad y la política en los últimos meses de 2001. Construyó, a partir de esa comprensión, un atractivo relato que, en ese entonces, combinaba la denuncia moral contra la clase política en su conjunto con el señalamiento de la funcionalidad de esa crisis moral para los proyectos políticos de sectores privilegiados, nacionales y extranjeros. En la tradición yrigoyenista, el término clave del relato era el “régimen”. El régimen eran los dirigentes políticos venales y era también un proyecto de exclusión social y postergación nacional.
Ese discurso convirtió a Carrió en la heredera de la centroizquierda republicana que había expresado el Frepaso en los años noventa. A su alrededor se nucleó una importante cantidad de dirigentes de ese origen, que habían soltado amarras con la experiencia de la Alianza, cuando ésta apareció nítidamente como una continuación vergonzante del proyecto menemista. El escenario de aquellos días era muy propicio para la penetración del discurso refundacional desarrollado en clave ética: las crisis como las de entonces llevan a las sociedades a profundas interrogaciones sobre su historia y sobre su futuro; las viejas explicaciones y las viejas retóricas son arrastradas por el vendaval de los acontecimientos. La consigna “que se vayan todos” había encarnado en planteos políticos de máxima radicalidad, provenientes, muchos de ellos, de sectores políticos e intelectuales, habitualmente caracterizados por su moderación y su prudencia.
La etapa moral-centroizquierdista de Carrió abarcó el período que va desde fines de 2001 a la elección de mayo de 2003, aunque formalmente se mantuviera un tiempo más, en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, al que apoyó en la finalmente nonata segunda vuelta de esa elección, con la fundamentación de que el líder santacruceño era “lo mejor del régimen”. El paulatino viraje de la líder de lo que entonces era el ARI tuvo como telón de fondo la necesidad de diferenciación respecto de la agenda de la primera etapa kirchnerista. Derechas e izquierdas, pasó a sostener, son cuestiones del pasado que hoy se agitan demagógicamente. Lo que hacía falta, según esta nueva portada “preideológica” era un “contrato moral” que agrupara a los adversarios del “régimen”, de cuya definición dejaron de formar parte los componentes específicamente políticos. Su partido, mientras tanto, nunca dejó de ser personal. Carrió era (y es) la ideología, la imagen, la estrategia y la táctica de cualquier espacio que la reconozca como referente. No es difícil de entender: si el crecimiento del “partido” se reduce a la suerte de su liderazgo, ¿cuál será el espacio de crítica y rectificación colectiva que pueda surgir de su interior? Cualquier debate puede clausurarse con la amenaza del líder de irse del partido. Así, fue muy escaso el eco alcanzado por la disidencia del ARI, encarnada por varios ex dirigentes del Frepaso; el partido personal –es decir su líder– ya había decidido convertirse en la vedette política de la oposición de derecha, lo que no hizo sino profundizarse desde entonces. Dicho sea de paso, los supuestos debates que hoy tendrían lugar en la Coalición Cívica a partir de la ruptura de su jefa con el agrupamiento panradical no tendrán ninguna consecuencia política relevante; ninguno de quienes puedan promover la discusión cuenta con recurso alguno para modificar las decisiones y solamente le queda a cada uno la alternativa de buscar otras aguas para su navegación política.
Todo indica que el portazo de Carrió no fue inesperado para los cálculos de la cúpula radical; más bien se lo fue induciendo a fuerza de desplazamientos y ninguneos. Razonablemente, los dirigentes radicales consideran que los votos que pudiera sumarles la diputada para la elección de 2011 no compensan el costo de una convivencia virtualmente imposible. Ante cada giro de la situación, el Acuerdo Cívico y Social tiene que lidiar con las iniciativas del Gobierno y, al mismo tiempo, con una “aliada” autoerigida en tribunal moral del partido, pronta a denunciar cualquier gesto que a ella le parezca una claudicación ética. Hace rato que en la UCR se está tomando nota del cambio en el humor político de la sociedad que, visiblemente, ya no es el de los afiebrados días de la protesta agraria de 2008, ni el de los coletazos de la crisis mundial en 2009. La idea de seguir haciendo política, hacia 2011, con el tono y las consignas de entonces –que hoy siguen siendo las de Carrió y los oligopolios mediáticos– ha dejado de ser una estrategia recomendable. Es cierto que los humores políticos son muy cambiantes entre nosotros; pero los radicales no creen que la exaltación apasionada y la guerra sin cuartel sean su elemento. Saben que la ciudadanía puede más fácilmente buscar al radicalismo para que gobierne, cuando se siente estabilizada en sus avances, que cuando hay que poner orden en el caos.
Lo previsible es que Carrió y las personas que decidan seguir acompañándola doblarán indefinidamente la apuesta de la rabia antikirchnerista incondicional. A diferencia de 2007, los opositores no sienten que estén jugando necesariamente por la “medalla de plata” sino que aspiran, cada agrupamiento por separado, a ganar el gobierno. Los electores opuestos al Gobierno no buscarán –es de prever– alguien que exprese su indignación, sino alguien que pueda ganar y gobernar. Es probable que a la Coalición Cívica no la esté esperando un muy buen desempeño electoral. ¿Puede volver Carrió sobre sus pasos? Difícilmente el radicalismo la ayude con mucho más que con gestos afectuosos y políticamente correctos.
Lobby feroz
Por Alfredo Zaiat
En la introducción protocolar de su discurso en el acto por el 156º aniversario de la institución, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, dio la bienvenida a la presidenta de la Nación, a autoridades de los otros dos poderes de la república, a ministros del Ejecutivo, a embajadores, a representantes de las provincias y municipios y a los invitados y socios en general. Se olvidó o ignoró la figura, sentada visiblemente a pocos metros del atril, de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Esa llamativa descortesía de hombres de negocios fue la primera expresión pública de la resistencia que la city concentra en la primera mujer que ocupa la poltrona principal de la entidad monetaria, además con visión heterodoxa de la economía. Le adjudican la responsabilidad de haber frenado el proyecto que financistas y áreas de Economía habían elaborado para eliminar la restricción al ingreso de capitales especulativos. Subestimaron a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue contundente en su discurso en la Bolsa: los mandó al psiquiatra a los promotores de esa iniciativa. Desde entonces, corrientes conservadoras han intensificado observaciones críticas hacia la gestión de Marcó del Pont.
En días previos a ese festejo bursátil de hace un mes, Gabbi había sugerido que el Gobierno estaba estudiando dejar sin efecto el encaje (inmovilización) por un año del 30 por ciento sobre capitales financieros del exterior que ingresan al mercado local. El diario Ambito Financiero anunció en tapa que Economía tenía en carpeta un avanzado proyecto en ese sentido. Se sabe que Marcó del Pont es una economista que a lo largo de su trayectoria ha sostenido la necesidad de controlar el arribo de fondos especulativos, puesto que son potentes perturbadores de la estabilidad macroeconómica. El objetivo de corredores y financistas compartido con Economía quedó trunco. Cristina Fernández de Kirchner decidió mantener esa necesaria restricción en la Cuenta Capital explicándolo en los siguientes términos: “...que las cámaras empresariales que las representan definan claramente cuál es su estrategia porque suena muy inconsistente y casi para el psiquiatra que, por un lado, un sector esté reclamando el levantamiento del encaje y, por otro lado, diaria y cotidianamente se mencione la fuga de capitales como uno de los principales problemas de la política económica del país”.
La banca privada también se ha sumado a la incomodidad de los operadores bursátiles con la actual conducción del BCRA. En algunos casos por transacciones puntuales y en otros por normas generales que intervienen en sus fabulosas ganancias. El Banco Macro, cuyo presidente Jorge Brito es además titular de la cámara de entidades de capital nacional Adeba, se molestó porque el directorio de la autoridad monetaria no apuró la autorización de compra del Banco Privado de Inversiones. Demora que estaba motivada en la actuación de la Unidad de Información Financiera sobre el BPI. La UIF es una dependencia que se ocupa de investigar y combatir negocios sospechados de lavado de dinero. En términos generales, los banqueros están disgustados con Marcó del Pont porque los orienta a emprender una política de prestar al sector productivo. Los ha invitado a trabajar con más entusiasmo en uno de los servicios donde muestran más deficiencias.
Una de las herramientas que tiene a disposición el Banco Central para encaminar al sistema hacia el financiamiento de la actividad productiva son los encajes (porcentaje del dinero de los depósitos que deben inmovilizar). En borrador, en trabajos a nivel técnico se esbozó la idea de subir los encajes de los depósitos a la vista y bajar los de plazos fijos. Las primeras colocaciones se realizan a tasas cercanas a cero y hoy concentran casi el 60 por ciento del total de los depósitos. Con ese dinero los bancos financian saldos de corto plazo (tarjetas, descuento de documentos) a tasas altísimas con un costo de fondeo de casi cero. Ese cómodo esquema financiero explica gran parte de las fabulosas ganancias que contabilizan los bancos (ver el suplemento Cash de esta edición). En espacios técnicos del Central se estudió entonces la posibilidad de bajar los encajes de plazo fijo y subir los de colocaciones a la vista, para de esa forma alentar los primeros depósitos y así incentivar créditos a mediano plazo. Si bien es cierto que un eventual traspaso de depósitos de caja de ahorro y cuenta corriente a plazos facilitaría el cumplimiento del programa monetario (los plazos fijos no se computan en el M2), con esa medida los bancos perderían rentabilidad. Por ese motivo arremetieron contra una iniciativa que ni había llegado a ser tratada por el directorio del instituto emisor, lo que revela los aún aceitados canales de comunicación que persisten en área del Central con despachos importantes de la city. El argumento esgrimido fue que con ese plan Marcó del Pont quería enfriar la economía, instancia que para el kirchnerismo es considerada una herejía.
Esa intención se descubre muy burda de acuerdo con los antecedentes de la presidente del BC, de quien se sabe que no es partidaria de frenar la demanda. En estos meses está lidiando con el Programa Monetario 2010 diseñado por el entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, quien lo proyectó con un crecimiento del PIB de apenas el 2,5 por ciento. Hoy la estimación más prudente de avance de la economía es de 7,0 por ciento, lo que implica que la expansión de dinero debería acompañar ese ritmo, pero la actual conducción está bajo presión por las fallidas proyecciones iniciales de Redrado. Por ese motivo se intensificaron las observaciones críticas en medios conservadores respecto de que no se podrá cumplir con ese programa, con el objetivo de desgastar la gestión de Marcó del Pont y así acotarle el margen de acción para su continuidad y futuras nominaciones en el directorio, que deben ser presentadas por el Ejecutivo el mes próximo.
Para no tropezar con el lobby feroz de la banca y sus voceros, resulta ilustrativa la última edición de “Coyuntura y Desarrollo” de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. En ese documento se publicó la nota “Programa Monetario y crédito productivo”. El presidente de FIDE es el economista Héctor Valle y su directora –en uso de licencia– es Mercedes Marcó del Pont. En ese artículo se expresa, precisamente, todo lo opuesto a la intención de enfriar la economía y cuestiona las concepciones monetaristas:
El stock de crédito en la Argentina, apenas superior al 10 por ciento del PIB, es uno de los más bajos entre los países de ingreso medio.
Se trata de un rasgo prácticamente estructural que viene de antaño y que no se ha revertido luego de la caída del régimen de convertibilidad.
La muy líquida plaza financiera local se ha caracterizado en los últimos años por prestar a altas tasas de interés y bajo riesgo.
Uno de los mayores desafíos estructurales de cara al futuro consiste en cambiar ese sesgo y orientar la altísima liquidez de nuestro sistema bancario hacia emprendimientos productivos.
Pero este objetivo puede eventualmente tropezar con ciertos límites que impone la propia lógica de la política monetaria, tal como ésta se viene llevando a cabo durante la postconvertibilidad.
El Programa Monetario del Banco Central se basa en metas cuantitativas de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación (M2).
Esa idea –resabio monetarista del último programa con el FMI– es mantener la expansión monetaria bajo control para evitar un desajuste inflacionario por exceso de emisión.
El Programa Monetario 2010, por ejemplo, estableció un rango de variación del M2 con un máximo de 18,9 por ciento interanual y un mínimo de 11,9 por ciento para diciembre de 2010.
Ahora bien, el sostenimiento de la expansión monetaria dentro de estos límites puede resultar contradictorio con el objetivo de expandir el crédito al sector privado.
Conciliar la agenda de mediano plazo –expansión del crédito productivo– con el diseño de una política monetaria que, por naturaleza, se encuentra orientada fundamentalmente al corto plazo, requerirá una revisión de los criterios con que se venía diseñando el Programa Monetario en los últimos años.
Esta notoria convicción heterodoxa de la política monetaria y su vocación de orientar el crédito a sectores productivos de la actual conducción del Banco Central es el principal motivo de incomodidad de los banqueros y sus socios.
azaiat@pagina12.com.ar
En la introducción protocolar de su discurso en el acto por el 156º aniversario de la institución, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, dio la bienvenida a la presidenta de la Nación, a autoridades de los otros dos poderes de la república, a ministros del Ejecutivo, a embajadores, a representantes de las provincias y municipios y a los invitados y socios en general. Se olvidó o ignoró la figura, sentada visiblemente a pocos metros del atril, de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Esa llamativa descortesía de hombres de negocios fue la primera expresión pública de la resistencia que la city concentra en la primera mujer que ocupa la poltrona principal de la entidad monetaria, además con visión heterodoxa de la economía. Le adjudican la responsabilidad de haber frenado el proyecto que financistas y áreas de Economía habían elaborado para eliminar la restricción al ingreso de capitales especulativos. Subestimaron a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue contundente en su discurso en la Bolsa: los mandó al psiquiatra a los promotores de esa iniciativa. Desde entonces, corrientes conservadoras han intensificado observaciones críticas hacia la gestión de Marcó del Pont.
En días previos a ese festejo bursátil de hace un mes, Gabbi había sugerido que el Gobierno estaba estudiando dejar sin efecto el encaje (inmovilización) por un año del 30 por ciento sobre capitales financieros del exterior que ingresan al mercado local. El diario Ambito Financiero anunció en tapa que Economía tenía en carpeta un avanzado proyecto en ese sentido. Se sabe que Marcó del Pont es una economista que a lo largo de su trayectoria ha sostenido la necesidad de controlar el arribo de fondos especulativos, puesto que son potentes perturbadores de la estabilidad macroeconómica. El objetivo de corredores y financistas compartido con Economía quedó trunco. Cristina Fernández de Kirchner decidió mantener esa necesaria restricción en la Cuenta Capital explicándolo en los siguientes términos: “...que las cámaras empresariales que las representan definan claramente cuál es su estrategia porque suena muy inconsistente y casi para el psiquiatra que, por un lado, un sector esté reclamando el levantamiento del encaje y, por otro lado, diaria y cotidianamente se mencione la fuga de capitales como uno de los principales problemas de la política económica del país”.
La banca privada también se ha sumado a la incomodidad de los operadores bursátiles con la actual conducción del BCRA. En algunos casos por transacciones puntuales y en otros por normas generales que intervienen en sus fabulosas ganancias. El Banco Macro, cuyo presidente Jorge Brito es además titular de la cámara de entidades de capital nacional Adeba, se molestó porque el directorio de la autoridad monetaria no apuró la autorización de compra del Banco Privado de Inversiones. Demora que estaba motivada en la actuación de la Unidad de Información Financiera sobre el BPI. La UIF es una dependencia que se ocupa de investigar y combatir negocios sospechados de lavado de dinero. En términos generales, los banqueros están disgustados con Marcó del Pont porque los orienta a emprender una política de prestar al sector productivo. Los ha invitado a trabajar con más entusiasmo en uno de los servicios donde muestran más deficiencias.
Una de las herramientas que tiene a disposición el Banco Central para encaminar al sistema hacia el financiamiento de la actividad productiva son los encajes (porcentaje del dinero de los depósitos que deben inmovilizar). En borrador, en trabajos a nivel técnico se esbozó la idea de subir los encajes de los depósitos a la vista y bajar los de plazos fijos. Las primeras colocaciones se realizan a tasas cercanas a cero y hoy concentran casi el 60 por ciento del total de los depósitos. Con ese dinero los bancos financian saldos de corto plazo (tarjetas, descuento de documentos) a tasas altísimas con un costo de fondeo de casi cero. Ese cómodo esquema financiero explica gran parte de las fabulosas ganancias que contabilizan los bancos (ver el suplemento Cash de esta edición). En espacios técnicos del Central se estudió entonces la posibilidad de bajar los encajes de plazo fijo y subir los de colocaciones a la vista, para de esa forma alentar los primeros depósitos y así incentivar créditos a mediano plazo. Si bien es cierto que un eventual traspaso de depósitos de caja de ahorro y cuenta corriente a plazos facilitaría el cumplimiento del programa monetario (los plazos fijos no se computan en el M2), con esa medida los bancos perderían rentabilidad. Por ese motivo arremetieron contra una iniciativa que ni había llegado a ser tratada por el directorio del instituto emisor, lo que revela los aún aceitados canales de comunicación que persisten en área del Central con despachos importantes de la city. El argumento esgrimido fue que con ese plan Marcó del Pont quería enfriar la economía, instancia que para el kirchnerismo es considerada una herejía.
Esa intención se descubre muy burda de acuerdo con los antecedentes de la presidente del BC, de quien se sabe que no es partidaria de frenar la demanda. En estos meses está lidiando con el Programa Monetario 2010 diseñado por el entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, quien lo proyectó con un crecimiento del PIB de apenas el 2,5 por ciento. Hoy la estimación más prudente de avance de la economía es de 7,0 por ciento, lo que implica que la expansión de dinero debería acompañar ese ritmo, pero la actual conducción está bajo presión por las fallidas proyecciones iniciales de Redrado. Por ese motivo se intensificaron las observaciones críticas en medios conservadores respecto de que no se podrá cumplir con ese programa, con el objetivo de desgastar la gestión de Marcó del Pont y así acotarle el margen de acción para su continuidad y futuras nominaciones en el directorio, que deben ser presentadas por el Ejecutivo el mes próximo.
Para no tropezar con el lobby feroz de la banca y sus voceros, resulta ilustrativa la última edición de “Coyuntura y Desarrollo” de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. En ese documento se publicó la nota “Programa Monetario y crédito productivo”. El presidente de FIDE es el economista Héctor Valle y su directora –en uso de licencia– es Mercedes Marcó del Pont. En ese artículo se expresa, precisamente, todo lo opuesto a la intención de enfriar la economía y cuestiona las concepciones monetaristas:
El stock de crédito en la Argentina, apenas superior al 10 por ciento del PIB, es uno de los más bajos entre los países de ingreso medio.
Se trata de un rasgo prácticamente estructural que viene de antaño y que no se ha revertido luego de la caída del régimen de convertibilidad.
La muy líquida plaza financiera local se ha caracterizado en los últimos años por prestar a altas tasas de interés y bajo riesgo.
Uno de los mayores desafíos estructurales de cara al futuro consiste en cambiar ese sesgo y orientar la altísima liquidez de nuestro sistema bancario hacia emprendimientos productivos.
Pero este objetivo puede eventualmente tropezar con ciertos límites que impone la propia lógica de la política monetaria, tal como ésta se viene llevando a cabo durante la postconvertibilidad.
El Programa Monetario del Banco Central se basa en metas cuantitativas de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación (M2).
Esa idea –resabio monetarista del último programa con el FMI– es mantener la expansión monetaria bajo control para evitar un desajuste inflacionario por exceso de emisión.
El Programa Monetario 2010, por ejemplo, estableció un rango de variación del M2 con un máximo de 18,9 por ciento interanual y un mínimo de 11,9 por ciento para diciembre de 2010.
Ahora bien, el sostenimiento de la expansión monetaria dentro de estos límites puede resultar contradictorio con el objetivo de expandir el crédito al sector privado.
Conciliar la agenda de mediano plazo –expansión del crédito productivo– con el diseño de una política monetaria que, por naturaleza, se encuentra orientada fundamentalmente al corto plazo, requerirá una revisión de los criterios con que se venía diseñando el Programa Monetario en los últimos años.
Esta notoria convicción heterodoxa de la política monetaria y su vocación de orientar el crédito a sectores productivos de la actual conducción del Banco Central es el principal motivo de incomodidad de los banqueros y sus socios.
azaiat@pagina12.com.ar
Civilización o barbarie
Durante siglos la antinomia planteada en términos de contradicción “Civilización o barbarie” tiñó la historia oficial de nuestro país. Hoy esa contradicción está disuelta: ahora se sabe, la civilización es barbarie, que en la bestialidad de un discurso, fue salda por la corporación rural al amontonar la historia ya conocida por el pueblo argentino, la llamada civilización, la del genocidio de los pueblos originarios, del golpismo militar y la represión como instrumento disciplinador de masas populares soliviantadas por reiteradas violaciones humanas por décadas, la llamada civilización que permitió la obscena entrega de tierras de todos los argentinos a 100 familias ahora llamadas a sí mismas “patricias”, antagonizando a lo largo de la historia, con la supuesta barbarie, siempre caracterizada en “los otros”, los criollos, los indios, los pobres, humildes y trabajadores, los violentos y agresivos, los sucios, feos y malos, los malhablados, los calumniadores y descalificadores, ladrones y marginales, críticos e incendiarios, que siempre fueron culturalmente lejanos a ellos, los nobles y respetadísimos representantes de las familias “bien”.
En un mismo discurso, en una sola defensa de sus privilegios, sin distinción entre la pobreza que dicen dolerle y la ganancia que pretenden aumentar aún a costa de la primera; la corrupción como denuncia al Estado y la dádiva que ellos realizan para preservar prebendas y subsidios; la soberbia de sentirse los dueños de la Patria y el odio hacia los trabajadores organizados y los políticos que no acuerdan con ellos; democracia limitada y sometida al mercado o dictadura que responda a sus intereses. La corporación rural dio su encendido mensaje supuestamente dramático, asumiendo una totalidad de país de la cual nunca fue parte, ni en su pensamiento ni en su acción, pero que hoy, acorralada por la impotencia asume como conjunto nacional en la crítica, tratando de aumentar su representación para volver a ejercer su violencia de clase, como lo hizo a lo largo de la historia argentina.
Así asistimos los argentinos a un espectáculo denigrante y patético de quienes al ver limitadas sus capacidades de presión, confabulación, lobby y conspiración, colocan todo su odio y despecho al servicio de sus intereses más ocultos, dejando al desnudo que sus formas cultivadas, sus modales de plástico, sus llamados a la “mesa del diálogo”, sólo tenían por objetivo seguir siendo dueños de la historia y del patrimonio de los argentinos, del poder detrás del trono o del simbólico de intereses externos, a través de dictadores militares o ahora de políticos genuflexos, verdaderas marionetas de un poder reconcentrado, que financian sus andanzas y determinan sus humillaciones.
La foto ya vista de quienes portan el dolor de ya no ser, junto a los nuevos protagonistas de viejas historias lejanas que añoran golpismos facilistas, que inducen a desfinanciar el Estado con tal de conseguir posiciones electorales, que sin pudor ilusionan sectores necesitados para captar votos sin correlatos de seriedad, financiamiento ni planificación estratégica, es una imagen que fue vaciada ante semejante ofensiva de la corporación rural, enlazada en una mesa enclenque que no duda en mantener más del 60% de sus asalariados en negro y clama contra la pobreza, la misma que evade impuestos y lamenta el estado de los hospitales, que comete fraude fiscal con los embarques clandestinos pero quiere eliminar los mecanismos de control para poder perpetuarlos, que critica la corrupción cuando no puede generarla. Ofende la inteligencia tanta hipocresía.
Además da vergüenza ajena la indignidad de los acompañantes y aplaudidores del discurso golpista, mentiroso y procaz que no sólo pretende golpear al gobierno sino que como en los mejores años del neoliberalismo, arremete contra la política y sus representantes, denigrando su función, atentando contra la democracia, estigmatizando ante la sociedad a sus miembros, avanzando hacia su demolición, como única forma de retornar el poder por parte de los sectores oligárquicos y clasistas que se creen –porque durante muchos años lo fueron– dueños de la Patria.
Son los que escribieron la historia que todavía se lee en las escuelas, la que el Bicentenario comenzó a desmantelar; son los mitritistas derrotados culturalmente en las festejos cuando retornaron los caudillos, se condenó la guerra de la triple infamia, se jerarquizó a los pueblos originarios, se condenó los golpismos, se denunciaron las masacres y los genocidios y se recuperó la concepción independientista soberana de la Nación, afianzando la soberanía popular como ejercicio pleno del poder democrático.
¿Será eso lo que les duele en el fondo de sus almas y sus bolsillos? o ¿será que están preparando un contragolpe que puede ser electoral pero puede vestirse de cualquier color?; lo hemos visto ya en Honduras al llamado “golpe blanco”, lo hemos vivido en la Argentina con Frondizi/Guido y la parodia de la continuidad institucional.
Prepararon al vicepresidente como recambio; fracasaron. Se enjuagaron las manos después del 28 de junio, fracasaron; pregonaron la hecatombe financiera cuando se disolvieron las AFJP y otra vez en enero, fracasaron; perdieron el negocio del fútbol y la ley de medios los dispersa entre la multitud de “negros de mierda” que tendrán voz en nuevos medios de difusión, que se hará visible lo invisible, que no se podrá negociar nada a espaldas del pueblo porque millones de voces estarán prestas a defender el interés común, antes que los intereses corporativos concentrados.
Por eso están dolidos y enojados, por eso han perdido el estilo y las formas, no tienen el glamour de otras épocas donde les rendían pleitesía: ahora son manadas carancheando por su pedazo de comida, cuando antes decidían dónde se comía y dónde no.
No quiere decir que todo esté bien en nuestro tiempo, porque pobres sigue habiendo y debemos derrotar esa injusticia, pero –aunque ellos lo nieguen o interesadamente quieran ocultarlo– del 57% de pobreza del 2003 al tiempo actual se ha disminuído más del 40% y la indigencia ha descendido a límites menores al 3%.
Faltan cosas o logros, sin dudas: hay hipotecas pendientes en salud y educación, pero hay trabajo en un mundo que se derrumba, hay control financiero en una globalización codiciosa y perversa mientras hay hambre y guerras en el mundo con millones de muertos en nombre de la libertad y la democracia, pero en Argentina se respira libertad y democracia sin imposiciones; sólo las lógicas de la lucha política que a muchos molesta, acostumbrados a las órdenes de mando de otras épocas y a las imposiciones corporativas, limitantes de los derechos constitucionales, con el acompañamiento de las dictaduras adictas a sus deseos e intereses.
Cuando un episodio como el relatado inunda y estremece es porque hay vida, hay lucha de intereses y se visualizan diferentes bandos que no son otra cosa que modelos diferentes de pensar y vivir la Nación; saliendo a la superficie la puja entre aquellos que pretenden un modelo social prebendario, benefactor y asistencialista y quienes pretendemos un modelo social solidario, justo y distributivo con justicia social, entre quienes pretenden un modelo agroexportador dependiente pero dominante en el plano nacional antes que un país industrializado y desarrollado, con independencia económica y política.
El abismo no se llena con palabras de buena voluntad ni llamados a consensos superestructurales: se llena con distribución de la riqueza, con dignidad para todos los hombres y mujeres de nuestra Patria, con objetivos claros de felicidad del pueblo y grandeza de la Nación. En ese orden, más allá de denigraciones, insultos y atropellos propios de la prepotencia gerencial de un país colonial al cual están muchos acostumbrados todavía.
JORGE RACHID
CABA, 2/8/10
jorgerachid2003@yahoo.com.ar
En un mismo discurso, en una sola defensa de sus privilegios, sin distinción entre la pobreza que dicen dolerle y la ganancia que pretenden aumentar aún a costa de la primera; la corrupción como denuncia al Estado y la dádiva que ellos realizan para preservar prebendas y subsidios; la soberbia de sentirse los dueños de la Patria y el odio hacia los trabajadores organizados y los políticos que no acuerdan con ellos; democracia limitada y sometida al mercado o dictadura que responda a sus intereses. La corporación rural dio su encendido mensaje supuestamente dramático, asumiendo una totalidad de país de la cual nunca fue parte, ni en su pensamiento ni en su acción, pero que hoy, acorralada por la impotencia asume como conjunto nacional en la crítica, tratando de aumentar su representación para volver a ejercer su violencia de clase, como lo hizo a lo largo de la historia argentina.
Así asistimos los argentinos a un espectáculo denigrante y patético de quienes al ver limitadas sus capacidades de presión, confabulación, lobby y conspiración, colocan todo su odio y despecho al servicio de sus intereses más ocultos, dejando al desnudo que sus formas cultivadas, sus modales de plástico, sus llamados a la “mesa del diálogo”, sólo tenían por objetivo seguir siendo dueños de la historia y del patrimonio de los argentinos, del poder detrás del trono o del simbólico de intereses externos, a través de dictadores militares o ahora de políticos genuflexos, verdaderas marionetas de un poder reconcentrado, que financian sus andanzas y determinan sus humillaciones.
La foto ya vista de quienes portan el dolor de ya no ser, junto a los nuevos protagonistas de viejas historias lejanas que añoran golpismos facilistas, que inducen a desfinanciar el Estado con tal de conseguir posiciones electorales, que sin pudor ilusionan sectores necesitados para captar votos sin correlatos de seriedad, financiamiento ni planificación estratégica, es una imagen que fue vaciada ante semejante ofensiva de la corporación rural, enlazada en una mesa enclenque que no duda en mantener más del 60% de sus asalariados en negro y clama contra la pobreza, la misma que evade impuestos y lamenta el estado de los hospitales, que comete fraude fiscal con los embarques clandestinos pero quiere eliminar los mecanismos de control para poder perpetuarlos, que critica la corrupción cuando no puede generarla. Ofende la inteligencia tanta hipocresía.
Además da vergüenza ajena la indignidad de los acompañantes y aplaudidores del discurso golpista, mentiroso y procaz que no sólo pretende golpear al gobierno sino que como en los mejores años del neoliberalismo, arremete contra la política y sus representantes, denigrando su función, atentando contra la democracia, estigmatizando ante la sociedad a sus miembros, avanzando hacia su demolición, como única forma de retornar el poder por parte de los sectores oligárquicos y clasistas que se creen –porque durante muchos años lo fueron– dueños de la Patria.
Son los que escribieron la historia que todavía se lee en las escuelas, la que el Bicentenario comenzó a desmantelar; son los mitritistas derrotados culturalmente en las festejos cuando retornaron los caudillos, se condenó la guerra de la triple infamia, se jerarquizó a los pueblos originarios, se condenó los golpismos, se denunciaron las masacres y los genocidios y se recuperó la concepción independientista soberana de la Nación, afianzando la soberanía popular como ejercicio pleno del poder democrático.
¿Será eso lo que les duele en el fondo de sus almas y sus bolsillos? o ¿será que están preparando un contragolpe que puede ser electoral pero puede vestirse de cualquier color?; lo hemos visto ya en Honduras al llamado “golpe blanco”, lo hemos vivido en la Argentina con Frondizi/Guido y la parodia de la continuidad institucional.
Prepararon al vicepresidente como recambio; fracasaron. Se enjuagaron las manos después del 28 de junio, fracasaron; pregonaron la hecatombe financiera cuando se disolvieron las AFJP y otra vez en enero, fracasaron; perdieron el negocio del fútbol y la ley de medios los dispersa entre la multitud de “negros de mierda” que tendrán voz en nuevos medios de difusión, que se hará visible lo invisible, que no se podrá negociar nada a espaldas del pueblo porque millones de voces estarán prestas a defender el interés común, antes que los intereses corporativos concentrados.
Por eso están dolidos y enojados, por eso han perdido el estilo y las formas, no tienen el glamour de otras épocas donde les rendían pleitesía: ahora son manadas carancheando por su pedazo de comida, cuando antes decidían dónde se comía y dónde no.
No quiere decir que todo esté bien en nuestro tiempo, porque pobres sigue habiendo y debemos derrotar esa injusticia, pero –aunque ellos lo nieguen o interesadamente quieran ocultarlo– del 57% de pobreza del 2003 al tiempo actual se ha disminuído más del 40% y la indigencia ha descendido a límites menores al 3%.
Faltan cosas o logros, sin dudas: hay hipotecas pendientes en salud y educación, pero hay trabajo en un mundo que se derrumba, hay control financiero en una globalización codiciosa y perversa mientras hay hambre y guerras en el mundo con millones de muertos en nombre de la libertad y la democracia, pero en Argentina se respira libertad y democracia sin imposiciones; sólo las lógicas de la lucha política que a muchos molesta, acostumbrados a las órdenes de mando de otras épocas y a las imposiciones corporativas, limitantes de los derechos constitucionales, con el acompañamiento de las dictaduras adictas a sus deseos e intereses.
Cuando un episodio como el relatado inunda y estremece es porque hay vida, hay lucha de intereses y se visualizan diferentes bandos que no son otra cosa que modelos diferentes de pensar y vivir la Nación; saliendo a la superficie la puja entre aquellos que pretenden un modelo social prebendario, benefactor y asistencialista y quienes pretendemos un modelo social solidario, justo y distributivo con justicia social, entre quienes pretenden un modelo agroexportador dependiente pero dominante en el plano nacional antes que un país industrializado y desarrollado, con independencia económica y política.
El abismo no se llena con palabras de buena voluntad ni llamados a consensos superestructurales: se llena con distribución de la riqueza, con dignidad para todos los hombres y mujeres de nuestra Patria, con objetivos claros de felicidad del pueblo y grandeza de la Nación. En ese orden, más allá de denigraciones, insultos y atropellos propios de la prepotencia gerencial de un país colonial al cual están muchos acostumbrados todavía.
JORGE RACHID
CABA, 2/8/10
jorgerachid2003@yahoo.com.ar
A dos años
Por Alfredo Zaiat
Han pasado dos años del fracaso oficial de establecer por ley la Resolución 125 de retenciones móviles y compensaciones a pequeños productores. En la mayoría de los acontecimientos políticos, la evaluación sobre impactos económicos y sociales requiere de cierta perspectiva histórica, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Dos años es un lapso breve para un análisis en ese sentido pero suficiente, en esta oportunidad, para revelar que esa medida hubiera sido beneficiosa en términos económicos para los pequeños productores. Esta conclusión no se descubre por algún informe del Gobierno sobre las alícuotas de las retenciones que estarían vigentes en caso de haberse aprobado la 125, sino por la propia acción parlamentaria de grupos políticos y patronales del sector que combatieron esa resolución y hoy proponen en el Congreso retenciones segmentadas.
La distancia permite, en cambio, observar con más nitidez que la reacción contra la 125 no fue un fenómeno espontáneo e inesperado, como entonces muchos analistas se tentaron de mencionar como explicación de lo que consideraron una improvisación del Gobierno que derivó en semejante conflicto. Esa violenta oposición a las retenciones móviles, con prolongados cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos a centros urbanos, expresó la resistencia que se estaba acumulando contra la política de intervención estatal en un sensible mercado que afecta el presupuesto de la población vulnerable. Esto no implica minimizar ciertas deficiencias de la administración kirchnerista en su vínculo con el sector. Su política agropecuaria descansaba sólo en que un dólar alto, precios internacionales en alza y la licuación de pasivos bancarios actuarían como exclusivos dinamizadores, descuidando la necesidad de construir una estrategia específica para cada uno de los actores de esa actividad.
Ese masivo rechazo fue alimentado con insistencia por los grupos conservadores y más reaccionarios del campo desde 2004. Esto queda bien explicado en un esclarecedor libro de Sebastián Ortiz, La patria terrateniente. Entre los muchos y detallados relevamientos de opiniones y proclamas, este historiador rescata un editorial de La Nación sentenciando que “nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna” (29 de abril de 2006). Se señalaba que pese a las abundantes regulaciones estatales existentes en el pasado, remarcando las registradas en los gobiernos de Juan Domingo Perón, “nunca se había recurrido al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones”.
La constante agitación política iniciada en 2004 fue impulsada por las principales entidades patronales del agro con protestas descentralizadas a nivel regional. Ortiz explica que “la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial), pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA), permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen aún”. Esa estrategia fue hasta marzo de 2008. Ortiz menciona que, desplegándose en lo profundo de la Pampa Húmeda, “esa descentralización y el paso a la acción directa fueron en búsqueda de un clima propicio para una acción mayor”. Condiciones políticas y sociales que se presentaron en el momento del anuncio de la Resolución 125.
En el prólogo de ese libro, el historiador Norberto Galasso destaca que Ortiz observa con pertinencia los cuatro años de conflicto 2004-2008 para relatar “de qué modo se va iniciando la confrontación, de qué manera los altos precios de nuestros productos de exportación generan fabulosas ganancias y cómo el Estado ha debido intervenir pues de otro modo nuestros “esforzados hombres de campo” venderían toda su producción en el exterior, salvo que los argentinos estuviésemos dispuestos a pagarles internamente los altos precios del mercado mundial”. Galasso observa lo que es evidente, aunque oculto por el poder hegemónico que moldea el sentido común: para los empresarios, del campo y de la industria, un gobierno funciona bien si permite que ellos se queden con ganancias extraordinarias y funciona mal si formula una política económica que interviene para afectarla en una pequeña porción para redistribuirla. “Se advierten, además, no sólo los rasgos corporativistas del planteo de los terratenientes –que arrastra tras de sí a los medianos productores–, sino también de qué modo la mayor parte de la dirigencia política se convierte en portavoz de sus intereses”, ilustra Galasso.
Esa compleja dinámica económica y social alcanzó su clímax en la frustrada 125, con su posterior expresión política en la elección de medio término del año pasado que culminó en la constitución de un bloque de agrodiputados. La sucesión de pronósticos apocalípticos para instalar miedo en la sociedad y confundir sobre la situación sectorial fue –y sigue siendo– la característica más notable de los dirigentes agropecuarios. El archivo es una potente herramienta para rescatar de esa nebulosa agromediática los casos del trigo, la ganadería y la lechería. Esas actividades enfrentarían un año terrible, según las proyecciones realizadas por los máximos dirigentes de la ahora agrietada Mesa de Enlace, derivando en la necesidad de importar trigo carne y leche. Vale la pena realizar el ejercicio de contrastar pronósticos con realidad en cada una de esas actividades productivas:
-Trigo.
Pronóstico: En junio de 2009, Biolcati pronosticó que en 2010 el país iba a tener que importar trigo y que la intención de siembra sería “la más baja de los últimos años”. “Difícilmente se llegue a las 2,5 millones de hectáreas sembradas”, afirmó en La Nación del 9 de junio de 2009.
Realidad: De acuerdo con el informe de Estimaciones Agrícolas Mensuales del Ministerio de Agricultura, a junio de 2010, en la presente campaña el área sembrada se ubicará en 4,4 millones de hectáreas. Se proyecta que la producción actual casi duplicará a la anterior, que se ubicó en 7,5 millones de toneladas. El total se ubicaría en 12 millones de toneladas. O sea, no se importará trigo.
-Carne.
Pronóstico: A mediados de 2009, los máximos dirigentes de la SRA y FAA aseguraron que este año se iba a tener que importar carne. “La Argentina va a celebrar el Bicentenario comiendo carne uruguaya”, aseguró Biolcati en La Nación del 20 de julio de 2009. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo que “Argentina tendrá que importar carne en 2010”, en la revista Noticias de ese mismo día.
Realidad: Hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, con valores que llegan a los 9,0 pesos/kg vivo, cuando el año pasado ese valor se ubicaba cerca de los 3,5/kg. También se verifica una mejora en la oferta forrajera debido a las condiciones climáticas favorables. La ganadería es un negocio rentable, lo cual se evidencia en la reversión de la faena de hembras y en el inicio de un proceso de retención de vientres: en mayo la proporción de hembras en la faena total descendió a 43,8 por ciento. Esas condiciones permitirán recomponer el stock ganadero en el mediano plazo. El mercado interno, a su vez, está plenamente abastecido sin necesidad de importar carne.
-Leche.
Pronóstico: Buzzi sostuvo que “no alcanzará la leche para abastecer la mesa de los argentinos en el mediano plazo” y pronosticó que “estaría en peligro el abastecimiento local en 2011”. Responsabilizó al Gobierno por esta situación, a quien acusó de implementar “malas políticas” que llevan al cierre de tambos, en declaraciones a la revista Noticias del 20 de julio de 2009.
Realidad: Luego de atravesar en 2009 un período de fuerte sequía y precios internacionales bajos, este año la lechería recuperará terreno gracias al repunte del mercado internacional y las mejores condiciones climáticas. La producción de 2010 se ubicará alrededor de los 10.300 millones de litros, lo que permitirá abastecer plenamente al mercado interno, cuyo consumo total se estima en 8000 millones de litros. No habrá necesidad de importar leche.
La 125 ya es historia, con las enseñanzas, debilidades y sorpresas que dejó como balance un conflicto traumático. Pero no lo es la persistencia de los representantes patronales de los grupos económicos y sociales privilegiados, con el acompañamiento de fuerzas políticas conservadoras, de adulterar el estado de situación de uno de los sectores más rentables y dinámicos de la economía local.
azaiat@pagina12.com.
Han pasado dos años del fracaso oficial de establecer por ley la Resolución 125 de retenciones móviles y compensaciones a pequeños productores. En la mayoría de los acontecimientos políticos, la evaluación sobre impactos económicos y sociales requiere de cierta perspectiva histórica, que no es otra cosa que el paso del tiempo. Dos años es un lapso breve para un análisis en ese sentido pero suficiente, en esta oportunidad, para revelar que esa medida hubiera sido beneficiosa en términos económicos para los pequeños productores. Esta conclusión no se descubre por algún informe del Gobierno sobre las alícuotas de las retenciones que estarían vigentes en caso de haberse aprobado la 125, sino por la propia acción parlamentaria de grupos políticos y patronales del sector que combatieron esa resolución y hoy proponen en el Congreso retenciones segmentadas.
La distancia permite, en cambio, observar con más nitidez que la reacción contra la 125 no fue un fenómeno espontáneo e inesperado, como entonces muchos analistas se tentaron de mencionar como explicación de lo que consideraron una improvisación del Gobierno que derivó en semejante conflicto. Esa violenta oposición a las retenciones móviles, con prolongados cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos a centros urbanos, expresó la resistencia que se estaba acumulando contra la política de intervención estatal en un sensible mercado que afecta el presupuesto de la población vulnerable. Esto no implica minimizar ciertas deficiencias de la administración kirchnerista en su vínculo con el sector. Su política agropecuaria descansaba sólo en que un dólar alto, precios internacionales en alza y la licuación de pasivos bancarios actuarían como exclusivos dinamizadores, descuidando la necesidad de construir una estrategia específica para cada uno de los actores de esa actividad.
Ese masivo rechazo fue alimentado con insistencia por los grupos conservadores y más reaccionarios del campo desde 2004. Esto queda bien explicado en un esclarecedor libro de Sebastián Ortiz, La patria terrateniente. Entre los muchos y detallados relevamientos de opiniones y proclamas, este historiador rescata un editorial de La Nación sentenciando que “nuestra historia de la intervención del gobierno en los mercados es tan copiosa como nefasta. Mucho más cuando se trata de la carne vacuna” (29 de abril de 2006). Se señalaba que pese a las abundantes regulaciones estatales existentes en el pasado, remarcando las registradas en los gobiernos de Juan Domingo Perón, “nunca se había recurrido al sorprendente y altamente perjudicial expediente de prohibir las exportaciones”.
La constante agitación política iniciada en 2004 fue impulsada por las principales entidades patronales del agro con protestas descentralizadas a nivel regional. Ortiz explica que “la organización de una suma de acciones más radicalizadas desplegadas en diversos puntos del interior, y protagonizadas por los nucleamientos más cercanos a la base (niveles distrital, municipal o provincial), pero con apoyo abierto de las entidades nacionales (CRA y SRA), permite decir y hacer a estas organizaciones menores lo que las representaciones nacionales no dicen y hacen aún”. Esa estrategia fue hasta marzo de 2008. Ortiz menciona que, desplegándose en lo profundo de la Pampa Húmeda, “esa descentralización y el paso a la acción directa fueron en búsqueda de un clima propicio para una acción mayor”. Condiciones políticas y sociales que se presentaron en el momento del anuncio de la Resolución 125.
En el prólogo de ese libro, el historiador Norberto Galasso destaca que Ortiz observa con pertinencia los cuatro años de conflicto 2004-2008 para relatar “de qué modo se va iniciando la confrontación, de qué manera los altos precios de nuestros productos de exportación generan fabulosas ganancias y cómo el Estado ha debido intervenir pues de otro modo nuestros “esforzados hombres de campo” venderían toda su producción en el exterior, salvo que los argentinos estuviésemos dispuestos a pagarles internamente los altos precios del mercado mundial”. Galasso observa lo que es evidente, aunque oculto por el poder hegemónico que moldea el sentido común: para los empresarios, del campo y de la industria, un gobierno funciona bien si permite que ellos se queden con ganancias extraordinarias y funciona mal si formula una política económica que interviene para afectarla en una pequeña porción para redistribuirla. “Se advierten, además, no sólo los rasgos corporativistas del planteo de los terratenientes –que arrastra tras de sí a los medianos productores–, sino también de qué modo la mayor parte de la dirigencia política se convierte en portavoz de sus intereses”, ilustra Galasso.
Esa compleja dinámica económica y social alcanzó su clímax en la frustrada 125, con su posterior expresión política en la elección de medio término del año pasado que culminó en la constitución de un bloque de agrodiputados. La sucesión de pronósticos apocalípticos para instalar miedo en la sociedad y confundir sobre la situación sectorial fue –y sigue siendo– la característica más notable de los dirigentes agropecuarios. El archivo es una potente herramienta para rescatar de esa nebulosa agromediática los casos del trigo, la ganadería y la lechería. Esas actividades enfrentarían un año terrible, según las proyecciones realizadas por los máximos dirigentes de la ahora agrietada Mesa de Enlace, derivando en la necesidad de importar trigo carne y leche. Vale la pena realizar el ejercicio de contrastar pronósticos con realidad en cada una de esas actividades productivas:
-Trigo.
Pronóstico: En junio de 2009, Biolcati pronosticó que en 2010 el país iba a tener que importar trigo y que la intención de siembra sería “la más baja de los últimos años”. “Difícilmente se llegue a las 2,5 millones de hectáreas sembradas”, afirmó en La Nación del 9 de junio de 2009.
Realidad: De acuerdo con el informe de Estimaciones Agrícolas Mensuales del Ministerio de Agricultura, a junio de 2010, en la presente campaña el área sembrada se ubicará en 4,4 millones de hectáreas. Se proyecta que la producción actual casi duplicará a la anterior, que se ubicó en 7,5 millones de toneladas. El total se ubicaría en 12 millones de toneladas. O sea, no se importará trigo.
-Carne.
Pronóstico: A mediados de 2009, los máximos dirigentes de la SRA y FAA aseguraron que este año se iba a tener que importar carne. “La Argentina va a celebrar el Bicentenario comiendo carne uruguaya”, aseguró Biolcati en La Nación del 20 de julio de 2009. Por su parte, el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, dijo que “Argentina tendrá que importar carne en 2010”, en la revista Noticias de ese mismo día.
Realidad: Hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, con valores que llegan a los 9,0 pesos/kg vivo, cuando el año pasado ese valor se ubicaba cerca de los 3,5/kg. También se verifica una mejora en la oferta forrajera debido a las condiciones climáticas favorables. La ganadería es un negocio rentable, lo cual se evidencia en la reversión de la faena de hembras y en el inicio de un proceso de retención de vientres: en mayo la proporción de hembras en la faena total descendió a 43,8 por ciento. Esas condiciones permitirán recomponer el stock ganadero en el mediano plazo. El mercado interno, a su vez, está plenamente abastecido sin necesidad de importar carne.
-Leche.
Pronóstico: Buzzi sostuvo que “no alcanzará la leche para abastecer la mesa de los argentinos en el mediano plazo” y pronosticó que “estaría en peligro el abastecimiento local en 2011”. Responsabilizó al Gobierno por esta situación, a quien acusó de implementar “malas políticas” que llevan al cierre de tambos, en declaraciones a la revista Noticias del 20 de julio de 2009.
Realidad: Luego de atravesar en 2009 un período de fuerte sequía y precios internacionales bajos, este año la lechería recuperará terreno gracias al repunte del mercado internacional y las mejores condiciones climáticas. La producción de 2010 se ubicará alrededor de los 10.300 millones de litros, lo que permitirá abastecer plenamente al mercado interno, cuyo consumo total se estima en 8000 millones de litros. No habrá necesidad de importar leche.
La 125 ya es historia, con las enseñanzas, debilidades y sorpresas que dejó como balance un conflicto traumático. Pero no lo es la persistencia de los representantes patronales de los grupos económicos y sociales privilegiados, con el acompañamiento de fuerzas políticas conservadoras, de adulterar el estado de situación de uno de los sectores más rentables y dinámicos de la economía local.
azaiat@pagina12.com.
La evasión sojera y la 125
Santiago Fraschina
Un mayor control del Estado en la producción de granos lograría más recaudación tributaria, para que ésta se traslade a los gastos públicos. En un año y medio, la AFIP detectó una operación fraudulenta del sector agroexportador por más de 570 millones de pesos.
En el mismo momento en que la Bolsa de Cereales porteña anunciaba que la campaña sojera 2009/2010 superaba en más de siete millones de toneladas a la pasada zafra, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, anunció que se había detectado la comercialización de 6,5 millones de toneladas “en negro”, entre enero de 2009 y junio de 2010.
Esto equivaldría a un valor de 5.200 millones, representando una evasión de 570 millones de pesos. Echegaray aseguró que los controles en rutas, de las cartas de porte y en los procedimientos en los molinos y acopios fueron eficaces para detectar la evasión. Se trata de operaciones sojeras y, en menor medida, de trigo y maíz, por las cuales no se pagaron IVA ni Ganancias.
Consideramos que la AFIP debe tecnificar más el control en la producción de los agronegocios, aplicando mayor tecnología, como la vigilancia satelital.
Si bien gracias a las cartas de porte por ejemplo, el Gobierno Nacional endureció la vigilancia para evitar evasiones impositivas y disminuir en el futuro la producción en “negro”, algo fundamental para el aumento de la recaudación.
Si hubiésemos logrado la aplicación de la resolución presidencial 125, que determinaba las retenciones móviles, disminuiría la evasión en el agro y hoy el Estado contaría con mayores recursos para incentivar otros rubros que no sean específicamente la soja.
Las entidades agrarias quieren que sigamos siendo un país periférico abastecedor de productos primarios y sin ningún valor agregado. Este modelo no genera fuente de trabajos y evita la diversificación productiva, esa es la lógica de un país agroexportador.
Las demandas globales de oleaginosa, sobre todo por el aumento de consumo de India y China, y el crecimiento sostenido de los precios de la soja derivaron en la expansión de la frontera agrícola, con el corrimiento sobre montes nativos y selva para la producción de cereales destinadas al mercado de la exportación.
La liberación de la semilla transgénica en 1996 no hizo más que robustecer el aumento de la producción sojera, estimada en la actualidad en 55 millones de toneladas, superando la mitad del área agrícola argentina.
Los actores económicos más importantes lo constituyen grandes agroexportadores liderados por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus) Los Grobo; entre otros.
Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular -
Un mayor control del Estado en la producción de granos lograría más recaudación tributaria, para que ésta se traslade a los gastos públicos. En un año y medio, la AFIP detectó una operación fraudulenta del sector agroexportador por más de 570 millones de pesos.
En el mismo momento en que la Bolsa de Cereales porteña anunciaba que la campaña sojera 2009/2010 superaba en más de siete millones de toneladas a la pasada zafra, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, anunció que se había detectado la comercialización de 6,5 millones de toneladas “en negro”, entre enero de 2009 y junio de 2010.
Esto equivaldría a un valor de 5.200 millones, representando una evasión de 570 millones de pesos. Echegaray aseguró que los controles en rutas, de las cartas de porte y en los procedimientos en los molinos y acopios fueron eficaces para detectar la evasión. Se trata de operaciones sojeras y, en menor medida, de trigo y maíz, por las cuales no se pagaron IVA ni Ganancias.
Consideramos que la AFIP debe tecnificar más el control en la producción de los agronegocios, aplicando mayor tecnología, como la vigilancia satelital.
Si bien gracias a las cartas de porte por ejemplo, el Gobierno Nacional endureció la vigilancia para evitar evasiones impositivas y disminuir en el futuro la producción en “negro”, algo fundamental para el aumento de la recaudación.
Si hubiésemos logrado la aplicación de la resolución presidencial 125, que determinaba las retenciones móviles, disminuiría la evasión en el agro y hoy el Estado contaría con mayores recursos para incentivar otros rubros que no sean específicamente la soja.
Las entidades agrarias quieren que sigamos siendo un país periférico abastecedor de productos primarios y sin ningún valor agregado. Este modelo no genera fuente de trabajos y evita la diversificación productiva, esa es la lógica de un país agroexportador.
Las demandas globales de oleaginosa, sobre todo por el aumento de consumo de India y China, y el crecimiento sostenido de los precios de la soja derivaron en la expansión de la frontera agrícola, con el corrimiento sobre montes nativos y selva para la producción de cereales destinadas al mercado de la exportación.
La liberación de la semilla transgénica en 1996 no hizo más que robustecer el aumento de la producción sojera, estimada en la actualidad en 55 millones de toneladas, superando la mitad del área agrícola argentina.
Los actores económicos más importantes lo constituyen grandes agroexportadores liderados por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus) Los Grobo; entre otros.
Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular -
Preguntas que nos surgen
Por Ignacio Blanco, Marcelo Ciaramella, Eduardo de la Serna *
Ante el surgimiento de temas conflictivos en la sociedad, en medio de los debates, vemos que con mucha frecuencia las voces que se atribuyen a “la Iglesia” aparecen del lado de los que se niegan a “lo nuevo”, los que tienen miedo a la libertad, los que quieren que nada cambie. Es cierto que con mucha frecuencia hay quienes quieren mostrar la “peor cara” de la Iglesia, es cierto que no siempre “lo nuevo” es “lo mejor” y que caminar caminos de libertad supone andar rumbos que a su vez nos hagan libres. Por eso, como miembros activos y plenos de la Iglesia, un grupo de curas de la diócesis de Quilmes quisiéramos formularnos algunas preguntas. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí creemos que interrogarnos nos ayuda a pensar con libertad y con paz.
- Ante el clima de intolerancia, y en muchos casos de actitudes verdaderamente dignas de las peores Cruzadas, movidas por preocupantes fundamentalismos bíblicos, filosóficos y antropológicos, nos preguntamos: ¿Se puede seguir afirmando que la homosexualidad es una “enfermedad”, y desde una comprensión prejuiciosa de la misma, condenar tal identidad y sus eventuales derechos civiles? ¿Cuáles serían los argumentos serios, razonables y académicos para sostener semejante afirmación?
- Ante el planteamiento de que un eventual matrimonio entre parejas del mismo sexo atenta contra la “ley natural”, nos preguntamos: ¿A qué se llama “natural” en estas discusiones? ¿No estará aquí una de las dificultades para poder clarificar este debate? “Ley natural”, “naturaleza”, “orden natural”, ¿no son expresiones a ser revisadas y actualizadas? ¿Pueden entenderse estas expresiones de manera absoluta, fijista y sin la dinámica propia de nuestra condición humana? Si en la historia de la Iglesia se consideraba “natural” el cauce de un río y se impedía canalizarlo, o se consideraba “natural” la esclavitud, ¿no estaremos ante una concepción claramente cultural? La concepción de “ley natural”, ¿no es más propia del helenismo que de la Biblia? Cuando san Pablo afirma que “es natural en el varón el pelo corto” (1 Cor 11), ¿no es ésta una concepción evidentemente cultural?
- En nuestros barrios hay muchos pibes y pibas que nacen y crecen con madres solteras, a cargo de tías y abuelas, de gente sincera que realizando la “función materna y paterna” les garantiza el afecto y el cuidado necesario para la vida. Comedores, hogares o simplemente vecinos y vecinas que hacen gratuitamente más amplia su mesa y su casa, logran que muchos chicos encuentren “familia” (la más de las veces sin su papá biológico y, a veces, hasta sin su mamá biológica). ¿No será necesario revisar el concepto burgués de “familia”, defendido detrás de slogans discriminatorios a la condición homosexual? ¿No han generado los pretendidos “sanos” matrimonios heterosexuales (“sanos” por el mero hecho de ser “hetero”) situaciones disfuncionales, abandono de hijos, abusos y violaciones a la vida?
- Se ha afirmado que se quiere cambiar “la familia”. ¿No es evidente que “la familia” ha cambiado y sigue cambiando a lo largo de la historia? El modelo que actualmente se defiende, ¿no es propio del siglo XVIII y muy diferente de las familias de las comunidades indígenas de América o de Africa? ¿La familia polígama de “Abraham, nuestro padre en la fe”, es igual a la familia ampliada en la que convivían no sólo padres, hijos, nietos, sino también esclavos y clientes, como era habitual en el imperio romano? ¿La familia patriarcal en que la mujer era tenida por “propiedad de” un varón (¿no viene de allí el término matri monium?) es igual a la familia en la que una jovencita debe cuidar a sus hermanitos mientras su mamá trabaja porque su papá los abandonó? ¿Cuál de todos estos y los muchos otros existentes en la historia sería el término adecuado para hablar de “familia”?
- Si miramos el Evangelio de Jesús, es evidente que Reino de Dios y familia son “fidelidades en conflicto” (S. Guijarro). Jesús dedica todas sus energías y entusiasmo a predicar “el reino de Dios” y relativiza de un modo claro y evidente la familia. ¿No es sorprendente que muchas veces escuchemos y leamos sobre “la familia” como una expresión unívoca y sin relación con la búsqueda de la justicia y la opción por los pobres, propia del Reino? ¿Por qué tantos y tantas “cruzados/as” católicos/as que levantan sus voces y se movilizan no lo hacen para combatir la pobreza, la injusticia, la desocupación, la falta de salud, de vivienda digna, cosas que ciertamente “atentan contra la familia”? Si para Jesús, “el reino es lo único absoluto y todo lo demás es relativo” (Pablo VI), ¿por qué no es “el reino” el grito unánime de los “cristianos” (católicos o no) de hoy?
Si la Iglesia en su historia, en su predicación y en sus enseñanzas (Magisterio) enseña que se debe obedecer ciegamente la “conciencia”, y que el ser humano “percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin” (Dignitatis humanae, Nº 3), ¿es posible, a esta altura de la historia, pretender condicionar la acción de nuestros legisladores en su labor parlamentaria con concepciones propias de la cristiandad medieval, obviando su legítima libertad de conciencia en temas tan controvertidos? Es absolutamente justo y razonable poder decir una palabra y opinar, pero pretender legislar o que los legisladores “deban” seguir dictámenes eclesiásticos, ¿no es más propio de concepciones de “cristiandad” antes que de respeto y tolerancia democráticas?
- Algunas voces eclesiásticas han reclamado un “plebiscito”. Siguiendo los propios criterios y argumentos que han enarbolado, ¿se podría plebiscitar la “ley natural”? La apariencia es que consideran que en ese supuesto plebiscito saldría ganadora su posición, ¿lo propondrían, de no creerlo?, ¿aceptarían un triunfo de la posición opuesta? Si se trata de reconocimiento de “derechos de las minorías”, ¿es sensato o justo proponer semejante plebiscito? ¿Se puede plebiscitar lo que es justo?
- Si para Jesús el Reino de misericordia, justicia e inclusión de los desplazados de su pueblo estaba por encima de toda otra concepción y valores culturales de su tiempo (la familia incluida); a la luz del evangelio del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37) nos preguntamos, ¿cómo podríamos considerarnos discípulos de Jesús sin conmovernos con entrañas de misericordia ante los hermanos y hermanas excluidos del camino de la vida y la igualdad ante la ley? ¿Podemos seguir “de largo” sin detenernos a escuchar lo que Dios nos está queriendo decir a través de tantos y tantas que se sienten “explotados y deprimidos” bajo un sistema discriminatorio?
En conciencia, queremos ser pastores según los sentimientos de Jesús, y estas preguntas son las que nos surgen en estos días.
Queremos ser Iglesia servidora del Reino, siempre del lado de los más pobres y sufrientes.
* Junto a otros quince sacerdotes de Quilmes y otras diócesis.
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Ante el surgimiento de temas conflictivos en la sociedad, en medio de los debates, vemos que con mucha frecuencia las voces que se atribuyen a “la Iglesia” aparecen del lado de los que se niegan a “lo nuevo”, los que tienen miedo a la libertad, los que quieren que nada cambie. Es cierto que con mucha frecuencia hay quienes quieren mostrar la “peor cara” de la Iglesia, es cierto que no siempre “lo nuevo” es “lo mejor” y que caminar caminos de libertad supone andar rumbos que a su vez nos hagan libres. Por eso, como miembros activos y plenos de la Iglesia, un grupo de curas de la diócesis de Quilmes quisiéramos formularnos algunas preguntas. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí creemos que interrogarnos nos ayuda a pensar con libertad y con paz.
- Ante el clima de intolerancia, y en muchos casos de actitudes verdaderamente dignas de las peores Cruzadas, movidas por preocupantes fundamentalismos bíblicos, filosóficos y antropológicos, nos preguntamos: ¿Se puede seguir afirmando que la homosexualidad es una “enfermedad”, y desde una comprensión prejuiciosa de la misma, condenar tal identidad y sus eventuales derechos civiles? ¿Cuáles serían los argumentos serios, razonables y académicos para sostener semejante afirmación?
- Ante el planteamiento de que un eventual matrimonio entre parejas del mismo sexo atenta contra la “ley natural”, nos preguntamos: ¿A qué se llama “natural” en estas discusiones? ¿No estará aquí una de las dificultades para poder clarificar este debate? “Ley natural”, “naturaleza”, “orden natural”, ¿no son expresiones a ser revisadas y actualizadas? ¿Pueden entenderse estas expresiones de manera absoluta, fijista y sin la dinámica propia de nuestra condición humana? Si en la historia de la Iglesia se consideraba “natural” el cauce de un río y se impedía canalizarlo, o se consideraba “natural” la esclavitud, ¿no estaremos ante una concepción claramente cultural? La concepción de “ley natural”, ¿no es más propia del helenismo que de la Biblia? Cuando san Pablo afirma que “es natural en el varón el pelo corto” (1 Cor 11), ¿no es ésta una concepción evidentemente cultural?
- En nuestros barrios hay muchos pibes y pibas que nacen y crecen con madres solteras, a cargo de tías y abuelas, de gente sincera que realizando la “función materna y paterna” les garantiza el afecto y el cuidado necesario para la vida. Comedores, hogares o simplemente vecinos y vecinas que hacen gratuitamente más amplia su mesa y su casa, logran que muchos chicos encuentren “familia” (la más de las veces sin su papá biológico y, a veces, hasta sin su mamá biológica). ¿No será necesario revisar el concepto burgués de “familia”, defendido detrás de slogans discriminatorios a la condición homosexual? ¿No han generado los pretendidos “sanos” matrimonios heterosexuales (“sanos” por el mero hecho de ser “hetero”) situaciones disfuncionales, abandono de hijos, abusos y violaciones a la vida?
- Se ha afirmado que se quiere cambiar “la familia”. ¿No es evidente que “la familia” ha cambiado y sigue cambiando a lo largo de la historia? El modelo que actualmente se defiende, ¿no es propio del siglo XVIII y muy diferente de las familias de las comunidades indígenas de América o de Africa? ¿La familia polígama de “Abraham, nuestro padre en la fe”, es igual a la familia ampliada en la que convivían no sólo padres, hijos, nietos, sino también esclavos y clientes, como era habitual en el imperio romano? ¿La familia patriarcal en que la mujer era tenida por “propiedad de” un varón (¿no viene de allí el término matri monium?) es igual a la familia en la que una jovencita debe cuidar a sus hermanitos mientras su mamá trabaja porque su papá los abandonó? ¿Cuál de todos estos y los muchos otros existentes en la historia sería el término adecuado para hablar de “familia”?
- Si miramos el Evangelio de Jesús, es evidente que Reino de Dios y familia son “fidelidades en conflicto” (S. Guijarro). Jesús dedica todas sus energías y entusiasmo a predicar “el reino de Dios” y relativiza de un modo claro y evidente la familia. ¿No es sorprendente que muchas veces escuchemos y leamos sobre “la familia” como una expresión unívoca y sin relación con la búsqueda de la justicia y la opción por los pobres, propia del Reino? ¿Por qué tantos y tantas “cruzados/as” católicos/as que levantan sus voces y se movilizan no lo hacen para combatir la pobreza, la injusticia, la desocupación, la falta de salud, de vivienda digna, cosas que ciertamente “atentan contra la familia”? Si para Jesús, “el reino es lo único absoluto y todo lo demás es relativo” (Pablo VI), ¿por qué no es “el reino” el grito unánime de los “cristianos” (católicos o no) de hoy?
Si la Iglesia en su historia, en su predicación y en sus enseñanzas (Magisterio) enseña que se debe obedecer ciegamente la “conciencia”, y que el ser humano “percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin” (Dignitatis humanae, Nº 3), ¿es posible, a esta altura de la historia, pretender condicionar la acción de nuestros legisladores en su labor parlamentaria con concepciones propias de la cristiandad medieval, obviando su legítima libertad de conciencia en temas tan controvertidos? Es absolutamente justo y razonable poder decir una palabra y opinar, pero pretender legislar o que los legisladores “deban” seguir dictámenes eclesiásticos, ¿no es más propio de concepciones de “cristiandad” antes que de respeto y tolerancia democráticas?
- Algunas voces eclesiásticas han reclamado un “plebiscito”. Siguiendo los propios criterios y argumentos que han enarbolado, ¿se podría plebiscitar la “ley natural”? La apariencia es que consideran que en ese supuesto plebiscito saldría ganadora su posición, ¿lo propondrían, de no creerlo?, ¿aceptarían un triunfo de la posición opuesta? Si se trata de reconocimiento de “derechos de las minorías”, ¿es sensato o justo proponer semejante plebiscito? ¿Se puede plebiscitar lo que es justo?
- Si para Jesús el Reino de misericordia, justicia e inclusión de los desplazados de su pueblo estaba por encima de toda otra concepción y valores culturales de su tiempo (la familia incluida); a la luz del evangelio del Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37) nos preguntamos, ¿cómo podríamos considerarnos discípulos de Jesús sin conmovernos con entrañas de misericordia ante los hermanos y hermanas excluidos del camino de la vida y la igualdad ante la ley? ¿Podemos seguir “de largo” sin detenernos a escuchar lo que Dios nos está queriendo decir a través de tantos y tantas que se sienten “explotados y deprimidos” bajo un sistema discriminatorio?
En conciencia, queremos ser pastores según los sentimientos de Jesús, y estas preguntas son las que nos surgen en estos días.
Queremos ser Iglesia servidora del Reino, siempre del lado de los más pobres y sufrientes.
* Junto a otros quince sacerdotes de Quilmes y otras diócesis.
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› NESTOR KIRCHNER SALIO AL CRUCE DE LA EMBESTIDA DEL CARDENAL JORGE BERGOGLIO CONTRA EL MATRIMONIO GAY.
“El país debe dejar las visiones oscurantistas”
En alusión al lobby eclesiástico en el Senado, el ex presidente consideró que “cuando se tiene que presionar es que hay muy pocos elementos para convencer”. Bergoglio había dicho que hay una “guerra de Dios” y que el proyecto es “una ‘movida’ del padre de la mentira”.O GAY
La guerra santa que lanzó el cardenal Jorge Bergoglio contra el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo que el miércoles debatirá el Senado tuvo su réplica ayer en el oficialismo, el principal –aunque no único– impulsor de la iniciativa. El diputado Néstor Kirchner, que votó a favor en la Cámara baja, afirmó que “la Argentina debe dejar definitivamente las visiones discriminatorias y oscurantistas”. Y se refirió al durísimo lobby eclesiástico en la Cámara alta: “Cuando se tiene que presionar es que se tienen muy pocos elementos para convencer”, advirtió. La respuesta del ex presidente llegó después de que Página/12 publicara el miércoles pasado una carta de Bergoglio en la que asegura que el proyecto es “una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”.
El ex presidente Kirchner fue consultado sobre la existencia de presiones eclesiásticas contra el proyecto aprobado en Diputados: “Bueno, dicen eso”, dijo, antes de considerar que “cuando se tiene que presionar, es que se tienen muy pocos elementos para convencer”. En clara defensa del proyecto, afirmó que “la Argentina debe dejar definitivamente las visiones discriminatorias y oscurantistas” que intentan sabotear su aprobación en el Senado. “Lamento el carril que le han dado algunos a este tema, pero yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de haber votado a favor del matrimonio igualitario, a favor de la igualdad de derechos; los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos”, añadió.
Bergoglio, en una carta abierta a las carmelitas de los cuatro monasterios de Buenos Aires y publicada por este diario, consideró que “el pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia”. “No seamos ingenuos –escribió–: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento), sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios.”
También sostuvo que “está en juego la identidad y la supervivencia de la familia” y que se trata de “una guerra de Dios”.
El secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, calificó de “fundamentalista” al cardenal por considerar una “guerra de Dios” al debate legislativo. Bergoglio “irrumpe con inusitada violencia en el ámbito de la deliberación democrática y llama al odio entre los argentinos”, señaló el ex diputado. Al plantear la modificación del matrimonio civil, continuó, “no se está hablando de un sacramento ni de temas religiosos”, sino que “sólo se está discutiendo la ampliación de los derechos civiles en favor de un importante sector de la sociedad argentina”. “Quien debiera estar predicando la paz y la tolerancia anda convocando a una guerra santa y a realizar actos políticos callejeros para presionar al Senado de la Nación”, resumió.
Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que no apoyó el proyecto de matrimonio porque, explicó, “soy una gran creyente”, dijo estar a favor de una “unión familiar” para homosexuales, una hipótesis que incluiría el derecho a la adopción conjunta. “La verdad es que a Kirchner no le importa la comunidad gay, lo que a Kirchner le importa es combatir con alguien y los está usando (a los homosexuales)” para confrontar con Bergoglio, agregó. “Las posiciones rígidas son de ambos lados, sectores muy extremos de la Iglesia, pero también Néstor Kirchner.” Calificar a la homosexualidad de “perversión” es “la locura de algunos sacerdotes”, dijo, “no es la posición de la mayoría de la Iglesia”. “Yo jamás votaría en contra de las personas con identidad sexual diferente, pero tampoco podría votar tocando una palabra, dado que soy una gran creyente.”
Las críticas arreciaron también en las provincias. En Mendoza, sectores juveniles de partidos de izquierda marcharon por el centro de la ciudad capital con la consigna “Derecho al matrimonio para todos y todas”. Con la animación de agrupaciones de estudiantes de distintas carreras de la universidad estatal, la subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, militantes de la diversidad sexual y de organizaciones como Barrios de Pie y Juana Azurduy, entre otros, la movilización se inició tras la distribución de panfletos y actividades culturales. En Rosario hubo una multitudinaria marcha que llenó la plaza Montenegro
CFK: "Independencia es libertad, pero también igualdad"
"Tenemos que encauzar los esfuerzos en hacer una sociedad más igualitaria en la que las minorías tengan los mismos derechos que las mayorías", apuntó la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia y en clara referencia a la polémica que se produjo en torno al matrimonio gay.
Tras participar de un pequeño evento en la Casa de Tucumán, y antes de encabezar el desfile militar en el marco de la celebración del 194 aniversario del Día de la Independencia, Fernández de Kirchner consideró ante los medios que "debemos ser una sociedad inclusiva que cada vez sume más derechos para todos. La independencia no llega sólo con la libertad, sino que también tiene que servir para la igualdad. Independencia es sinónimo de libertad e igualdad".
Una vez en el palco preferencial, y de cara a la calle en la que caminarían artistas y militares tars sus palabras, la Presidenta señaló que el Gobierno "está claramente trabajando en darle mayor independencia al país; sobre todo independencia económica" que, según apuntó, "permitió aplicar políticas de inclusión social en un contexto mundial de cercenamiento de derechos".
"Mientras en otras latitudes se discuten despidos, rebajas de sueldo, en Argentina estamos debatiendo estas cosas", en referencia a las políticas de desendeudamiento, la estructura de movilidad jubilatoria y la ampliación de la base no imponible de Ganancias. "Es es bueno que lo hagamos, porque somos los que tenemos autoridad para poder discutir esas cosas: somos los que restituimos derechos que habían sido cercenados".
En ese sentido, apuntó que "mientras este modelo político fue mayoría en el Congreso, jamás quitamos o negamos derechos a las minorías. Cuando eso pasa, significa que la sociedad está atravesando una etapa fea".
"Estamos en el rumbo acertado. Creo que merecemos un reconocimiento", continuó Fernández, tras entregar computadoras personales a un grupo de estudiantes secundarios e inaugurar caminos provinciales.
Además, hizo referencia a la gestión del ex presidente y su esposo, Néstor Kirchner, y apuntó que "a mi me tocó la segunda etapa. La de profundizar la construcción de solidez que permitiese que los momentos de prosperidad no sean fugaces y que nos dejara liberar todas nuestras fuerzas como país para construir una sociedad más justa e igualitaria".
El ex presidente, diputado nacional y titular de UNASUR llegó con la Presidenta pasadas las 12.30 a Tucumán. Estuvieron acompañados de una comitiva integrada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; los ministros de Interior, Florencio Randazzo; de Defensa, Nilda Garré; de Planificación Federal, Julio de Vido; de Economía, Amado Boudou, y el canciller Héctor Timerman.
En otros aviones oficiales llegaron el secretario de Obras Públicas de la Nación, Oscar López, y las titulares de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, entre otros.
"Siempre sostuvimos desde este proyecto nacional la necesidad de que todos los argentinos podamos construir una nación que nos constituya y represente --continuó Fernández--. Debemos seguir profundizando ese trabajo para incluir a aquellos que todavía no han podido acceder a su trabajo".
En tanto, remarcó que "además de tener democracia y libertad de expresión, los argentinos tenemos hoy la maravillosa capacidad de recordar y de pensar, para elegir qué país y qué vida queremos tener".
Por último, y antes de presenciar el desfile cívico militar de celebración del 194 aniversario del 9 de Julio, Fernández convocó a "todos los argentinos a seguir trabajando en la independencia económica y cultural, a pensar por nosotros mismos y a ver por nuestros propios ojos. No dejemos que nos cuenten lo que vemos".
A las 16, partirá hacia Beijing, donde comenzará su visita de Estado a China, que también incluye la ciudad de Shangai, donde será recibida por las máximas autoridades de ese país.
La Presidenta viajará al gigante asiático acompañada por el canciller Héctor Timerman y una importante comitiva, que incluye a más 70 ejecutivos.
Al mismo tiempo, la jefa del Estado presidirá una Misión Comercial Multisectorial organizada por la Cancillería argentina, para lo cual estará acompañada por representantes de empresas nacionales, muchas de ellas pymes.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-149189-2010-07-09.html
La zoncera del aislamiento
Por Federico Bernal
Existen profusas críticas de la ortodoxia económica que le endilgan a la administración kirchnerista haber aislado a la Argentina del mundo. Desde la perspectiva del comercio exterior, parámetro para descifrar el grado de vinculación internacional, se rebate esa apreciación. En base a datos del FMI, del Indec y del Centro de Economía Internacional, las exportaciones argentinas medidas en valores corrientes en millones de dólares pasaron de 12.353 en 1990 a 26.341 en 2000 y a 70.020 en 2008. Es decir, entre 1990 y 2008, las exportaciones registraron un incremento ininterrumpido del 467 por ciento. En igual período, el aumento continuado más pronunciado se verificó entre 2002 y 2008, con un 172,3 por ciento, contra un 113,9 por ciento entre 1992/1998. Para los nostálgicos de los años ‘90, durante esa década las exportaciones se incrementaron un 113,2 por ciento, mientras que para el período kirchnerista (2003-2008) el incremento fue del 136,8 por ciento.
Resulta interesante destacar que las exportaciones de productos agrícolas se incrementaron 88 por ciento entre 1995 y 2006, comportamiento que no se condice con la procedencia socioproductiva de las críticas a la política comercial oficial. Por su parte, las importaciones hicieron el siguiente derrotero: 4077 en 1990, 25.280 en 2000 y 57.422 en 2008. Durante la administración kirchnerista crecieron 315,1 por ciento hasta 2008, bastante menos que el 520 por ciento registrado en los ‘90. Al analizar el nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI, se encuentra que para 1990 se ubicaba en un 8,7 por ciento; diez años después había ascendido apenas al 9,3, para dar el gran salto en la última década, hasta llegar al 21,4 por ciento en 2009. En cuanto a la evolución de las importaciones en el PBI, las cifras dan cuenta del siguiente cambio: 2,9 por ciento en 1990, 8,9 en 2000 y 17,6 en 2008.
Ahora bien, nada más trascendental y contundente a la hora de ratificar o rechazar el nivel de aislamiento de la Argentina que rastrear la evolución de los destinos y los orígenes de su comercio exterior. En 2004, el país exportó a 47 países por más de 100 millones de dólares anuales a cada uno; en 2008 lo hizo a 59 países, un incremento del 25,5 por ciento de los destinos compradores. En 2004, se exportó a 7 países por más de 1000 millones de dólares a cada uno; en 2008 lo hizo a 17 países, un alza del 142,9 por ciento. En 2004, los primeros diez destinos se repartieron el 63,7 por ciento de las exportaciones totales, y los primeros veinte destinos, el 77,7. En 2008, los primeros diez participaron con el 60,6 por ciento y los primeros veinte, con el 75,9%. Es decir, la Argentina exportó mayores volúmenes a más países, y logró una mayor diversificación de sus compradores.
Lo mismo se verifica a nivel de las importaciones: 27 países nos vendieron sus productos por más de 100 millones de dólares cada uno en 2004; cuatro años después serían 41 países los que venderían iguales volúmenes. Por último, las exportaciones hacia los principales destinos registraron incrementos del 134 por ciento para el período 2003/2008 (promedios de variación porcentual anual). En este período, la tendencia favorable en el vínculo comercial entre la Argentina con el Mercosur, el Nafta y la Unión Europea ha sido notable.
La Argentina del presente es la más vinculada e interrelacionada con el mundo de las últimas décadas
Existen profusas críticas de la ortodoxia económica que le endilgan a la administración kirchnerista haber aislado a la Argentina del mundo. Desde la perspectiva del comercio exterior, parámetro para descifrar el grado de vinculación internacional, se rebate esa apreciación. En base a datos del FMI, del Indec y del Centro de Economía Internacional, las exportaciones argentinas medidas en valores corrientes en millones de dólares pasaron de 12.353 en 1990 a 26.341 en 2000 y a 70.020 en 2008. Es decir, entre 1990 y 2008, las exportaciones registraron un incremento ininterrumpido del 467 por ciento. En igual período, el aumento continuado más pronunciado se verificó entre 2002 y 2008, con un 172,3 por ciento, contra un 113,9 por ciento entre 1992/1998. Para los nostálgicos de los años ‘90, durante esa década las exportaciones se incrementaron un 113,2 por ciento, mientras que para el período kirchnerista (2003-2008) el incremento fue del 136,8 por ciento.
Resulta interesante destacar que las exportaciones de productos agrícolas se incrementaron 88 por ciento entre 1995 y 2006, comportamiento que no se condice con la procedencia socioproductiva de las críticas a la política comercial oficial. Por su parte, las importaciones hicieron el siguiente derrotero: 4077 en 1990, 25.280 en 2000 y 57.422 en 2008. Durante la administración kirchnerista crecieron 315,1 por ciento hasta 2008, bastante menos que el 520 por ciento registrado en los ‘90. Al analizar el nivel de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI, se encuentra que para 1990 se ubicaba en un 8,7 por ciento; diez años después había ascendido apenas al 9,3, para dar el gran salto en la última década, hasta llegar al 21,4 por ciento en 2009. En cuanto a la evolución de las importaciones en el PBI, las cifras dan cuenta del siguiente cambio: 2,9 por ciento en 1990, 8,9 en 2000 y 17,6 en 2008.
Ahora bien, nada más trascendental y contundente a la hora de ratificar o rechazar el nivel de aislamiento de la Argentina que rastrear la evolución de los destinos y los orígenes de su comercio exterior. En 2004, el país exportó a 47 países por más de 100 millones de dólares anuales a cada uno; en 2008 lo hizo a 59 países, un incremento del 25,5 por ciento de los destinos compradores. En 2004, se exportó a 7 países por más de 1000 millones de dólares a cada uno; en 2008 lo hizo a 17 países, un alza del 142,9 por ciento. En 2004, los primeros diez destinos se repartieron el 63,7 por ciento de las exportaciones totales, y los primeros veinte destinos, el 77,7. En 2008, los primeros diez participaron con el 60,6 por ciento y los primeros veinte, con el 75,9%. Es decir, la Argentina exportó mayores volúmenes a más países, y logró una mayor diversificación de sus compradores.
Lo mismo se verifica a nivel de las importaciones: 27 países nos vendieron sus productos por más de 100 millones de dólares cada uno en 2004; cuatro años después serían 41 países los que venderían iguales volúmenes. Por último, las exportaciones hacia los principales destinos registraron incrementos del 134 por ciento para el período 2003/2008 (promedios de variación porcentual anual). En este período, la tendencia favorable en el vínculo comercial entre la Argentina con el Mercosur, el Nafta y la Unión Europea ha sido notable.
La Argentina del presente es la más vinculada e interrelacionada con el mundo de las últimas décadas
AGRO › SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA
Diversificación o monocultivo
La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera.
Por Alejandro Rofman *
La tradicional Pampa Húmeda, otrora ocupada por decenas de miles de chacareros que organizaban la actividad productiva destinada a la exportación de cereales, oleaginosas y carnes, ha cambiado agudamente de perfil. Ello ha tenido lugar en el último cuarto de siglo en un doble proceso. Por un lado, la emigración de las familias residentes en los predios hacia ciudades ha sido una constante en ese período. Diversos factores concurrieron a ello: el deseo familiar de una búsqueda de calidad de vida que no podía obtener en la residencia campestre, el deseo de las nuevas generaciones de integrarse a estudios secundarios y universitarios inaccesibles en las cercanías de las chacras y la profunda revolución tecnológica que limitó sensiblemente el aporte laboral en las tareas propias del chacarero y su familia. Por otro lado, las nuevas exigencias que supuso la introducción de cultivos altamente sofisticados en cuanto a su proceso productivo (siembra directa, fertilización del suelo, difusión de agroquímicos para combatir malezas y recolección) se impuso como estrategia específica, en particular en lo referente a la soja.
Este cultivo era inexistente hace un cuarto de siglo y ya cubre más de la mitad de la superficie sembrada anualmente en esa región. Requiere, para obtener el producto final, de la intervención de sistemas de producción, uso de maquinaria y selección de insumos que obliga al ingreso de otros tipos de agentes económicos en sustitución de la unidad familiar. El 70 por ciento de la tierra dedicada a la agricultura en la Pampa Húmeda es arrendada. En esa superficie el propietario es rentista o es productor que agrega tierra alquilada a la propia, pero ya no vive en la finca. Su otrora chacra diversificada se ha convertido en monoproductora de soja.
La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y a la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera. La diversificación, como modelo apropiado para una agricultura con agricultores ha permanecido en las áreas bajo secano o bajo riego, en donde pequeñas o medianas explotaciones siguen alojando a la familia y la base productiva se constituye con formas variadas de producción. Sembrar algodón y tener parte de la finca dedicada a tubérculos (mandioca), aves, hortalizas o legumbres, reduce el riesgo productivo y posee la virtud de cultivar con métodos no degradantes de la calidad del suelo, sin agroquímicos y con resguardo frente a inconvenientes climáticos.
Este modelo, como ejemplo, se repite en otras áreas del país con pequeños productores familiares que cultiva tabaco, caña, frutas y especies exóticas. Complementan su actividad con productos agrícolas y pecuarios para su propio consumo. Esta virtud de la agricultura diversificada se verifica en estrategias productivas que reúne, en cada finca y en forma simultánea, actividades de origen agropecuario. Ello es posible dado que la unidad familiar, mediante un proceso de división del trabajo, puede dedicar parte de la fuerza laboral disponible a la tarea de producir bienes agrícolas para el mercado (generalmente los integrantes masculinos). Y el otro segmento laboral se dedica a la actividad generadora de alimentos para el autoconsumo (especialmente la fuerza laboral femenina). Si es necesario y faltan recursos para la subsistencia, aparece como opción la venta de fuerza de trabajo en tareas extraprediales con el objetivo de obtener ingresos monetarios adicionales.
En el actual panorama del sector agrario hay una experiencia válida como modelo productivo a futuro: el de los productores familiares, que en su mayoría han conservado el criterio saludable de cultivar en sus tierras una gama amplia de opciones productivas. Esta experiencia abarca a más de 200.000 productores familiares integrantes del segmento de propietarios u ocupantes de hecho que viven en fincas (cerca del 70 por ciento de los productores agrarios del país) y les sirven como sede física y productiva a la vez. Ello es habitual en los asentamientos productivos de las regiones extrapampeanas y su perfil debería constituir el modelo de una adecuada planificación del sector. Si tal es la opción que se escoge, los numerosos ocupantes de predios diversificados requerirían, para asegurar su permanencia y garantizar un nivel de calidad de vida digno, la incorporación de medidas concretas de ofertas de bienes públicos que posibiliten cubrir la demanda insatisfecha imperante a lo largo y ancho del país rural
* Investigador principal del Conicet. Miembro fundador del Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires.
La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera.
Por Alejandro Rofman *
La tradicional Pampa Húmeda, otrora ocupada por decenas de miles de chacareros que organizaban la actividad productiva destinada a la exportación de cereales, oleaginosas y carnes, ha cambiado agudamente de perfil. Ello ha tenido lugar en el último cuarto de siglo en un doble proceso. Por un lado, la emigración de las familias residentes en los predios hacia ciudades ha sido una constante en ese período. Diversos factores concurrieron a ello: el deseo familiar de una búsqueda de calidad de vida que no podía obtener en la residencia campestre, el deseo de las nuevas generaciones de integrarse a estudios secundarios y universitarios inaccesibles en las cercanías de las chacras y la profunda revolución tecnológica que limitó sensiblemente el aporte laboral en las tareas propias del chacarero y su familia. Por otro lado, las nuevas exigencias que supuso la introducción de cultivos altamente sofisticados en cuanto a su proceso productivo (siembra directa, fertilización del suelo, difusión de agroquímicos para combatir malezas y recolección) se impuso como estrategia específica, en particular en lo referente a la soja.
Este cultivo era inexistente hace un cuarto de siglo y ya cubre más de la mitad de la superficie sembrada anualmente en esa región. Requiere, para obtener el producto final, de la intervención de sistemas de producción, uso de maquinaria y selección de insumos que obliga al ingreso de otros tipos de agentes económicos en sustitución de la unidad familiar. El 70 por ciento de la tierra dedicada a la agricultura en la Pampa Húmeda es arrendada. En esa superficie el propietario es rentista o es productor que agrega tierra alquilada a la propia, pero ya no vive en la finca. Su otrora chacra diversificada se ha convertido en monoproductora de soja.
La pérdida del modelo diversificado, que dominaba la Pampa Húmeda, ha resultado en una agricultura sin agricultores y a la actividad respectiva en un proceso fuertemente orientado a la obtención de renta de la tierra o a la captación de renta financiera. La diversificación, como modelo apropiado para una agricultura con agricultores ha permanecido en las áreas bajo secano o bajo riego, en donde pequeñas o medianas explotaciones siguen alojando a la familia y la base productiva se constituye con formas variadas de producción. Sembrar algodón y tener parte de la finca dedicada a tubérculos (mandioca), aves, hortalizas o legumbres, reduce el riesgo productivo y posee la virtud de cultivar con métodos no degradantes de la calidad del suelo, sin agroquímicos y con resguardo frente a inconvenientes climáticos.
Este modelo, como ejemplo, se repite en otras áreas del país con pequeños productores familiares que cultiva tabaco, caña, frutas y especies exóticas. Complementan su actividad con productos agrícolas y pecuarios para su propio consumo. Esta virtud de la agricultura diversificada se verifica en estrategias productivas que reúne, en cada finca y en forma simultánea, actividades de origen agropecuario. Ello es posible dado que la unidad familiar, mediante un proceso de división del trabajo, puede dedicar parte de la fuerza laboral disponible a la tarea de producir bienes agrícolas para el mercado (generalmente los integrantes masculinos). Y el otro segmento laboral se dedica a la actividad generadora de alimentos para el autoconsumo (especialmente la fuerza laboral femenina). Si es necesario y faltan recursos para la subsistencia, aparece como opción la venta de fuerza de trabajo en tareas extraprediales con el objetivo de obtener ingresos monetarios adicionales.
En el actual panorama del sector agrario hay una experiencia válida como modelo productivo a futuro: el de los productores familiares, que en su mayoría han conservado el criterio saludable de cultivar en sus tierras una gama amplia de opciones productivas. Esta experiencia abarca a más de 200.000 productores familiares integrantes del segmento de propietarios u ocupantes de hecho que viven en fincas (cerca del 70 por ciento de los productores agrarios del país) y les sirven como sede física y productiva a la vez. Ello es habitual en los asentamientos productivos de las regiones extrapampeanas y su perfil debería constituir el modelo de una adecuada planificación del sector. Si tal es la opción que se escoge, los numerosos ocupantes de predios diversificados requerirían, para asegurar su permanencia y garantizar un nivel de calidad de vida digno, la incorporación de medidas concretas de ofertas de bienes públicos que posibiliten cubrir la demanda insatisfecha imperante a lo largo y ancho del país rural
* Investigador principal del Conicet. Miembro fundador del Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires.
La plata de los jubilados
Por Alfredo Zaiat
La presentación de proyectos legislativos para disponer el 82 por ciento móvil a los haberes previsionales ha reeditado la versión “la plata de los jubilados”. A esta altura, se ha convertido en la consigna más rendidora para políticos conservadores, progresistas y analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente”. La instalaron cuando se puso fin al desfinanciamiento del sistema previsional durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP (esa primera versión fue descripta en un artículo del 17 de mayo de 2009). Insistieron cuando se dispuso la universalización de la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados, iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población (segundo capítulo de la saga publicado el 8 de noviembre de 2009). Antes con el cierre de las AFJP y el manejo de las inversiones de la Anses, luego con la AUH, ahora reaparece la tercera versión con el debate por el 82 por ciento móvil. El concepto “la plata de los jubilados” que domina el espacio político mediático sólo contribuye a la confusión general. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Además de rústica, es tramposa esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines. Más aun cuando el sistema previsional fue desquiciado y el mercado laboral fragmentado durante décadas.
La cantidad de beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino era de 3,2 millones en 2003 y con una moratoria flexible se amplió a 5,6 millones en 2010. Se incluyeron 2,4 millones de nuevos beneficiarios elevando la cobertura previsional del 57 a casi el 90 por ciento de la población en edad jubilatoria. Resulta evidente que una elevada mayoría de esos beneficiarios –y no sólo los de la moratoria– está recibiendo un ingreso que no tiene relación con el monto y los años de aporte realizados. Del total de jubilados, el 40 por ciento es por moratoria, y la relación aportantes/beneficios ha descendido de 2,15 a 1,52. En esa instancia emerge una cuestión que no es expresada abiertamente pero que encierra una suerte de paradoja distributiva. Los pocos merecedores de elevadas jubilaciones por su historia previsional están recibiendo un haber más debajo que el posible al universalizarse el sistema. A la vez, esa ampliación de la cobertura ha sido un potente factor de redistribución de ingresos rescatando a decenas de miles de la intemperie previsional. ¿Cuál de las dos vías construye una sociedad con mayor justicia social admitiendo la existencia de la restricción presupuestaria? La segunda alternativa implica un haber medio, que si bien ha subido considerablemente en los últimos años (1157 pesos), se encuentra por debajo del que hubiera sido sin la moratoria. Hoy el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima en un proceso que ha achatado progresivamente la pirámide de ingresos previsional, dinámica que en forma leve empezó a revertirse con la movilidad automática que aplica ajustes dos veces por año. En el período marzo 2009-marzo 2010 el aumento acumulado fue de un notable 29,7 por ciento, porcentaje que invita a concurrir al archivo para confrontarlo con las estimaciones realizadas por legisladores que criticaban y aún lo siguen haciendo con elevada irritabilidad la fórmula de movilidad. Esos cálculos convierten a los economistas de la city en prudentes pronosticadores de fallidos.
El sistema previsional tiene más complejidades que la vulgar consigna “la plata de los jubilados”, resabio que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público, precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía, y detallar las fuentes de recursos. El monto mensual de fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. De ese total, sólo el 59 por ciento corresponde a aportes y contribuciones.
La reducción de las cargas patronales desde 1993 ha detraído recursos del sistema de seguridad social. El desfinanciamiento producido por la rebaja en esas contribuciones para recuperar competitividad debido al corset de la convertibilidad fue un error, el mismo que se aplicó en la década del ’80 durante la dictadura, cuando también se intentó por esa vía corregir el atraso del tipo de cambio real. Esa medida no impulsó el blanqueo de trabajadores, como argumentaban sus defensores, sino que aumentó el desempleo por la propia dinámica de una política cambiaria que provocaba destrucción del aparato productivo. La revisión de esa injusta transferencia de ingresos de los noventa requiere una evaluación rigurosa de su impacto económico-laboral. Ese análisis debería incluir su incidencia en los costos laborales, su eventual traslado a precios, la presión empresaria para una mayor devaluación y el efecto sobre la dinámica del empleo. La suba de aportes patronales forma parte de la necesaria tarea de reconstruir una estructura tributaria progresiva teniendo en cuenta que en los países desarrollados las cargas sociales constituyen uno de pilares de la recaudación. Para evitar confusiones, esa eventual medida debería ser abordada en función de esos parámetros y no como parte del debate sobre el 82 por ciento móvil de las jubilaciones. En la renovada discusión política sobre los haberes previsionales se sostiene que existen los fondos para cumplir con ese porcentaje por el abultado stock de activos que maneja la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esos activos son un patrimonio que el Estado rescató del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. Ese capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de ser una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso del crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación del sistema previsional por inversiones que generan mayor empleo y formalización laboral. Ese stock de activos del régimen jubilatorio de reparto debe estar en función de mejorar el flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura.
Resulta interesante avanzar en el análisis de la estructura previsional y si las cuentas permiten financiar aumentos de las jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” y destinar un poco más de energía para estudiar la solvencia intertemporal del actual régimen de reparto.
azaiat@pagina12.com.ar
La presentación de proyectos legislativos para disponer el 82 por ciento móvil a los haberes previsionales ha reeditado la versión “la plata de los jubilados”. A esta altura, se ha convertido en la consigna más rendidora para políticos conservadores, progresistas y analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente”. La instalaron cuando se puso fin al desfinanciamiento del sistema previsional durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP (esa primera versión fue descripta en un artículo del 17 de mayo de 2009). Insistieron cuando se dispuso la universalización de la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados, iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población (segundo capítulo de la saga publicado el 8 de noviembre de 2009). Antes con el cierre de las AFJP y el manejo de las inversiones de la Anses, luego con la AUH, ahora reaparece la tercera versión con el debate por el 82 por ciento móvil. El concepto “la plata de los jubilados” que domina el espacio político mediático sólo contribuye a la confusión general. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Además de rústica, es tramposa esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines. Más aun cuando el sistema previsional fue desquiciado y el mercado laboral fragmentado durante décadas.
La cantidad de beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino era de 3,2 millones en 2003 y con una moratoria flexible se amplió a 5,6 millones en 2010. Se incluyeron 2,4 millones de nuevos beneficiarios elevando la cobertura previsional del 57 a casi el 90 por ciento de la población en edad jubilatoria. Resulta evidente que una elevada mayoría de esos beneficiarios –y no sólo los de la moratoria– está recibiendo un ingreso que no tiene relación con el monto y los años de aporte realizados. Del total de jubilados, el 40 por ciento es por moratoria, y la relación aportantes/beneficios ha descendido de 2,15 a 1,52. En esa instancia emerge una cuestión que no es expresada abiertamente pero que encierra una suerte de paradoja distributiva. Los pocos merecedores de elevadas jubilaciones por su historia previsional están recibiendo un haber más debajo que el posible al universalizarse el sistema. A la vez, esa ampliación de la cobertura ha sido un potente factor de redistribución de ingresos rescatando a decenas de miles de la intemperie previsional. ¿Cuál de las dos vías construye una sociedad con mayor justicia social admitiendo la existencia de la restricción presupuestaria? La segunda alternativa implica un haber medio, que si bien ha subido considerablemente en los últimos años (1157 pesos), se encuentra por debajo del que hubiera sido sin la moratoria. Hoy el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima en un proceso que ha achatado progresivamente la pirámide de ingresos previsional, dinámica que en forma leve empezó a revertirse con la movilidad automática que aplica ajustes dos veces por año. En el período marzo 2009-marzo 2010 el aumento acumulado fue de un notable 29,7 por ciento, porcentaje que invita a concurrir al archivo para confrontarlo con las estimaciones realizadas por legisladores que criticaban y aún lo siguen haciendo con elevada irritabilidad la fórmula de movilidad. Esos cálculos convierten a los economistas de la city en prudentes pronosticadores de fallidos.
El sistema previsional tiene más complejidades que la vulgar consigna “la plata de los jubilados”, resabio que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público, precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía, y detallar las fuentes de recursos. El monto mensual de fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. De ese total, sólo el 59 por ciento corresponde a aportes y contribuciones.
La reducción de las cargas patronales desde 1993 ha detraído recursos del sistema de seguridad social. El desfinanciamiento producido por la rebaja en esas contribuciones para recuperar competitividad debido al corset de la convertibilidad fue un error, el mismo que se aplicó en la década del ’80 durante la dictadura, cuando también se intentó por esa vía corregir el atraso del tipo de cambio real. Esa medida no impulsó el blanqueo de trabajadores, como argumentaban sus defensores, sino que aumentó el desempleo por la propia dinámica de una política cambiaria que provocaba destrucción del aparato productivo. La revisión de esa injusta transferencia de ingresos de los noventa requiere una evaluación rigurosa de su impacto económico-laboral. Ese análisis debería incluir su incidencia en los costos laborales, su eventual traslado a precios, la presión empresaria para una mayor devaluación y el efecto sobre la dinámica del empleo. La suba de aportes patronales forma parte de la necesaria tarea de reconstruir una estructura tributaria progresiva teniendo en cuenta que en los países desarrollados las cargas sociales constituyen uno de pilares de la recaudación. Para evitar confusiones, esa eventual medida debería ser abordada en función de esos parámetros y no como parte del debate sobre el 82 por ciento móvil de las jubilaciones. En la renovada discusión política sobre los haberes previsionales se sostiene que existen los fondos para cumplir con ese porcentaje por el abultado stock de activos que maneja la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esos activos son un patrimonio que el Estado rescató del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. Ese capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de ser una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso del crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación del sistema previsional por inversiones que generan mayor empleo y formalización laboral. Ese stock de activos del régimen jubilatorio de reparto debe estar en función de mejorar el flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura.
Resulta interesante avanzar en el análisis de la estructura previsional y si las cuentas permiten financiar aumentos de las jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” y destinar un poco más de energía para estudiar la solvencia intertemporal del actual régimen de reparto.
azaiat@pagina12.com.ar
82 por ciento móvil
Por Alfredo Zaiat
El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.
Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.
Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.
De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.
En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.
Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.
Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.
Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.
Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.
azaiat@pagina12.com.ar
El 17 de octubre de 1958, en el gobierno de Arturo Frondizi, se publicó en el Boletín Oficial la ley 14.499 de apenas 22 artículos. El segundo de esa norma estableció que “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82 por ciento móvil, de la remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de serle otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado”. Este régimen estuvo en vigencia apenas 5 años de una historia previsional de por lo menos 106, que tuvo su inicio institucional en 1904 con la ley 4349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos. Luego el sistema se amplió con los ferroviarios en 1915 y desde entonces se fueron sumando otras actividades hasta su generalización y estatización durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión y después en su primera presidencia.
Ese 82 por ciento móvil para las jubilaciones y el 75 para los pensionados se convirtieron en un reclamo histórico de fuerzas políticas del progresismo, de la izquierda y de organizaciones sociales vinculadas a la clase pasiva. Ese pedido ha actuado como interpelación a diferentes gobiernos democráticos que dispusieron la emergencia previsional, el congelamiento del haber por más de diez años, la disminución de las contribuciones patronales, el pago de sentencias judiciales con bonos de vencimiento a diez años o directamente la reducción nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. Era una forma de expresar la exigencia de mejoras en los haberes y el repudio a decisiones políticas que implicaban violentar el derecho de los jubilados a tener un ingreso digno.
Los proyectos presentados en el Congreso y aprobados en comisión por diversas corrientes de la oposición, con nulo debate entre legisladores y exclusión de la opinión de funcionarios y especialistas en la materia, tienen esa impronta de bandera política, como también una burla al debate democrático tantas veces reclamado. El columnista político de este diario Mario Wainfeld explicó con sagacidad en la edición del jueves pasado que la oposición se indigna por la eventualidad de una vetocracia mientras genera las condiciones para incitarla. “A eso huele la implantación del 82 por ciento móvil, impulsada por partidos que gobernaron el país largos años y jamás se plantearon algo semejante”, sentenció. Pero a diferencia de la situación de décadas pasadas, cuando la demanda del 82 por ciento móvil era para protestar por la marginación de la clase pasiva, la administración kircherista no se encuentra en desventaja en términos de gestión en relación a ese tema. A su favor cuenta el de haber puesto fin al escandaloso negocio financiero de las AFJP con el aporte previsional de los trabajadores; haber dispuesto sucesivos aumentos de las jubilación mínima hasta acumular un alza del 497 por ciento desde 2003; haber impulsado la movilidad automática dos veces al año independientemente de los gobiernos de turno; y el de haber ampliado la cobertura previsional del 57 al 90 por ciento, incorporando 2,4 millones de nuevos jubilados con una moratoria flexible.
De todos modos, resulta legítima la disputa política alrededor del 82 por ciento móvil y cada sector recibirá apoyos o rechazos según la percepción social sobre intenciones y posibilidades en el sensible tema jubilatorio. El ilusorio salariazo de Carlos Menem en la campaña electoral del ‘89 es un oportuno antecedente para evaluar la responsabilidad política sobre iniciativas que generan expectativas en grupos vulnerables que posteriormente se frustran.
En ese campo de la política, delimitado los intereses en pugna, aparece la cuestión del financiamiento. Expertos previsionales de tendencias diversas explican que el 82 por ciento móvil para todas las jubilaciones no es un régimen sustentable más allá de que se pueda cumplir durante algunos pocos años. En forma acotada, como se plantea en uno de esos proyectos al vincularlo al salario mínimo vital y móvil, incorporaría otro factor de indexación, que requeriría una evaluación rigurosa sobre sus efectos en la economía y no sólo considerar la posibilidad de obtener fondos adicionales con el alza de las contribuciones patronales. Además, se relacionaría el haber mínimo con un salario piso para la discusión de paritarias, sin correspondencia con el esquema de financiamiento del régimen previsional. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo estimaron que el valor de la jubilación mínima debería ser calculado en base al piso mínimo de la pobreza para las personas en edad pasiva, lo que requiere de un adecuado cálculo, descartando el que se define en términos generales. Las asignaciones monetarias indirectas (por caso, beneficios sociales del PAMI) y una canasta de bienes más complejas (mayor gasto en medicamentos) exigen una estimación particular. Goldberg y Lo Vuolo señalan, además, que el beneficio es individual, por lo que una pareja en edad de jubilarse gozaría de dos haberes, constituyendo un hogar con un panorama un poco más desahogado.
Tanto en países desarrollados como en los periféricos los sistemas previsionales se encuentran bajo proceso de revisión. Varios son los motivos que explican esa situación, entre ellos, el envejecimiento poblacional y la inestabilidad laboral. El desempleo, la informalidad y la flexibilidad laboral ponen bajo tensión al sistema jubilatorio. Cuando se desarrollaron los esquemas previsionales las economías registraban elevados niveles de empleo, con la característica de una gran estabilidad lo que otorgaba cierta previsibilidad al financiamiento del sistema y a los haberes. La relación aportante/beneficiario era muy favorable para contabilizar superávit en las cuentas de ese régimen. Ese saldo positivo se fue deteriorando por la evolución descripta del mercado laboral y de la estructura poblacional.
Este problema del financiamiento del sistema previsional, o sea su solvencia intertemporal, se ha estudiado en profundidad. Ignorarlo o confundir stock (fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses) y flujo (aportes previsionales de los trabajadores) sólo (des)califica a los autores de proyectos y sus adherentes que pretenden ganarse la simpatía de los jubilados con una estrategia política poco decorosa. En esta instancia, develado el objetivo político y expuesto el problema estructural de financiamiento, resulta interesante abordar el concepto previsional que implica el 82 por ciento móvil, porcentaje tan apreciado por fuerzas políticas enroladas en la defensa de los intereses de los sectores más frágiles. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo se atreven a cuestionarlo, proponiendo un sistema superador que seguramente provocaría la resistencia de muchos. En el libro Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación plantean que “la reforma de cualquier sistema de previsión social no debe entenderse sólo como la búsqueda de un modo más eficiente de relacionar la institución con el bienestar de las personas. Debe entenderse también, y fundamentalmente, como parte de una estrategia que busca modificar la articulación entre el sistema de previsión social y los procesos de acumulación de recursos económicos y políticos”. Esa estrategia en el orden económico “es para modificar el patrón distributivo y los procesos de reproducción del capital”. Y en el orden político es “para impactar en la definición de ciudadanía”. En base a esos contundentes objetivos, sostienen que “la prioridad de un nuevo sistema de previsión social para la Argentina debería ser el pago de un beneficio universal e incondicional al que tengan derecho todas las personas que alcancen una determinada edad, independientemente de sus registros contributivos”.
Este provocador criterio de una jubilación básica igual para todos recibiría seguramente una fuerte resistencia porque en la sociedad está arraigada la idea de recibir en función a lo que se ha aportado. En ese punto, emerge el concepto del 82 por ciento móvil que Goldberg y Lo Vuolo observan, sin mencionar ese porcentaje, al señalar que “un modelo totalmente contributivo donde los beneficios se vinculan estrechamente con los ingresos de las personas, el patrón de distribución en la pasividad es más regresivo que la distribución antes del retiro”. Explican que “esto se debe a que este tipo de diseño previsional combina la reproducción de la desigualdad en la distribución de ingresos existentes con el efecto de la cobertura (previsional) incompleta”. En base a esa línea argumental se concluye que la tradicional demanda del 82 por ciento móvil para las jubilaciones se traduce en la convalidación de una regresiva pauta distributiva de los ingresos.
Décadas de postergación de la clase pasiva establecieron que aún persisten asignaturas pendientes en relación al monto del haber mínimo, que hoy alcanza al 50,6 por ciento del salario medio. Continuar con la política de aumentar esa suma, acelerar el pago de las sentencias judiciales por actualización y apurar una definición política para cumplir el fallo Badaro, entre otras, se presentan como parte de esa agenda. El necesario proceso de seguir mejorando las condiciones de vida de los jubilados transita por una carril diferente al de la especulación política mediática sobre el 82 por ciento móvil.
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