Los desequilibrios de las Bolsas tienen mucho que ver con el software de los “grandes jugadores”.

Eduardo Anguita El español Juan Hernández Vigueras acaba de publicar El casino que gobierna el mundo, un texto sin desperdicios, donde el autor desmenuza cómo las empresas que cotizan en Bolsa siguen pagando dividendos a sus accionistas al tiempo que los estados europeos estatizan las deudas privadas vía los increíbles apoyos financieros a los bancos privados. Pero el problema no sólo es el descaro de convertir a los gobiernos en apéndices de la banca internacional. Además, los operadores financieros han desarrollado programas informáticos (software) de un nivel de sofisticación que les permite aprovecharse de la ingenuidad de los simples ahorristas y de los frágiles controles públicos. En el primer capítulo, Hernández Vigueras explica cómo, en cuatro segundos, las computadoras de los grandes inversores pueden invertir 1000 millones de euros en un menú de opciones que incluyen cientos de ciudades. Surge de la confesión de Jérôme Kerviel, un agente bursátil del Societé Général condenado por un tribunal parisino. Kerveil no tuvo la fama de Gordon Gekko, porque lejos de ser un actor de Hollywood contó que la realidad es peor que la ficción y que los desequilibrios de las Bolsas tienen mucho que ver con el software de los “grandes jugadores” capaces de inyectar cifras impresionantes que conmueven los precios y luego permiten a los operadores recomprar barato lo que habían vendido caro. Entre otras tantas cosas. En la Argentina hubo mucho de esto, y no sólo en los años (mal)llamados de valorización financiera del capital. Un caso, recientemente explicado por Cristina Fernández de Kirchner fue el de la salida bursátil de Clarín en 2007. Casualidad o no, el Grupo Goldman Sachs había comprado en 1999 el 18% del capital accionario del grupo dirigido por Héctor Magnetto. Como nota al margen, cuando Eduardo Duhalde recibió de manos del Congreso Nacional (por precisas sugerencias de Magnetto) el (mal)llamado Sillón de Rivadavia, tuvo como primera ley una que en los pasillos parlamentarios se mentaba como "Ley Clarín" y era el salvataje del grupo, superendeudado y con varios buitres –tanto como los de Goldman Sachs y Clarín– queriendo quedarse con los medios del grupo. La ley salió finalmente y se la conoció como Ley de Defensa de Bienes Culturales. Tuvo el detalle de cuidar a los “capitales argentinos” de los medios. Y como Clarín tenía que evitar que lo consideraran foráneo por tener un socio (norte)americano, se puso un permiso: hasta el 30% de esas empresas nacionales podían estar en manos extranjeras. Un traje a medida. Era el tiempo en que Clarín promovía el juego del truco. Bien criollo. Pero, claro, donde lo que vale es la mentira. No se sabrá si la culpa le brotaba a Magnetto desde el inconsciente o era una manera de burlarse socarronamente de todos los argentinos: vean, señores, el único que sabe jugar al truco soy yo. Pues bien, años después, cuando Clarín salía a cotizar simultáneamente en las Bolsas de Buenos Aires y Londres realizó una movida que le habría permitido hacerse de unos cuantos millones de dólares. La maniobra era simple: salieron con un precio inflado de las acciones que fueron compradas –a precio elevado– por varias AFJP. Hay que recordar que los fondos de jubilación privados todavía no habían sido estatizados. La administración de esa porción de los aportes de los trabajadores era manejada en base al más puro criterio especulativo. Las AFJP compraron acciones sobrevaluadas con la plata de los jubilados. ¿Por qué? Sencillamente porque Clarín les garantizaba un cierto silencio sobre el desmadre que hacían con fondos de la seguridad social. No es casual que Clarín se la agarre con la ANSES, en cuya página web están aclaradas las inversiones, y haya sido el impulsor de una maniobra donde los aportes jubilatorios se timbearon para terminar en manos nada menos que de Clarín. Algunos aliados o integrantes del Frente para la Victoria prefieren surfear o esquivar estos asuntos. El caso más notorio es el del gobernador Daniel Scioli, quien prefiere mantener el buen trato con los directivos de ese grupo porque confía en que muchos de sus lectores o televidentes lo acompañan. El tema es que la provincia de Buenos Aires, como tal, es la mayor beneficiaria de los programas sociales que se financian con fondos de la ANSES, que existen, precisamente, por la estatización de las AFJP. Una cosa es no cultivar un estilo confrontativo y otra distinta es pretender beneficiarse de dos sectores en pugna. En pugna por cuestiones ideológicas de fondo que merecen un debate serio sobre lo que ahora da en llamarse capitalismo casino. Unos pocos jugadores de peso. Jamás los países europeos que componen la zona euro y los Estados Unidos hubieran llegado a semejante capitalismo casino sin la intoxicación previa de los medios de comunicación sobre los lectores y televidentes. En efecto, desde hace dos décadas las grandes cadenas de comunicación, no sólo fueron un sostén indispensable del relanzamiento intelectual del neoliberalismo, sino que, además, pusieron en un lugar de privilegio a la información bursátil. La naturalización de que los ahorristas debían guiarse por las páginas de economía y finanzas de los diarios de mayor tirada o los canales de más audiencia iba acompañada de los cambios accionarios de los medios. Es decir, a la existencia de un puñado de medios que iban coartando y desvirtuando la libertad de expresión, se sumó la captura de los medios especializados en finanzas en manos de esas empresas. Algunos casos son más o menos conocidos, pero vale la pena refrescarlos. Rupert Murdoch, accionista mayoritario y presidente de News Corporation tiene tres pasaportes –australiano por nacimiento, inglés por adopción y estadounidense por millonario– y medios en todo el mundo. Expandió su imperio con la compra de la mayoría del grupo Dow Jones y en consecuencia tiene el control de las ediciones de The Wall Street Journal en diversos centros financieros del mundo, además del famoso índice Dow Jones, que es casi un libro sagrado para los inversionistas y agentes financieros. Murdoch entró en Dow Jones poniendo mucha plata en 2007. Da la casualidad que al año siguiente explotaba la crisis (mal)llamada de la burbuja inmobiliaria. Claro, lo que había detrás de eso fue un cambio profundo en el modo de dominación mundial. El historiador británico que vive en Nueva York, Eric Hobsbawm, lo dijo con todas las letras dos años antes de que Murdoch se hiciera del Dow Jones, en su libro El nuevo imperialismo. Lo resumió el autor en un artículo publicado en el diario inglés The Guardian el 25 de junio de 2005 y que no tiene desperdicio para quien quiera entender el matrimonio entre el Tea Party y los fondos de inversión. Empieza así: “La actual megalomanía de los Estados Unidos tiene raíces en las certezas de los puritanos de la época de la Colonia. Hay tres lazos de continuidad en el intento de supremacía mundial que emergió en 2001. La primera es que terminó su posición dominante en relación con sus aliados durante la Guerra Fría. Esa hegemonía no es tal dada la endeble economía de ese país. Ya no es el gigante de las manufacturas: la industrialización se mudó al este asiático. Dejó de ser un exportador neto de capitales o de ser el país cuyas compañías privadas se establecían en otros países. Su Estado dejó de tener la fortaleza financiera que tuvo en otros años y ostenta un impresionante déficit fiscal. Sólo su enorme poderío tecnológico-militar está más allá de todo desafío: Estados Unidos es el único poder capaz de una intervención militar rápida y efectiva en cualquier lugar del mundo.” El segundo es que “siempre prefiere estados satélites o protectorados que colonias formales”. El tercero es “la certeza que tienen los neoconservadores actuales, tal como la tuvieron los puritanos que liberaron las colonias, de ser instrumentos de Dios en la Tierra: la expansión de la revolución estadounidense es una misión. Washington siempre debe descubrir un enemigo externo que representa una amenaza mortal para el estilo americano de vida. El fin de la Unión Soviética removió al candidato ideal, pero en los años noventa descubrieron un choque entre Occidente y aquellas culturas que se negaron a aceptarlo: especialmente el Islam. Fue entonces que el potencial de Al Qaeda fue detectado y explotado por Estados Unidos”. Al final, el gran historiador advierte: “Esta política puede tener sentido en cuanto a cálculos electorales o a otras cuestiones domésticas, pero representa un síntoma de una crisis más profunda dentro de la sociedad norteamericana. Representa el poder alcanzado por un grupo doctrinario con pretensiones revolucionarias. Es razonable pensar que este proyecto va a fracasar, pero de momento hace que cualquier parte del mundo sea un blanco de invasión norteamericana y un muy inseguro lugar para el resto de los habitantes del planeta.” No sólo es Murdoch. La agencia Reuters, una de las más prestigiosas del mundo, tiene el 90% de sus ingresos en base a clientes corporativos y no a información periodística. El alcalde de Nueva York desde hace diez años es Michael Bloomberg, fundador de la agencia de noticias financieras homónima. Bloomberg fue demócrata y republicano pero ahora es independiente y los habitantes de la Gran Manzana, lo mismo, le dan su voto. Para un estudio antropológico serio es casi increíble que haya desplazado en popularidad al durísimo de los duros Rudolph Giuliani, que había ganado la campaña electoral en 1993 prometiendo castigo a los corruptos y a los traficantes de droga. Usaba los trajes de Eliot Ness, el gran perseguidor de contrabandistas de la ley seca. De nada le sirvió a Giuliani el miedo imperante después de los atentados a las Torres Gemelas. Los neoyorquinos prefirieron al hombre que les daba la información útil para invertir sus ahorros y ganar plata “sin trabajar”, casi el contrasentido del espíritu laborioso de los puritanos fundacionales. Muchos de los lectores se guiaron por los consejos de la televisión y los diarios para comprar acciones o para meterse de cabeza en las hipotecas de casas o departamentos sobrevaluados. Claro, después los políticos de los países europeos y de los Estados Unidos dicen ser rehenes de un capitalismo popular de mercado, cuando en realidad ellos fueron socios de la liberalización del sector financiero que convirtió en un casino aquello llamado mercado.

La batalla de la palabra

ALEJANDRO ROBBA, ECONOMISTA DE “LA GRAN MAKRO”, “Se roban la plata de los jubilados” o “el dólar está barato”, son algunas de las “zonceras” que desbarata esta agrupación técnico política que recorre barrios. Cuántas veces se escuchó decir que la Argentina crecía por el viento de cola. Ahora, en plena crisis internacional, algunos dicen que hoy el país no crece porque hace todo mal y la economía internacional no afecta en nada. Lo mismo pasa con el dólar: algunos dicen que está barato y hay que subirlo y otros aseguran que no es conveniente. Cada vez hay una mayor necesidad de abrir el debate y entender un poco más de qué se trata la economía o cómo son los lineamientos de este modelo. Por eso en 2011 un grupo de economistas que ocupaban cargos en el Gobierno decidieron salir a dar la batalla, desde la palabra, en los barrios, en las universidades y donde sea necesario. Hoy son un total de 20 profesionales con convicciones, economistas, politólogos, abogados que se bautizaron “La Gran Makro” y que recorren las calles explicando cómo es este modelo nacional y popular. Alejandro Robba, economista, ex subsecretario de Coordinación Económica, explica las claves del modelo. En los últimos meses la gran pregunta fue por qué se limita la compra de dólares, Robba da su versión: “La gran batalla es que el dólar no sea sólo una moneda de intercambio, sino de reserva de valor y hace casi medio siglo que no se hablaba de eso. Todo empezó el año pasado con el golpe de mercado que el sistema financiero quiso darle a la Presidenta, una vez que ganó las elecciones. Hay que recordar que todos los golpes de mercado en la Argentina se dieron a partir de que las reservas del Banco Central se achicaban”. Y continúa: “Cuando la Argentina crece, importa, porque es muy dependiente de insumos y bienes de capital importados. Cuando importás y exportás menos se te estrangula la balanza comercial. Si hay menos dólares no se va a poder seguir importando. Entonces hay que devaluar, se cae el salario real porque aumentan los precios y se entra en una recesión. Por eso el Gobierno, en un ciclo recesivo internacional, dice yo me cuido en salud, por eso protege la industria sustituyendo importaciones”. Otra pregunta recurrente es ¿a qué precio debería estar el dólar? Y Alejandro Robba, como buen traductor del modelo, asegura: “Hoy el precio de 5 pesos es razonable. Una devaluación profunda sólo haría que baje el salario real y se beneficiarían sólo los que están posicionados en dólares, ya que por la crisis internacional una devaluación no haría que se vendan más nuestros productos. Tanto el dólar como las tasas de interés son precios políticos que fija el Gobierno. Los que quieren llevar el dólar a 6 o 7 pesos quieren que se beneficien sólo los bancos y los exportadores agropecuarios. Por eso cuando un economista habla, es necesario saber desde qué lugar habla. Yo lo hago desde el modelo nacional y popular”. Hasta el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo en su última visita al país que “todos los gobiernos necesitan tener una agencia de estadísticas independiente”. El creciente desprestigio del Indec plantea cómo seguir en el futuro: “En 2007, debido a sospechas de que en el Indec se realizaban mal las mediciones del IPC para beneficiar al sistema financiero, se cambia la metodología del IPC GBA. Esa metodología ahora es puesta en duda por consultoras muchas veces ‘amigas’ del sistema financiero que empezaron a dar índices sin tener ni la metodología ni el personal para hacer las encuestas. El IPC GBA es un índice de una zona del país, no mide la inflación y aún antes del 2007 todo el mundo decía que el IPC no era la inflación que se percibía. Por otro lado, hay otros índices provinciales cuyas metodologías están completamente desactualizadas. Este debate se saldará el año que viene cuando salga el índice nacional que medirá todo el territorio-país”, asegura el economista de “La Gran Makro”. Mucho se habla de “la plata de los jubilados” y del saqueo a los fondos de la ANSeS. ¿Cuál es la explicación de ese relato, ya convertido en mito? “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) son los fondos de las AFJP que se traspasaron al sistema actual de reparto. Está compuesto por diversos tipos de activos financieros: títulos públicos, acciones de sociedades anónimas (por eso ANSeS tiene directores en esas empresas), tenencias de plazos fijos, etc. En diciembre de 2008 estaba valuado en 98.000 millones de pesos; actualmente asciende a unos 210.000 millones de pesos”, puntualiza el economista. Y da más detalles: “El FGS prioriza las inversiones en infraestructura y en otros sectores de la economía real que, además de generar ganancias financieras para el Fondo, promueven el crecimiento económico y aumentan el empleo formal. Este proceso genera un círculo virtuoso porque incrementa las contribuciones a la seguridad social y el pago de impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles) que sirven para pagar las jubilaciones. El saldo (contribuciones e impuestos-pago jubilaciones) es girado al FGS. Por lo tanto, las jubilaciones se pagan con lo recaudado mes a mes por el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA): 58% por aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y 42% vía impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles). El FGS puede aportar fondos adicionales si lo requiere la ANSeS, por alguna causa justificada”. Cuando escucha hablar de la plata de los jubilados, a Robba se le ponen los pelos de punta y aclara: “El Fondo no es un stock (mal llamado plata de los jubilados) que no debe usarse para así pagar jubilaciones o los juicios, sino que debe ser invertido y acrecentado para promover el crecimiento económico y así se pagarán mejores jubilaciones. En la actualidad, se ajustan dos veces al año”. En un ping pong de temas, la tasa de inversión en la Argentina no podía faltar, ante los reiterados dichos de “la falta de seguridad jurídica que aleja a los inversores”. Como si se tratara de una zoncera, de esas que hablaba el pensador Arturo Jauretche, Alejandro Robba aclara una vez más el tema: “La tasa de inversión de la década del ’90, donde tenías problemas de mercado, desempleo alto, sin reclamos de aumentos de salarios, era del 18 por ciento. Y ahora, con un gobierno que ‘no respeta la seguridad jurídica’, es de 24 por ciento. La inversión se produce cuando hay mercado, no cuando hay clima de negocios, y este gobierno asegura mercado”. La suba del mínimo no imponible es uno de los reclamos que más se ha escuchado en los últimos meses. ¿Por qué no se sube? Desde “La Gran Makro” tienen explicación para todo: “Se subió todos los años, esta vez yo sería muy cauteloso porque tengo una crisis internacional que me afecta la recaudación. Prefiero que el Estado recaude y pueda financiar a aquellos que están mucho peor que un empleado de cuarta categoría. La Presidenta lo dijo: ‘queremos un fifty-fifty dentro de la clase trabajadora’. No obstante, habría que abrir la discusión sobre cuál debería ser el piso a partir del cual empezar a tributar, cómo hacer más progresivo el escalonamiento de las alícuotas y revisar excepciones”. Dentro de la misma lectura, a tono con la sintonía fina, habría que poner la lupa en sectores que no tributan lo debido. Robba dice: “Tal vez llegó la hora de avanzar en una reforma fiscal que grave ciertas rentas hoy no alcanzadas, como la financiera o la minera”. El Gobierno aún tiene asignaciones pendientes: “Modificar sustancialmente la estructura productiva y profundizar la industrialización; bajar las disparidades regionales; bajar el trabajo informal; alcanzar una mayor homogeneidad de los niveles salariales y alcanzar una reforma tributaria más progresiva y más contracíclica”, concluye Robba. En barrios y universidades, para estos militantes del modelo, su lema es “saber para defender”.

Argentina: una identidad estratégica sur

Por Juan Recce* Por su privilegiada posición geopolítica y por su agenda de oportunidades futuras Argentina se re-define nítidamente frente al mundo como un país Austral, Suramericano y Emergente. Este trípode, es una clave que viene no sólo para orientarnos, sino también a definirnos como sociedad y como actor estratégico en el nuevo contexto global. Una clara identidad estratégica nacional sienta posición, abre espacio y define cómo y qué esperar del otro. Adquiere carácter estructural y está llamada a transcender a las sucesivas administraciones del poder ejecutivo nacional. El sur es más que un mero espacio geográfico, es una idea que re-otorga significado al espacio y al modo en que las relaciones se generan. Cuando hablamos de sur, nos referimos a tres ámbitos de relaciones estratégicas para Argentina del futuro:el sur regional, con UNASUR como horizonte -Argentina Suramericana-; el sur global, conocido también como relaciones “sur-sur” -Argentina Emergente-; y el sur austral, donde la agenda antártica nos permite entender con otros ojos la cuestión Malvinas y sus connotaciones globales futuras -Argentina Austral-. Argentina Suramericana Para Argentina, Suramérica es un proyecto de poder, por cuanto representa una oportunidad real de ser un co-condicionador de su entorno estratégico, es decir, un líder, pero un líder junto a Brasil. Argentina, tiene de cara a esta asociación, el mandato histórico regional de ayudar a Brasil a moldear su liderazgo, un liderazgo suramericano pero a la medida de Suramérica. La clave de una Suramérica fuerte e integrada es el endoconsumo local y la división regional del trabajo. Los suramericanos consumiendo los bienes que produce Suramérica, integrando sus mercados y con ellos sus destinos. Suramérica, pero muy especialmente el núcleo Argentina-Brasil, transita esta aventura con la certeza de que nuestro destino colectivo promete réditos sociales y estratégicos muy superiores a los costos impuestos por coyunturas comerciales y productivas. Argentina Emergente Brasil y Argentina juegan un rol insustituible en el debate político del G20, por el tándem que han logrado desempeñar como interlocutores de las distintas escalas del mundo emergente. Cada uno, por sus particularidades económicas, productivas, geográficas y demográficas, deviene, respectivamente, en interlocutores de síntesis entre los grandes y los medianos emergentes. Brasil es un BRIC, y su liga es la de los grandes, aquellos que tienen vocación de “grandes potencias”. Argentina es un emergente mediano, y su liga es la de los países con vocación de “potencias medias”. Debemos seguir jugando fuerte en el mundo emergente para terminar de dibujar el borrador de un prometedor grupo VISTA (Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía y Argentina) que se constituya en el segundo anillo de construcción política y emergente de los BRIC. El gran desafío abierto respecto de las relaciones sur-sur es la vinculación con los países emergentes de mediano porte. Estos países con vocación de potencias medias tal vez sean el espejo en el que la política exterior argentina deba mirarse en el futuro a la hora de interpretar que rol jugar de cara al poder asimétrico que los BRIC (40% de la población mundial y casi el 25% del PIB mundial) pueden ejercer en sus áreas de influencia. Por nuestras particulares condiciones económico-productivas y nuestras peculiaridades geográficas y demográficas, los VISTA podríamos desempeñar un rol muy específico como interlocutores de síntesis de un amplio espectro de países en vías de desarrollo, que ni los BRIC ni países con niveles de desarrollo relativo menor pueden desempeñar. El grupo VISTA tiene futuro. Imaginémoslo un segundo nomás. Asia y Suramérica están llamados a moldear juntos el mundo post-europeo y post-occidental que está en gestación. Argentina Austral Pensar una Argentina Potencia Media, es decir, país habitado por una clase media popular próspera y económicamente autosustentable, es un sueño inseparable de la cuestión Malvinas y la cuestión Antártica. La crisis en la matriz hidrocarburífera global, la incertidumbre frente al cambio climático, el agotamiento de las reservas de mineras estratégicas y el boom de la biodiversidad marina aplicada a la industria farmacéutica han resignificado la cuestión Malvinas y la cuestión Antártica constituyéndolas en un único tema estratégico para planificar el futuro de la sustentabilidad económica y productiva de nuestro país, de la región y del mundo. Nuestra economía real del futuro, no la inmediata, sino la de los próximos 30, 40 y 50 años, está intrínsecamente vinculada a nuestra identidad sur. Nuestra profundidad estratégico-territorial en el sistema Antártida-Malvinas tiene que estar asociado a nuestro desarrollo antes que al incremento de nuestro poder relativo militar. Por ello, nuestra avanzada en Malvinas debe ser el CONICET. A diferencia de 1982, la batalla se da en el campo del conocimiento y la carrera no es armamentista sino científica. Siempre ha sido así, al menos desde la modernidad. Este es el momento de repensar donde concentrar la energía de nuestro poder social constructor forjando nuevos criterios de pragmatismo socialmente comprometido para nuestra política exterior de cara al futuro próximo. *Juan es Director Ejecutivo y Miembro Fundador del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Director de la Iniciativa Pueblos por Malvinas. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Magíster en Defensa Nacional (EDENA). Profesor graduado en Filosofía (UCA) y Lic. en Relaciones Internacionales (UAK). Autor del libro “Poder Plástico”, IPN, Bs. As, 2010. Docente en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las FFAA, en el Máster de Inteligencia Estratégica de la UNLP y en el Instituto de Inteligencia de las FFAA.

Hacia una justicia social sustentable

Venezuela suma, y mucho. La incorporación de Venezuela como quinto miembro pleno del Mercosur constituye un patrimonio político y material clave para pensar nuestro futuro estratégico como región, con los ojos puestos en las próximas generaciones. Por: Juan Recce

La coyuntura global nos impulsa y el ambiente generado por los procesos políticos de la región auspicia el marco de garantías políticas necesarias para iniciar este camino juntos. Pero la meta está lejos, porque el desarrollo es un viaje largo. De eso se trata, de desarrollo y prosperidad para todos. Venezuela (no sólo como proceso político situado e histórico, sino fundamentalmente como realidad estratégica) deviene en un aliado crítico para pensar el mayor desafío que tenemos por delante: la construcción de una "justicia social sustentable", es decir, una justicia social posible para nuestras próximas generaciones. Juntos, planificando, trabajando y sorteando coyunturas críticas (arancel externo común, barreras paraarancelarias, ciclos productivos) pero al mismo tiempo poniendo pilares sólidos de un proyecto regional colectivo con vocación de poder y transformación transgeneracional. Venezuela suma a nuestra independencia económica, puesto que amplia nuestro patrimonio colectivo de economía real. El Mercosur deviene indiscutiblemente en un potencia energética global petrolera, gasífera e hidroeléctrica; y en un potencia alimentaria con capacidad de proveer alimentos a gran parte del mundo emergente. Suma al crecimiento del consumo mercosureño de los bienes del Mercosur, porque la clave del crecimiento está también en el endocosumo en el nuevo mercado regional ampliado de 270 millones de personas. Integrarse es difícil, sobre todo cuando las asimetrías entre los Estados y al interior de estos es el punto de partida, pero los beneficios prometen réditos muy superiores a los esfuerzos compartidos que tengamos por delante. Venezuela suma a nuestra soberanía política, por Chávez, y más allá de Chávez. Con Venezuela, el Mercosur conforma un sistema geopolítico con formidables potencialidades. El nuevo Mercosur cierra el frente Atlántico de América del Sur, consolidando un único universo de oportunidades estratégicas. El Atlántico Sur para los suramericanos y para los africanos. Así de mucho han cambiado los tiempos. Venezuela suma, porque el nuevo Mercosur integra en un único proyecto tres de los sistemas de cuencas hidrográficas más importantes del mundo: el Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata dentro de un mismo bloque estratégico. Una oportunidad histórica para la conformación de un proyecto colectivo con peso global. Venezuela suma porque aporta un nuevo eje vertebrador al continente, Maracaibo - Tierra del Fuego, que fortalece la identidad estratégica de nuestro país, un jugador Austral, Sudamericano y Emergente, en un espacio colectivo de poder ampliado. Pensemos un segundo, el auspicioso futuro que constituye este nuevo Mercosur y su aporte para pensar, planificar y hacer la prosperidad colectiva necesaria para una justicia social sustentable, es decir, para los que vienen después.

Altibajos en la industria Protección, mercado interno y crisis global.

Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y economista de la GEENaP Como en el anterior coletazo de la crisis económica internacional de 2008/2009, el reciente deterioro global, con centro en la periferia europea, resintió la actividad de la industria nacional. La producción registró, en mayo pasado, la mayor caída interanual (-4,6%) de 2012, según el INDEC. No obstante, la actividad de ese mes fue 3,9% más alta que la de mayo de 2010. Además de la contracción a nivel general, las principales características de la etapa actual son: diversidad de comportamiento entre las distintas ramas industriales, reducción de la rentabilidad y mayor dependencia de ventas en el mercado interno, generadas por un reanimado proceso de sustitución de importaciones. Las ramas industriales con una parte significativa de su demanda destinada a Brasil –fundamentalmente, la automotriz–, en general, padecen el estancamiento de su economía. La industria brasileña se había frenado en 2011 y, en el primer cuatrimestre de 2012, redujo 3% su actividad. Un segundo factor explicativo del declive industrial en la Argentina tiene que ver con que, tras el primer impacto de la crisis internacional, la fuerte reactivación sectorial se había ido moderando hacia finales de 2011 por compararse con la alta base de actividad de 2010 y por los aumentos de costos –salariales y energéticos, principalmente– superiores a la depreciación nominal del peso. El escenario se agravó en el primer semestre de 2012 debido al fortalecimiento internacional del dólar respecto a las monedas de nuestros principales socios comerciales. No obstante, por el momento, tanto la depreciación de las monedas como las bajas de los precios de las commodities han sido de menor magnitud que las observadas a fines de 2008. Por último, la sequía del verano pasado redujo la actividad agrícola en general y, en especial, la de las economías regionales, afectando el dinamismo local. Ante este panorama, la política de mayor regulación de las importaciones, vigente desde noviembre de 2011, a través de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación y controles exhaustivos en la Aduana, evitó que el mercado interno sea un refugio de los excedentes de mercancías rechazadas por las economías en recesión. Sin embargo, el agravamiento de la crisis en Europa una estructura productiva local extranjerizada –secuela de veinticinco años de neoliberalismo– retrajo la inversión de las filiales de sus multinacionales e incrementó la necesidad de estas firmas de remitir utilidades a sus casas matrices. La otra importante medida de fines de 2011, profundizada desde mayo con un impacto en la producción, fueron las restricciones cambiarias. El cepo a la compra de dólares, por un lado, debilitó la actividad de la construcción y, en consecuencia, afectó también la producción de la industria metalmecánica y la de metales básicos. No obstante, por otro lado, las regulaciones cambiarias y comerciales actuaron eficazmente como instrumento disuasivo de la competencia desleal en los sectores que padecen altos niveles de informalidad en la comercialización. Hasta la aplicación de la nueva normativa, los comercializadores ilegales eludían controles mediante la subfacturación de montos y/o volúmenes y la utilización de posiciones arancelarias no monitoreadas por los instrumentos de política comercial vigentes. Estos operadores quedaron, en general, fuera del mercado del dólar oficial de importación por no poder justificar ante la Secretaría de Comercio Interior sus necesidades de compras al exterior. Los que insisten con procedimientos ilegales deben soportar grandes aumentos de costos por tres motivos: pagan el dólar ilegal, la agregación de etapas de control encareció el contrabando y las demoras administrativas de los nuevos procedimientos implican mayores gastos de almacenamiento de mercadería en el puerto. Estas trabas implicaron que sólo sea rentable importar ilegalmente productos de alto valor agregado que justifiquen los mayores gastos operativos. En consecuencia, los entramados con alta integración productiva nacional, orientados a abastecer al mercado interno, como la cadena de valor textil, la marroquinería y la industria de alimentos y sus proveedores locales reactivaron su producción sustituyendo importaciones. Las medidas también mejoran la competitividad de las empresas formales. Pueden acceder a los insumos y bienes de capital y repuestos externos que requiere su producción al valor del tipo de cambio oficial. No obstante, como en todo proceso de transformación estructural y, en el marco de la reconstitución de capacidades estatales, emergen problemas puntuales de falta de insumos o de bienes de capital y repuestos que, por problemas de escala o porque su desarrollo necesita cierto tiempo para la maduración de las inversiones y políticas al respecto, dificultan el desarrollo productivo. Este motivo, combinado al atraso cambiario (aunque en el último bimestre comenzó a reducirse), a la desaceleración del crecimiento de la demanda y al estiramiento de los plazos, ha desanimado inversiones, sobre todo aquellas que requieren largos plazos de maduración. Hacia delante, a medida que los stocks de niveles de importación record de 2011 se vayan agotando y se efectivicen las mejoras salariales acordadas en paritarias se espera un mayor dinamismo de la economía. También será importante el nivel de desdolarización de las operaciones inmobiliarias y que comience a tener efecto el plan nacional Pro.Cre.Ar para que el mercado de la construcción responda más a las necesidades de acceso a la vivienda de sectores asalariados y menos como actividad rentística. Finalmente, además de la evolución de la economía global y la de Brasil en particular, será esencial en el funcionamiento de la economía local la acción de políticas industriales específicas a cada rama productiva. Ellas deben implicar una distribución de rentas que logre traccionar inversiones en función de los requisitos de un desarrollo productivo con inclusión social.

Argentina en el G 20

Juan José Balatti En una época “que ve desmoronarse en bancarrota a los sistemas” (Perón 1/05/52) la Argentina pone en práctica una alternativa económico-social a partir del 2003 liberándose de la dependencia del FMI para ser libre económicamente y así darse las formas que exijan la justicia social y la economía mundial. El futuro de la Argentina también se está decidiendo en la resolución de la actual crisis financiera internacional. En Europa los rescates a los bancos no funcionan, solo posponen y agudizan la desintegración de la economía real. La crisis de Gracia, España, Italia, entre otras, acontecen en la crisis final de todo el sistema. Cada rescate preanuncia el próximo rescate. Argentina, G 20, Inglaterra, Rusia y China: Dijo Cristina, en el G 20 en México, “es necesario de una buena vez ejercer un liderazgo a nivel global que termine con el drenaje de recursos que parece no tener fin hacia el sector financiero para reorientarlo definitivamente hacia el sector productivo, esta es la única clave de poder superar esta crisis global que tenemos”. Cristina vuelve a proponer la idea justicialista de que el capital debe servir a la economía y esta al bienestar general, hoy desde la nueva situación global. Defiende la soberanía nacional y la economía productiva, con otras naciones que intentan lo mismo. Además de las naciones hermanas de la región, otras como Rusia y China. Consolidar el modelo, en esta etapa, dependerá más de lo internacional que de lo nacional, el regionalismo marcha hacia el universalismo. El actual sistema financiero-imperial es global, su reemplazo también debe ser a “nivel global”. En el G 20 (18-19 junio 2012), estaban entre otros David William Donald Cameron, Vladímir Putin y Wen Jiabao, en adelante David, Vladímir y Wen. ¿Cómo resonaron estas palabras en cada uno de ellos? Anteriormente el 2 de junio de 2012 “The Economist” había atacado al gobierno argentino, acusando a la presidenta de adoptar medidas de una economía de “sitio”, es decir de una economía de guerra. Lo que había hecho la argentina soberana era correcto, eran medidas defensivas y proteccionistas para parar un ataque financiero que viene del exterior. Los británicos se quejan de que argentina se está defendiendo. Ellos dicen, eso no se puede hacer, estamos en el sistema de la globalización y el libre cambio. Nadie es soberano para no aceptar esto. El único soberano es el imperio monetario, el sistema financiero de dominio, en fin Wall Street y Londres. La Argentina es un mal ejemplo para Europa y sus pueblos, desde la óptica de los ingleses, es decir del sistema financiero. Hay que eliminar este mal ejemplo. Por eso debemos “ver” lo que están detrás de los que enfrentan al gobierno, estos son los verdaderos desestabilizadores. Son los intereses de la actual globalización financiera que no quieren, ni permiten que nadie saque los pies del “nivel global”. Lo importante no es meramente lo que están enfrente, sino los intereses que mueven e instrumentan los engranajes locales. Hay que difundir lo hecho desde el 2003 en Argentina en Europa y demostrar que con políticas concretas es posible la vida después del FMI, de los ajustes y de las privatizaciones. Esto puede modificar las políticas de sólo rescate + ajuste + desocupación europeas, donde se salvan los bancos usureros y sufren los pueblos. Así como la Argentina salió del dólar, Europa debe salir del euro que no le permite desarrollarse, regresar a las monedas nacionales, con control de cambios, protección de aranceles, control de capitales, protección mediante aranceles de importaciones y exportaciones, separando al sector bancario de crédito de la especulación, para ponerlo al servicio de la producción, como afirmó Cristina en el G 20. Para poner el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar general, es necesario un banco nacional propiedad del estado, no propiedad de los ingleses (Ej. Cavallo, Prat Gay, Redrado), otorgando crédito para el desarrollo y grandes obras de infraestructura. Tener presente que en el mismo G 20 en México, donde Cristina (Fernández) habló, David (Cameron) como vocero del sistema dijo fuera de agenda:”en los últimos ocho meses han habido medidas que afectan las inversiones, hemos visto la expropiación de una compañía multinacional, requerimientos para que las divisas por exportaciones de combustibles y mineras se cambien en el mercado local, regulaciones para el cambio de monedas a los habitantes, y todo eso, de un solo miembro del G 20”. (Agencia México.DF). Nos hace recordar aquello de que la guerra es la política por otros medios. Pero David no se priva de nada, hace guerra militarizando Malvinas, y política en el G 20 al mismo tiempo. Parece que Cristina lo pone nervioso. Debemos estar atentos, intentaran ir por todo de cualquier manera. Los acontecimientos mundiales demuestran, que están dispuestos a imponer su poder contra viento y marea. Cuando, por ejemplo, se bate el parche con el “dólar blue” y la devaluación, ya sabemos por boca de quiénes hablan periodistas y comentaristas “objetivos e independientes”. Continua: Argentina + Rusia + China

Mercosur: “Impacto de la crisis internacional y el riesgo de profundizar el proteccionismo intra-bloque y la des-integración regional”

Por Lic. Lisandro Mogliati Esta semana se llevó a cabo en Mendoza una nueva Cumbre de un MERCOSUR que languidece y atraviesa una de sus etapas más críticas, situación que queda al desnudo a partir de la suspensión de Paraguay de su membresía plena, teniendo en cuenta que este país fue uno de los precursores del bloque regional. El MERCOSUR “nació” luego de varios acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil, justamente en la capital paraguaya, donde se suscribió el “Tratado de Asunción” en marzo de 1.991. Este acuerdo dio “luz verde” a una alianza cuatripartita entre Argentina, Brasil, Uruguay y el propio Paraguay, signatarios del Acuerdo de Alcance Parcial N° 18 (MERCOSUR) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), marco institucional de los acuerdos comerciales del Cono Sur. No trato de inmiscuirme en un análisis que pretenda evaluar si corresponde o no sancionar a Paraguay en el marco del “Protocolo de Ushuaia” de 1998 (que aprobaron los cuatro miembros del Mercosur más Bolivia y Chile como Estados Asociados) que incluye de manera acertada la "cláusula democrática". Este protocolo democrático fue ratificado y ampliado con la firma de un segundo acuerdo en Montevideo, denominado “Compromiso con la Democracia en el Mercosur (mencionado como Ushuaia II), ambos instrumentos prevén que los miembros del MERCOSUR respeten las instituciones y las prácticas democráticas, situación que está en dudas en Paraguay a partir de la destitución “por la vía institucional” del Presidente Lugo. Pero como este análisis es más económico que político, me remito a que en realidad no debería llamar la atención el ingreso de Venezuela, ni es tampoco novedoso, dado que el país caribeño firmó su solicitud de adhesión en 2.006 como miembro pleno del MERCOSUR (y necesita como formalidad de procedimiento, la ratificación legislativa en cada uno de los países miembros y el Senado de Paraguay - el mismo que destituyó a Lugo - aún no la aprueba). Es dable destacar que, entre los objetivos del MERCOSUR está prevista la adhesión progresiva del resto de los países de América del Sur (de hecho Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador son miembros asociados sin el status de plenitud por diferentes razones de política doméstica, principalmente económica). El gran desafío del MERCOSUR es justamente su ampliación (y nunca un acuerdo reducido) junto a la creación de una verdadera unión aduanera, eliminando previamente las barreras comerciales internas que aún persisten y que en tiempos de crisis se agudizan vía proteccionismo económico (que entre los miembros de un mismo bloque no deberían existir). Todas estas acciones de profundización de la integración regional permitirán mantener con vida al principal bloque comercial de América del Sur, que de lo contrario será historia, como tantos otros experimentos de integración latinoamericana. Si el MERCOSUR profundiza la corrección de asimetrías de tipo de cambio o de competitividad sectorial por la vía de las trabas al comercio intra-zona, terminarán sus propios miembros firmando el “certificado de defunción” de un desafío de integración regional que trajina desde hace más de 20 años con sus etapas de “stop and go”. América Latina debe trabajar para profundizar la integración y convertirse en sí misma en un bloque regional que, a partir de los consensos políticos alcanzados en la UNASUR, tenga cada día un mayor peso relativo a escala global. La fragmentación integracionista y el aislamiento no son las recetas más adecuadas para superar la crisis actual que impacta promoviendo mayores niveles de protección y de desfasaje competitivo. El MERCOSUR debe sobrevivir la crisis coyuntural y fortalecerse, consolidando una alianza estratégica que en términos políticos, permita adecuar cadenas de valor intra-bloque en lugar de competencia interna, tomando como foco, las exportaciones con valor agregado por fuera del bloque regional, persiguiendo hacia dentro, el objetivo de una complementación económica que genere círculos virtuosos en la producción e industria, acompañados de una firme decisión política que ratifique la integración con la consigna de “ganar – ganar”.-

LOS RURALISTAS INTENTARON COPAR LA LEGISLATURA BONAERENSE POR LA FUERZA

Un déjà vu violento en nombre de la Patria El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, se trepó a una columna en la entrada de la Legislatura bonaerense y empezó a gritar “¡Argentina!, ¡Argentina!, ¡Argentina!”. A su alrededor, ruralistas y empleados del sindicato de trabajadores rurales agitaban banderas nacionales y le hacían el coro. “Si esta ley se sanciona, esto va a ser peor que la 125”, agregó Biolcati, añorando aquella época en la que el lockout contra la aplicación de las retenciones móviles logró la adhesión, no sólo de los ruralistas, sino de amplios sectores medios que se sumaron a una rebelión fiscal disfrazada de gesta cívica. Ahora, la intención fue la misma y, al igual que en 2008, los dirigentes del agro no dudaron en querer imponer su posición a través de la violencia. De hecho, derribaron una reja del edificio y se apostaron en el playón del Palacio, por donde ingresan los vehículos oficiales. Un rato después, se enfrentaron con militantes oficialistas que decidieron hacerles frente para desalojarlos. “Estoy preocupado porque un grupo identificado como La Cámpora hizo de seguridad y de policía en este edificio del pueblo”, expresó Daniel Berdini, director de Coninagro, quien antes había ingresado por la fuerza a un edificio público como si fuese algo normal. La policía provincial no intervino. Los ruralistas resistieron el avance de los jóvenes kirchneristas y comenzó una gresca en las puertas de la Legislatura que incluyó golpes y empujones. Finalmente, los dirigentes del agro y los empleados del sindicalista rural Geronimo “Momo” Venegas se fueron del lugar, aunque resolvieron en una improvisada asamblea declararse en “estado de alerta y movilización”. Biolcati le pidió a los productores que “acusen con el dedo a los legisladores de sus pueblos culpables de este despojo al que nos han sometido” y que “presionen para que no suceda esto y si ocurre –les advirtió– sepamos cómo reaccionar, como lo hemos sabido años atrás”. El vicegobernador Gabriel Mariotto respondió que “lo que hubo es una manifestación violenta desde Carbap, alentados por Biolcati. Es una muestra de violencia que no se ajusta a la convivencia democrática”. Los dirigentes de la Mesa de Enlace están acostumbrados a proceder de este modo cuando el Gobierno y/o el Congreso no sanciona lo que ellos consideran correcto. Durante el lockout de 2008 reivindicaron el federalismo fiscal y la resistencia civil frente a lo que consideraban una injusticia, pero lo hicieron con una dosis de violencia que registra pocos antecedentes en democracia. Cortaron rutas en todo el país y mientras mantuvieron los piquetes llegaron a impedir el paso de ambulancias, agredieron a embarazadas, tiraron millones de litros de leche, balearon camiones y ómnibus, quemaron pastizales, incendiaron autos y escracharon a los políticos que no pensaban como ellos. No fueron prácticas generalizadas, pero existieron. Por lo tanto, el intento de copar la Legislatura por la fuerza no llamó la atención.

EL SENADO DIO MEDIA SANCION A LA SUBA DEL INMOBILIARIO RURAL, PESE A LAS PRESIONES DEL AGRO

Nervios alterados por el pago de impuestos Las cámaras patronales quisieron copar la Legislatura bonaerense para impedir la actualización del gravamen. La Cámara alta aprobó el proyecto y el miércoles lo harían los diputados. Hoy se paga lo mismo por 200 hectáreas en Lobos que por un auto de 2010. Por Tomás Lukin El Senado de la provincia de Buenos Aires dio ayer media sanción a una reforma impositiva que despertó la oposición de las cámaras patronales agropecuarias, que intentaron evitar el avance de la iniciativa forzando el ingreso a la Legislatura. La furia empresarial, encabezada por el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se desató por la actualización en la valuación de las tierras. Las modificaciones permitirán incrementar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en 300 millones de pesos anuales, un aumento del 30 por ciento anual. El proyecto corrige ine-quidades en el valor fiscal de la hectárea en la provincia que creaba situaciones inverosímiles, donde el impuesto que debía pagar, por ejemplo, un terrateniente de Lobos era levemente superior al que ingresaba por patentes el dueño de un Renault Sandero modelo 2010. Además, los cambios obligarán a los propietarios rentistas que no explotan sus campos a pagar bienes personales a nivel nacional. En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria no logró reunir el quórum necesario para sesionar y la reforma, que además amplía la capacidad de endeudamiento de la provincia y modifica las alícuotas de ingresos brutos y sellos, sería tratada el próximo miércoles. El valor fiscal de la tierra en la provincia de Buenos Aires está congelado en niveles muy bajos desde los años noventa, cuando gobernaba Eduardo Duhalde. El debate para actualizarlos comenzó hace cinco años pero no prosperó. La disminución de los recursos de coparticipación que reciben los municipios bonaerenses este año, partidas por alrededor de 900 millones de pesos que pasaron a estar afectadas al financiamiento educativo, activaron el reclamo de los intendentes hacia el gobernador Daniel Scioli. Ante la imposibilidad de volver a recurrir al endeudamiento externo, por las elevadas tasas de interés, y la incertidumbre económica global, la provincia dispuso modificar distintos impuestos, ampliar las posibilidades para emitir deuda en moneda local y aprovechó el escenario para comenzar a corregir las inequidades en el impuesto inmobiliario rural. Los cambios propuestos en la materia no sólo amplían la recaudación de la provincia de 1000 a 1300 millones de pesos anuales, sino que llevarán a muchos terratenientes rentistas a pagar bienes personales a nivel nacional. “Esto va a ser peor que la [Resolución] 125”, amenazó ayer Biolcati, colgado desde una columna en uno de los ingresos a la Legislatura en La Plata. El ruralista le hablaba a un público que, según afirmaron desde el Ejecutivo provincial a este diario, no sólo estuvo compuesto por empresarios, sino que contó con “fuerzas de choque de la Uatre”, el sindicato rural que conduce Gerónimo Venegas. El violento intento de los representantes de Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural para evitar la sanción del proyecto en el Senado contabilizó forcejeos con la policía y también con militantes de La Cámpora (ver aparte). “Si esta ley se sanciona las consecuencias para los productores van a ser terribles”, afirmó el titular de la SRA desempolvando los pronósticos que reitera en cada reclamo patronal. “Tienen derecho a reclamar y hacer una defensa corporativa pero eso no los habilita a generar episodios de violencia. Las amenazas del titular de la Sociedad Rural a los legisladores recordando que ‘tienen que volver a sus pueblos’ son temerarias”, señaló el ministro de Asuntos Agrarios provincial, Gustavo Arrieta, quien aseguró que volverá a recibir a las cámaras empresarias una vez que se apruebe el proyecto. El congelamiento en la valuación fiscal de la tierra generó un fuerte atraso y profundas situaciones de injusticia fiscal. En distritos donde el precio de la hectárea supera los 10 mil dólares, el valor que se toma en cuenta para pagar el impuesto inmobiliario no supera los 250 dólares. Así, muchos empresarios terminan pagando menos impuestos por sus tierras que por la patente de sus autos. Según explicó a Página/12 la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, con los aumentos el valor fiscal de las propiedades rurales pasará a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado. Junto con las su-bas, que también estarán acompañadas por mejoras en los registros catastrales, se aplicará una baja en las alícuotas que amortiguará el incremento en el impuesto. En promedio, los aumentos serán del 40 por ciento, pero en algunos será significativamente mayor –Carbap estimó que podría superar 700 por ciento– porque se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias. Batakis señaló que sobre un total de 19 millones de hectáreas productivas, en cuatro millones el impuesto que pagarán sus propietarios será inferior al que abonan hoy. Pero, incluso en esas áreas, el valor fiscal de la tierra será actualizado. La principal preocupación de las cámaras patronales agropecuarias es que el aumento en la valuación de la hectárea elevará el precio fiscal de sus campos al punto de que serán alcanzados por el impuesto a los bienes personales nacional. Si 100 hectáreas en Lobos tenían un valor fiscal de 400 pesos la hectárea, esa tierra pagaba impuestos por 40 mil pesos, por debajo del límite de 305 mil pesos a partir del cual se deben pagar bienes personales. Cuando se apruebe el proyecto, esa propiedad tendrá un valor para el Estado cercano a los 800 mil pesos. El detalle que destacaban anoche Batakis y Arrieta es que los productores, quienes trabajan sus tierras, están exentos por ley de pagar bienes personales por esas propiedades. Sin embargo, deberán comenzar a ingresar el impuesto aquellos que son rentistas, lo que exaltó a Biolcati. Compartir:

El rol de las Agencias de Desarrollo en la Planificación Estratégica

Muchas agencias surgieron en los ´90 como respuesta a la crisis del aparato productivo, hoy es momento de darles un sentido estratégico para proyectar el desarrollo sustentable a nivel local Por Lic. Lisandro Mogliati Las agencias de desarrollo son una herramienta fundamental para alcanzar los consensos necesarios a nivel local para la planificación territorial y aportan a la construcción de escenarios, en los cuales pueden desenvolverse los proyectos estratégicos identificados en un esquema de consenso político-institucional. En ese esquema mencionado, deben establecerse los roles y competencias de cada actor y se alimenta un proceso donde se comparte el conocimiento, se democratizan las herramientas de promoción económica y social, en particular tendiendo a favorecer la creación de empresas, en un marco de sustentabilidad productiva y ambiental. En la Argentina, muchas agencias de desarrollo surgieron en la década del ´90, como respuesta a la debilidad del aparato productivo, dada su escasa competitividad en un marco de apertura económica que relegó a la producción nacional. En esa etapa, muchas agencias se gestaron de arriba hacia abajo, es decir, a partir de políticas provinciales o nacionales que promovían su creación para abordar y ejecutar territorialmente, determinados programas de apoyo a las pymes o bien para la gestión de microemprendimientos, que posibilitaran la generación de autoempleo como eje para contrarrestar la falta de oportunidades que ofrecía el mercado laboral, sobretodo en el sector industrial que caracterizaba esa década. A raíz de ello, en los municipios se apuró la creación de agencias de desarrollo a partir de ciertos consensos institucionales mínimos, impulsados generalmente por las áreas de Producción, y se decidían el destino de los recursos para financiar emprendimientos productivos, pero careciendo de un abordaje serio del sentido estratégico y la visión del largo plazo que debe darse a estos procesos. Paradójicamente, las agencias de desarrollo en la Argentina, se ven fortalecidas en etapas de crisis y su accionar se relaja en tiempos más prósperos, cuando es la verdadera oportunidad de sentar las bases de procesos de desarrollo endógeno, vigorizando el entramado productivo y vinculando al desarrollo con la innovación tecnológica y un enlace firme con los distintos niveles de educación. Promover el desarrollo local es un rol indelegable de los municipios, la creación de agencias con una visión estratégica y no sólo en etapas críticas, también debe constituir el accionar municipal, más allá de los ingentes esfuerzos que se realizan a nivel superestructural en particular del gobierno nacional que le dio rango de Secretaría de Estado a la SEPYME, para fomentar el desarrollo regional, promoviendo así la creación y el fortalecimiento de agencias en todo el territorio nacional. Esta decisión política marca el rumbo, pero la última palabra la tienen los intendentes, en torno al futuro competitivo y estratégico que pretendan darle al municipio y que esa disposición sea acompañada por el entramado institucional y principalmente por las pymes, que son el actor preponderante, el eje principal a fortalecer con herramientas y gestiones que las tornen competitivas, generadoras de empleo, exportadoras y con conciencia ambiental.-

YPF: memoria, verdad y justicia Dominados por la globalización o libres en el universalismo?

Juan José Balatti El justicialismo desde su nacimiento contribuye a crear un mundo de naciones libres, justas y soberanas a partir de la voluntad popular. No pretende que Argentina sea una nación aislada, sino integrada regional y universalmente. Siempre intento no formar parte del sistema liberal, ni de ninguna de sus variantes, desarrollando un nuevo sistema político-económico-social acorde con la evolución de la humanidad. Como superación del sistema liberal, no es bienvenido por este, ya que atenta contra sus intereses, por esto es criticado, no por sus errores. La recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, mediante la nacionalización de Repsol-YPF S.A., constituye un aporte a la creación de un nuevo sistema que en el siglo XXI reemplace a la actual globalización financiera de dominio, sin libertad ni justicia, superando políticas e ideologías ya perimidas, aunque persistentes. • Memoria Esta nacionalización se basa en la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. El justicialismo desde sus origines afirmo que la “propiedad privada tiene una función social y, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común;..…el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino;..…la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en la constitución;…..toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios;…..los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias;…..el precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”…(Arts. 38-39-40 Constitución 1949). En “Aportes para el Proyecto Nacional, bases para una nueva constitución nacional” desde la Presidencia de la Nación en 1974, se reafirma que para el Justicialismo “la riqueza, la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción;..…el capital, es un bien instrumental que el trabajo ha creado, dinamizándolo y poniéndolo al servicio de la economías nacional y del bienestar social. Su utilización por lo tanto no puede contrariar ni al hombre ni al Pueblo argentino en su realización plena;..…el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social;..…la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”. Recordando siempre que el 9 de julio de 1947 se declaró en la Casa de Tucumán que “La Nación alcanzara su libertad económica, para quedar en consecuencia de hecho y de derecho, con el amplio poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana”. Como la del 1816 tiene plena vigencia. • Verdad Con la privatización de YPF en los 90’s culminó la política de desnacionalización petrolera instaurada en 1976 por el gobierno militar al servicio de la consolidación del sistema financiero internacional. Martínez de Hoz había endeudado la empresa por 5.000 millones de dólares, monto mayor que la deuda externa pública en esos momentos, del cual aun hoy se desconoce su destino o si fue solamente un asiento contable. Esta privatización sirvió a los intereses de Repsol SA en su expansión territorial y desarrollo financiero y no a la economía nacional. Así nació Resol-YPF, llevando en su ADN el canje de deuda por materia prima, en vez del oro metálico de la conquista se llevaron el oro negro de la nueva conquista, el imperio de las finanzas reemplazo al imperio español. El mismo perro con distinto collar… • Justicia El envió del “proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, con el objeto declararlo de interés público y teniendo como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”…al ser aprobado por la inmensa mayoría de senadores y diputados, con el respaldo del pueblo, posibilitarán comenzar a realizar la una nueva matriz energética que la nación y el pueblo necesitan en esta etapa de reindustrialización. La historia de YPF acontece en tres tiempos: un presente de las cosas pasadas, un presente de las cosas presentes y un presente de las cosas futuras. El presente de las cosas pasadas es la memoria desde Mosconi hasta hoy, el presente de las cosas presentes es la nueva YPF que está naciendo por decisión del gobierno, el estado y el pueblo, y el presente de las cosas futuras es la esperanza de ser soberanos, en petróleo y gas.

El lenguaje, el poder y su disputa

Ricardo Forster El lenguaje crea mundo, diseña nuestra manera de comprender la realidad y define la trama de nuestras relaciones sociales. Tratar de huir de las palabras que componen la experiencia humana es un gesto imposible. Un esfuerzo desmesurado que no conduce a ningún lugar. La ceguera, que no deja de ser una constante de nuestras sociedades contemporáneas convertidas en escenarios telemáticos, de un caminar a tientas por un territorio que requiere de los sonidos articulados de la gramática para encontrar un sentido y no acabar naufragando en un desierto de significaciones incomprensibles para aquellos que desean, con fervor, que otros hablen, que otros les pongan el nombre a las cosas y que definen sus y nuestras vidas. Dejarse nombrar por el poder es una manera de perder el uso libre del lenguaje. Recuperar la memoria que se guarda en él es el inicio de un camino de cambio y liberación de viejas y nuevas ataduras. Abrir las palabras para rescatar los sueños que se guardan en su interior constituye un extraordinario acto de reconstrucción de la vida individual y colectiva, el punto de inflexión para entrar en otra historia. Algo de esto viene sucediendo en la actualidad argentina cuando comenzamos a nombrar, con palabras y conceptos olvidados o rapiñados, vaciados o invisibilizados, lo nuevo de una época que reinstala el sentido de otro país que nunca dejó de habitar en el lenguaje de una memoria de la resistencia. Ya el viejo Kant, inquirido sobre los alcances de la ilustración, en el lejano 1784 –pocos años antes del estallido de la Revolución Francesa que cambiaría la faz de la historia–, afirmó, entre otras cosas, que el individuo ilustrado era aquel que podía hacer un uso crítico de su propio entendimiento y volverse capaz de pensar y decidir por sí mismo sin tener que recurrir, como siempre, al padre, al cura o al médico para que le receten los remedios de la ley moral, del alma y del cuerpo, pero también agregó, con un dejo de triste escepticismo, que la mayoría de los seres humanos prefieren, por pereza y cobardía, que otros realicen el esfuerzo de pensar por ellos. Kant, el filósofo de la paz perpetua y de la racionalidad libre, soñó la autonomía del individuo como un caminar sin andadores y como una apropiación crítica del lenguaje de la razón. Para él, como para otros contemporáneos de ese tiempo cargado de esperanzas, estaba amaneciendo una nueva historia que habilitaría un decir renovado del mundo signado por la tolerancia, la igualdad y la libertad. Lo que no pudo ver el viejo filósofo es que incluso en el interior de palabras tan venerables se esconden los instrumentos del poder y la violencia. La historia por venir no dejaría, como en el pasado, de recordar la fragilidad de las palabras a la hora de ser apropiadas por la ideología de la dominación. Es por eso que el litigio por el sentido constituye una constante allí donde la desigualdad y la injusticia siguen persistiendo en los asuntos humanos. Mucha agua ha pasado bajo el molino de una historia que no resultó amable con la mayor parte de las ilusiones humanas y, menos, con las que soñaban una sociedad más ilustrada, igualitaria y democrática, pero lo que siguió insistiendo fue la importancia del lenguaje a la hora de imprimirle a la propia realidad tal o cual perspectiva, tal o cual interpretación o, de un modo más brutal, para determinar el ejercicio del poder y la producción intensiva de sentido común capaz de garantizar la reproducción de una determinada hegemonía política-económica. No hay, no hubo, dominación sin esa producción de ideología, de un lenguaje articulador de una manera, que siempre se quiere absoluta, de concebir la realidad social, económica, política y cultural. Tampoco ha habido ningún cambio revolucionario que haya dejado intocado el lenguaje del antiguo régimen. La caída del viejo orden se acompaña, siempre, con la potencia de la invención lingüística, con la emergencia de nuevas palabras que dicen el mundo desde otra perspectiva. A veces, antiguos nombres son recuperados, revitalizados y lanzados nuevamente al escenario tumultuoso de la historia. Es por eso que la querella alrededor del modo de decir el mundo ha constituido y lo sigue haciendo el eje de una disputa que involucra el pasado, el presente y el futuro de la vida social. Por eso, también, carece de neutralidad la acción de ponerles nombre a las cosas y a las personas. Quien nombra ejerce, de uno u otro modo, el poder. Hay, en la aventura del lenguaje, arbitrariedad y libertad, intencionalidad y azar, violencia y paz. Se ha señalado, y lo he hecho con especial insistencia en estas columnas de Veintitrés, que la época hegemonizada por la forma neoliberal del capitalismo no ha sido sólo el producto de una transformación estructural de la vida económica sino que involucró, en no menor medida, una profunda mutación de los imaginarios culturales y promovió nuevas formas de subjetividad que se correspondieron con el abandono de las antiguas referencias bienestaristas, al menos en ciertos países, del propio capitalismo (el papel del Estado, sobre todo a partir de la segunda posguerra, que se ocupó de impulsar políticas de industrialización, de inversiones en obra pública y de distribución de la renta como modo de incentivar el mercado interno y el consumo de los trabajadores que le dieron otro rostro a un sistema social-económico caracterizado, hasta la llegada del keynesianismo –herramienta para combatir, en la Europa de posguerra, el desafío que venía de la Rusia soviética en los años ’20 y ’30–, por la volatilidad de un mercado al que muy pocos tenían acceso y por una trama prácticamente deshilachada o inexistente de derechos sociales y laborales. Entre nosotros, ese momento histórico fue el del primer peronismo). Desde mediados de la década del ’70, y a partir de la crisis del petróleo, tanto Estados Unidos como Europa occidental iniciaron, a distinto ritmo pero de una manera inocultable e irreversible –al menos por los siguientes 30 años–, un proceso sistemático de desmontaje del Estado de Bienestar que se combinó con un cambio en la matriz de acumulación del capital que pasó a ser hegemonizado por su sector financiero (en la Argentina el tiempo del “revanchismo social” y del predominio del capital financiero nacional y extranjero –como lo caracteriza Eduardo Basualdo– encontró su punto más álgido con el terrorismo de Estado implementado a partir de marzo de 1976 y que se continuó y profundizó, en su dimensión económica, con la convertibilidad menemista). Ese proceso, dilatado en el tiempo y con diferentes grados de agresividad, comenzó, en su aspecto político-ideológico, con la llegada del tándem Reagan-Thatcher que comprendieron, en el marco de lo que se llamó la revolución neoconservadora, que para alcanzar los objetivos económico-estructurales que se proponían se volvía imperioso modificar sentido común, lenguaje, sensibilidad, tradiciones políticas, formas culturales y prácticas sociales para habilitar un proceso de transformaciones de una violencia inédita en la segunda mitad del siglo veinte. Se trató, entonces, de entrelazar los cambios en el núcleo de la valorización financiera del capitalismo, la sistemática eliminación de derechos laborales, las mutaciones legislativas y jurídicas imprescindibles para “liberar” los flujos especulativo-financieros del capital con nuevos paradigmas culturales que se correspondiesen con una sociedad que exigía otras actitudes y que debía abandonar, a un ritmo acelerado, prácticas que ya no eran funcionales al nuevo orden económico mundial determinado por el desplazamiento tanto del modelo soviético, que se derrumbaría a finales de los años ’80, como del proyecto bienestarista y socialdemocrático que organizó la vida de los principales países de Europa occidental y que, en la actualidad y salvando la supervivencia nórdica, viene modificando su estructura para volverse funcional a las demandas del modelo neoliberal (la complicidad de los socialistas españoles y griegos, con figuras de liderazgo fuerte como Zapatero y Papandreu, en la implementación de brutales planes de ajuste que acabarían de ser implementados por la derecha del PP y por tecnócratas directamente puestos por el Banco Europeo y por la canciller alemana nos ahorra de todo comentario respecto de la “traición” del progresismo europeo y su vuelco, desde los años ’80, hacia políticas de clara orientación neoliberal). La maquinaria del anarcocapitalismo financiero, como agudamente lo denominó Cristina en una reunión del G-20, extendió su funcionamiento hacia las formas de mentalidad y de sentido común generando, vía la industria cultural y los grandes medios de comunicación, las condiciones imprescindibles para dialectizar los cambios económicos con la circulación de las nuevas tramas de subjetividad que pudiesen acoplarse a los “valores” promovidos por la hegemonía neoliberal. Cambiaron, entonces, cuerpos y lenguajes, modos sociales de vinculación y prácticas laborales, vida cotidiana y representación de derechos. Nada permaneció intocado durante las casi tres décadas de predominio, entre nosotros, del modelo de valorización financiera. Su impacto sobre los imaginarios culturales fue inmenso. Al imponerse un nuevo lenguaje mutó la manera de ver la realidad y de comprender el pasado y el futuro. Lo que alguna vez fue valorado y reivindicado: el rol de un Estado fuerte, la política de ampliación de derechos sociales, lo público y sus empresas, la soberanía nacional sobre las riquezas naturales, el papel activo en la defensa de esos derechos por parte de los sindicatos, la movilidad social ascendente, la integración de las distintas clases sociales en la vida urbana, el papel igualador de la educación pública, el modelo sanitarista implementado por Ramón Carrillo, se convirtieron en rémoras de un “populismo demagógico” que había impedido que el país siguiera el camino del verdadero progreso que nos hubiera conducido, eso se decía, a ser como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Para erradicar cualquier vestigio de esa “época dispendiosa y decadente” se implementó el más colosal plan de inversión de valores económicos, sociales, jurídicos, culturales y políticos y se tuvo que echar mano de la violencia terrorista de la dictadura, de una doble hiperinflación y de la “solución mágica” propuesta por Cavallo a Menem que acabó conduciendo a la sociedad a su peor crisis social unida a la desindustrialización, el endeudamiento y la extranjerización de la economía. Todo eso fue acompañado por el papel principalísimo de la corporación mediática que movilizó todos sus recursos para facilitar el giro hacia la hegemonía del capital financiero. Es como resultado de esa “inflexión cultural” que habilitó el dominio neoliberal y que colapsó en diciembre de 2001, pero que, en la trama más profunda y visceral, de los imaginarios sociales y de los núcleos del lenguaje, siguió insistiendo sobre una parte no desdeñable del sentido común de las clases medias, que ha sido fundamental, a partir del tiempo inaugurado por la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, ir hacia ese campo más complejo de disputa que es la dimensión cultural-simbólica que suele anidar en el lenguaje cotidiano. Una disputa que se enfrenta a una gruesa construcción de prejuicios y a una mentalidad forjada entre la dictadura y la convertibilidad que suele emerger cada tanto y expresarse como miasma de una conciencia que se representa la realidad desde el prisma de la matriz cultural ideológica del neoliberalismo. No casualmente la decisión de recuperar el manejo de YPF apunta tanto a una ineludible dimensión económica (garantizar la provisión de hidrocarburos impidiendo la sangría de una importación que tendía a crecer exponencialmente en consonancia con las necesidades emanadas del crecimiento industrial y agropecuario de los últimos años) como a otra que atraviesa antiguas memorias argentinas y adquiere una particular relevancia a la hora de solidificar el proceso de reconstrucción del tejido social e identitario de un país que estuvo al borde del abismo y que había extraviado sus referencias. YPF es más que una sigla, es más que un símbolo transmutado, a partir de su privatización, en un nombre vaciado de contenido; constituye lo que de significativo se guarda en la experiencia de una sociedad que supo ser más equitativa. Un viejo nombre para una nueva realidad que exige, nos exige, encontrar en el lenguaje lo que había sido saqueado por el predominio del discurso y la práctica del poder económico-mediático. Y ese giro se vuelve posible cuando la materialidad de la historia se reencuentra con la memoria emancipatoria que se guarda en las palabras. Cuando eso sucede somos testigos y participantes de un tiempo cargado de desafíos y de inauditas invenciones culturales.

Análisis de las elecciones en Francia: "Es la Economía, Nicolás"

El caso de Francia muestra nuevamente la cara más lúgubre del capitalismo salvaje, de la preeminencia de lo financiero por sobre los factores de la producción y las políticas desestructuradas en relación al desarrollo humano Por Lic. Lisandro Mogliati En el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia y tal como preanunciaban los sondeos previos, el actual mandatario Nicolas Sarkozy, con cerca del 27 % de los votos se ubicó en segundo lugar, detrás del socialista Hollande que aventajó por casi 2 puntos porcentuales al actual presidente y deberán dirimir el pleito en una segunda vuelta el próximo 6 de Mayo. La derrota en primera vuelta de Sarkozy, más allá de las serias chances que tiene el propio presidente galo de dar vuelta las cosas, si logra el apoyo de los votantes de la derecha más rancia, que en primera vuelta acompañaron a Le Pen, expresa claramente lo que hoy rechazan las sociedades modernas, que exigen a sus gobernantes políticas económicas activas, ancladas en derechos sociales que se vulneran con las políticas de ajuste, que terminan indefectiblemente en mayor desempleo y pobreza. La Francia actual atraviesa una coyuntura compleja (como casi toda la Unión Europea) y la cifra de desempleados creció un 50 %, para establecerse en 3.000.000 de franceses que hoy no tienen empleo. Una de las causales de esta situación está dada porque el sector industrial galo, al perder competitividad debido a la fortaleza del euro y el mercado ampliado de la UE, con nuevas adhesiones al Tratado de Maastricht, impulsó la relocalización de entramados industriales en naciones con menor desarrollo relativo, en desmedro de los países europeos centrales. Sarkozy pensó que el tema económico no era la cuestión central para los franceses y se equivocó, cometió el mismo error que George Bush (padre) en la campaña presidencial de 1992, cuando centró su preocupación en el frente externo, con su renovada doctrina de la seguridad, liderando coaliciones internacionales para combatir en el exterior y resultando vencedor. Pero Bush, en esta alocada carrera armamentística, terminó relegando (y agravando) la cuestión económica con fuertes implicancias sociales y así dejó un frente abierto a Bill Clinton para golpear a su contrincante republicano y ganar las elecciones presidenciales. Esta circunstancia acontecida en las elecciones de EE.UU donde Bush se creía reelecto y termina destronado del poder, quedó enmarcada en la anécdota de James Carville, asesor de Clinton, quien aconsejó a su asesorado que debía centrar su campaña en cuestiones domésticas, más cercanas a la realidad que atraviesa el ciudadano común y sintetizó su estrategia con la célebre frase: “Es la economía, estúpido”. “Es la economía Nicolás”, deben haber pensado anoche tras el recuento de votos en Francia, porque Sarkozy, como Bush, durante su gestión presidencial fue junto a Merkel, la cara visible del severo ajuste que aplicaron (y aplican) al pueblo griego para conservar su status jurídico como miembro de la UE, es amigo de los organismos financieros internacionales que como buitres acechan a las economías en recesión, se puso al frente de una batalla contra la inmigración y olvidó que las principales preocupaciones del pueblo francés son el desempleo, el crecimiento inusitado de la pobreza, el déficit de vivienda, la precarización del sistema de salud, la educación y el financiamiento por parte del Estado de las pensiones y jubilaciones. El caso de Francia (más allá del resultado que arroje la segunda vuelta) muestra nuevamente la cara más lúgubre del capitalismo salvaje, de la preeminencia de lo financiero por sobre los factores de la producción y las políticas desestructuradas en relación al desarrollo humano, estas cuestiones, en una semana donde en la Argentina la escena central fue la expropiación de YPF que plantea la re estatización de los recursos hidrocarburíferos, es también una muestra de lo divergentes que resultan los rumbos que adoptan los unos y los otros, mientras Europa se empecina en apuntalar un capitalismo del fracaso social y paga con traspié electorales y profundización de la crisis socio-económica, la Argentina fortalece una estrategia nacional, doméstica, donde la producción, el sostenimiento del empleo y el mercado interno, son los pilares que sustentan la economía y solventan las conquistas sociales.-

Cristina: Libertad Económica y Banco Central

Juan José Balatti
3 de marzo de 2012


Un Proyecto Nacional que busca ser exitoso necesita por un lado consustanciarse fiel y objetivamente con la historia y ponerse a tono no sólo con el mundo que nos toca vivir sino también con el que intuimos y deducimos habrá de sobrevivirnos.
La justicia, la libertad, la soberanía posibilitan la felicidad, el bienestar general, la unión nacional, la paz, producir más y distribuir mejor. Estos valores prescriptivos básicos necesitan redimensionarse, reformularse si queremos capacitar al hombre argentino para hacer frente y poder realizarse con plenitud en un mundo signado por la mutación constante.
Teniendo en cuenta estas premisas debemos delinear los contornos de un modelo, de un proyecto en este presente-futuro con la memoria del pasado. El Justicialismo aporta a esta modelo una realización peronista y otra kirchnerista, en ambas el pueblo participa y elige sus conductores. Hay continuidad histórica del pueblo con conducciones para cada tiempo.
Los tres pilares fundamentales del Justicialismo, la justicia social, la libertad económica y la soberanía político-económica-tecnológica, necesitan adecuarse a la eficiente interdependencia interestatal y a la conformación de un continentalismo que constituye el penúltimo estadio hacia el universalismo.
El 1 de marzo de 2012 al inaugurar las sesiones del Congreso la Presidenta CFK anuncio el envió de un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la RA.
Un nuevo Banco Central es necesario en la nueva economía que profundice el modelo. No se echa el vino nuevo en odres viejos, enseña el evangelio.
El actual Banco Central es monetarista, responde a la matriz inglesa de bancos centrales que domina el sistema financiero internacional, esclavizando hombres y pueblos.
El mundo necesita de un nuevo sistema económico-monetario-financiero. Ni el libre comercio, ni el mercado o su variante keynesiana pueden solucionar la actual crisis mundial terminal. Son esas políticas monetario-financieras, implementadas a partir del fin de la segunda guerra mundial, las que originaron y condujeron a la actual situación, por lo tanto no pueden ser solución. No perdamos tiempo en realizar la autopsia del cadáver de la crisis financiera. Conocemos el diagnóstico: pandemia monetarista, que dominó y pretende continuar dominando a naciones y pueblos. Enterrémosla definitivamente para bien de la humanidad.
Frente al actual sistema económico-financiero no se plantea la opción entre economía de mercado o economía dirigida, sino quien dirigirá la economía y hacia qué fines. O la política dirige a la economía o la economía continuará dirigiendo la política.
Definir una nueva misión y función de los bancos centrales en occidente está en la agenda de países y regionales. En todos hay dos alternativas la monetarista y la crediticia-productiva, que por otra parte han sido opciones históricas.
El Justicialismo se basa en que “la riqueza, la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción.
El trabajo, es la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad nacional, el trabajo, intelectual o físico o ambos simultáneamente, constituyen además de un derecho esencial la suprema dignidad del hombre argentino.
El capital, es un bien instrumental que el trabajo ha creado, dinamizándolo y poniéndolo al servicio de la economías nacional y del bienestar social. Su utilización por lo tanto no puede contrariar ni al hombre ni al Pueblo argentino en su realización plena.
El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social.
La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”.
Si el trabajo constituye la suprema dignidad del hombre y es el verdadero agente de la producción, es el creador del capital.
El monetarismo posee una finalidad especulativa: lo jurídico, lo político, lo social y hasta lo cultural pasan a ser apéndices de una sociedad plutocrática. La actividad económica, además de responder a los intereses de las oligarquías agrarias, industriales y financieras, como sus únicas metas son los fines de lucro crea en la comunidad expectativas y entusiasmos artificiosos y artificiales, obligando a consumir bienes innecesarios y hasta perjudiciales al conjunto nacional. El principio de la soberanía financiera de la Nación tiene, especialmente en estos momentos, idéntica dimensión formal que el de la soberanía política. La riqueza de una nación es su capacidad para entregar mercancías cuando, donde y como se necesiten. El crédito financiero de una nación es el cálculo de esa capacidad, el que, expresado en forma convencional, constituye el dinero nacional. La moneda es un medio de cambio, no una mercancía. Así como el objeto económico de la industria es la producción y el objeto económico de la sociedad el consumo, el objeto del crédito y la moneda es la distribución, esto es, el encuentro social entre la producción y el consumo. Creado el dinero con propósitos privados y para especular con él, sólo tiene una relación indirecta con las mercancías, dejando por ello de ser una medida social de riqueza. Es imprescindible rescatar a la comunidad de esta realidad artificiosa, volviendo a la esencia natural del dinero y el crédito (medios de cambio) y colocar su manipulación, su creación y su destrucción en manos del Estado como órgano político de la comunidad.
Un nuevo Banco Central, que contribuya a la libertad económica, donde el dinero de la Nación se base en el crédito real de la misma, es decir, en la capacidad combinada de la Nación para producir bienes y servicios. Reconocer cualquier otro patrón o respaldo que no sea la cantidad de riqueza de la comunidad nacional, cesa su función de medio de cambio y nace su desnaturalización como mercancía. El Estado Argentino sustituirá las actuales modalidades abstractas e irreales para emitir moneda, remplazándolas por existencia calculada de bienes y servicios a los que los medios de cambio traducirán. La forma en que computaran las oscilaciones de la riqueza se llevará a cabo por medio de una Cuenta Nacional que reflejará periódica y regularmente la necesidad de crear o destruir dinero nacional de conformidad con las fluctuaciones de apreciación o depreciación de esa misma riqueza.
Tal como es usado en la actualidad el sistema monetario tiene tres características fundamentales:
1º El crédito financiero no es una consecuencia del crédito real ni tiene con éste relación ni correlación alguna;
2º Siendo emitido por el sistema bancario a condición de serle devuelto con interés, el crédito financiero se convierte en una mercancía;
3º El beneficio acumulado por el sistema bancario es de tal grado que transfiere a él el control de la economía. El resultado es un mundo en el que, tanto la producción como el consumo, se desenvuelven en función de las finanzas y éstas –a su vez- son el instrumento formal –cuando no político- del sistema de la banca privada.
El país ha sido orientado por intereses particulares más que por necesidades reales; ello convirtió a la sociedad y al Estado en sistemas disfuncionales para la satisfacción de las necesidades reales. La funcionalidad de la organización económica se logrará reorientando el desempeño de las funciones hacia la satisfacción de las necesidades, tutelando el bien común y vigilando las reservas naturales disponibles para el futuro, sancionando toda distorsión de intereses particulares o contrario a esos principios superiores. No hay un dogma de economía socializada, tampoco hay dogma de economía libre. No existe más que una economía de imperativo categórico, es decir, una economía que, en su conjunto, tiene por misión procurar a una comunidad dada las mejores condiciones de vida. Por ello y primordialmente, el Estado auspiciará el desarrollo de organizaciones económicas, en tanto ellas coincidan con el interés nacional, consolidando la justicia social, la libertad económica y la soberanía política-tecnológica-financiera. Para alcanzar esto es necesario reformar el actual Banco Central. Esta reforma ha de ser la base sólida sobre la que se construya la profundización del modelo.
El Justicialismo, conjunciones de ideas y valores nacidas del pueblo, en su origen estableció la necesidad de alcanzar la libertad económica, como nación soberana y así poder realizar la justicia social.
“La Nación alcanzara su libertad económica, para quedar en consecuencia de hecho y de derecho, con el amplio poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana” Del acta de la Declaración de la Independencia Económica realizada en la Casa de Tucumán el 9 de julio de 1947.

Nuestro homenaje y recuerdo al Compañero Tato

El periodista y escritor Néstor "Tato" Contissa (Jacobacci, 28/8/1954 - Buenos Aires 27 de febrero de 2012)

"Peronista integral, como el arroz", como se definía, Contissa tuvo una fuerte presencia en la batalla por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, desde su rol de docente en la Facultad de Ciencias Sociales, fue formador de profesionales del Periodismo y la Comunicación.

Contissa se licenció en Periodismo en 1984, trabajó en radio y distintos medios gráficos y fue subdirector de Radio nacional, cuando la dirección estaba a cargo de Mona Moncalvillo.

En la actualidad, conducía el programa "Días como flechas" en la AM750, junto a Pancho Muñoz y también colaboraba en la agencia Télam con distintos artículos y cuentos.

Fuentes allegadas al periodista, confirmaron que sus restos no serán velados y que serán inhumados mañana a las 9,30 en una Misa de Cuerpo Presente en el Cementerio de la Chacarita.

Vamos por mas patria.........

Antonio Muñiz

Luego del aplastante triunfo de Cristina Fernández de Kirchner el pasado 23 de octubre, se abre un nuevo escenario político y quedan sin lugar a dudas muchas cosa para el debate y la discusión para los próximos meses.
Sin embargo creo quedan alguna cosa muy claras, que viene expresando nuestra presidenta en los últimos discursos, Creo que hay expresiones que son sustanciales para entender lo que vendrá. La primera se refirió a que ella no es neutral, que este no es un gobierno neutral, está para defender a los humildes, a los trabajadores, siempre con medidas inclusivas. Este gobierno tiene como objetivos sostener un crecimiento a tasas elevadas que permitan generar empleo e inclusión social, reindustrializar el país pero al mismo tiempo generar mercado interno. El kirchnerismo, abreva en lo mejor del peronismo, es un proyecto de país, un proyecto político, social y económico claro, acotarlo a un “modelo”, como pretenden el stablishment es ocultar su raíz histórica, es empobrecerlo. Es un proyecto de país que lleva 8 años de ejecución y que va por otros cuatro años con un gran apoyo popular.
Sin lugar a dudas es necesario, dentro del marco de fuerzas existente, avanzar en reformas sustanciales para profundizar el rumbo expuesto, La reforma del sistema financiero se presenta como perentoria si se pretende seguir creciendo a tasas altas, es necesario re direccionar el ahorro de los argentinos hacia la producción y el trabajo.
Hay que avanzar en la ley de tierras que pidió la presidenta, hay que avanzar el nuevo estatuto del peón rural, una nueva ley de arrendamiento de la tierra, que fomente la producción y el trabajo del chacarero pero desaliente el monocultivo sojero y permita cuidar la riqueza de la tierra.
Hay que avanzar en la distribución de la riqueza, y esto no solo se hace mejorando los salarios, también hay formas indirectas que es necesario reforzar, hay que construir mas viviendas, mas y mejores escuelas, mas hospitales, hay que seguir construyendo rutas y caminos, vías férreas, usinas eléctricas, mas industrias que agreguen valor a nuestra producción primaria, que su vez generen empleo y mayor inclusión social
La otra frase que creo nos marca un camino fue: “Les pido que se organicen en los frente sociales, en los frentes estudiantiles, para defender a la patria y los intereses de los más vulnerables y para que nadie pueda arrebatarles lo que hemos conseguido” y estaba dirigida a los miles de militantes, muchos de ellos jóvenes, que nos reunimos en la plaza ese 23 a la noche. Creo que el mensaje es claro, y toma lo mejor de la historia peronista, “la organización”, nos esta pidiendo que organicemos las fuerzas propias, que desarrollemos frentes de trabajo militante, en los barrios, en la fabricas, en las universidades, para lograr unidad y organización para defender lo logrado e ir por mas.
En ese sentido muchos de nosotros, simples militantes, venimos trabajando en la unidad de agrupaciones, espacios políticos, movimientos sociales, etc, en un armado común que levantando las banderas del movimiento nacional se reivindique hoy como kirchnerista y siga la conducción de Cristina Fernández. Este espacio tiene que ser amplio y convocante, es necesario sumar a todos, sin mezquindades y sin soberbias. Debemos dejar de lado la mentalidad de kiosquitos, que pudieron servir en algún momento, pero que hoy la historia nos exige superar.
El desafió del momento es comprender el rumbo que nos marca Cristina Fernández, cuando en sus mensajes nos convoca a todos los argentinos a superar las divisiones y a trabajar por la unidad nacional pero al mismo tiempo nos convoca a profundizar las políticas orientadas a lograr más inclusión, mas democracia, mas pluralidad y mas derechos humanos”.

Carta de la igualdad

El espacio de intelectuales, artistas y creadores elaboró un nuevo documento que analiza el proceso que llevó a la reelección de Cristina Kirchner y los desafíos que se abren ahora.
I

El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54 por ciento de los votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político, late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa, heterogénea y abierta, y el impulso hacia un extendido compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los argumentos simplistas de la gran prensa –voto conservador, el consumo, la oposición inexpresiva– son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de continuidad que también sostuvieron el 54 por ciento. El humor social, la recuperación de valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en lo público, la perspectiva y esperanza en un futuro.

Recordemos que apenas una década ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular de 2001, cuando en las calles se sancionó la derrota política –y comenzó el retroceso cultural– de un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ’90. Y si aquéllas habían crecido en la resistencia, creando formas nuevas para la política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Juntamente con una aguda recesión avanzaron la desocupación, la exclusión, la marginación y la pobreza, mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a los sectores más concentrados de la economía.

La Historia abrió una alternativa y una esperanza en 2003. La extendida experiencia política que denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia, una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner fue el epicentro de esa combinación. Asumió la presidencia con un discurso nacional y popular que se distancia del camino industrial-primario-exportador sin inclusión social (desarrollista de derecha), que había intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la democratización de la economía, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno se pensó como heredero e intérprete de la movilización social, viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis, sino también los de una organización de la que no se podría prescindir. Los movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción, junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.

La desarticulación del último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se encontraban sin juicio ni castigo. Los primeros intentos de justicia sucumbieron bajo las leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita construcción militante de derechos humanos. Heroica por parte de las Madres de la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos, y multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de desarmar el dispositivo de la impunidad, el gobierno recuperaba las reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y, al hacerlo, se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva. El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de sentencias y la constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del terrorismo de Estado configuraron un camino que debe seguir siendo profundizado con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados –como en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas– por lo tramitado en las mazmorras concentracionarias. Consecuente con la profundidad de su compromiso con los derechos humanos, una de las características distintivas del proyecto iniciado en 2003 ha sido la firme decisión de los gobiernos nacionales de no reprimir la protesta popular.

El desendeudamiento con el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita, las negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de recomposición de ingresos y, luego, la estatización de la administración previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen jubilatorio trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la Unasur y la flamante Celac. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política internacionalista y regional.

II

En 2008 la nueva época adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó –y opera– como el agente interno de la restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados con los negocios ligados a la Argentina reprimarizada de fin del siglo pasado. Se sumó toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos, conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la apuesta a un modelo centrado en la demanda externa y sustentado en salarios bajos.

Los tiempos eran agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía nacional y ala ampliación de derechos se alzaba una coalición destituyente promovida por la elite del privilegio.

El año 2009 –en el que se afrontó un resultado electoral adverso– supuso un desafío de gran dificultad, pero las fuerzas estaban templadas y el Gobierno profundizó las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y el programa Argentina Trabaja signaron ese momento. Coincidieron durante ese año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional, que fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no escaseaban los conflictos, el Gobierno impulsó con fuerza otra reforma estructural: una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que prescribe límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la apuesta se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.

En dos acontecimientos de 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la multitud reconocida en la nación que se conmemoraba –y esto es: no en abierto conflicto con el gobierno que la representaba–, en el segundo fue la emergencia de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la contracara de la justa ira de diciembre de 2001, el duelo en la plaza reponía una confianza en la política que era impensable diez años atrás.

III

Eso fue posible porque la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos, leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar Igualdad a las posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta imprescindible. La ley del matrimonio igualitario –que lleva en su nombre la cuestión que tratamos–, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad –y ya no como sumisión a la voluntad de un otro–, está en el horizonte de esas medidas que, impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las creencias y las lógicas que estructuran la vida social.

Si la Igualdad es el horizonte de estas políticas, lo es como igualdad en la diferencia y reconocimiento de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va desplegando en un recorrido desde la inclusión –con las múltiples estrategias de reparación social– hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La igualdad en la diferencia debe ser también el signo de una democratización profunda de la cultura, a la que las mayorías tengan acceso, generando disposiciones al conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura no es sólo generar espectáculos masivos. Es también crear las condiciones para la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento –como la ley de medios y Tecnópolis– que deben ser profundizados y ampliados. Muchos pasos se han dado de 2003 a hoy para disminuir la desigualdad que había generado la destrucción de la educación pública. Más chicos en la escuela y almorzando con sus familias. Menor deserción. Primeras camadas del secundario en algunas zonas del país. Docentes reconocidos en su dignidad de trabajadores. Bibliotecas y netbooks para todos. Estos cambios destacan y promueven el desafío de avanzar por lo aún faltante: la buena escuela pública, como la mejor alternativa de formación en todos los lugares y para todos los sectores. Habrá que explorar pedagogías, cruzar saberes y pensamientos, interrogar los modos de transmisión del conocimiento; pero esto será posible no sólo por el trabajo de especialistas sino también por la mayor participación de sujetos activos con compromiso en la transformación cultural y social necesaria para la buena educación. Ello requerirá que la política de Estado enunciada en la Ley de Educación Nacional se traduzca en prácticas sociales que legitimen en todo el territorio de nuestro país el derecho a la educación pública en una sociedad democrática. Pero aun con los cambios legislativos y políticas implementadas, subsisten tendencias estructurales regresivas, constitutivas de una matriz de sistema educativo, cuya reversión es imprescindible para atender al objetivo de la Igualdad. El creciente peso relativo de la educación privada –sostenida con financiamiento del Estado– en todos los distritos del país, pero con más intensidad donde predomina la población de sectores medios, resume la significatividad de esas herencias. Ese avance en desmedro de la centralidad de la educación pública es una fuente de desigualación social que conjuga desde segmentaciones clasistas hasta prejuicios raciales. La superación de esta lógica requiere de la convocatoria a los docentes, a los sindicatos y a la participación popular para movilizar la reposición de la escuela pública como núcleo clave de igualación social y forja de unidad popular.

Una nueva etapa del proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la victoria electoral y en el foro del G-20. En ellos el ideal de la Igualdad y la crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave. Posicionarse desde América latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del lado de las mayorías populares en la política nacional. No son aceptables las interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó a los años noventa. En éstos se trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, en tanto el crédito a los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria –constructora de desigualdad– avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del sufragio en una nación de ciudadanos frente al voto en un mercado de consumidores.

IV

La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de Mar del Plata, que derrotó al ALCA, y los proyectos de constitución del Banco del Sur y de la Unasur, así como la desvinculación de las políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales, precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin imprevisible. La nueva política económica heterodoxa desarrollada por la Argentina y buena parte de América latina y el Caribe generó mejores condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en el nivel de la economía mundial.

El desplome financiero conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para ese objetivo. Las derechas de los países centrales se obstinan en profundizar la lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los órdenes nacionales como en la esfera global. En esos países la democracia emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el poder financiero elige tecnocracias para dirigir sus destinos. Las instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia y ajustes en los presupuestos públicos, privatizaciones de empresas de servicios y reducciones de salarios, despidos masivos y destrucción de lo que restaba de los Estados de bienestar configuran el nuevo rostro de los países centrales. En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas civilizatorios”. Sin embargo, este avance reaccionario no se despliega sin resistencias. Las huelgas y movilizaciones obreras y el surgimiento de nuevas expresiones de lucha popular –como la de los indignados– son síntomas de un descontento que constituye un potencial de futuros conflictos, lejos de la pretendida sentencia del fin de la Historia que el neoliberalismo proclamaba en sus décadas de esplendoroso ascenso.

El discurso presidencial en el G-20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá a la barbarie?

La degradación del sistema en los países centrales comprende la aceptación y el fomento de paraísos fiscales, esquemas de elusión impositiva, maniobras con los precios de transferencia en las operaciones intrafirma de las empresas transnacionales. Así, mientras la financiarización conduce a la profundización de estos rasgos, los discursos de los líderes de las naciones hegemónicas condenan esas prácticas, la mayoría de las veces en forma hipócrita, mientras promueven ordenamientos legales internacionales con objetivos más cosméticos que transformadores.

En cambio, los países periféricos que sufren pérdidas fiscales y fugas de capitales por la presencia de esos mecanismos están interesados realmente en su desarticulación. El gobierno argentino ha trabajado en los foros internacionales en esa dirección. Así, el interés en el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal son objetivos importantes y destacables de la política del Gobierno. Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de Ley Antiterrorista, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega.

Durante la última década nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada en el mundo desarrollado. Tal proceso político, dirigido a establecer esa sociedad de derechos, es incongruente con las sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América latina –con marcadas heterogeneidades, indudablemente–, supone un ejercicio creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en el cual la ciudadanía política recupera un lugar principal respecto de las relaciones mercantiles no exento de conflictos y contradicciones. La frustración del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas de ajuste impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permite realizar un poderoso contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos no están exentos de intrincados desafíos, asociados a un exacerbado grado de transnacionalización, gestión de recursos naturales y complejos escenarios de tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates todavía en ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares, independientes, igualitarios y libertarios.

No es fácil darle nombre propio al tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta/10 y, ciertamente, ese nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas. La unidad de América latina y el Caribe, que incluye el rechazo a las conductas imperiales y la anárquica desregulación financiera, resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible, frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo mundial. El paradigma de la Igualdad adquiere una significación trascendente como brújula en el clima de desazón de esta época.

La recuperación y centralidad de la idea de Igualdad representa una transformación cultural en la Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias conducirían a la ampliación y eficiencia productivas que desembocarían en la reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos. Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.

Siempre ha existido una relación contradictoria y tensa entre capitalismo e Igualdad. La extensión de los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que esa expansión a la vez operaba como velo de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la economía esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni la Igualdad sustantiva ni la ampliación de derechos son cuestiones de mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación mercantil para elegir el destino estratégico de una nación son tributarios de una propuesta de profundización de la Igualdad. Esta es la inscripción del paradigma de la Igualdad proclamado por la Presidenta como objetivo de esta etapa.

V

Desde 2003 se produjo una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que la Argentina eleva los índices promedio de la región en términos de equidad distributiva. El sistema impositivo alcanzó en 1974 su pico de equidad del siglo XX, y luego comenzó un ininterrumpido derrumbe que profundizaba constantemente su regresividad. El actual proyecto ha revertido esa tendencia alcanzando una leve progresividad al final de la década recién concluida. Las retenciones han contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20 por ciento más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del Impuesto a las Ganancias, la reforma en el Impuesto al Valor Agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales son cuestiones pendientes.

El crecimiento del gasto público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron en ese sentido. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora cualitativa: una atención que no sólo descanse en la mejora de la infraestructura escolar o sanitaria. En relación con la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9 por ciento del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste –en un sistema fragmentado– una enorme inequidad en la distribución de los recursos. Pensar la salud como política de integración social hace necesario recuperar el rol del Estado como único rector y prestador creciente y dominante, para hacer realidad la universalidad de la atención y el acceso a la salud como derechos de ciudadanía. Un derecho no es ni puede ser una mercancía, ni debe ser el mercado quien distribuya la salud y la vida.

La quita de subsidios a los ricos y a las clases medias-altas que pueden prescindir de ellos contribuye a la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías populares asociadas a recortes del gasto público y no así las reasignaciones progresivas de éste, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que provee los bienes para éste.

La cuestión de la Igualdad comprende el debate clave acerca de los sectores en pugna por la distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa del alza de los precios y la disminución de la competitividad externa tienden a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal, pero esta vez actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora. Este aparente oxímoron consiste en propiciar una creciente intervención estatal en materia económica, pero amputando las políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 –asociadas a la recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical– del programa encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico concentrado local y extranjero. La competitividad externa, luego de la devaluación del peso argentino en 2002, fue conseguida a costa de fuertes transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al mercado interno hacia los sectores empresarios medianos y grandes rurales y urbanos. No se explicó, entonces, por un incremento de la competitividad sistémica genuina, sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una conducta empresarial de fuertes inversiones, que en el caso de las grandes empresas tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 pese a las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años. La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos del modelo económico– parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la metáfora presidencial de “sintonía fina”.

Mucho se hizo en estos años en pos de la afirmación de la Igualdad. Lo hizo un gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario. Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y que las llevan al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas, como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos, delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores–, pero al mismo tiempo forjadas en la protección de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90 y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas.

No es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades, en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la reacción y un movimiento –complejo y múltiple– que apuesta por la Igualdad. Es inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las barras brava ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura, oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos– un compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y disidencias, pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de la Igualdad, el de ampliación de derechos.

VI

El paradigma de la Igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga de capitales. Durante los ’90 se financiaba con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial, conseguido como resultado de la actual política económica y de las condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las constantes remesas de utilidades revelan que la Igualdad no constituye un objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. Así, a la exigencia de mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al Estado fijar políticas.

Pendiente está, en función de la profundización de la Igualdad, una legislación justa sobre la posesión de la tierra urbana y rural. El proyecto de ley actualmente en discusión constituye un primer paso. Los desalojos de los humildes y la prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del modelo derrotado en 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.

La marginación del ideario del desarrollo y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento y derrame fueron tributarios de la sanción de leyes financieras que retiraron al Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas– y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la Ley de Entidades Financieras y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización.

La vibrante defensa de Cristina Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio origen a Aysa y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo habilitan una vía de profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo de una banca extranjera especializada en créditos personales –colocados a altas tasas–, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa creencia. Así, el empeoramiento del balance de divisas en el sector energético alerta sobre una insuficiencia exploratoria del capital privado en la industria petrolera. La mejora en el planeamiento y la regulación y la recuperación de la centralidad empresaria estatal en ese sector no sólo atenderían a requerimientos del proceso de desarrollo, sino que también crearían condiciones para generar estrategias económicas que no desdeñen el cuidado del medio ambiente, a la vez que afirmarían el camino de la autonomía nacional.

VII

Si se postula una sociedad de derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados es una sociedad sin plan, porque la organización de ésta opera indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser ése un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.

Una sociedad movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en ningún pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto conjunto de militancias heterogéneas y diferentes configuran un escenario promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la Historia, más bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que establece con otros momentos, pero también para que su actual complejidad ilumine la del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la Igualdad.