Un operativo preparado para la represión.
Los incidentes comenzaron incluso antes del horario pactado para la movilización. A las 16:30, cuando los primeros grupos de jubilados, desocupados, trabajadores de la salud y simpatizantes futboleros de clubes llegaban a la plaza, ya había más de 1.000 efectivos preparados para actuar. A pesar de que la protesta no registraba episodios de violencia, las fuerzas de seguridad avanzaron con un despliegue desproporcionado.
En medio de la brutalidad policial, se registraron imágenes impactantes: jubiladas golpeadas con palos, manifestantes arrastrados por el suelo y excombatientes de Malvinas, ataques a periodistas y fotógrafos, golpeados a mansalva, gaseados, o heridos con balas de goma, cuyo único objetivo era expulsados del lugar.
Infiltrados y pruebas plantadas: la estrategia del caos
La represión no se limitó a la plaza. Minutos después, los enfrentamientos se extendieron a las calles aledañas, con escenas de contenedores incendiados y destrozos. Sin embargo, en las redes sociales y en transmisiones en vivo, varios registros pusieron en evidencia la presencia de agentes de civil infiltrados en la movilización
.
Un video captado por C5N mostró a un efectivo de las fuerzas de seguridad dejando caer un arma en plena Plaza de los Dos Congresos. Se trataba de un arma no reglamentaria, lo que generó fuertes sospechas sobre un intento de plantar pruebas para justificar la represión. Segundos después, otro uniformado la recogía rápidamente, pero la escena ya había quedado grabada.
A esto se sumó otro hecho llamativo: una moto policial fue «abandonada» en medio de la plaza y posteriormente incendiada. También un patrullero de la Policía de la Ciudad apareció volcado y en llamas en una de las avenidas principales. Un posteo en la red social X confirmó que el vehículo había sido dejado con las puertas abiertas antes de ser destruido, reforzando la sospecha de un montaje deliberado.
El objetivo: justificar la violencia estatal.
La presencia de infiltrados y la desmedida respuesta policial configuran un patrón repetido en distintos episodios de represión social. La estrategia es clara: generar incidentes para criminalizar la protesta y justificar un despliegue violento. En este caso, la participación de hinchas de fútbol sirvió como pretexto para construir el relato de una manifestación «descontrolada» y habilitar la intervención represiva.
Lejos de garantizar el derecho a la protesta, el Gobierno eligió nuevamente el camino de la violencia institucional. Con la presencia de infiltrados y pruebas plantadas, la represión a la marcha de los jubilados se convirtió en un claro ejemplo de cómo el aparato estatal puede operar para deslegitimar la movilización popular y profundizar el miedo en la sociedad.
AM
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