«El ajuste y la furia: Shock, corrupción y represión»

El gobierno de Javier Milei enfrenta su primer gran escándalo de corrupción apenas a meses de su segundo año en el poder. La estafa con la cripto moneda, donde los hermanos Milei aparecen muy complicados, ha generado un terremoto político y económico.

Antonio Muñiz


Las denuncia, no solo en la justicia argentina, sino también en EEUU, ha puesto en jaque la credibilidad de una administración que se había presentado como adalid de la transparencia y la lucha contra la casta política.

Pero el escándalo de corrupción no ocurre en un vacío político. Coincide con un momento crítico para la economía argentina, donde las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han vuelto un factor de incertidumbre que impacta en el mercado cambiario, acelerando la fuga de capitales y provocando una fuerte caída del carry trade. La combinación de estos factores expone las debilidades estructurales de la gestión libertaria y sus contradicciones internas.

La trama de corrupción y su impacto político.

Las repercusiones fueron inmediatas. La Casa Rosada intentó minimizar el escándalo, pero la presión mediática, local e internacional,  y sobre todo la ampliación de la misma a tribunales norteamericanos terminaron por confirmar la gravedad de la situación. Para un gobierno que construyó su legitimidad en torno a la promesa de erradicar la corrupción de la “casta” y un imaginario liderazgo global, el escándalo representa un golpe demoledor a su narrativa.

Este episodio también ha dejado en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. La reacción del presidente, intentando desligarse del problema y apuntando a “operaciones” en su contra, mostró una estrategia defensiva que no logró contener el daño político. A su vez, la oposición ha capitalizado el escándalo para cuestionar la transparencia del gobierno y exigir explicaciones más contundentes.

FMI, incertidumbre cambiaria y el fin del carry trade.

Mientras el gobierno lidia con el escándalo de corrupción, otro frente de tormenta se abre en el plano económico. Las negociaciones con el FMI, que se suponía debían cerrarse rápidamente, han sufrido demoras significativas, generando un alto nivel de incertidumbre en los mercados. La falta de definiciones sobre la aprobación del próximo desembolso y las condiciones que el organismo exige han encendido las alarmas.

Esta  demora ha generado una creciente presión en el mercado cambiario. La incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares llevó a una salida acelerada de capitales, con inversores que habían apostado al carry trade desarmando posiciones para refugiarse en el dólar. La cotización del dólar financiero se disparó, y las reservas del Banco Central volvieron a estar bajo presión, recordando episodios previos de crisis cambiarias en la Argentina.

El carry trade, que había sido una estrategia rentable en los primeros meses de gestión de Milei debido a las altas tasas de interés en pesos y la estabilidad del dólar, comenzó a desmoronarse. La falta de certezas sobre el acuerdo con el FMI y el ruido político generado por el escándalo de corrupción aceleraron la toma de ganancias de los inversores, generando una reversión abrupta en los flujos de capital.

Además, el gobierno enfrenta un dilema complejo: necesita la aprobación del FMI para garantizar la estabilidad macroeconómica, pero las condiciones que el organismo impone podrían profundizar la recesión y agravar el malestar social. El ajuste fiscal exigido por el Fondo, que ya impacta en el consumo y la actividad económica, podría endurecerse aún más si las negociaciones no avanzan en los términos esperados.

La represión como estrategia política

El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, ha implementado una política de endurecimiento represivo como principal herramienta para contener el creciente descontento social. La utilización de las fuerzas de seguridad para reprimir protestas, la judicialización de los reclamos sociales  y la aplicación de protocolos más agresivos han evidenciado un intento de sostener la gobernabilidad a través de la coerción, en lugar de brindar respuestas a las demandas económicas y sociales.

Sin embargo, la represión como única respuesta a la crisis tiene límites evidentes. A medida que la recesión se profundiza y el poder adquisitivo de la población continúa deteriorándose, la conflictividad social seguirá en aumento. La violencia institucional no solo no resuelve las causas del descontento, sino que puede convertirse en un factor de mayor inestabilidad política. La historia argentina ha demostrado que los gobiernos que apostaron exclusivamente a la represión para sostenerse en el poder terminaron debilitados y erosionados por la resistencia popular.

Un cóctel explosivo.

El escándalo de corrupción y la crisis cambiaria forman un cóctel explosivo para el gobierno de Milei. En términos políticos, la denuncia mina la credibilidad del oficialismo y erosiona su capacidad de presentar a la oposición como el único foco de corrupción en el país. La falta de respuestas claras debilitan la imagen del presidente, que hasta ahora había logrado mantener un núcleo duro de apoyo gracias a su discurso de mano dura y confrontación con la “casta”.

En el plano económico, la combinación de incertidumbre por el FMI, fuga de capitales y caída del carry trade plantea un escenario preocupante. Si el gobierno no logra cerrar rápidamente el acuerdo con el Fondo y estabilizar el mercado cambiario, el riesgo de una crisis financiera se incrementa. La aceleración de la dolarización de las carteras y su consiguiente  presión sobre las reservas del Banco Central pueden llevar a medidas de emergencia que contradigan el discurso liberal del gobierno.

A todo esto se suma el impacto social de la crisis económica. La recesión ya está golpeando con fuerza a sectores productivos y al consumo, mientras que el ajuste fiscal y la caída del poder adquisitivo generan un creciente descontento. La combinación de desilusión social ante el fracaso del plan económico y escándalos de corrupción puede transformar el malestar en un factor de inestabilidad política.

Blindaje mediático, justicia cómplice y concentración de poder

A pesar de la creciente conflictividad social y los escándalos de corrupción, el gobierno de Javier Milei ha contado con una fuerte protección mediática y política, garantizada por los grandes grupos económicos y una parte significativa del sistema judicial. Los principales medios de comunicación han minimizado las denuncias contra funcionarios oficiales, mientras amplifican discursos que justifican el ajuste y deslegitiman cualquier tipo de protesta social. Paralelamente, la justicia federal mantiene paralizadas causas que podrían comprometer a la administración libertaria, evidenciando un sesgo que favorece la impunidad gubernamental. Este blindaje se extiende al Congreso, donde legisladores aliados han facilitado el avance de medidas clave para el Ejecutivo, otorgándole más poder. La reciente aprobación del DNU que otorga discrecionalidad absoluta al gobierno en la negociación con el FMI es una muestra clara de esta concentración de poder, que reduce los contrapesos institucionales y debilita la democracia.

Al filo de la navaja.

El gobierno de Milei enfrenta su momento más crítico desde que asumió. El escándalo de corrupción expone las fragilidades internas del oficialismo y erosiona su legitimidad, mientras que la crisis económica amenaza con desbordarse en las calles si no se logran definiciones rápidas en las negociaciones con el FMI. El impacto en el mercado cambiario y la caída del carry trade muestran que la confianza en la gestión económica está en jaque.

El desenlace de estos conflictos será determinante para el futuro del gobierno. Si no logra recomponer su imagen y brindar certezas en el plano económico, el deterioro de la confianza puede volverse irreversible. En un contexto de creciente malestar social y crisis política, el margen de error se reduce cada vez más.

La administración libertaria enfrenta el desafío de demostrar que puede gobernar con estabilidad y sin corrupción, pero los hechos recientes indican que ese objetivo está cada vez más lejos.

Antonio Muñiz

No hay comentarios:

Foro en defensa del Proyecto Nacional y Popular

El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el invitado especial del primer Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, que contó con más de 250 militantes.