Desde una perspectiva nacional y popular, es imperioso abordar la problemática del financiamiento de las empresas industriales en nuestro país, sin perder de vista los condicionamientos estructurales que impone el sistema financiero internacional. A lo largo de nuestra historia, la relación con los mercados financieros globales ha sido una fuente de tensiones y desafíos para los proyectos de desarrollo soberano y la industrialización autónoma.
La dependencia de los capitales internacionales vía deuda externa, el condicionante permanente del FMI y las recetas del Consenso de Washington, que priorizan los ajustes estructurales y las políticas de austeridad, han puesto en jaque el potencial productivo de nuestro país.
En ese contexto, el rol de las pequeñas y medianas empresas, así como de los parques industriales, son claves para un modelo de desarrollo que integre lo territorial, a todos los sectores sociales y que se base en la producción nacional y el trabajo digno.
El sector financiero local, históricamente concentrado y extranjerizado, no ha ofrecido las soluciones adecuadas para impulsar un crecimiento sostenido de nuestras industrias. Es aquí donde entra en juego la necesidad de generar un sistema de financiamiento alternativo, que esté enraizado en los intereses nacionales y populares, y que apunte a fortalecer el mercado interno, la soberanía tecnológica y el desarrollo industrial inclusivo.
La Ley de Entidades Financieras de Argentina, sancionada en 1977 durante la dictadura militar, fue diseñada con el propósito de consolidar un sistema financiero alineado con las políticas neoliberales de la época. Esta legislación permitió la liberalización del sector financiero, priorizando la especulación por sobre el crédito productivo, lo cual perjudicó a los sectores industriales y pymes, pilares del desarrollo económico nacional hasta ese momento.
Una de las principales limitaciones de esta ley fue su falta de incentivos para canalizar recursos hacia la inversión productiva. En cambio, favoreció a grandes conglomerados financieros y promovió la concentración de capital en detrimento de las economías regionales y el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas. Entre otros males esa ley desmanteló todo el sistema financiero cooperativo, un vehículo que hasta ese momento canalizaba el ahorro comunitario hacia la producción y el comercio.
Estas políticas terminaron exacerbando la dependencia del país de capitales especulativos y de deuda externa, limitando la capacidad de implementar un modelo de desarrollo autónomo.
La vigencia de esta y otras leyes dictadas por la dictadura, a pesar de los cambios sucesivos de gobiernos, muestra el poder del modelo de financiarización de la economía que tanto daño hizo a la industria y al trabajo de los argentinos.
La experiencia latinoamericana nos muestra ejemplos de resistencia y propuestas de modelos alternativos. Países como Brasil, a través de su BNDES, han logrado impulsar políticas crediticias que apoyan a la industria nacional, demostrando que es posible articular al sector público y privado en función del interés nacional.
El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) fue creado en 1971 con el objetivo de financiar proyectos industriales y de infraestructura que impulsaran el desarrollo económico argentino. Durante sus primeros años, el BANADE cumplió un rol clave al proveer financiamiento a largo plazo para sectores estratégicos, apoyando la industrialización y el crecimiento de importantes empresas nacionales. En este sentido, su éxito radicó en la capacidad de canalizar recursos hacia la inversión productiva en áreas clave, favoreciendo la expansión de la industria local.
Sin embargo, con el tiempo, el BANADE enfrentó serios problemas de gestión y corrupción y sobre todo una política de vaciamiento en sus objetivos, canalizando recursos hacia la especulación financiera. Finalmente, en 1992, fue liquidado en el contexto de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem, cerrando un ciclo que mostró tanto su potencial para el desarrollo económico como su fracaso en la ultima etapa, por una mala administración pero sobre todo por la falta participación de los sectores productivos y por ende de transparencia en la gestión.
En Argentina, debemos recoger las ricas experiencias históricas y avanzar en una construcción que promueva un sistema financiero que esté al servicio de la producción y no de la especulación, y que facilite el acceso al crédito en condiciones accesibles para las empresas que sostienen el aparato productivo.
La promoción de la inversión en los parques industriales argentinos, donde convergen las PYMES de todo el país, debe ser un objetivo estratégico, estar acompañada de un financiamiento que respete nuestra soberanía y priorice el desarrollo equitativo de las regiones. El desafío es generar un círculo virtuoso donde la producción industrial, la innovación tecnológica y la inclusión social se retro alimenten, evitando caer en las trampas del endeudamiento externo y las crisis recurrentes que históricamente han socavado los proyectos de desarrollo.
En ese sentido, las alianzas estratégicas entre el Estado, las asociaciones de parques industriales y los actores del sistema financiero estatal y cooperativo local, pueden constituirse como una herramienta valiosa para fomentar el desarrollo sostenible. Estas iniciativas deben estar orientadas a construir un modelo económico que responda a las necesidades de la industria nacional, fortaleciendo la autonomía productiva, tecnológica y financiera de nuestro país.
El proyecto de integración latinoamericana también debe estar presente en esta visión, ya que sólo mediante la cooperación regional podremos enfrentar los desafíos de un mundo globalizado que favorece a los países centrales.
En definitiva, el fortalecimiento de un sistema de financiamiento para el desarrollo es una cuestión de soberanía y de justicia social, y debe ser abordado desde una perspectiva que priorice los intereses de nuestra patria y de la gran patria latinoamericana.
ANTONIO MUÑIZ
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