PANORAMA POLITICO:

El gobierno de Javier Milei avanza con un plan de ajuste salvaje que no da tregua a los sectores más vulnerables y tensiona al extremo las instituciones de la democracia argentina.

Por Antonio Muñiz

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En medio de una profunda crisis económica y social, el Presidente ha desplegado una estrategia de poder que combina brutalidad fiscal con desprecio por los controles republicanos, amenazas a la oposición y un peligroso experimento de desinstitucionalización del país. Lo que se presenta como “orden macroeconómico” es, en realidad, un proceso de demolición del pacto democrático y de la red de protección social construida durante décadas.

Mientras crecen las señales de deterioro económico, político y social, Milei se embarca en una gira internacional vacía de contenido, acompañado por su hermana y un puñado de funcionarios de extrema confianza. El viaje incluye escalas en Italia, España e Israel, con escasa o nula relevancia institucional, más allá de un eventual acuerdo energético con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Por lo demás, se trata de actividades simbólicas, como recibir premios o disertar en eventos organizados por firmas vinculadas a las criptomonedas, que refuerzan la desconexión entre el Presidente y la crisis que atraviesa el país.

En el frente interno, la ofensiva libertaria no descansa. El Congreso, los jubilados, los trabajadores organizados, los gobernadores y los periodistas se han convertido en blancos sistemáticos de ataques. Milei promete vetar toda ley que implique una mejora para jubilados, pensionados o empleados públicos. “Les voy a vetar todo”, repite con tono desafiante, exhibiendo su voluntad de gobernar sin Congreso, sin consenso y sin límites.

Este desprecio por la voluntad popular se traduce en decisiones drásticas: reducción real de las jubilaciones, eliminación de programas sociales, parálisis de la obra pública, subejecución presupuestaria en áreas sensibles, como salud, educacion o discapacidad y ahogo financiero a las provincias. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano difunde datos falsos para desacreditar a movimientos sociales y sindicales, mientras los gremios denuncian amenazas y persecución por parte del Gobierno. Esta lógica de intimidación y manipulación mediática ya no es la excepción: se está convirtiendo en una nueva normalidad política.

En este contexto, el plan económico —que se autopromociona como exitoso— comienza a mostrar grietas preocupantes. El tan mentado superávit fiscal se construyó a base de licuar ingresos, suspender pagos a las provincias y desfinanciar el Estado. No hay acumulación genuina de reservas, el tipo de cambio oficial está distorsionado y el consumo interno se encuentra en caída libre. La inflación, si bien desacelera, lo hace a partir del derrumbe del poder adquisitivo, no por un reordenamiento estructural.

La reciente iniciativa oficial para legalizar el ingreso de dólares no declarados, bautizada informalmente como “blanqueo del dólar colchón”, suma una nueva dimensión a esta etapa: el riesgo de transformar a la Argentina en un paraíso fiscal abierto al narcotráfico, el lavado de dinero y los flujos financieros del delito. Bajo la excusa de atraer divisas, se propone habilitar el ingreso de fondos sin exigir su origen lícito. En un país con escaso control cambiario y con sistemas antilavado debilitados, esta medida puede tener consecuencias gravísimas. La lógica de la desregulación extrema abre la puerta a una economía paralela dominada por capitales ilícitos que no solo corrompen el sistema económico, sino también las instituciones democráticas. Convertir a la Argentina en una zona franca del crimen organizado es una amenaza real, que exige un debate urgente y responsabilidad.

El malestar no se limita a la sociedad civil. En el plano político, los gobernadores —tanto del oficialismo como de la oposición— comienzan a articular una respuesta frente al ahogo presupuestario. El recorte de fondos, la eliminación de programas federales y la concentración de recursos en el poder central han generado un frente común que pone en jaque al discurso libertario. Desde Axel Kicillof hasta Gerardo Zamora, pasando por Llaryora y Quintela, advierten que el modelo de Milei destruye el federalismo y pone en riesgo la gobernabilidad.

En paralelo, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se mantiene con pinzas, bloqueado, en parte, por Karina Milei, que no cede en su intención de restringir el acceso de dirigentes del PRO y preservar pureza ideológica  en las listas de LLA.

Patricia Bullrich impone una línea de seguridad de mano dura que incomoda hasta parte de su propio espacio y que viene generando rechazo a partir de excesos de las fuerzas federales, tanto en las manifestación populares de protesta como el reciente incidente de un niño herido de gravedad por un policía de la Federal, es un accionar totalmente desproporcionado. El afán represivo de Bulrich y de parte del gobierno tiene como objetivo claro que solo con miedo y represión  pueden sostener un modelo de exclusión, de saqueo de los trabajadores y la clase media. Lamentablemente estos adalides de la mano dura saben poco de la historia, ya decía Napoleón que las bayonetas sirven para varias cosas, menos para sentarse sobre ellas. Un gobierno que solo se sirve de violencia, es un gobierno débil, destinado al fracaso.

Mientras Luis Caputo no termina de convencer a los grandes actores económicos,  el empresariado, que inicialmente brindó apoyo al nuevo gobierno, comienza a perder la paciencia: no hay plan productivo, las tasas de interés siguen altas, el consumo se desploma y no se reactiva la inversión. El discurso de la libertad de mercado no se traduce en señales concretas para los sectores productivos.

En el tablero opositor, Cristina Fernández de Kirchner busca re ordenar el espacio nacional-popular con una estrategia territorial que la encuentra candidata en la provincia de Buenos Aires y en diálogo con Axel Kicillof, quien se consolida en un liderazgo de proyección nacional. Ambos actores parecen haber comprendido que la etapa exige más que denuncia: requiere construcción política, articulación de propuestas y unidad en la diversidad. Frente al experimento ultraderechista que representa Milei, la oposición comienza a delinear una alternativa democrática con anclaje popular y federal.

Sobre la ex presidenta cuelga una espada de Damocles, la Corte Suprema tiene en sus manos el expediente de la Causa Vialidad con una posible condena a prisión y una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Es notorio en estos dias la presión  de algunos grupos económicos a través de sus voceros periodísticos a la corte para que apuren en el fallo condenatorio. Llegan a tal extremo de ponerle fecha a ese dictamen, para que salga antes del cierre de listas, en un claro afán proscriptivo. Las consecuencias de una medida de ese tipo, de inhabilitar a la principal figura de la oposición, en causa totalmente amañada, seria en principio un golpe muy duro a la intitucionalidad democrática y al seguridad jurídica de todos los argentino y abriría un foco mas de conflicto en una sociedad ya convulsionada.

Lejos de resignarse, la sociedad argentina empieza a reaccionar. Las movilizaciones en defensa de la educación, la salud y el trabajo se multiplican. Las universidades, los hospitales y los sindicatos se convierten en centros de resistencia frente al avance autoritario. En este clima, el Congreso logró aprobar mejoras para jubilados, solo para recibir como respuesta la amenaza presidencial del veto automático. El desprecio por el sistema representativo ya no es un desliz: es un eje de gobierno.

El mileísmo no es solo un proyecto económico neoliberal. Es, sobre todo, un intento de transformar la política argentina en una arena sin reglas, sin instituciones, sin contrapoderes. El modelo no es Suecia ni Irlanda: es un caudillismo digital alimentado por trolls, manipulación mediática y una narrativa que glorifica el individualismo extremo como virtud.

Defender la democracia implica mucho más que resistir. Exige construir poder popular, retomar el sentido de comunidad, recuperar el lenguaje de la justicia social y volver a pensar un proyecto de país que no deje a millones afuera. Argentina tiene historia, tiene memoria, tiene pueblo. El futuro no está escrito, pero está en juego. Y depende de la capacidad colectiva de frenar este experimento autoritario antes de que sea demasiado tarde.

 JUNIO 2025