Argentina no solo atraviesa una crisis económica y política, sino una crisis ética estructural. El lawfare, o sea la connivencia entre jueces, servicios, periodistas y corporaciones, la represión estatal y la ausencia de justicia forman un entramado disciplinador. Como advirtió el Papa Francisco, “sin justicia no hay paz social”, y sin justicia verdadera, la democracia se vacía de contenido.
Ética, memoria y justicia integral
La justicia no puede reducirse a la aplicación formal de normas. Debe operar como memoria viva, como garante de la seguridad, la convivencia social y la protección de los sectores postergados frente al poder concentrado. Cuando se aleja de su rol reparador y se transforma en brazo judicial de los intereses corporativos, se convierte en un instrumento de dominación. En este marco, la persecución judicial selectiva no es un exceso ocasional: es el núcleo de una estrategia de disciplinamiento social y político.
Lawfare: el nuevo rostro del poder disciplinador
El lawfare –o guerra judicial– es la utilización de procesos judiciales, apoyados por medios de comunicación y sectores del poder económico, para eliminar o neutralizar a dirigentes políticos que desafían el statu quo. En Argentina, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner expresa esta lógica: no se trata solo de un fallo judicial, sino de una operación político-judicial-mediática cuyo objetivo es proscribirla y excluirla del escenario electoral. El fallo fue acompañado de una campaña mediática sistemática que instaló durante años un clima de culpabilidad anticipada, sin juicio justo ni garantías reales.
El silencio –o la connivencia– de la Corte Suprema frente a esta situación forma parte de este proceso. En lugar de actuar como contrapeso institucional, la Corte se transforma en pieza funcional del poder real. La impunidad de los jueces que participaron del escandaloso viaje a Lago Escondido, financiado por grupos económicos y empresarios mediáticos, es otro síntoma del funcionamiento selectivo de la justicia.
Represión, blindajes y justicia ausente
La ética pública también se degrada cuando el Estado reprime de forma sistemática manifestaciones pacíficas sin consecuencias judiciales. Mientras cada miércoles se reprime a ciudadanos frente al Congreso, los jueces que ordenan o permiten esas acciones actúan con total impunidad. La violencia institucional se normaliza, sin que el sistema judicial intervenga, mostrando cómo el sistema se auto protege y se mueve con zonas de silencio e impunidad.
Un poder para castigar, no para garantizar derechos
La justicia argentina, hoy, se muestra eficiente para castigar a dirigentes opositores, pero ineficaz para investigar a empresarios, funcionarios aliados o actores del poder económico concentrado. Esta doble vara tiene efectos pedagógicos: enseña que cuestionar al poder tiene consecuencias, mientras delinquir al amparo de ese poder asegura protección.
El Papa Francisco, desde su autoridad moral global y su conocimiento profundo de la realidad argentina, fue claro al afirmar: “Sin justicia no hay paz social”. Esta frase sintetiza una verdad profunda: una sociedad que acepta una justicia parcial, clasista y politizada, renuncia a la posibilidad de vivir en paz, en democracia y con dignidad.
La crisis de justicia en Argentina no es un problema técnico ni jurídico. Es un problema ético y político que atraviesa las estructuras del poder. Sin un poder judicial independiente, comprometido con la verdad y los derechos del pueblo, la democracia se convierte en una fachada. Es urgente construir una justicia al servicio del bien común, no de los intereses de las corporaciones. Y también es urgente que la sociedad no naturalice el disciplinamiento, sino que lo enfrente con organización, memoria y lucha.
Antonio Muñiz
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