COMO REPARTIR MEJOR LA TORTA

Si bien hubo mejoras en los últimos años, la porción del ingreso que se lleva los asalariados continúa por debajo de los niveles históricos. Distribuir en todo el territorio las inversiones productivas –hoy concentradas- es uno de los caminos para disminuir la brecha entre pobres y ricos.

Por Bernardo Tirelli
Publicado en Argentina Económica , suplemento del nuevo diario dominical Miradas al Sur y diarios de provincias el 18 de mayo.

El iniciar el camino de la reconstrucción nacional es una tarea ardua y de largo aliento. En momentos en que algunos desencuentros o conflictos de sector parecen teñir el panorama, no es ocioso volver a señalar que la situación internacional se presenta hoy con una demanda creciente de bienes en los que somos complementarios, y si a ello sumamos el auspicioso camino de integración política latinoamericano iniciado, que entre otros aspectos centrales abre la puerta a la sustentabilidad energética, entonces estamos frente a condiciones de oportunidad histórica.
Por tanto, sólo se trata de saber si somos capaces de estar a la altura de estos desafíos, si somos capaces de generar las condiciones internas que hagan posible construir el país deseado. Por memoria y experiencia histórica, de lo que alguna vez ya fuimos, esta construcción no puede hacerse si, entre otros grandes valores, no se alcanza un alto grado de industrialización con justa distribución del ingreso.
El porcentaje de apropiación por parte de los trabajadores alcanzó el máximo de 50,84 por ciento, en la distribución del ingreso, en 1954 A partir de ese año ese porcentaje baja hasta que el 8 de junio de 1973 se firma el Acta de Compromiso Nacional, más conocida como Pacto Social entre gobierno, trabajadores y empresarios y, en donde, los propios empresarios, entre otras medidas, se comprometen a recuperar el ingreso de los trabajadores en tres años. En pocos meses esa cifra fue del 47 por ciento, para luego, con la dictadura militar comenzar un nuevo y prolongado período de caída que no frenaron las economías liberales en democracia. Como contrapartida el 47,3 por ciento, del excedente bruto de explotación, para el capital en el 2005 está por encima de cualquier año anterior a la devaluación. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde se tiene el período histórico de mayor transferencia de ingresos de los trabajadores al sector del capital.
En la década del 90, para los empresarios, el capital no llegó a apropiarse de una porción del ingreso equivalente al que registraron anualmente en el período 2002-2006
En 1974 la pobreza era del 4,7%, no había indigencia y la diferencia de ingresos entre ricos y pobres era de 12 veces. Hoy esta diferencia sigue siendo más del doble, o sea hay que multiplicar por más de 24 veces el salario más bajo para obtener la cifra de los más altos.
Para que cualquiera saque conclusiones, a la inversa, es casi el doble la participación de la industria en el PBI en 1974 respecto de hoy.
Así es que, a pesar de la notable creación de empleo de estos años, la pobreza sigue instalada en un cuarto de la población y si miramos más adentro, se observa que aumenta entre los jóvenes y niños y casi se duplica en las provincias del norte: entonces no hacen falta datos estadísticos para concluir que la mayoría del trabajo generado es de calidad precaria y en consecuencia nuestro futuro aparece cuestionado.
Este ciclo de crecimiento sostenido se debió, entre otras cosas, a la utilización de la capacidad ociosa de equipos y mano de obra. Utilizados estos recursos, para sostener hoy los actuales niveles de crecimiento, resulta necesario incrementar la inversión para el aumento de la producción y la oferta de bienes.
De modo que si para crecer hace falta inversión y para mejorar la distribución y eliminar la pobreza hacen falta salarios reales más altos la inversión que se necesita no es cualquiera. Es inversión orientada a la calidad.
Ahora bien, salvo la inversión en obra pública que se realiza desde el Estado, esta sigue concentrada en ciertos sectores de la economía y en algunos grupos dominantes y a su vez en una pequeña parte del territorio nacional. Nuestro PBI sigue estando en un 80% en el área central del país concentrado en una porción menor al 20% de la superficie. La Patagonia sigue despoblada sin industrias y el Norte Grande empobrecido y con desarrollos agropecuarios primarios.
¿Qué sucede si en una fiesta de cumpleaños hay diez chicos y dos de ellos se reparten cuatro pedazos de torta cada uno? El resultado es que al 80% de los niños participantes sólo le queda el 20% de la torta. ¿Entonces, qué se debería hacer en ese caso? ¿Quitarles el excedente de lo que no se han comido los apropiadores para compensar a los que han sido despojados? ¿Y si se han comido todo o el excedente no alcanza?
Antes de enfocar este tema veamos la situación actual en la oferta de inversiones.

¿Como estamos hoy en materia de inversiones?
Un informe reciente de la CEPAL señala que fue record la IED en América Latina, y que en Argentina creció el 14% durante 2007 llegando a 5720 millones de dólares. El actual titular de la CEPAL es uno de los tantos economistas que creen, con mentalidad dependiente, que el único camino del desarrollo en capital y tecnología viene de afuera. Así lo expresaba en los fundamentos de la ley de presupuesto 2000, cuando era ministro de economía del gobierno aliancista. Allí se afirmaba que el objetivo principal de la economía es el cumplimiento de los pagos y servicios de deuda porque de esa forma somos confiables para atraer inversiones que estarán principalmente orientadas al sector exportador para poder obtener divisas y cumplir con los compromisos. Obviamente, no se ignora y se menciona especialmente en los fundamentos de esa ley de presupuesto el grave problema que representa el desempleo, con datos de 1999, pero se considera que, en este esquema, será resuelto por la atracción de inversiones aunque reconoce que es un proceso lento y que en el mientras tanto deberá atenderse con la acción social. Esto es así ya que resulta, para él, impensable acciones dirigidas desde el Estado como incremento de obra pública u otras ya que el gasto público debe ser reducido.
Algunos de estos conceptos vuelven a aparecer y se resucitan los cantos de sirena sobre la necesidad de hacernos internacionalmente confiables para atraer la Inversión Extranjera Directa explicando las bondades que esta tuvo en el crecimiento económico de los 90. Flagrante mentira propia de los personeros del interés foráneo ya que las IED en los 90, cuando no estuvieron centradas en la especulación financiera, se dedicaron a la compra de activos del estado, industrias extractivas y servicios, y casi no incursionaron en la creación de nuevos activos industriales. Lejos de generar trabajo vivimos la peor época de desempleo y exclusión.
El informe de los anuncios de inversión publicados por la ANI (Agencia Nacional de Inversiones del Ministerio de Economía) confirma que en el 2007 se realizaron 529 anuncios de inversión por un monto de US$ 22.969 millones. Bienvenidas sean, pero es interesante observar en qué y dónde se aplican. Si se exceptúa a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las otras 20 provincias explican sólo el 18 % de la inversión y si de estas exceptuamos a San Juan y Santa Cruz, que recibe cada una inversión para industria extractiva (petróleo y minería), se reduce al 13 %. También resulta llamativo que en la composición de dichas inversiones, mientras el mundo demanda alimentos, sólo el 5% de los anuncios están destinados a ese rubro.
El Estado dispone de varios instrumentos: obra pública, programas de financiamiento para desarrollo productivo y tecnología y la aplicación de la ley de promoción de inversiones.
La obra pública es fundamental para recuperar atraso en infraestructura básica y ha sido un factor clave en la rápida recuperación de empleo.
Los programas de inversión, generados en gobiernos anteriores al actual, no funcionan con aportes directos del presupuesto nacional sino con financiamiento de organismos como el BM, el BID o el BIRF. Por ejemplo, el PROSAP, programa de la Secretaría de Agricultura para el desarrollo rural acaba de incorporar 200 millones de dólares más a los 300 iniciales que viene distribuyendo hasta ahora en un 60% a acciones nacionales con el 25% de los proyectos (p.e. vacunación antiaftosa) y 40% de los recursos a provincias y para asociación de productores. Estos últimos casi no existen en la obtención de estos fondos y en las provincias sólo seis de ellas presentaron el 45% de los proyectos –siendo la mayoría de Mendoza- y once provincias el 30% de los proyectos restantes. Cabe dejar en claro que la provincia que presenta el proyecto se endeuda en el 100% de los fondos que recibe.
Sin inversión e innovación y transferencia tecnológica no hay desarrollo, en nuestro país es casi 100% inversión pública con programas como el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). De acuerdo al propio informe para 2007 del flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología se afirma que “en nuestro país existe una fuerte concentración de recursos destinados a las AC&T. El 29,3% se localiza en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y el 20,9% en la Provincia de Buenos Aires. Por lo menos la mitad de los recursos en AC&T en el año 2007 se localizaron en dichos lugares. Sigue en importancia la Provincia de Río Negro que llega a concentrar el 6,2%. El resto lo componen 21 jurisdicciones que cada una es inferior al 2,6%, totalizando el 17,9% de los recursos”. Sobran los comentarios.
Veamos la aplicación de la ley de promoción de inversiones, Ley 25.924, que permite la amortización acelerada a los efectos del cálculo de ganancias y la devolución anticipada del IVA, aprobada en el 2004 y recientemente prorrogada. Los proyectos presentados por grandes empresas, buscando el beneficio fiscal, sumaron 7.495 millones hasta el 2005 con una promesa de 4.648 empleos totales lo que da que por cada $1.623.000 se genera un empleo. Los pocos proyectos pymes presentados por el mismo régimen resultaron a igual inversión con 11 empleos por cada empleo de la gran empresa. Una de las empresas promocionadas es una trasnacional líder en la cadena sojera aceitera –en los últimos tres años exportó el 22 por ciento de los granos, el 20 de los aceites y el 18 de las harinas- y utilizó este beneficio fiscal en la adquisición de malterías.
Para completar el cuadro se puede observar que la oferta de crédito para inversión es abundante y que para pymes hay subsidios de tasa, sin embargo el volumen de crédito otorgado es escaso en relación a los desafíos de inversión necesarios

Aportar la caña y enseñar a pescar
El cuadro de situación no debe sorprender, si a él le agregamos que el 50% del trabajo es informal podemos entender que la pobreza y la injusta distribución del ingreso cruza vertical y horizontalmente en lo social y en lo territorial la estructura productiva del país. Cualquier experto en análisis sistémico visualizaría que, en estas condiciones, todo lo que se haga seguirá las reglas de acumulación actuales: la mayoría de emprendedores y pymes no acceden al crédito de inversión, no capturan los beneficios fiscales, las provincias pobres no pueden seguir endeudándose y no reciben inversores de significación.
Así funcionan las leyes de mercado, por eso en el centro geográfico de la acumulación de PBI e inversiones se puede pasar a la modernidad con un tren bala que una Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en vez de que este sea transpatagónico, de fomento e integración.
La torta está mal repartida y si la voracidad no dejó tiempo para restituir lo excesivamente apropiado o es insuficiente, como hoy, cualquier padre, responsable de la fiesta de cumpleaños, rápidamente produciría más torta para entregarla a los despojados y se aseguraría, a futuro, los mecanismos que impidan una injusta distribución.
Estas son las tareas a encarar, fomento a la inversión productiva de alto valor y cambios estructurales que impidan la regresión a formas injustas, en la convicción que el crecimiento solo no asegura una justa distribución. Hay que enseñar a pescar y además, por la situación social de crisis aún no superada, también hay que repartir la caña.