El rol del Estado en los países industrializados y en países emergentes. Por Aldo Ferrer.
En la última Cumbre de Líderes Progresistas, celebrada recientemente en Santiago de Chile, participé en el debate sobre el papel del Estado en la actualidad. En mi intervención señalé que la crisis mundial ha provocado la revalorización del papel del Estado en la evolución y el desarrollo de las economías de mercado.
Las políticas públicas proporcionan actualmente las tablas de salvación. Pero conviene observar que el Estado tiene responsabilidades muy distintas en las economías industriales de alto desarrollo científico y tecnológico y en las de los países emergentes en proceso retransformación. En aquellas, las responsabilidades principales son tres. Primero, administrar el funcionamiento de los mercados. Segundo, sostener la demanda efectiva, la producción y el empleo. Tercero, la protección social, el llamado “Estado de bienestar”. En los países emergentes, las responsabilidades del Estado incluyen estas tres dimensiones pero también otras, tanto o más complejas que aquéllas. Por eso, desde la perspectiva periférica es útil observar el comportamiento del Estado en las economías emergentes más exitosas (Corea, Taiwán, China, India, Japón a partir de la Restauración Meiji y en la posguerra post-1945).
En las economías avanzadas, la gestión del conocimiento está incorporada en la dinámica social y en sistemas, en los cuales los intereses privados nacionales y los Estados conservan una influencia decisiva en el dominio de los recursos y el proceso de acumulación. La ciencia y la tecnología se despliegan en estructuras diversificadas y complejas. El tejido productivo está preparado para asimilar las transformaciones impuestas por el cambio tecnológico. En los países industriales, el poder nacional y el ejercicio de la soberanía se respaldan en sistema maduros capaces de establecer, con el resto del mundo, relaciones simétricas o dominantes, no subordinadas.
En los países emergentes, el Estado enfrenta la resolución de desigualdades sociales generalmente más graves (como sucede en América Latina) que en las economías avanzadas y, simultáneamente, la transformación de la estructura productiva para gestionar el conocimiento y construir poder de decisión. En la periferia, la responsabilidad del Estado incluye consolidar la densidad nacional: vale decir, la integración de la sociedad, los liderazgos con estrategias de acumulación de poder fundadas en el dominio y la movilización de los recursos disponibles dentro del espacio nacional, la estabilidad institucional y política de largo plazo y la vigencia de un pensamiento crítico no subordinado a los criterios de los centros hegemónicos del orden mundial. Sobre estas bases, el Estado en los países periféricos debe ejecutar políticas económicas generadoras de oportunidades para amplios sectores sociales, protectoras de los intereses nacionales y capaces de arbitrar los conflictos distributivos. La convergencia de estas condiciones endógenas, necesarias, permite, a su vez, consolidar el derecho de propiedad asentándolo en espacios cada vez más amplios de rentabilidad y reducir los costos de transacción que facilitan las actividades de los operadores privados. Permite, asimismo, mantener los equilibrios macroeconómicos de largo plazo incluyendo el presupuesto, el balance de pagos, la moneda y la estabilidad de precios.
El Estado es un protagonista principal, vinculado con la actividad privada, en el desarrollo de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología para promover la innovación y la incorporación de los conocimientos importados en el propio acervo. La complejidad creciente de la actividad económica multiplica la demanda de tecnología que conviene atender, en la mayor medida posible, con la propia oferta de bienes complejos y conocimientos. La elevación de los niveles educativos y la promoción de la ciencia y la tecnología son objetivos esenciales en la acción pública de los países emergentes, mientras el sector privado despliega sus actividades e investigación y desarrollo.
La experiencia de la Argentina proporciona un caso interesante para el análisis de las funciones del Estado en las economías emergentes. Desde mediados de la década de 1970 y durante más de treinta años, “Estado, políticas públicas, regulación” constituyeron malas palabras. En ese entonces, el paradigma dominante de la política económica fue “transmitir señales amistosas” a los mercados. El país se endeudó hasta el límite de la insolvencia y vendió a filiales de corporaciones transnacionales, el control de los principales activos en petróleo, energía, telecomunicaciones y las mayores empresas privadas. De las mayores 500 empresas del país, más de 300 son filiales y generan más del 80% del valor agregado de la muestra. El epílogo fue el default y el descalabro del 2001/02.
Con el cambio de paradigma, el Estado reapareció y demostró cuatro hechos. Primero, que pudo recuperar el comando de la economía y sus instrumentos fundamentales: fiscal, monetario y pagos internacionales. Segundo, que puede arbitrar la puja distributiva (salarios, ganancias, impuestos, subsidios, etc.). Tercero, que puede establecer los marcos regulatorios dentro de los cuales se despliega la actividad económica, incluyendo los sectores económicos concentrados y las filiales de las empresas extranjeras. Cuarto, que puede reasumir la gestión de servicios públicos y actividades privatizados en caso de incumplimiento contractual de los concesionarios. Éstas son responsabilidades esenciales del Estado promotor del desarrollo de una economía moderna en el mundo globalizado. Ahora, para tales fines, el Estado argentino existe y es preciso que funcione con la mayor transparencia y eficiencia posibles.
La experiencia argentina arroja tres enseñanzas principales. A saber:
1. Es imprescindible ejercer el derecho soberano de conducir la política económica en pos de objetivos, abiertos al mundo, pero esencialmente nacionales.
2. Es preciso mantener la casa en orden, consolidar los equilibrios macroeconómicos y descansar principalmente en los recursos propios.
3. Es necesario fortalecer la competitividad de la producción doméstica para que el lugar más rentable y seguro para invertir los recursos internos sea el propio país y atraer, complementariamente, recursos externos.
En realidad, nada nuevo, porque, desde siempre, la responsabilidad del desarrollo es indelegable, los países se construyen desde adentro hacia afuera y, en definitiva, cada uno tiene la globalización (y las crisis) que se merece, en virtud de la calidad de sus propias políticas. Éstas son las bases fundamentales del desarrollo económico que debe promover la educación y la inclusión social. Y las únicas respuestas válidas en los países emergentes a la situación mundial actual.
Aldo Ferrer
Director Editorial
Buenos Aires Económico
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