La motosierra de Milei: ¿Cómo el ajuste pone en jaque a la ciencia argentina?

 El gobierno impulsa un histórico recorte presupuestario y una reorientación de la investigación científica, mientras el CONICET mantiene su lugar como el organismo más prestigioso de Latinoamérica. La comunidad alerta sobre una fuga de cerebros y el abandono de líneas de investigación estratégicas.

---

En los pasillos del CONICET, la desazón convive con la excelencia. Mientras el organismo científico argentino acaba de ser posicionado por séptimo año consecutivo como el más prestigioso de Latinoamérica en el Ranking Scimago 2025, sus investigadores enfrentan una realidad paradójica: el gobierno de Javier Milei ejecuta el mayor recorte presupuestario en la historia moderna de la ciencia nacional.

La llamada «motosierra» ha convertido a la comunidad científica en uno de los blancos más visibles del ajuste. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión estatal en el sector cayó un 30,3% en 2024 y se proyecta que caerá al 0,15% del PIB en 2025, un nivel inferior incluso al de la crisis de 2002 (0,17%) y muy lejos del máximo del 0,35% de 2015.

El desmantelamiento silencioso

Los números revelan el impacto concreto de estas políticas:

4.148 empleos perdidos en el sistema nacional de ciencia y tecnología entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.

1.513 agentes menos solo en el CONICET, entre despidos, renuncias y jubilaciones, sin nuevas altas.

Pérdida del 40% del poder adquisitivo de salarios y becas desde que Milei asumió la presidencia.

Suspensión de ingresos a la Carrera del Investigador Científico, negándole el acceso a más de 800 postulantes ya evaluados favorablemente.

«El diagnóstico es terrible. La situación es muy grave. Es la mayor caída de la inversión en ciencia y tecnología en Argentina desde 1972, cuando se empezó a medir», señaló Gabriela Dranovsky, codirectora del CIICTI, en diálogo con la agencia EFE.

La universidad pública: otro frente del ajuste

El desfinanciamiento se extiende con crudeza a las universidades nacionales, donde según el Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida del 40% respecto a diciembre de 2023. El presupuesto universitario para 2025 representa apenas el 0,47% del PBI, el nivel más bajo en tres décadas, muy por debajo del piso histórico del 0,85% establecido por la Ley de Educación Superior. Esta asfixia presupuestaria ha generado una masiva deserción de 12.500 docentes en el primer semestre de 2025, mientras crece la emergencia edilicia en 45 universidades nacionales que reportan 1.840 aulas y laboratorios inutilizables por falta de mantenimiento. «Las universidades están al borde del colapso funcional», advirtió el rector de la UNLP, Martín López Armengol, durante la última asamblea del Consejo Interuniversitario Nacional.

Abandono estratégico: energía nuclear y satélites

El ajuste alcanza también a áreas consideradas estratégicas por gobiernos de distintos signos políticos durante décadas. En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el proyecto CAREM 25 -el primer reactor nuclear de potencia de diseño íntegramente argentino- enfrenta su momento más crítico, con un recorte del 78% en su presupuesto operativo que obligó a despedir a 200 especialistas altamente calificados. Paralelamente, en INVAP, la empresa estatal de tecnología, se suspendió el desarrollo de los satélites SABIA-Mar 2 y SAOCOM 3, destinados a monitoreo oceánico y terrestre, a pesar de que Argentina había logrado posicionarse como líder regional en la industria espacial. «Estamos renunciando a capacidades soberanas que llevaron 40 años construir», lamentó el exdirector de la CNEA, Osvaldo Calzetta, en declaraciones al diario Página/12.

Contraste con políticas anteriores

La actual política de desinversión contrasta marcadamente con las gestiones anteriores. A partir de 2003, el CONICET comienza con una recuperación notable, gracias a la política de Ciencia y Tecnología llevada a cabo por el nuevo gobierno. Ingresan contingentes de científicos y científicas. “Los argentinos y quienes nos están viendo a través de la televisión tienen que entender que no hay país posible, no hay país independiente, no hay país que tenga posibilidades de crecimiento, si nosotros no desarrollamos a fondo la investigación en la Argentina”, señalo Néstor Kirchner, en aquel momento.

Dr. Daniel Salamone / Presidente del CONICET

En 2007 una de las medidas adoptadas por el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la creación de una institución inédita: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT). Pocos años después se sitúa en el Polo Científico Tecnológico, un espacio que nuclea a la administración y algunos laboratorios del ámbito científico.  Esta política de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permite que cientos de científicos y científicas regresen a investigar al país. En 2011 se inaugura Tecnópolis. En 2012, en una decisión histórica entre el sector científico y el productivo, el Gobierno funda YPF Tecnología S.A. (Y-TEC), un modelo innovador, único en la región, en el que se combina YPF, la empresa de energía más grande del país, y el CONICET.

Durante esos gobierno, la inversión en ciencia se multiplica hasta alcanzar el 0,34% del PBI en 2022, con un crecimiento del 125% en becas doctorales y postdoctorales respecto a 2019. «Tuvimos una política activa para que los investigadores que se habían ido durante el gobierno de Macri volvieran al país», recordó el exministro Daniel Filmus, quien destacó que en 2023 se concretó el mayor número de repatriaciones de la última década, con 347 científicos regresando al sistema nacional.

No solo es dinero: el control por decreto

Más allá del ajuste presupuestario, el gobierno prepara un decreto para intervenir directamente en el CONICET, reorientando las investigaciones hacia áreas que considera estratégicas como energía, minería, salud y tecnología.

La medida, que ya pasó por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Legal y Técnica, modificaría la estructura de gobernanza del organismo. El objetivo declarado es «ordenar las prioridades científicas» y evitar que se financien proyectos «de baja relevancia».

En paralelo, mediante la resolución 10/2025 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso una «evaluación exhaustiva» en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que, según denuncia la Asociación de Trabajadores del Estado del CONICET Córdoba, otorga potestad para eliminar becas y programas bajo criterios de «economicidad».

La ciencia que se apaga: casos concretos

El impacto trasciende las estadísticas y se materializa en proyectos específicos. En el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), el equipo liderado por Marina Alma había desarrollado un sistema basado en cebos y repelentes naturales para controlar hormigas cortadoras de hojas, una alternativa sustentable a los agroquímicos.

La estrategia «push-pull» había demostrado su efectividad: aumentaba la supervivencia de árboles recién plantados del 2% al 54%. «A futuro, pensábamos investigar cómo mantener por más tiempo el aceite en la planta para mejorar la efectividad de la estrategia y escalar estos resultados a plantaciones forestales reales», contó la investigadora. Sin embargo, el recorte dejó esta línea de investigación trunca.

Situaciones similares se replican en otros espacios. En ARSAT, empresa pública de telecomunicaciones satelitales, Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación IT, relató: «El Gobierno desfinanció todos los proyectos. Los créditos que teníamos asignados no se ejecutan. Tenemos que pagar facturas para seguir con la construcción de un satélite, el dinero está asignado, pero el Gobierno no nos deja hacer esos pagos».

Excelencia versus discurso

La contradicción entre los logros del sistema y el relato oficial se ha vuelto más evidente que nunca. El Ranking Scimago 2025 no solo ubicó al CONICET como la institución de investigación más prestigiosa de Latinoamérica, sino que lo posicionó en el puesto 79 entre 5.000 organismos a nivel mundial.

«Contrariamente a toda la propaganda anticiencia y anti CONICET del gobierno nacional y ante el silencio de las autoridades del organismo, este prestigioso ranking internacional de CyT habla por sí mismo», apuntó Roberto Salvarezza, expresidente del CONICET entre 2012 y 2015.

Ana Franchi, quien lideró el organismo entre 2019 y 2023, remarcó: «Los científicos sufren un destrato constante por parte del gobierno nacional. A pesar de todo eso, siguen trabajando y lo hacen con excelencia».

Fuga de cerebros y futuro hipotecado

La consecuencia más dramática de esta política es el éxodo de investigadores jóvenes. Formar un científico demanda unos 15 años en Argentina, pero muchos becarios no continúan con la carrera ante la falta de perspectivas.

«Este futuro es el que hoy motiva a jóvenes investigadores y a doctorandos a buscar otros horizontes no solo en Europa o EEUU, sino también en otros países latinoamericanos», explicó Salvarezza. Y sentenció: «La defensa del CONICET, así como también de todo nuestro sistema de ciencia y tecnología es fundamental para retomar el camino de un país que pueda insertarse en el mundo con posibilidades de desarrollo. Sin ciencia y sin tecnología, Argentina no tiene futuro».

Gabriel Bover, delegado sindical en el CONICET, graficó la situación en términos concretos: «Hemos perdido casi un 40% del salario desde que asumió Milei. Un investigador promedio tiene problemas para sustentar un alquiler y una cesta básica. Hay gente que hasta trabaja de chófer o en un comercio».

El silencio del liderazgo

Mientras la comunidad científica se moviliza y alerta sobre el desmantelamiento, la actual conducción del CONICET, encabezada por Daniel Salamone, mantiene un perfil bajo. Salamone, investigador especializado en biotecnología animal cuyo nombramiento fue visto con esperanza por algunos sectores, no se ha pronunciado públicamente sobre los recortes.

Este silencio contrasta con la urgencia de la situación. Como advirtió Marina Alma, quien busca financiamiento internacional para continuar sus investigaciones sobre microplásticos en abejas: «El desfinanciamiento de la ciencia no solo deja truncas líneas de investigación que podrían contribuir a estrategias más sostenibles de producción, sino que desmotiva a los jóvenes investigadores, poniendo en riesgo décadas de conocimiento acumulado».

¿Hacia un punto de no retorno?

El gobierno insiste en que su objetivo es reorientar recursos hacia áreas estratégicas y eliminar lo que considera gastos superfluos. Sin embargo, los especialistas advierten que el ecosistema científico no puede desconectarse sin sufrir daños irreparables.

«Esta situación se verá comprometida si continúan las actuales políticas de destrucción», pronosticó Salvarezza. «Sin financiamiento de proyectos, con restricciones para que los jóvenes doctores y personal de apoyo puedan incorporarse a la institución, sin equipamientos e infraestructuras adecuadas, el futuro de la institución es el desguace».

Mientras el debate continúa, los laboratorios se vacían, los proyectos se archivan y una generación de científicos formada con recursos públicos busca oportunidades en el exterior. La paradoja es amarga: Argentina mantiene su liderazgo científico regional, pero al mismo tiempo, sistemáticamente desarma el sistema que lo hizo posible.

 

REDACCION  DATA POLITICA Y ECONOMICA.

FUENTES:  Diarios nacionales, agencias y portales

El malestar democrático: de la crisis de representación a la comunidad organizada

 El respaldo a los sistemas democráticos se erosiona a nivel global, impulsado por la desinformación, la desigualdad y un creciente desencanto ciudadano. Mientras tanto, líderes como Trump, Milei, Bolsonaro y Meloni ganan terreno con discursos que cuestionan los pilares de la democracia. La pregunta es inevitable: ¿Qué hacer frente a este nuevo fenómeno?

Por Antonio Muñiz. 

 Una encuesta reciente sorprendió a la dirigencia política alemana: el partido de extrema derecha Alternative für Deutschland (AfD), sospechado de extremismo y vinculado a escándalos neonazis, aparece —aunque por un estrecho margen— como la fuerza más popular del país.

No se trata de un caso aislado, sino del síntoma de una nueva realidad: la principal amenaza para la democracia en el siglo XXI ya no es exclusivamente externa (como lo fueron el fascismo o el comunismo en el siglo pasado), sino interna y sistémica. El peligro se infiltra en las mismas instituciones del Estado, que estos líderes juran destruir o transformar radicalmente.

Este avance se materializa en el surgimiento de nuevos liderazgos que han hecho de la crítica a las instituciones democráticas su bandera central. Desde Donald Trump en Estados Unidos, promoviendo la desconfianza en el sistema electoral, hasta Javier Milei en Argentina, cuestionando la existencia misma del Estado. En Brasil, Jair Bolsonaro desconoció resultados electorales; en Europa, Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría, Vox en España y Marine Le Pen en Francia representan variantes de este mismo fenómeno. Incluso en El Salvador, Nayib Bukele muestra cómo un liderazgo autocrático puede acumular popularidad mediante la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Este proceso no es fortuito ni espontáneo. Es el resultado de una tormenta perfecta que comenzó a gestarse hace más de una década. Para muchos analistas, el punto de inflexión fue la crisis financiera de 2008:

“La ciudadanía, confiada en la vigilancia de las instituciones reguladoras del sistema financiero, despertó con la pesadilla de descubrir que el Estado democrático estaba dormido o, peor aún, mirando hacia otro lado”.

Millones de personas perdieron ahorros y hogares, y con ello se abrió una primera grieta de desconfianza hacia lo que muchos perciben como una democracia reducida a un ritual electoral incapaz de garantizar justicia social ni canalizar la voluntad popular en la vida cotidiana.

La crisis de la democracia formal y el fantasma de la sociedad rota

El sociólogo Jesús M. de Miguel Rodríguez atribuye el retroceso global de la democracia a tres factores: desinformación, polarización política y autocratización de los regímenes. Pero más allá de estas causas inmediatas, persiste un malestar profundo: la percepción de que la democracia representativa incumplió su promesa de bienestar y participación real.

En el caso argentino  es  recordada frase de campaña del ex presidente  Raúl Alfonsín —“Con la democracia se come, se educa y se cura”— . Sin embargo esta frase terminó convertida en un eslogan incumplido tras 40 años de democracia.

La percepción de un “sistema roto” o fracasado es generalizada. La falta de confianza en las élites, la sensación de no estar representados y el reclamo de un líder fuerte que ordene las cosas, son hoy opiniones extendidas en muchas sociedades.

“El sistema ya no es eficiente para generar soluciones reales que impacten en la vida cotidiana”. Este desencanto alimenta el terreno fértil donde prosperan populismos y liderazgos extremos, que capitalizan el divorcio entre ciudadanía y representantes.

Lo que antes parecía seguro —el espacio democrático y comunitario— ahora se percibe asediado por fuerzas que crecieron con nuestro propio consentimiento.

Hacia una comunidad organizada

Frente a la crisis de la democracia formal, surge la necesidad de un modelo más robusto, que supere los límites de la representación tradicional mediante la participación ciudadana constante en la gestión de lo público. Esta propuesta, desarrollada por Juan Domingo Perón bajo el nombre de comunidad organizada, encuentra hoy nueva vigencia en sectores políticos, sociales e incluso en parte de la Iglesia católica latinoamericana.

No se trata de abolir las instituciones existentes, sino de enraizarlas en una red viva de participación popular que las vigile, complemente y fortalezca.

La comunidad organizada se apoya en dos pilares:

Democracia social, que va más allá de los derechos políticos y propone la democratización de todos los ámbitos de la vida —economía, cultura, trabajo, territorio—, permitiendo que las decisiones sobre el presupuesto municipal, la gestión de un hospital o el desarrollo de un barrio sean deliberadas colectivamente.

Democracia directa, que brinda las herramientas concretas: presupuestos participativos, asambleas vinculantes, consultas populares y mecanismos de iniciativa legislativa que reduzcan la distancia entre la voluntad popular y la acción de gobierno.

El sociólogo Richard Sennett, al reflexionar sobre la necesidad de “recobrar la experiencia de la vida pública”, contribuye a este concepto: la comunidad organizada sería el marco donde el encuentro con el “otro” se institucionaliza y se vuelve productivo. “La cooperación es el arte de vivir en el desacuerdo”, afirma Sennett.

La comunidad organizada no elimina el conflicto, pero lo canaliza en formas civilizadas de resolución.

Riesgos y desafíos

El paradigma no está exento de riesgos. En Alemania, por ejemplo, el debate sobre la “democracia militante” frente al avance del AfD plantea prohibiciones legales. Pero la comunidad organizada ofrece una estrategia más profunda: desactivar los extremos fortaleciendo el músculo cívico desde la base social.

El peligro, como advierte Richard Seymour en Disaster Nationalism, es que el “nacionalismo del desastre” brinde soluciones autoritarias y simplistas a problemas complejos. Frente a esa narrativa, la comunidad organizada propone una épica alternativa: la construcción paciente, colectiva y empoderadora de un destino común.

La disputa ya no se libra solo en el terreno de las ideas, sino en las experiencias concretas. Donde un ciudadano se limita a votar cada cuatro años, el relato antisistema prende con facilidad. Pero donde ese mismo ciudadano integra una asamblea barrial que decide sobre su plaza o un comité que fiscaliza la obra del hospital, la democracia deja de ser abstracta para convertirse en herramienta cotidiana.

Epílogo

El asedio a la democracia es real: avanza en Europa y América a través de líderes como Trump, Milei y Meloni; se refuerza en el poder corporativo que pregonan los gurús de Silicon Valley; y prende, sobre todo, en el desencanto de las nuevas generaciones.

Responder con las mismas armas del autoritarismo —prohibiciones o repliegues— es un espejismo. Si el problema es estructural, la respuesta no puede ser solo defender instituciones, sino transformarlas desde dentro con más participación ciudadana.

El futuro de la democracia no está en un regreso nostálgico, sino en su capacidad de evolucionar hacia una comunidad organizada, donde la democracia social y directa dejen de ser consignas y se conviertan en tejido vivo de una convivencia renovada.

Frente a la sombra que acecha, la consigna es clara: más democracia, pero radicalmente diferente.

 

 

«En búsqueda del país perdido»

 Claves para reconstruir un modelo argentino.

Argentina enfrenta una paradoja persistente: posee vastos recursos naturales pero sufre índices de pobreza estructuralmente elevados. Esta contradicción no es reciente; es el resultado acumulado de más de varias décadas de alternancia entre modelos económicos incompletos y contradictorios.

Por Antonio Muñiz

El país se debate entre su vocación natural como exportador de materias primas y la necesidad imperiosa de construir una base industrial sólida que garantice empleo masivo y valor agregado.

La historia reciente demuestra que ni el mero aprovechamiento de las ventajas comparativas en commodities ni los intentos aislados de industrialización por sustitución de importaciones han logrado romper el ciclo de crisis recurrentes.

El desafío actual, por lo tanto, trasciende el manejo macroeconómico coyuntural y apunta a la construcción de un consenso social y político para un proyecto de desarrollo a largo plazo.

Un poco de historia

El proceso de desindustrialización que sufre la economía argentina tiene una fecha de inicio claramente identificable: la dictadura militar de 1976. Las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz implementaron conscientemente un modelo financiero y especulativo, desarticulando el entramado industrial que se había desarrollado durante las décadas previas.

Este proceso no fue accidental sino deliberado, destinado a reorientar la economía hacia la renta financiera y la explotación extensiva de recursos primarios. La década de 1990, con las reformas de Carlos Menem y Domingo Cavallo, profundizó esta tendencia mediante privatizaciones, apertura importadora y valorización financiera, completando la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional. Las consecuencias sociales no se hicieron esperar: el desempleo estructural, la pobreza y la marginalidad se instalaron como características permanentes del panorama social argentino.

Tras la crisis de 2001, que mostró con crudeza el fracaso del modelo neoliberal, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner intentaron reencauzar el proceso de industrialización mediante políticas de sustitución de importaciones y recuperación del mercado interno. Este período logró avances significativos en el crecimiento del PBI y mejoras sustanciales en los indicadores sociales, reduciendo la pobreza y generando empleo industrial. Sin embargo, estos logros se vieron limitados por restricciones estructurales, particularmente la crónica falta de divisas para financiar la importación de insumos y bienes de capital necesarios para el proceso productivo.

El triunfo de Mauricio Macri con una receta neoliberal tradicional frustró ese proceso. Comenzó nuevamente una política desindustrializadora con un auge de la economía rentística financiera, con el gravoso retorno a las fauces del FMI y a la deuda externa.

El gobierno de Alberto Fernández navegó sin rumbo claro entre las restricciones que le marcó la coyuntura: pandemia, guerra y sequías, internas varias y sus propias limitaciones políticas y personales. Situación esta que llevó al triunfo de Javier Milei y una fuerza anarcocapitalista y reaccionaria, con un proyecto de reformular la economía y la sociedad argentina. Su modelo es un retorno a una Argentina del siglo XIX, productora de comoditys y subordinada al poder internacional.

Los resultados, cumplidos casi 20 meses de gobierno, muestran la inviabilidad histórica de estos proyectos neoliberales. Caída brutal del consumo y de la actividad industrial, disparada del dólar y sobre todo del riesgo país, En el horizonte asoma nuevamente una devaluación y  el fantasma del default.

Como resultado de toda esta nueva experiencia neoliberal queda consolidada otra vez la restricción externa de la deuda, la falta de dólares para el funcionamiento de la economía real pero también para hacer frente a los compromisos de la deuda.

Escenarios y desafíos

La situación actual presenta desafíos complejos.

La deuda externa se constituye como un instrumento de condicionamiento estructural,  como un factor limitante para cualquier proyecto de desarrollo político y económico autónomo.

El contexto global está marcado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y crisis múltiples en los órdenes sanitario, climático y alimentario.

En este escenario, la relación con bloques emergentes como los BRICS, y particularmente con China, presenta oportunidades pero también riesgos. La tentación de insertarse en el mundo como mero proveedor de materias primas es fuerte, especialmente ante la demanda creciente de alimentos y energía por parte de las potencias asiáticas.  Esta además la próxima firma el acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea, que abre mercados pero también genera los mismos riesgos de primarización de la economía.

Caer en esta tentación significaría repetir el error histórico de subordinación a los intereses de las potencias hegemónicas de turno.

La oportunidad real reside en negociar acuerdos que incluyan transferencia tecnológica y condiciones para industrializar los recursos naturales nacionales.

El principal desafío para el desarrollo argentino ya no es la sustitución simple de importaciones, sino la necesidad de dar un salto tecnológico que permita recuperar el tiempo perdido. Argentina cuenta todavía, aun con los ajustes y golpes por parte del gobierno mileista, con recursos humanos altamente calificados y instituciones científicas de excelencia, como el CONICET y las universidades nacionales.

La inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI hoy es inexistente, pero siempre fue históricamente insuficiente en comparación con países que han logrado desarrollos tecnológicos significativos.

Además, históricamente el ecosistema emprendedor enfrentó obstáculos casi insalvables: falta de crédito, alta tributación, macroeconomía inestable y ausencia de políticas de Estado consistentes. El resultado es una de las tasas de fracaso emprendedor más altas del mundo, cercana al 80% en los primeros dos años de vida de los proyectos.

La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. Países como China, Corea del Sur, Israel y los llamados «tigres asiáticos» demostraron que el desarrollo tecnológico requiere de un Estado activo que articule todos los sectores involucrados, establezca reglas claras y provea financiamiento para actividades de alto riesgo.

Las actividades de investigación y desarrollo tienen inherentemente alta tasa de fracaso, lo que dificulta el desarrollo de un mercado de capitales privado para este sector. El Estado puede y debe compensar estas fallas de mercado mediante apoyo directo (subvenciones, préstamos) e indirecto (incentivos fiscales, compras públicas).

El caso de Israel es particularmente ilustrativo: el gobierno financia el 85% de los proyectos de I+D en etapas tempranas, creando las condiciones para que luego el sector privado tome la posta.

Argentina tiene ventajas competitivas en áreas estratégicas donde podría concentrar sus esfuerzos: energías convencionales y alternativas, biotecnología, industria farmacéutica, tecnologías aeroespaciales, minería con valor agregado y la transición hacia la electromovilidad. En cada una de estas áreas existen desarrollos incipientes que podrían escalarse con políticas adecuadas.

La energía nuclear es un ejemplo destacable: Argentina es uno de los pocos países que domina el ciclo completo del combustible nuclear, desde la extracción del uranio hasta la fabricación de elementos combustibles. Las empresas INVAP y CONUAR, con proyectos como el CAREN,  son ejemplos de capacidades tecnológicas nacionales que han logrado insertarse en mercados internacionales competitivos.

La construcción de un modelo de desarrollo sostenible requiere, fundamentalmente, de un gran Acuerdo Nacional que trascienda los ciclos políticos y establezca políticas de Estado a largo plazo. Este acuerdo debe contemplar varios ejes centrales: un sistema educativo que priorice la ciencia y la tecnología; un mercado de capitales que financie  la innovación; una reforma fiscal que incentive las actividades productivas sobre las especulativas; y una inserción internacional inteligente que priorice los intereses nacionales.

La soberanía en el siglo XXI ya no se mide solamente por la independencia política formal, sino por la capacidad de un país de producir tecnología, generar empleo de calidad y satisfacer las necesidades de su pueblo.

El tiempo apremia. Cada crisis cíclica profundiza la desesperanza y erosiona el tejido social. La alternativa es clara: o Argentina logra construir un modelo de desarrollo productivo con inclusión social, o seguirá repitiendo el ciclo de auge y caída que caracteriza a las economías dependientes de recursos primarios.

La historia demuestra que los países que han logrado desarrollarse lo hicieron mediante la constante agregación de valor y la apuesta al conocimiento. Argentina tiene todos los elementos para seguir ese camino; lo que falta es la voluntad política y el consenso social para emprenderlo de manera definitiva. El futuro del país depende de esta elección.

Desarmar la Argentina clandestina

Debajo de los discursos y la coyuntura, persiste un entramado oculto de poder económico, judicial y mediático que define el rumbo del país más allá de los gobiernos.

Por Antonio Muñiz.

 

Tras la superficie de la política visible opera una red de acuerdos entre poder económico, judicial y mediático. La verdadera reforma debe comenzar por desarticular estas estructuras ocultas que han moldeado el destino del país.

La realidad argentina excede la mera sucesión de eventos coyunturales. El proceso político actual representa la expresión más aguda de un régimen de corrupción estructural que precede al gobierno presente. Comprender los desafíos del llamado «día después» requiere analizar este entramado sistémico desde una perspectiva que supere el análisis superficial.

La simbiosis del poder

La corrupción en Argentina constituye un régimen establecido que trasciende los actos ilícitos aislados. Se manifiesta como una red de acuerdos tácitos y explícitos enquistada en la médula del Estado y la economía, donde operan en simbiosis actores aparentemente disímiles pero profundamente interconectados.

El poder económico concentrado representa uno de los pilares de este sistema. Grandes conglomerados locales y multinacionales han encontrado en su relación con el Estado la vía más rentable para acumular capital, mediante mecanismos que incluyen sobreprecios, adjudicaciones directas y evasión fiscal consentida. El sistema financiero actúa como facilitador de este circuito, permitiendo la fuga de capitales y el blanqueo de dinero ilícito, mientras se beneficia de la especulación y el endeudamiento permanente del Estado.

Dentro del aparato estatal, funcionarios de diversos signos políticos han operado como administradores de este régimen, direccionando recursos públicos hacia actores económicos aliados a cambio de prebendas o futuras posiciones. La impunidad garantizada por segmentos del poder judicial corona este esquema, mediante la dilación de causas, fallos arbitrarios y persecución selectiva de opositores.

Los grandes medios de comunicación cumplen una función dual: como actores económicos que se benefician de publicidad oficial discrecional y regulaciones favorables, y como arquitectos del sentido común que visibilizan selectivamente los actos de corrupción según convenga a sus intereses.

La radicalización del sistema

Lejos de significar una ruptura, el proyecto oficial representa la radicalización de este régimen preexistente. Lo que antes era una red de corrupción que coexistía con un Estado de bienestar residual, se transforma ahora en un mecanismo acelerado de transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia los núcleos duros del poder económico.

Las herramientas tradicionales dieron paso a desregulaciones masivas que eliminan protecciones ambientales, laborales y productivas. El ajuste sobre el gasto social opera como una forma de corrupción estructural, al desviar recursos de la población vulnerable hacia el pago de una deuda cuestionable con el sector financiero.

La opacidad se institucionalizó mediante la concentración de poder y el debilitamiento deliberado de los órganos de control. Este marco facilita tanto la corrupción tradicional como nuevas modalidades donde la transferencia de recursos ocurre mediante decisiones administrativas que benefician a grupos específicos.

El desafío de la reconstrucción

Frente a este panorama, cualquier alternativa política debe entender que su tarea principal no será simplemente administrar el Estado, sino desmantelar activamente este régimen de corrupción estructural. La transformación requerida trasciende ampliamente un plan económico.

Un programa creíble exige una reforma judicial que independice realmente la procuración y la judicatura del poder político y económico. Es imprescindible establecer fueros anticorrupción con fiscales independientes y recursos propios, además de implementar juicios por jurados para casos graves. Democratizar el acceso a la función judicial, rompiendo la “familia judicial”, verdadera casta, y aumentando los controles internos sobre el desempeño de los funcionarios judiciales, transparentando sus actos.

La transparencia necesita una revolución mediante leyes de acceso a la información con mecanismos efectivos, plataformas de datos abiertos sobre gasto público y contrataciones, y veedurías ciudadanas con participación real en la fiscalización de obras públicas.

La democratización del sistema mediático requiere criterios transparentes para la distribución de la publicidad oficial y el fomento de medios comunitarios que rompan el oligopolio informativo.

La reforma política debe incluir financiamiento público de campañas y mecanismos que democraticen las estructuras partidarias.

La política económica debe reorientarse hacia la soberanía mediante una reestructuración audaz de la deuda externa, principal matriz de corrupción sistémica, ya que encubre el proceso de saqueo, apropiación y fuga de divisas, la revisión de contratos leoninos y la investigación judicial de todos los hechos y los funcionarios involucrados.

La encrucijada actual

Las fuerzas de la oposición política enfrentan una crisis donde su viejo modelo, en parte contaminado por este régimen de corrupción, muestra signos de agotamiento. La renovación necesaria no puede limitarse a lo ideológico o programático, ni siquiera generacional; debe ser fundamentalmente moral y anti-sistémica.

La construcción del día después no comenzará con un cambio de gobierno. Comienza hoy con la formación de un nuevo bloque de poder alternativo, una coalición amplia de fuerzas políticas, sociales, sindicales, culturales e intelectuales que tenga como horizonte común desarticular el régimen de corrupción y fundar una nueva República.

Este desafío exige liderazgos con autoridad moral inquebrantable, dispuestos a confrontar con los poderes reales que han capturado el Estado. La pregunta central es si existe en la Argentina la voluntad política y la lucidez estratégica para librar esta batalla, que representa la única posibilidad de asegurar un futuro de justicia social, soberanía política e independencia económica auténticas. El porvenir de la Nación depende de esta capacidad de regeneración.

septiembre 18, 2025

 

Tormenta perfecta: Milei enfrenta su mayor crisis política y económica.

 Escándalos de corrupción en el centro del poder, un ajuste que golpea a gran parte de la población, y la presión de los mercados por el dólar. El gobierno llega debilitado al 7 de septiembre, en un clima que combina incertidumbre y desconfianza.

 Un escándalo que golpea el corazón del oficialismo

El gobierno de Javier Milei transita sus horas más difíciles. A dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires —consideradas clave para el escenario nacional— estalló un caso de corrupción que sacudió a la Casa Rosada y puso bajo sospecha a su núcleo más íntimo.

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron la existencia de un presunto sistema de cobro de coimas equivalente al 8% en las compras estatales de medicamentos. Según las grabaciones, parte de esos fondos se habrían distribuido entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La Justicia federal actuó con rapidez: allanó 14 domicilios, secuestró documentación clave e incautó 266 mil dólares en efectivo. La reacción oficial no tardó: Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, fueron desplazados en menos de 24 horas.

La realidad muestra que el gobierno sintió el golpe y tardo mucho en reaccionar. Cuando intento contener el daño, lo hizo tarde y mal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos,  puso en duda la credibilidad del ex funcionario: “Si tenía sospechas y no denunció en su momento, incumplió su deber como funcionario público”. Por otro lado, Martín Menem, involucrado en la denuncia, defendió a su primo Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei: “Pongo las manos en el fuego por ellos. Esto es una operación electoral”.

Las primeras mediciones muestran un alto impacto en la opinión publica, por ejemplo una encuesta de Proyección Consultores, el 75% de los argentinos ya conoce el caso y uno de cada dos votantes libertarios cree que Karina Milei está involucrada.

Inflación en baja, economía estancada

En paralelo, el oficialismo intenta exhibir logros en el frente económico. El propio Milei celebró que la inflación de mayo fuera de apenas 1,5%, la más baja en cinco años. A pesar que ese numero comenzó a subir en los meses siguiente , el gobierno expone que su “motosierra” está dando resultados y cuenta con alto respaldo social. Sin embargo, debajo de esos datos se esconde una realidad menos alentadora.

El freno inflacionario se sostiene con tasas de interés del 70%, lo que encarece el crédito y asfixia a las pequeñas y medianas empresas. Los préstamos productivos cayeron drásticamente, y las tasas para descuento de cheques saltaron hasta el 125 %.

El superávit fiscal, otra de las banderas del gobierno, se alcanzó gracias a recortes profundos en áreas sensibles. Por ejemplo según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), jubilados, científicos y personas con discapacidad perdieron hasta 34,7% de ingresos reales en el último año. El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica, sufrió una desfinanciación del 30% en términos reales. Estos recortes se multiplicaron en todas las áreas estatales como universidades, Conicet,  INTI, INTA,  con miles de despidos, tanto del sector publico como el privado. Estos datos  son solo una muestra del alto costo social que el experimento mileista esta haciendo pagar a la sociedad argentina.

Otro dato  que el gobierno esconde, en los últimos meses, sobre todo, se disparó el déficit cuasi fiscal a partir del pago de intereses sobre girados por la política del carry trade fomentada  para contener el dolar. Según evaluaciones privadas el monto total de pagos de intereses cuadriplica el gasto en jubilaciones, lo cual muestra claramente que el relato de  “que no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sino que hay una decisión política del gobierno de privilegiar los pago al sector bancario - financiero.

El dolar sigue siendo el centro del problema económico. El gobierno no tiene dolares, no acumula reservas, mientras el tipo de cambio esta planchado por las políticas activas, pero queda cada día  mas atrasado frente a la inflación. Estas políticas generaron  y un peso sobrevaluado y un país muy caro en dolares. Por ende menos competitivo internacionalemente.  Para tener una idea del desfasaje,0 En comparación con la región, Argentina aparece entre los países más caros: un Big Mac cuesta 7,37 dólares, por encima de Brasil (4,90) y Chile (5,20).

El crecimiento previsto por el FMI para 2025, de 5,5% del PBI, hoy ajustado al 4.5 %, se concentra en la intermediación financiera (+30,2%), mientras sectores como salud (-0,5%) y educación (+0,5%) permanecen prácticamente estancados. Igualmente este pronóstico parece demasiado optimista, a pesar de la corrección de estos días, dado que tanto el consumo como la inversión están muy por debajo de los pisos históricos. Sin motores de crecimiento es casi imposible que la actividad económica se despegue. La paradoja es evidente: el modelo baja la inflación enfriando la demanda, pero lo hace a costa de paralizar totalmente la economía real.

El 7 de septiembre: un termómetro político

En este escenario, las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se presentan como un verdadero plebiscito sobre la gestión de Milei. La Libertad Avanza necesita un triunfo para mostrar fortaleza de cara a las elecciones de octubre, sobre todo por consolidar su poder y afrontar los cambios drásticos que planean para después de diciembre. Esto ante la desconfianza de los mercados que están perdiendo la paciencia ante una situación económica asfixiante.

La estrategia oficialista se concentraba en nacionalizar la campaña bonaerense, saliendo el propio presidente a hacer actos en los distritos importantes,  tras el estallido del caso ANDIS la campaña se paralizó.  Las tensiones internas pre existentes entre los distintos sectores se agudizaron, con acusaciones y sospechas mutuas. Aunque públicamente se descarta una ruptura, por debajo el conflicto puede escalar y alcanzar a otros funcionarios. Un asesor cercano al Presidente reconoció que “se desperdiciaron siete días preciosos de campaña”, con el riesgo de que el escándalo “opaque los logros en materia económica”.

El mismo Jose Luis Espert, candidato a diputado nacional por LLA, manifestó ante sus pares me “cagaron la campaña”, ante el temor que las denuncias afecten un escenario electoral, donde el gobierno había puesto todas las fichas.

Un gobierno acorralado

El gobierno de Milei se enfrenta a lo que varios analistas ya llaman su “tormenta perfecta”:

Políticamente, el escándalo de corrupción golpea el corazón del gobierno, pero ademas anula el relato anticasta y erosiona la credibilidad presidencial. Pero ademas esta siendo jaqueado por el congreso que ha comenzado a rechazar sus vetos o aprobar leyes que tienden a reparar mucho de los daños de las políticas oficiales. Otro dato es el nuevo ordenamiento que se esta gestando alrededor de los gobernadores y el consiguiente rearmado en las cámaras marcan el comienzo de un limite fuerte para su gobierno.

Económicamente, el modelo depende de dolares que no tiene,  deuda cara, tasas altísimas y un ajuste recesivo que profundiza las desigualdades. El circulo empresario que apoyó fuerte en el primer año y medio, hoy mira con desconfianza y algunos voceros dicen por lo bajo que le han “picado el boleto” a Milei.

Socialmente, las protestas se multiplican mientras todos los indicadores sociales empeoran dia a dia y la pobreza supera el 55%.

Tal vez el síntoma mas grave es la perdida de centralidad del gobierno, la perdida de la iniciativa, la agenda y el relato. Los últimos discursos de Javier Milei muestran una disociación con la realidad que genera preocupación hasta en sus mismo colaboradores.

En este escenario las elecciones bonaerenses serán más que una disputa provincial: funcionarán como un veredicto sobre el rumbo del país. Lo que está en juego no es solo el futuro de Milei, sino la viabilidad de un proyecto que solo se basa en un ajuste perpetuo con  un costo social brutal, acusaciones de corrupción y una parálisis económica sin salida a la vista.

Un analista político lo resumió en diálogo con Noticias Argentinas: “Cuando se rompe la política, es muy difícil gobernar. Y cuando se rompe la confianza, es casi imposible recuperarla”.

El tiempo de las explicaciones se agota.

Agosto 2025

Cierre de listas 2025: polarización reforzada, fragmentación y una democracia sin rumbo.

El cierre de listas para las elecciones legislativas 2025 dejó una fotografía clara y preocupante del estado del sistema político argentino:  estructuras partidarias debilitadas, atravesadas por lógicas personalistas, pactos circunstanciales y un vacío creciente de proyectos colectivos. En lugar de marcar un punto de inflexión, este cierre profundizó la fragmentación, la precariedad del liderazgo y la desconexión entre la dirigencia y la sociedad.

Por Antonio Muñiz

El peronismo: unidad de superficie, crisis de dirección

El frente Fuerza Patria, con Axel Kicillof como figura predominante, evitó una fractura interna, pero mostró su límite estratégico. Los acuerdos logrados en la provincia de Buenos Aires —con Gabriel Katopodis y Verónica Magario encabezando en la Primera y Tercera Sección— respondieron más a un delicado equilibrio de poder entre los distintos grupos, que a una visión de país o una hoja de ruta común. Hay unidad, pero sin conducción clara ni proyecto superador.

La Libertad Avanza: blindaje interno y polarización programada

El oficialismo cerró filas bajo el férreo control de Karina Milei, quien ordenó las listas con disciplina vertical. Los acuerdos con sectores del PRO, especialmente el bullrichismo, reforzaron la estrategia de expansión territorial sin diluir el núcleo ideológico libertario.

Acosado por la incertidumbre económica, un dolar que se dispara y una crisis del sector externo a corto plazo, apuesta a un triunfo rotundo en las próximas elecciones. Aunque este triunfalismo parece mas un relato hacia su núcleo duro, que a un hecho concreto que ni las encuestas ni la calle permiten visualizarlo.

Por ahora solo la motosierra, el relato mesianico y el discurso del enemigo interno siguen siendo los pilares de una campaña basada en la polarización total. Milei apuesta a un electorado movilizado por el rechazo, más que por la esperanza.

El PRO: subsumido y sin brújula

El otrora partido de gobierno llega a esta instancia política en su momento más crítico. Desdibujado, sin liderazgo y con fuerte dispersión territorial, el PRO fue absorbido por La Libertad Avanza en buena parte del país y reducido a una expresión marginal en los armados distritales. Sus figuras de peso, entre la sumisión y el aislamiento, no lograron imponer una estrategia propia.

Tercera vía: entre promesa frustrada y caos interno

Somos Buenos Aires, que aspiraba a convertirse en una opción de centro moderado, terminó como un espacio sin cohesión ni relato. La interna se desbordó en múltiples secciones: Julio Zamora impuso su candidatura en la Primera, mientras que en la Tercera y Sexta Sección estallaron disputas entre radicales, peronistas disidentes y figuras cercanas a Elisa Carrió. La salida de algunos referentes, entre ellos Margarita Stolbizer evidenció el colapso político del armado: sin programa, sin conducción y con un perfil desdibujado, el espacio perdió su sentido original.

Un sistema político sin centro ni dirección

Lo que deja este cierre de listas es un escenario donde la representación política se ha vaciado de contenido estratégico. El oficialismo radicaliza su oferta y se encierra en un núcleo duro. El peronismo intenta reorganizarse, pero arrastra las mismas debilidades estructurales desde hace años. El PRO se desintegra. Y las opciones intermedias se disuelven en sus propias contradicciones.

La democracia argentina transita una etapa de estancamiento: se negocian candidaturas, pero no se debaten ideas; se cierran listas, pero no se abren horizontes. En este contexto, las elecciones de 2025 no son solo una disputa por bancas legislativas, sino una oportunidad —tal vez la última en mucho tiempo— para reconstruir el vínculo roto entre política y sociedad.

El único interrogante que tiene toda la clase política, es saber si la tendencia al ausentismo seguirá siendo preponderante en las elecciones por venir. Un dato que los dirigentes de todos los espacios no pueden soslayar.

Sin embargo la dirigencia argentina y no solo la política, parece no ver o no querer ver la situación de crisis terminal , no solo económica, sino tambien social y sobre todo moral que la lógica de la motosierra y la destrucción del  estado están llevando a la sociedad argentina. ¿Como se reconstruye una sociedad y se sanan sus heridas después de una gestión que solo se caracteriza por la destrucción del tejido social y productivo de una nación?.

Si la dirigencia persiste en administrar el corto plazo con pactos de supervivencia, sin proyecto de nación, sin  una estrategia de crecimiento , desarrollo y mas y mejor democracia, lo que sigue puede no ser simplemente más inestabilidad, sino un salto al vacío.

 

Zona de riesgo

El modelo de Javier Milei, hacia una crisis anunciada.

por Redacción Data Política y Económica

---

Tras su mayor derrota legislativa, el gobierno enfrenta una crisis institucional sin precedentes. A las internas palaciegas y el desgaste de su relato confrontativo, se suma la desconfianza creciente del mercado, con JP Morgan y Wells Fargo recomendando desarmar posiciones en Argentina. El modelo libertario cruje en todos los frentes.

Lo que hasta hace poco se leía como una tensión previsible entre un presidente sin mayoría parlamentaria y el Congreso, derivó esta semana en un colapso político de mayor magnitud. El Senado sancionó una batería de leyes que golpean en el corazón del programa de ajuste de Javier Milei y abrió una crisis de múltiples dimensiones: conflicto de poderes, fractura interna en el oficialismo, pérdida de respaldo del mercado y creciente rechazo social a un modelo que no cierra.

La aprobación de la recomposición jubilatoria, la emergencia en discapacidad y el reparto automático de fondos a las provincias –por amplias mayorías y, en algunos casos, por unanimidad– no solo marcó el mayor revés legislativo del presidente, sino que expuso una pérdida dramática de poder real. La amenaza de vetos, la presión a los gobernadores y el intento de vaciar la sesión con el retiro de la bancada oficialista fracasaron. Incluso su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, desobedeció las órdenes de retirarse, lo que le valió acusaciones públicas de «traición» por parte del propio Milei.

Fractura en el oficialismo: el “triángulo de hierro” se rompe

La escena política del oficialismo también vive una implosión silenciosa, pero cada vez más visible. Se ha roto lo que se conocía como el “triángulo de hierro” del poder libertario: Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Milei. Hoy, Karina y los sectores que orbitan alrededor del clan Menem toman el control de la estrategia política, desplazando a Caputo –el gurú de la comunicación– y generando un vacío en la coordinación del poder real.

Las tensiones internas se agravan por la puja entre Villarruel y Patricia Bullrich, que cruzaron declaraciones durísimas luego de la sesión en el Senado. Mientras Villarruel defendió su institucionalidad diciendo que “la ley es la ley” y acusándola de integrar en el pasado organizaciones terroristas, Bullrich la acusó de “traición”, calificativo que fue acompañado por el propio Javier Milei, quien también habló de una traidora, aunque  sin nombrarla. En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó desautorizado por la aprobación de medidas que le cuestan parte del superávit, en un  momento donde el mercado duda de la viabilidad  de su programa económico.

El gobierno parece empantanado entre internas palaciegas, una agenda económica que no encuentra resultados visibles para la mayoría de la población, y una narrativa beligerante que, aunque exitosa en campaña, ya muestra signos claros de agotamiento.

El mercado empieza a dar la espalda

La fragilidad institucional y la falta de previsibilidad económica ya empiezan a reflejarse en el frente financiero. Esta semana, JP Morgan recomendó a sus clientes desarmar posiciones en activos argentinos, advirtiendo que la acumulación de tensiones políticas podría afectar la sostenibilidad del programa económico. A esa advertencia se sumó Wells Fargo, que calificó al escenario argentino como “demasiado volátil” para inversiones de mediano plazo.

El dólar blue y los financieros retomaron la senda alcista en las últimas jornadas, mientras el Banco Central tuvo que intensificar su intervención en el mercado de futuros para evitar un salto abrupto en la cotización. Las acciones argentinas, por su parte, cerraron en baja, y los bonos mostraron señales de debilidad tras semanas de euforia.

El propio gobierno reconoce que las medidas votadas representan un impacto fiscal cercano al 1,3% del PBI, una cifra menor pero que muestra lo efímero  de un superávit primario alcanzado hasta ahora con recortes severos en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y gasto público esencial.

El modelo libertario entra en crisis

El problema es más profundo que una coyuntura desfavorable. Lo que cruje es el corazón del modelo libertario: la idea de que puede gobernarse sin negociar, sin construir mayorías y sin atender a las consecuencias sociales del ajuste.

La gente no vive en “un estado opresor” como ente abstracto, sino en provincias y municipios donde el deterioro en la calidad de la vida cotidiana, en los servicios de salud, transporte, educación y seguridad es cada vez más evidente. La estrategia de “ajustar sin anestesia” parece haber llegado a su techo político.

Incluso aliados históricos del oficialismo comienzan a marcar distancia. gobernadores y legisladores que acompañaron muchas de las medidas de ajuste y le dieron gobernabilidad en esta primera etapa, hoy se muestran enfrentados, sobre todo por el destrato del gobierno nacional hacia ellos y sus provincias,

El senador Luis Juez, uno de los sostenes más firmes del proyecto mileísta, votó a favor de la emergencia en discapacidad y expresó: “Nuestros hijos no son un número ni una contabilidad. El Estado debe hacerse cargo”. Sus palabras reflejan el límite ético y político del ajuste.

Caída de imagen y desgaste del relato

A esto se suma la caída lenta pero persistente en la imagen pública del presidente, según varias encuestas conocidas en las últimas semanas. El relato de “Milei contra todos”, que le sirvió para crecer electoralmente en 2023 y consolidarse en los primeros meses de gestión, comienza a mostrar señales de hartazgo en amplios sectores de la sociedad.

La épica confrontativa, que buscaba justificar cualquier medida en nombre de la lucha contra “la casta” o levantar al kirchnerismo como el gran monstruo a vencer, empiezan a perder efectividad. Las promesas de recuperación económica no llegan y el shock de confianza anunciado por el Presidente se diluye en medio de tensiones políticas, parálisis legislativa y conflictos con los propios aliados.

¿Un punto de inflexión?

La crisis que atraviesa el gobierno no es definitiva, pero sí significativa. El desenlace dependerá de la capacidad (o voluntad) del Presidente para correrse de la lógica del enfrentamiento permanente y construir un mínimo consenso institucional que le permita gobernar.

Por ahora, Milei parece elegir el camino opuesto: vetar, judicializar, polarizar. Pero el poder real –territorial, legislativo, judicial y económico– le está marcando límites. La política no se rinde, el mercado empieza a dudar, y la sociedad, con su paciencia cada vez más erosionada, empieza a pedir respuestas.