Trolls, traiciones y rupturas

 El gobierno de Milei atraviesa su fase más compleja. El modelo económico se desgasta, las disputas internas lo fragmentan, y los escándalos de corrupción erosionan su imagen. La motosierra empieza a mostrar efectos negativos en sectores clave del entramado social: salud, ciencia, producción, y jubilaciones. La narrativa épica ya no alcanza para tapar el deterioro.

Antonio Muñiz


El dólar presiona desde abajo, las internas se intensifican, las denuncias de corrupción escalan y la estructura territorial de La Libertad Avanza muestra señales claras de desgaste. A esto se suma una política que abre frentes de conflicto por todos lados, incluso en áreas particularmente sensibles: el ajuste al Hospital Garrahan, los recortes en salud pública, las pensiones por discapacidad y los haberes jubilatorios. Ahora también avanza contra organismos clave para el desarrollo nacional como el INTI y el INTA.

Lo que comenzó como una narrativa de ruptura y refundación, hoy se topa con los límites concretos del malestar social y la resistencia institucional.

El dólar como señal de alarma

La economía, que Milei había prometido “ordenar”, se vuelve cada vez más volátil. Informes de JP Morgan y Wells Fargo advirtieron en los últimos días sobre el final del ciclo del carry trade y recomendaron desarmar posiciones en pesos. El mercado ya descuenta una nueva devaluación: lo que resta saber es cuándo ocurrirá y con qué consecuencias.

Luis Caputo, el ministro de Economía y pieza clave del experimento libertario, reconoció en reuniones privadas que “vienen meses muy duros”. El relato oficial, sin embargo, insiste en mostrar fortaleza. Pero la inflación sigue comiéndose los salarios, el consumo no repunta y las reservas del Banco Central no alcanzan para sostener el tipo de cambio artificial.

Los mismos sectores financieros, como el FMI, que promovieron este esquema ahora especulan con  una salida rápida, una devaluación con el argumento de que “reactivará la economía”, aun cuando se sabe que su primer efecto será licuar ingresos y profundizar la recesión.

Internas, trolls y ruptura en las alturas

La reciente sesión del Senado, en la que se aprobaron una serie de leyes contrarias al Ejecutivo, marcó un punto de inflexión en la interna libertaria. Además de mostrar claramente la ruptura con los gobernadores, varios de ellos muy afines, por la disputa de fondos coparticipables y promesas no cumplidas. La ausencia de interlocutores validos y la falta de una política de acuerdo por parte del gobierno, lo dejo desnudo y vulnerable  ante una embestida de los lideres provinciales. Es difícil el pronostico de como puede evolucionar el conflicto. Mientras hay sectores del gobierno que intentan recomponer un dialogo, el propio presidente sigue echándole leña al fuego, a través de las redes.

También la vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió el ataque de los trolls, muchos de ellos retuiteados por el propio Milei, acusándola de traición. Villarruel en su rol de presidenta del cuerpo, habilitó el debate parlamentario y no obstaculizó el tratamiento de las iniciativas impulsadas por bloques opositores, lo que generó una durísima reacción desde el corazón del oficialismo digital.

La respuesta de los sectores más radicalizados del mileísmo fue inmediata y violenta: la acusaron de “traidora” en redes sociales, la señalaron como parte de la “casta” y llamaron incluso a su destitución. Trolls libertarios, cuentas anónimas y militantes virtuales se lanzaron en masa a atacarla en la plataforma X. El episodio expuso con crudeza la fractura que atraviesa al oficialismo.

Villarruel, lejos de retroceder, respondió con firmeza y ataco al mismo presidente, aunque sin nombrarlo. La vicepresidenta dejó en claro que no está dispuesta a tolerar presiones  ni a asumir un rol decorativo en la institucionalidad democrática.

El episodio desnudó las tensiones internas dentro del gobierno y la dificultad creciente de Milei para sostener una coalición sin fisuras. La salida del esquema de poder de Santiago Caputo y el empoderamiento de Patricia Bulrich muestra que el gobierno tiende a  instalarse en una política mas autoritaria y represiva, dejando atrás cualquier alternativa de búsqueda de consensos.

La épica electoral pierde fuerza

Pese a este escenario adverso, Milei insiste en proyectar una imagen de triunfo inevitable en las legislativas de octubre. Habla de una “ola libertaria imparable”, apoyado en encuestas sin demasiada solidez metodológica y en un núcleo duro que sigue fiel. Pero los números reales y el termómetro social dicen otra cosa.

La Libertad Avanza carece de estructura en la mayoría de las provincias. Las candidaturas se definen en un círculo cerrado y las recorridas por el territorio son escasas. A eso se suma un malestar creciente en los sectores populares, incluso entre quienes votaron al oficialismo con la expectativa de un cambio.

El triunfalismo del gobierno parece cada vez más un acto de voluntad que una lectura realista del escenario. Ni los datos, ni las calles, ni el humor social reflejan un clima de victoria consolidada.

La historia reciente enseña que los gobiernos sin base social, sin organización territorial y sin respuesta concreta a las demandas populares, terminan por derrumbarse.

 

 

El dólar planchado, las reservas en picada y las provincias al límite: el modelo Caputo entra en zona de riesgo

El Gobierno insiste en anclar el tipo de cambio como estrategia electoral, pero las consecuencias ya son palpables: caen las reservas, crece la deuda y se ahogan las finanzas provinciales. La desconfianza de los mercados y las tensiones con el FMI exponen el agotamiento del modelo económico.

Antonio Muñiz


El esquema económico que conduce el ministro Luis Caputo, con el respaldo del presidente Javier Milei, atraviesa un momento de creciente fragilidad. A pesar del relato oficial que insiste en destacar los logros del “ancla cambiaria” y la “disciplina fiscal”, los datos duros comienzan a evidenciar una realidad preocupante: caída sostenida de reservas, creciente endeudamiento, desfinanciamiento de provincias, y una relación cada vez más tensa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La estrategia de intervención en el mercado cambiario para mantener contenido al dólar, en plena escalada inflacionaria y en medio de una recesión profunda, tiene un objetivo central: evitar un nuevo salto de precios antes de los comicios de medio término. Sin embargo, esta política empieza a mostrar sus límites. Durante mayo, el Banco Central habría destinado más de 2.000 millones de dólares en operaciones de futuros, una cifra que cuadruplica la intervención del mes anterior, según fuentes del mercado financiero.

Este nivel de intervención contrasta con la fragilidad de las reservas. Según estimaciones basadas en la metodología del propio FMI, las reservas netas se encuentran en rojo por más de 7.000 millones de dólares, lejos de la meta de 1.800 millones establecida para diciembre de este año. Mientras tanto, el endeudamiento externo neto creció en más de 5.000 millones de dólares solo en el primer trimestre, llevando el total de la deuda externa argentina a 278.073 millones. La presión de vencimientos también es significativa: quedan pagos por más de 32.400 millones de dólares hasta 2027.

El frente externo también da señales de alarma. El déficit comercial en el primer trimestre superó los 5.190 millones de dólares, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones y del gasto en turismo, que por sí solo generó un rojo de 3.500 millones. Este fenómeno está asociado a la existencia de un dólar oficial artificialmente bajo, que alienta el consumo externo mientras las exportaciones siguen estancadas.

Ante este panorama, el FMI ya expresó su preocupación por el rumbo de la política cambiaria. La misión técnica del organismo en Buenos Aires se fue sin declaraciones publicas, pero esta claro que el Gobierno incumplió la meta de acumulación de reservas y se cuestionó, en voz baja,  la negativa oficial a avanzar hacia un tipo de cambio unificado. Algunos analistas del Fondo incluso advirtieron que, sin la actual intervención, el dólar podría escalar a los 1.700 pesos. Pero la Casa Rosada prioriza la estabilidad nominal, aun a costa de una creciente dependencia del financiamiento interno y una pérdida de respaldo externo.

La otra cara del ajuste es la que padecen las provincias. A través de un reciente decreto, el Ejecutivo obligó a los entes públicos y autárquicos a volcar sus excedentes en bonos del Tesoro nacional. Uno de los principales afectados es ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social), organismo que administra fondos que incluyen partidas coparticipables. Según advirtió el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, más del 50% de los fondos de ARCA —unos 700.000 millones de pesos— corresponden a las provincias, que no percibirán intereses por la inversión forzosa en deuda nacional.

En los distritos, el impacto ya se hace sentir. Funcionarios municipales y provinciales alertan por la caída de la coparticipación, el ahogo financiero y una transferencia de recursos que funciona como un «rulo» insostenible. “Con esa plata, ARCA le compra deuda al Tesoro para que pague más deuda. Pero ese rulo es cada vez más caro”, advirtió un intendente de la Patagonia.

En este contexto, el financiamiento interno también se debilita. En la última licitación de deuda en pesos, el Tesoro no logró renovar más del 60% de los vencimientos: de $10 billones colocó apenas algo más de $6 billones, a pesar de convalidar tasas superiores al 2,8% mensual. La señal es clara: el mercado comienza a rechazar el riesgo argentino incluso en moneda local.

La situación golpea especialmente a la provincia de Buenos Aires y otros distritos con alta dependencia de los recursos federales. Con transferencias menguantes y una recesión que reduce la recaudación propia, la presión fiscal local se agrava, mientras los gobiernos subnacionales enfrentan crecientes dificultades para sostener servicios esenciales, pagar salarios y mantener obras públicas mínimas.

En suma, el plan económico de Caputo se sostiene en un delicado equilibrio basado en la contención artificial del dólar y el uso intensivo de recursos públicos, tanto nacionales como provinciales. Pero las señales de agotamiento se multiplican: reservas en caída libre, deuda creciente, provincias asfixiadas, y un mercado que empieza a retirarse. La apuesta del Gobierno por el “dólar quieto” como pilar del plan de estabilización puede haber sido eficaz en el corto plazo, pero su sustentabilidad está cada vez más en duda.

La deuda infinita: el FMI y el saqueo jurídico perpetuo

“¿Quién gobierna realmente? ¿Quién manda en la Argentina?”, se pregunta Alejandro Olmos Gaona al abrir su libro FMI: la trama oculta de la deuda. Lejos de tratarse de una provocación retórica, la pregunta condensa décadas de sometimiento financiero, político y jurídico a un poder que opera por encima de los Estados.

Por Antonio Muñiz


El Fondo Monetario Internacional (FMI), señala Olmos, no es solo un organismo técnico de asistencia financiera. Es, en verdad, el brazo ejecutor de una arquitectura de dominación global cuyo fin es garantizar la sujeción de los países periféricos a los intereses de las grandes potencias.

El caso argentino, paradigmático y persistente, ilustra a la perfección esta lógica perversa. La historia de la deuda externa argentina es también la historia de la construcción de un orden jurídico internacional que otorga privilegios de impunidad a quienes endeudan a las naciones y de castigo perpetuo a quienes deben pagar esa deuda. Como sostiene Olmos, lo más grave no es la deuda en sí, sino la estructura que la vuelve impune y perpetua.

La arquitectura de la impunidad

El libro detalla con precisión la compleja red institucional, jurídica y política que protege al FMI y a sus funcionarios. En palabras del autor, “el FMI tiene inmunidad absoluta: no puede ser juzgado por ningún tribunal, ni internacional ni nacional. Tampoco sus directores o técnicos pueden ser responsabilizados por las consecuencias de sus decisiones”.

Esto implica, por ejemplo, que ningún funcionario del Fondo puede ser responsabilizado por las consecuencias económicas y sociales de un programa de ajuste. Pueden imponer políticas devastadoras —como ha ocurrido sistemáticamente en América Latina, África o el sudeste asiático— sin temor a consecuencias legales o políticas. Se trata, como señala Olmos, de un “sistema jurídico de dominación” en el que la deuda es apenas un instrumento.



Una historia de subordinación: de la dictadura a la actualidad

Desde 1976 hasta 2025, el vínculo de la Argentina con el FMI ha estado marcado por 23 acuerdos firmados, una cifra que revela la dependencia estructural de nuestro país respecto de este organismo. El endeudamiento externo fue inaugurado a gran escala por la dictadura cívico-militar y profundizado con cada ciclo neoliberal: Menem en los ‘90, Macri en 2018, y ahora Milei en 2025.


El acuerdo de 2018, por US$ 57 000 millones, fue el préstamo más grande otorgado en la historia del Fondo. Se firmó sin controles institucionales básicos: sin dictamen del Banco Central, sin aval del Congreso, y sin cumplir los requisitos del propio Estatuto del FMI. Fue, en palabras del propio Olmos, “una operación política destinada a sostener un modelo en crisis y condicionar el futuro económico y político del país”.

Crimen sin castigo

Lo más notable —y escandaloso— es que, pese a las múltiples irregularidades, nadie ha sido juzgado ni investigado por esa operación. Ni los funcionarios argentinos que la firmaron ni los directivos del FMI que la autorizaron. La Justicia argentina no ha avanzado sustantivamente en ninguna causa, y el propio Fondo se ampara en su inmunidad para eludir cualquier responsabilidad.

El informe del Banco Central de 2020 reveló que entre 2015 y 2019 salieron del país más de US$ 86 000 millones en concepto de fuga de capitales. El endeudamiento externo no financió infraestructura ni desarrollo, sino la salida de divisas a cuentas offshore. Pero el FMI no solo lo permitió: lo facilitó.

2025: nuevo acuerdo, mismas recetas

En abril de 2025, el gobierno de Javier Milei firmó un nuevo acuerdo con el FMI por US$ 20 000 millones, bajo un programa de facilidades extendidas (EFF) a 48 meses. El nuevo plan incluye un desembolso inmediato de US$ 12 000 millones, condicionado a reformas estructurales, un tipo de cambio flotante con bandas (1.000–1.400 ARS/USD), déficit fiscal cero, recortes en jubilaciones, gasto social, salarios públicos y desregulación de mercados (IMF.org).

Las autoridades celebraron la firma como “un paso hacia la estabilidad”, pero la letra chica repite la lógica de siempre: ajuste a cambio de crédito, subordinación a cambio de liquidez.

Según datos oficiales, entre 2025 y 2028 la Argentina deberá afrontar vencimientos por más de US$ 45 000 millones, de los cuales US$ 15 000 millones corresponden al FMI. Nuevamente, se toma deuda para pagar deuda. Y el ciclo continúa.

Soberanía condicionada

En este contexto, hablar de soberanía resulta casi una ironía. La Argentina, como otros países del Sur Global, ha cedido una parte sustancial de su autonomía económica a un organismo que responde a los intereses del capital financiero internacional. Y que, además, se presenta como árbitro neutral o salvador técnico cuando en realidad es juez y parte.

El nuevo acuerdo profundiza esa cesión. Las reformas estructurales exigidas por el FMI implican una reconfiguración profunda del Estado, sin intervención legislativa real, ni consulta democrática. Se impone desde el extranjero un modelo de país, con recetas viejas, resultados previsibles y costos sociales altísimos.

El poder sin rostro

La trama oculta de la deuda, como la llama Olmos, es también la trama oculta del poder. Un poder que se ejerce sin rostro, sin bandera y sin responsabilidad. Que actúa desde Washington pero se impone en Buenos Aires, en Lima o en El Cairo. Y que ha logrado convertir a la deuda en una forma de dominación más eficaz que cualquier ocupación militar.

Una deuda infinita

A esta altura, no se trata solo de cifras. Se trata de memoria, de historia, de política. La deuda no es un fenómeno técnico: es una herramienta de construcción del orden mundial. Un mecanismo de control, transferencia de riqueza y disciplinamiento.

Como escribió Rodolfo Walsh en otra época de infamia:

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo”.

La deuda es una forma de esa amnesia.
Y el FMI, su gran garante.

Panorama semanal: Argentina en el borde.

Argentina en el borde: represión, fracturas e incertidumbres.

El gobierno libertario transita su momento más crítico. La escalada represiva, la crisis económica, las internas oficialistas y el aislamiento internacional profundizan un escenario de inestabilidad creciente. Mientras Milei endurece su discurso, la oposición política y social comienza a reagruparse, con el Congreso del PJ como punto de partida. La calle, las provincias y hasta el campo se rebelan ante el ajuste.


El ajuste no cierra: FMI, dólar, bonos y sospechas de corrupción

Esta semana, el influyente banco de inversión JP Morgan encendió una alarma al recomendar a sus clientes desarmar posiciones en pesos y retirarse del carry trade argentino, señalando un deterioro creciente en las condiciones macroeconómicas.

La advertencia tuvo un efecto inmediato en el mercado cambiario, con una suba abrupta del dólar mayorista y una renovada presión sobre las reservas, que siguen sin repuntar. A esta señal de desconfianza se suma una fuga de divisas lenta pero sostenida, una crisis de confianza en el manejo monetario, y una relación cada vez más tensa con el Fondo Monetario Internacional, cuyo auditor en Buenos Aires advirtió que las bandas cambiarias pueden colapsar si no se acumulan dólares rápidamente.

En conjunto, estas variables ponen en jaque la viabilidad del programa económico de Luis Caputo, basado en la promesa de equilibrio fiscal, deuda y desregulación, pero carente de una estrategia consistente de crecimiento y sostenimiento externo.

Para colmo, el Ministerio de Economía mantiene una negociación secreta con el fondo buitre Burford, beneficiado a cobrar una millonaria suma por el caso YPF. El gobierno habría ofrecido pagar con bonos argentinos sin pasar por el Congreso. El lobista Gerry Mato visitó seis veces el Palacio de Hacienda, lo que provocó la reacción de Axel Kicillof, que pidió una investigación formal sobre la relación entre Milei, Santiago Caputo y el fondo especulativo.

El intento de colocar los Bopreales también fracasó: el mercado no confía en el rumbo del país. Ni tasas elevadas ni un dólar clavado logran captar inversión genuina. El plan Caputo, sostenido sobre ajustes fiscales extremos, atraso cambiario y emisión reprimida, muestra señales claras de agotamiento.

Represión política y construcción del enemigo interno

El hecho más inquietante de la semana fue la detención de militantes de La Cámpora por parte de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una operación judicial que desató un vendaval de críticas por su carácter forzado y desproporcionado.

Desde el CELS hasta legisladores opositores, pasando por organismos de derechos humanos, se denunció que las imputaciones son un montaje jurídico destinado a criminalizar la militancia.

El bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de juicio político contra Arroyo Salgado, a quien en Comodoro Py ya llaman «la nueva Bonadio», sugiriendo que su activismo judicial responde más a ambiciones personales que a fundamentos jurídicos. Los familiares de los detenidos revelaron detenciones arbitrarias a personas de más de 70 años, por supuestas infracciones administrativas.

En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner denunció que “la Argentina vive un terrorismo de Estado de baja intensidad”. Una expresión que, lejos de ser exagerada, sintetiza el avance de un modelo autoritario que busca acallar la protesta social e instalar un relato binario: el gobierno de los “libertarios puros” contra un “enemigo interno” encarnado en el kirchnerismo.


A un año y medio de haber asumido el poder, el gobierno de Javier Milei enfrenta su semana más compleja: una combinación explosiva de represión política, fracturas internas, desconfianza internacional, crisis económica y movilización social. El experimento libertario, que se vendió como una revolución modernizadora, parece haber entrado en una espiral que amenaza con desbordar los márgenes institucionales de la democracia argentina.

Lula y la denuncia internacional

La visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Cristina Fernández en Constitución no fue solo un gesto de amistad. Fue una declaración política regional. Lula se sumó públicamente a la denuncia de la ex presidenta sobre la persecución judicial y el deterioro democrático en Argentina, elevando la denuncia al plano internacional.

En un clima gélido, Milei le entregó la presidencia pro tempore del Mercosur a Lula, en medio de un encuentro diplomático tenso. El argentino, sin disimular su incomodidad, advirtió que si los socios del bloque no acompañan su agenda de apertura “radical”, Argentina evaluará su continuidad en el Mercosur. Aislado, sin apoyos internos ni externos, Milei comienza a parecer más un topo solitario que un líder reformista.

El Congreso del PJ y el germen de la unidad

Frente a este escenario, el peronismo dio una señal clara: unidad táctica para enfrentar el ajuste. En el Congreso bonaerense del Partido Justicialista, realizado esta semana, se resolvió conformar un frente político y social amplio, que convoque a todas las expresiones del campo nacional y popular: partidos, sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, agrupaciones juveniles y espacios progresistas.

La consigna central fue clara: hoy el enemigo es Milei. Los debates internos sobre liderazgos o líneas ideológicas quedan postergados hasta octubre. El objetivo inmediato es frenar el deterioro del tejido social e institucional.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, saludó el acuerdo y planteó que “la unidad no es un gesto, es una necesidad ante el peligro que enfrenta la democracia”. La dirigencia del PJ comprendió que la fragmentación es funcional al avance del modelo libertario. Y que sin una coalición amplia y cohesionada, el proceso de demolición del Estado social puede volverse irreversible.

La crisis se siente en la calle: jubilaciones, salud, educación

Mientras tanto, la situación social se deteriora a pasos acelerados. Esta semana hubo protestas de jubilados, trabajadores del hospital Garrahan, docentes universitarios y empleados del sistema público de salud. El colapso de la infraestructura hospitalaria y la falta de insumos son ya una constante en múltiples provincias.

En el Senado, la Comisión de Previsión Social aprobó el dictamen para avanzar con el proyecto de aumento de las jubilaciones, que el presidente Milei pretende vetar. Sin embargo, la fractura del bloque oficialista pone en duda la capacidad del Ejecutivo para sostener sus vetos. Diputados radicales, peronistas no alineados e incluso gobernadores que inicialmente apoyaron al gobierno, ya votan junto a la oposición.

La tensión con los mandatarios provinciales escaló tras la reunión fallida en el Ministerio de Economía, donde el enviado de Caputo no ofreció ninguna solución concreta a la crisis del gas y al desfinanciamiento generalizado. Los gobernadores denunciaron públicamente el “superávit trucho” que el gobierno exhibe como trofeo, y convocaron una cumbre paralela en el CFI para avanzar con una agenda legislativa propia.

Internas libertarias y guerra de listas

En este contexto, La Libertad Avanza también se desangra internamente. Esta semana, Karina Milei decidió apartar a Santiago Caputo del armado bonaerense, en una jugada que confirma el conflicto entre los distintos sectores del oficialismo. El esquema original, que se presentaba como un movimiento monolítico, ahora exhibe divisiones entre libertarios puros, ex PRO, aliados ocasionales y operadores económicos.

La confección de listas para las elecciones legislativas genera choques abiertos. Los gobernadores denuncian el favoritismo de los hermanos Menem, mientras algunos intendentes macristas exploran alianzas con el radicalismo y sectores del peronismo disidente. La coalición oficialista se fragmenta al ritmo de la crisis.

El campo se aleja: las promesas incumplidas

Incluso los sectores agroexportadores, que en un inicio saludaron la llegada de Milei al poder, hoy manifiestan su desencanto con el gobierno. El fin de la baja de retenciones al maíz y la soja generó fuertes críticas de las entidades del agro, que denuncian una traición a las promesas de campaña.

La estrategia del gobierno, que buscaba ordenar la macroeconomía sin tocar a los grandes actores económicos, comienza a hacer agua. El malestar no solo crece en los sectores populares, sino también en las elites que sostenían políticamente al oficialismo.

Aislamiento regional: un topo en el Mercosur

En la cumbre del Mercosur, Milei apareció como un líder aislado y sin aliados. Su discurso, cargado de amenazas y de retórica rupturista, contrastó con las posiciones integradoras de Lula Da Silva, Lacalle Pou y Santiago Peña. El presidente argentino insinuó que si no hay apertura “radical”, su país podría abandonar el bloque.

En términos geopolíticos, esta actitud suicida aleja a Argentina de los principales foros de diálogo regional y de los mercados naturales para sus exportaciones. Mientras países como Brasil, Uruguay y Paraguay apuestan a diversificar socios comerciales sin romper los lazos estratégicos, Milei parece dispuesto a dinamitar los puentes en nombre de una ideología aislacionista y anacrónica.

Epílogo: entre la resistencia y el ocaso

La Argentina de Milei se parece cada vez más a un experimento que se desgasta sin haber logrado consolidarse. Lo que prometía ser una “revolución liberal” se convirtió en un ajuste salvaje, sin brújula ni plan de salida. La represión judicial, el conflicto con los gobernadores, la falta de reservas, la rebelión del Congreso, la corrupción y el aislamiento internacional configuran un escenario de fragilidad institucional creciente.

Frente a este panorama, la política tradicional —especialmente el peronismo— comienza a reagruparse. El Congreso del PJ y la construcción de un frente amplio son señales claras de que la resistencia se organiza. La calle está en movimiento, las provincias se rebelan, y hasta el campo levanta la voz.

El reloj corre. Y si el gobierno no modifica su rumbo, es probable que no solo colapse su plan económico, sino también su legitimidad política. La democracia argentina ya ha demostrado, una y otra vez, que los ciclos autoritarios, por más estruendosos que parezcan, siempre tienen fecha de vencimiento.

Data Política y Económica |  6 de Julio 2025