El Gobierno insiste en anclar el tipo de cambio como estrategia electoral, pero las consecuencias ya son palpables: caen las reservas, crece la deuda y se ahogan las finanzas provinciales. La desconfianza de los mercados y las tensiones con el FMI exponen el agotamiento del modelo económico.
Antonio Muñiz
El esquema económico que conduce el ministro Luis Caputo, con el respaldo del presidente Javier Milei, atraviesa un momento de creciente fragilidad. A pesar del relato oficial que insiste en destacar los logros del “ancla cambiaria” y la “disciplina fiscal”, los datos duros comienzan a evidenciar una realidad preocupante: caída sostenida de reservas, creciente endeudamiento, desfinanciamiento de provincias, y una relación cada vez más tensa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La estrategia de intervención en el mercado cambiario para mantener contenido al dólar, en plena escalada inflacionaria y en medio de una recesión profunda, tiene un objetivo central: evitar un nuevo salto de precios antes de los comicios de medio término. Sin embargo, esta política empieza a mostrar sus límites. Durante mayo, el Banco Central habría destinado más de 2.000 millones de dólares en operaciones de futuros, una cifra que cuadruplica la intervención del mes anterior, según fuentes del mercado financiero.
Este nivel de intervención contrasta con la fragilidad de las reservas. Según estimaciones basadas en la metodología del propio FMI, las reservas netas se encuentran en rojo por más de 7.000 millones de dólares, lejos de la meta de 1.800 millones establecida para diciembre de este año. Mientras tanto, el endeudamiento externo neto creció en más de 5.000 millones de dólares solo en el primer trimestre, llevando el total de la deuda externa argentina a 278.073 millones. La presión de vencimientos también es significativa: quedan pagos por más de 32.400 millones de dólares hasta 2027.
El frente externo también da señales de alarma. El déficit comercial en el primer trimestre superó los 5.190 millones de dólares, impulsado por un fuerte aumento de las importaciones y del gasto en turismo, que por sí solo generó un rojo de 3.500 millones. Este fenómeno está asociado a la existencia de un dólar oficial artificialmente bajo, que alienta el consumo externo mientras las exportaciones siguen estancadas.
Ante este panorama, el FMI ya expresó su preocupación por el rumbo de la política cambiaria. La misión técnica del organismo en Buenos Aires se fue sin declaraciones publicas, pero esta claro que el Gobierno incumplió la meta de acumulación de reservas y se cuestionó, en voz baja, la negativa oficial a avanzar hacia un tipo de cambio unificado. Algunos analistas del Fondo incluso advirtieron que, sin la actual intervención, el dólar podría escalar a los 1.700 pesos. Pero la Casa Rosada prioriza la estabilidad nominal, aun a costa de una creciente dependencia del financiamiento interno y una pérdida de respaldo externo.
La otra cara del ajuste es la que padecen las provincias. A través de un reciente decreto, el Ejecutivo obligó a los entes públicos y autárquicos a volcar sus excedentes en bonos del Tesoro nacional. Uno de los principales afectados es ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social), organismo que administra fondos que incluyen partidas coparticipables. Según advirtió el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, más del 50% de los fondos de ARCA —unos 700.000 millones de pesos— corresponden a las provincias, que no percibirán intereses por la inversión forzosa en deuda nacional.
En los distritos, el impacto ya se hace sentir. Funcionarios municipales y provinciales alertan por la caída de la coparticipación, el ahogo financiero y una transferencia de recursos que funciona como un «rulo» insostenible. “Con esa plata, ARCA le compra deuda al Tesoro para que pague más deuda. Pero ese rulo es cada vez más caro”, advirtió un intendente de la Patagonia.
En este contexto, el financiamiento interno también se debilita. En la última licitación de deuda en pesos, el Tesoro no logró renovar más del 60% de los vencimientos: de $10 billones colocó apenas algo más de $6 billones, a pesar de convalidar tasas superiores al 2,8% mensual. La señal es clara: el mercado comienza a rechazar el riesgo argentino incluso en moneda local.
La situación golpea especialmente a la provincia de Buenos Aires y otros distritos con alta dependencia de los recursos federales. Con transferencias menguantes y una recesión que reduce la recaudación propia, la presión fiscal local se agrava, mientras los gobiernos subnacionales enfrentan crecientes dificultades para sostener servicios esenciales, pagar salarios y mantener obras públicas mínimas.
En suma, el plan económico de Caputo se sostiene en un delicado equilibrio basado en la contención artificial del dólar y el uso intensivo de recursos públicos, tanto nacionales como provinciales. Pero las señales de agotamiento se multiplican: reservas en caída libre, deuda creciente, provincias asfixiadas, y un mercado que empieza a retirarse. La apuesta del Gobierno por el “dólar quieto” como pilar del plan de estabilización puede haber sido eficaz en el corto plazo, pero su sustentabilidad está cada vez más en duda.
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