“¿Quién gobierna realmente? ¿Quién manda en la Argentina?”, se pregunta Alejandro Olmos Gaona al abrir su libro FMI: la trama oculta de la deuda. Lejos de tratarse de una provocación retórica, la pregunta condensa décadas de sometimiento financiero, político y jurídico a un poder que opera por encima de los Estados.
Por Antonio Muñiz
El Fondo Monetario Internacional (FMI), señala Olmos, no es solo un organismo técnico de asistencia financiera. Es, en verdad, el brazo ejecutor de una arquitectura de dominación global cuyo fin es garantizar la sujeción de los países periféricos a los intereses de las grandes potencias.
El caso argentino, paradigmático y persistente, ilustra a la perfección esta lógica perversa. La historia de la deuda externa argentina es también la historia de la construcción de un orden jurídico internacional que otorga privilegios de impunidad a quienes endeudan a las naciones y de castigo perpetuo a quienes deben pagar esa deuda. Como sostiene Olmos, lo más grave no es la deuda en sí, sino la estructura que la vuelve impune y perpetua.
La arquitectura de la impunidad
El libro detalla con precisión la compleja red institucional, jurídica y política que protege al FMI y a sus funcionarios. En palabras del autor, “el FMI tiene inmunidad absoluta: no puede ser juzgado por ningún tribunal, ni internacional ni nacional. Tampoco sus directores o técnicos pueden ser responsabilizados por las consecuencias de sus decisiones”.
Esto implica, por ejemplo, que ningún funcionario del Fondo puede ser responsabilizado por las consecuencias económicas y sociales de un programa de ajuste. Pueden imponer políticas devastadoras —como ha ocurrido sistemáticamente en América Latina, África o el sudeste asiático— sin temor a consecuencias legales o políticas. Se trata, como señala Olmos, de un “sistema jurídico de dominación” en el que la deuda es apenas un instrumento.
Una historia de subordinación: de la dictadura a la actualidad
Desde 1976 hasta 2025, el vínculo de la Argentina con el FMI ha estado marcado por 23 acuerdos firmados, una cifra que revela la dependencia estructural de nuestro país respecto de este organismo. El endeudamiento externo fue inaugurado a gran escala por la dictadura cívico-militar y profundizado con cada ciclo neoliberal: Menem en los ‘90, Macri en 2018, y ahora Milei en 2025.
El acuerdo de 2018, por US$ 57 000 millones, fue el préstamo más grande otorgado en la historia del Fondo. Se firmó sin controles institucionales básicos: sin dictamen del Banco Central, sin aval del Congreso, y sin cumplir los requisitos del propio Estatuto del FMI. Fue, en palabras del propio Olmos, “una operación política destinada a sostener un modelo en crisis y condicionar el futuro económico y político del país”.
Crimen sin castigo
Lo más notable —y escandaloso— es que, pese a las múltiples irregularidades, nadie ha sido juzgado ni investigado por esa operación. Ni los funcionarios argentinos que la firmaron ni los directivos del FMI que la autorizaron. La Justicia argentina no ha avanzado sustantivamente en ninguna causa, y el propio Fondo se ampara en su inmunidad para eludir cualquier responsabilidad.
El informe del Banco Central de 2020 reveló que entre 2015 y 2019 salieron del país más de US$ 86 000 millones en concepto de fuga de capitales. El endeudamiento externo no financió infraestructura ni desarrollo, sino la salida de divisas a cuentas offshore. Pero el FMI no solo lo permitió: lo facilitó.
2025: nuevo acuerdo, mismas recetas
En abril de 2025, el gobierno de Javier Milei firmó un nuevo acuerdo con el FMI por US$ 20 000 millones, bajo un programa de facilidades extendidas (EFF) a 48 meses. El nuevo plan incluye un desembolso inmediato de US$ 12 000 millones, condicionado a reformas estructurales, un tipo de cambio flotante con bandas (1.000–1.400 ARS/USD), déficit fiscal cero, recortes en jubilaciones, gasto social, salarios públicos y desregulación de mercados (IMF.org).
Las autoridades celebraron la firma como “un paso hacia la estabilidad”, pero la letra chica repite la lógica de siempre: ajuste a cambio de crédito, subordinación a cambio de liquidez.
Según datos oficiales, entre 2025 y 2028 la Argentina deberá afrontar vencimientos por más de US$ 45 000 millones, de los cuales US$ 15 000 millones corresponden al FMI. Nuevamente, se toma deuda para pagar deuda. Y el ciclo continúa.
Soberanía condicionada
En este contexto, hablar de soberanía resulta casi una ironía. La Argentina, como otros países del Sur Global, ha cedido una parte sustancial de su autonomía económica a un organismo que responde a los intereses del capital financiero internacional. Y que, además, se presenta como árbitro neutral o salvador técnico cuando en realidad es juez y parte.
El nuevo acuerdo profundiza esa cesión. Las reformas estructurales exigidas por el FMI implican una reconfiguración profunda del Estado, sin intervención legislativa real, ni consulta democrática. Se impone desde el extranjero un modelo de país, con recetas viejas, resultados previsibles y costos sociales altísimos.
El poder sin rostro
La trama oculta de la deuda, como la llama Olmos, es también la trama oculta del poder. Un poder que se ejerce sin rostro, sin bandera y sin responsabilidad. Que actúa desde Washington pero se impone en Buenos Aires, en Lima o en El Cairo. Y que ha logrado convertir a la deuda en una forma de dominación más eficaz que cualquier ocupación militar.
Una deuda infinita
A esta altura, no se trata solo de cifras. Se trata de memoria, de historia, de política. La deuda no es un fenómeno técnico: es una herramienta de construcción del orden mundial. Un mecanismo de control, transferencia de riqueza y disciplinamiento.
Como escribió Rodolfo Walsh en otra época de infamia:
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo”.
La deuda es una forma de esa amnesia.
Y el FMI, su gran garante.
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