Mientras la deuda crece, las reservas caen y la fuga de capitales se acelera, el Gobierno avanza con privatizaciones y concesiones de activos estratégicos. Informes oficiales, datos del Banco Central y análisis de economistas permiten reconstruir un fenómeno que vuelve a colocar al país en un sendero de vulnerabilidad estructural.
Por Antonio Muñiz
Endeudamiento en espiral: un ciclo que vuelve
La deuda pública argentina continúa expandiéndose a niveles críticos. Según datos del Ministerio de Economía y del Informe de Deuda Pública, la deuda bruta pasó de USD 240.665 millones en diciembre de 2015 a USD 454.031 millones al 30 de septiembre de 2025, incluyendo USD 57.292 millones derivados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El problema se anticipó en 2016, cuando las comisiones de Diputados debatieron el pago a los fondos buitre. Allí, el economista Jorge Gaggero advirtió que el país ingresaba en “un tercer ciclo largo de endeudamiento”, señalando que los nuevos compromisos externos impulsarían “la fuga estructural del dinero ilegal”. La economista Magdalena Rúa, en un informe posterior, demostró cómo ese ciclo efectivamente se consolidó entre 2016 y 2019.
La administración siguiente renegoció plazos e intereses con acreedores externos, sin revisar la legalidad ni el trasfondo del endeudamiento. La gestión actual amplificó el problema al transformar pasivos del Banco Central y parte del déficit fiscal en más de USD 70.000 millones de nueva deuda del Tesoro. En paralelo, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el Banco Central perdió USD 6.300 millones en reservas.
El 14 de abril de 2025, con la presencia del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, se firmó una ampliación del acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, lo que incluyó como señal política la liberación del mercado de cambios para personas físicas.
La fuga de capitales: el verdadero motor del deterioro
El balance cambiario del Banco Central indica que en septiembre de 2025 la Formación de Activos Externos ascendió a USD 6.890 millones, y que entre abril y septiembre la fuga totalizó USD 24.400 millones.
Ese drenaje se financió con desembolsos del FMI, créditos del BID y del Banco Mundial, y por la liquidación de exportaciones no alcanzadas por retenciones, autorizadas por el Decreto 862/25. Solo en septiembre, exportadores de soja liquidaron USD 7.000 millones sin pagar derechos de exportación.
El economista Horacio Rovelli estimó que esa decisión implicó una pérdida fiscal cercana a USD 1.400 millones, mientras que los dólares ingresados se utilizaron para comprar divisas a precio oficial para su posterior salida del país. Rovelli sostiene que el mecanismo reproduce un patrón conocido: “…… se abre el mercado y quienes tienen excedentes compran dólares baratos. El Estado pierde reservas y se endeuda para sostener ese movimiento”.
Privatizaciones y concesiones: un patrimonio en liquidación
Con más deuda y menos dólares, el Gobierno aceleró la venta y concesión de activos estratégicos. El 7 de noviembre se abrieron las ofertas para operar las centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— convertidas previamente en sociedades anónimas que permiten la transferencia de acciones.
Entre las empresas que compiten por las concesiones figuran:
Central Puerto (grupo Caputo–Bemberg–Escasany–Ruete Aguirre)
AES
Enel
Pampa Energía
Genneia-Aluar
MSU Green Energy
Organizaciones ambientales y especialistas denunciaron que el proceso carece de garantías de control estatal efectivo y que no existen estudios ambientales actualizados y completos.
A este esquema se suman otras áreas sensibles: la hidrovía del Paraná, las rutas nacionales 12 y 14, AySA, ENARSA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). En esta última, el Gobierno impulsa la venta del 44% del paquete accionario, un modelo que, como advierte Rovelli, “habilita el control privado de una empresa estratégica aun cuando el Estado mantenga la mayoría nominal”.
El Paraná: el corredor estratégico más disputado
El 3 de noviembre se realizó la audiencia pública por la nueva concesión del río Paraná. Organizaciones sociales, ambientales y técnicas denunciaron irregularidades en el proceso, especialmente la ausencia de estudios serios de impacto ambiental.
Los números del Paraná hablan por sí solos:
más de 100 millones de toneladas de carga anual,
81% de las exportaciones de granos y derivados,
91% de la carga contenerizada,
4.500 buques extranjeros al año, ninguno de bandera argentina.
Además, el 80% de las barcazas que operan en la hidrovía pertenece a empresas paraguayas, muchas vinculadas al mismo conglomerado exportador que domina el comercio exterior argentino.
Un país que vende barato mientras pierde reservas
El propio Ministerio de Economía calcula que el conjunto de privatizaciones y concesiones podría generar entre USD 5.000 y 5.500 millones.
Es menos que:
el costo proyectado de Atucha III (USD 6.500 millones),
y menos incluso que la fuga registrada solo en septiembre de 2025 (USD 6.890 millones).
Para Rovelli, estos números describen el corazón del modelo:
“Se endeuda al Estado, se vacían las reservas y luego se remata el patrimonio público para cubrir el agujero que deja la fuga. Es un proceso de transferencia de recursos hacia grupos concentrados, locales y externos”.
Un ciclo que se profundiza
Endeudamiento externo, fuga de capitales, desregulación financiera y privatización acelerada conforman una secuencia que la Argentina ya ha recorrido. La diferencia actual es la velocidad del proceso y la magnitud de los activos puestos en juego.
El país transita un nuevo ciclo de despojo que compromete sectores estratégicos —energía, logística, transporte, recursos naturales— y erosiona la capacidad de decisión del Estado. La reconstrucción de un sendero distinto exige identificar la lógica de este modelo y actuar antes de que el daño se vuelva irreversible.
Antonio Muñiz
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