Felices pascuas

POR BRUNO BIMBI.
Escribí este texto antes del acto en Plaza de Mayo, al que fui a respaldar a la Presidenta contra el lock out antidemocrático de la Sociedad Rural y sus aliados. Para los que dicen que quienes fuimos a la Plaza somos mercenarios despolitizados...



Desde que empezó el "conflicto del campo", las imágenes, los discursos y muchas palabras se suceden a un ritmo vertiginoso que llega a marear. No es que no haya reflexión, ha habido mucha. Pero todo pasa tan rápido y se dicen tantas cosas, que algunas pasan de largo. Algunos discursos dejan flotando en el aire ideas que son aceptadas sin discusión y que van formando un sedimento de palabras que se acumulan, estableciendo límites para los debates futuros. Algunas de las cosas que parecen tenerse por ciertas merecerían un análisis más profundo.
"Sigan reprimiendo, como los milicos", me dijo un amigo enojado porque rechacé un mensaje de texto en el que me llamaba a "un nuevo cacerolazo para decirle basta a Cristina". Represión, dijeron varios noteros por televisión. Represión, dijo Eduardo Buzzi, y agregó: "Nunca se ha visto semejante cantidad de... empujones". No puedo creer que mi amigo y otros hayan olvidado el significado de la palabra represión. Un juez ordenó despejar la ruta. La gendarmería advirtió tres veces. "Que venga Aníbal Fernández a sacarnos", arengó micrófono en mano el señor De Ángeli, un día después de afirmar a la prensa que "si la patria me lo pide, seré candidato a diputado". La justicia entendió que interrumpir una ruta nacional no era una manera legítima de empezar su campaña. Fue detenido por unas horas junto con otras personas y, luego de que se realizaron los debidos trámites procesales que establece la ley, fue liberado. No hubo palos, ni gases, ni golpes, ni balas de goma, ni nada de lo que quienes hemos participado más de una vez en una manifestación y fuimos reprimidos —en democracia— asociamos con esa palabra. Entiendo que las señoras de Recoleta que por primera vez participan de una protesta no conozcan el olor de los gases lacrimógenos, pero quienes sí los hemos olido nos sentimos indignados cuando se usa la palabra represión para referirse a lo que pasó en Gualeguaychú. La comparación con los milicos es aún más absurda, creo que no necesito explicar por qué, y extraña escucharla de quienes hacen actos con Cecilia Pando.
El Gobierno tomó medidas inconsultas, dijeron las entidades empresarias del campo luego de recientes anuncios de la Presidenta que establecían modificaciones en el sistema de retenciones móviles, entre otras medidas. Inconsultas, repitieron a coro varios periodistas con programa propio en televisión. Inconsultas, dijo la oposición. ¿Desde cuándo un gobierno legítimo, elegido por el voto popular, tiene que consultar a las entidades empresarias antes de tomar medidas de política económica? Bueno, sí, claro, ya sé. Esto ha pasado muchas veces. Pero bienvenido sea que ahora no pase y que el Gobierno no pida permiso a Luciano Miguens antes de ejercer el mandato que le dimos quienes no tenemos su fortuna ni vivimos en una casa como la suya.
El Gobierno no fue a la audiencia con el Defensor del Pueblo, desconociendo así a un organismo de la Constitución, repitieron todos durante los dos o tres días que duró la noticia. No hay dudas de que la Defensoría del Pueblo es un organismo de la Constitución, como tantos otros. Pero si la Cámara de Diputados, cuya existencia también emana de la Carta Magna, decidiera citar a un ciudadano a declaración indagatoria, o un juez dictara un decreto de necesidad y urgencia, o la Presidenta sobreseyera a un procesado, o el Procurador General sancionara una ley, la constitucionalidad de los cargos no conllevaría necesariamente la constitucionalidad de tales actos. El Defensor del Pueblo no participa en la definición de las políticas económicas del Poder Ejecutivo. Tampoco debe actuar de vocero de corporaciones, ni mediar en conflictos nacidos de la oposición de un sector económico a una política pública. En estas últimas semanas, ha sido patética la forma en que algunos personajes intrascendentes han querido ganar protagonismo político con este conflicto, bañándose en irresponsabilidad. Los argentinos no le pagamos el sueldo al señor Mondino para eso.
“El Gobierno debe dialogar con el campo” es la consigna más escuchada. El Gobierno, representante de los intereses del conjunto, puede dialogar con cualquier sector, pero no lo hace en igualdad de condiciones. Los jugadores no dialogan con el referí de igual a igual, ni los jueces con el abogado defensor o el querellante. El Gobierno tiene la función de gobernar y, si bien puede dialogar con cualquier sector, sus decisiones no están sometidas al acuerdo ni al consenso de facciones ni de representantes de intereses sectoriales. Si no, esto no sería una democracia. Ahora bien, el Gobierno ha dialogado con las entidades empresarias que conducen el lock out del campo, pero lo que no ha hecho es aceptar sus imposiciones. Dialogar, para algunos, parece equivaler a eliminar las retenciones móviles, y el Gobierno parece estar decidido a no hacerlo, menos aún con las rutas cortadas o la amenaza de que se corten. Eso no es falta de diálogo, es simplemente un ejercicio responsable del mandato popular que la Presidenta obtuvo hace menos de un año en elecciones libres. El país no puede permanecer noventa días de rehén de un sector económico. ¿Qué pasaría si mañana los empresarios del transporte público de pasajeros dijeran que si el Gobierno no aumenta los boletos no hay más colectivos? ¿Qué pasaría si Edesur corta la luz a todo el país durante 90 días en protesta porque consideran que sus márgenes de rentabilidad son insuficientes con el actual cuadro tarifario?
Diálogo y consenso, se sigue repitiendo, con un nivel de simplismo que quien esto suscribe no cree que sea ingenuo. Nunca en la historia de la humanidad se han producido cambios sociales importantes sin conflicto. Pensar que la Sociedad Rural va a sentarse en una mesa a aceptar de buena gana que a sus asociados de doble apellido les cobren más impuestos por sus ganancias obscenas es una lisa y llana estupidez. ¿Qué debe hacer el Estado, pedirles por favor?
"El campo" ha sido desde el primer día el sintagma nominal colocado como sujeto del lock out empresario y sus reclamos. ¿Hablamos de los campesinos sin tierra? ¿De los peones rurales? ¿De las familias explotadas por la oligarquía? No, hablamos de una parte de "el campo", que son los que producen soja para exportación. Es ese sector el que se ve afectado por las retenciones. Y puede dejar de vender durante noventa días porque tiene con qué. La verdulera de mi barrio, si cierra la verdulería por noventa días, ya no podría volver a abrirla, ni tendría cómo darle de comer a sus hijos. Quizás por eso, en mi barrio no se escuchan cacerolas desde diciembre de 2001.En octubre del año pasado, casi cinco de cada diez argentinos votamos por la ciudadana Cristina Fernández para que ejerciera durante cuatro años el cargo de Presidenta de la Nación. Lo hicimos sabiendo que proponía la continuidad de una política que había comenzado en 2003 cuando el ciudadano Néstor Kirchner juró como titular del Poder Ejecutivo.
La Presidenta no ha cambiado los ejes centrales de esa política, que a algunos sectores de la población no les gusta. No les gusta, por ejemplo, a la mayoría de los vecinos de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Barrio Norte, Recoleta y Belgrano. No les gusta a quienes, en un período de altísima rentabilidad y enormes ganancias, no están de acuerdo con soportar una carga impositiva más pesada que, lejos de impedirles ganar mucho dinero, no los deja ganar tanto como quisieran. No les gusta a otros sectores menores, como los nostálgicos de la dictadura que están envenenados con la política de derechos humanos del Gobierno.
Todos esos sectores tienen derecho a que no les guste la Presidenta. Pueden considerarla una resentida montonera o una soberbia autista, como dicen en los mails que reenvían a diario. Tienen derecho a manifestarse, a oponerse, a decir lo que quieran y a proponer alternativas políticas en las próximas elecciones. La ex diputada Carrió, quien lleva semanas advirtiendo que la Presidenta “perdió la legitimidad política”, fue candidata en octubre pasado y perdió por 25 puntos porcentuales de diferencia.
Hace noventa días que lo que está en discusión es eso: la legitimidad política del Gobierno.Quienes votamos a Cristina y queremos que la dejen gobernar no nos vamos a cruzar de brazos viendo cómo desabastecen las góndolas de los supermercados, interrumpen las rutas nacionales y desestabilizan al país por el tiempo que haga falta hasta que el Gobierno claudique y satisfaga sus demandas particulares. Y, más allá de que estemos en un todo de acuerdo con las retenciones o no —en lo personal, soy partidario de un modelo mucho más “estatista” en el que las retenciones no serían necesarias— o más allá de que podamos tener nuestras propias críticas con relación al Gobierno, no le perdonaríamos a Cristina que acepte que la democracia debe someterse a las imposiciones de las corporaciones empresarias, del campo o de la ciudad, del interior o de la Capital. No se trata de una cuestión geográfica, sino política.
Si el Gobierno cede, el problema no será el costo político que pague Cristina. El problema será que la democracia habrá perdido una de sus razones de ser y nuestro pueblo una oportunidad histórica. En ese sentido, aunque a algunos no les haya gustado, recordar las "Felices pascuas" de Alfonsín ha sido más que oportuno.

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