La fugaz medida de «retenciones cero» del gobierno de Milei, destinada supuestamente a dinamizar las exportaciones, se transformó en un operativo express que benefició exclusivamente a un puñado de multinacionales agroexportadoras, en lo que analistas definen como una transferencia de riqueza sin precedentes en tan breve tiempo.
Por Antonio Muñiz
Tres días. Setenta y dos horas. Ese fue el brevísimo lapso que necesitó una docena de corporaciones para asegurarse un beneficio fiscal de aproximadamente 1500 millones de dólares, en una maniobra que ha dejado al descubierto las profundas asimetrías en el seno del sector agroexportador argentino. La efímera política de «retenciones cero» para las ventas al exterior de granos, anunciada con bombo y platillo el pasado 22 de septiembre y derogada en medio de un escándalo el 25, no alcanzó siquiera a ser percibida por la inmensa mayoría de los productores agropecuarios. En su lugar, se convirtió en el marco de una operación financiera de altísima velocidad que canalizó recursos millonarios desde las arcas públicas y los bolsillos de los agricultores hacia las cuentas de las principales traders globales.
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Las investigaciones periodísticas, corroboradas por datos oficiales a los que tuvo acceso , revelan un mecanismo preciso y expeditivo. Las empresas –entre las que se encuentran Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC), Cofco, Cargill y Viterra– registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por volúmenes descomunales de granos, en muchos casos por cosechas que ni siquiera están aseguradas. Este registro, al amparo de la tasa 0% de derechos de exportación, les garantiza un cupo para exportar en el futuro sin pagar el impuesto, que fue reinstalado en un 26% para la soja.
El Mecanismo de la Apropiación Express
El proceso, según explican especialistas en comercio exterior, fue contundente. “La secuencia fue: declaración jurada de venta sin la mercadería físicamente disponible, obtención del cupo con beneficio fiscal, y posterior compra de la granja al productor con el descuento del 26% que ellas ya no tendrán que pagar”, detalla la economista especializada en agroindustria, Dra. Valeria Sanz, del Centro de Estudios para la Producción (CEP). “La diferencia, esos 1500 millones de dólares, queda como ganancia extraordinaria para la exportadora. Es una triangulación perfecta donde el Estado pierde recaudación y el productor recibe un precio menor por su cosecha”.
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La escala de la operación es abrumadora. Según los registros de la Secretaría de Comercio Interior que dirige Juan Pazo, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo, en menos de 72 horas se registraron DJVE por un volumen equivalente a más del 30% de las exportaciones argentinas de soja previstas para todo el cuatrimestre. El dato más elocuente, señalado inicialmente por la periodista Rosalía Costantino y confirmado por fuentes del mercado, es que un 29% de la soja declarada para exportación “aún no se sembró”, correspondiendo a la cosecha que recién se recogerá a partir de marzo de 2026.
“Lo que ocurrió no fue una liberación de fuerzas de mercado para ayudar al productor, sino una carrera preestablecida donde solo quienes tenían la información y la logística para operar a esa velocidad pudieron ganar. Fue un afano a mano armada con el aval del propio gobierno”, afirmó el periodista especializado Matías Longoni en su columna de Bichos de Campo, un concepto que ha resonado con fuerza en los últimos días.
Los Ganadores: Un Club Exclusivo con Nombre y Apellido
El botín de 1500 millones de dólares no se repartió de manera difusa. Según el análisis de los registros públicos realizado por la consultora Fábrica de Ideas, el beneficio se concentró en apenas doce empresas. El ranking de las principales beneficiarias es una radiografía del sector de la agroexportación global:
Bunge: se aseguró un beneficio estimado en 305 millones de dólares.
LDC (Louis Dreyfus Company): 298 millones de dólares.
Cofco International: 238 millones de dólares.
Viterra: 185 millones de dólares.
Cargill: 179 millones de dólares.
Molinos Río de la Plata: 106 millones de dólares.
El resto del cupo se distribuyó entre otras seis firmas de menor escala, pero igualmente de perfil corporativo y no de producción primaria. Esto muestra la extrema concentración del mercado de exportación de granos en la Argentina. Son empresas con una capacidad operativa y financiera que les permite moverse en horas, algo inalcanzable para un productor mediano o incluso para un acopio local”.
Los Perdedores: El Productor, el Estado y la Credibilidad
Al otro lado de la moneda, los perdedores son claros. El primero es el productor agropecuario, que se encontró con una ventana de oportunidad cerrada antes de siquiera poder asomarse. “Nos enteramos por los medios, y para cuando llamamos a nuestro acopiador, ya nos decían que el cupo estaba agotado. Todo pasó en un fin de semana. Ahora sabemos que cuando vendamos nuestra soja, nos van a descontar las retenciones, que ellos no pagarán. Es un doble perjuicio”, relata un productor de la provincia de Buenos Aires.
El segundo gran perdedor es el Estado nacional. En un contexto de ajuste fiscal extremo y negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el fisco dejó de percibir 1500 millones de dólares de manera instantánea. Esta cifra equivale, por ejemplo, a casi el 40% de las metas de recorte de gasto público planteadas para el último trimestre del año. Es una paradoja difícil de explicar. Por un lado, se anuncia un ajuste que afecta a la sociedad en su conjunto, y por el otro, se permite una fuga de recursos de esta magnitud en un plazo que raya en lo irrisorio.
La maniobra incluso traspasó las fronteras, generando malestar en socios comerciales clave. Como reportaron este miércoles medios especializados como Bloomberg, asociaciones de productores de soja en Estados Unidos elevaron quejas formales, argumentando que la avalancha de ventas argentinas futuras declaradas en un solo día contribuyó a deprimir los precios internacionales del commodity en el mercado de Chicago, afectando sus propios ingresos en un momento de tensa competencia con China.
La Respuesta Oficial y un Futuro Incierto
Desde el gobierno, las explicaciones han sido escasas y han variado. Inicialmente, se argumentó que la medida buscaba “liquidar stocks” y generar un ingreso rápido de dólares. Luego, ante el escándalo, se cambio el discurso, atribuyendo el problema a una “interpretación técnica” que permitió el vaciamiento del cupo. El silencio de los principales funcionarios involucrados, el ministro Caputo y el secretario Pazo, ha sido notable.
Para el analista político Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, el episodio deja una huella profunda. “Más allá del impacto económico inmediato, el costo político es altísimo. Fractura la ya débil relación del gobierno con el interior productivo que no pertenece a la cúpula agroindustrial, erosiona la credibilidad de su gestión ante la ciudadanía que observa cómo se beneficia a unos pocos, y debilita su posición internacional al mostrar una toma de decisiones errática y con consecuencias imprevistas”, sostiene.
El cierre de esta crónica no puede ser otro que la constatación de una realidad que se repite en la historia económica argentina: la velocidad del capital concentrado para aprovechar grietas normativas contrasta con la lentitud de los eslabones más débiles de la cadena.
Las “retenciones cero” fueron, en la práctica, un espejismo. Un beneficio que existió apenas un fin de semana, suficiente para que las corporaciones, ágiles y previsoras, se asegurara una ganancia monumental. Mientras, en el campo real, el silencio de los productores es el de quienes, una vez más, se quedaron con las manos vacías.
FUENTE: AGENCIAS Y PORTALES DE NOTICIAS
