Vicentín y una burguesía fallida.

En estos días hay un debate en Argentina sobre la intervención del Estado Argentino al grupo empresarial Vicentín, un conglomerado que tiene como eje central la elaboración de alimentos y la exportación de granos.

Sin entrar en muchos detalles que hacen a la historia y que condujeron al grupo empresario al concurso de acreedores y casi segura quiebra, queda claro que los dueños tradicionales tuvieron, en el mejor de los casos, una conducta poco prudente del manejo financiero. Estas políticas que la llevaron a sobre endeudarse con bancos estatales y una práctica, también común, de financiarse, difiriendo pagos a proveedores y clientes. O sea, están en una situación de “paga dios”.

Más grave aun cuando existen serios indicios de vaciamiento y fuga de capitales, lo cual agrava y da origen a la situación antes descripta.

El estado, con buen criterio, sale a intervenirla y planea su expropiación, con el objetivo básico que la empresa siga en funcionamiento, preservando los puestos de trabajo, asegurando el pago de sueldos, el cobro por parte de miles de productores de granos, que quedaron entrampados en la estafa, más los proveedores que ya habían dado por perdida las acrecencias.

Dos datos más, la quiebra de Vicentín sería un golpe muy duro al entramado productivo de la provincia de Santa Fe, además de afectar un área estratégica para el interés nacional, como es la producción de alimento y la exportación de granos.

La medida contó  con la aprobación de  los trabajadores directos y de los grupos productores y proveedores, sin embargo surgió una ola de rechazo alimentada por parte de partidos políticos opositores,  algunas entidades empresarias y potenciada, como siempre, por la prensa mercenaria de los medios concentrados.

Surge aquí una paradoja, o no tanto, ¿porque el empresariado concentrado sale en defensa de empresarios, con prácticas delictivas, que se apropió con la complicidad  de funcionarios del Banco Nación, de ingentes créditos, cuando ya la empresa estaba en situación de cesación de pagos? ¿Porque el empresariado, los políticos de Cambiemos o los economistas neoliberales argentinos aplauden este capitalismo de saqueo? Porque esos grupos levantan el fantasma del estado, el comunismo o la “venezuelizacion”, cuando el Estado  actúa con políticas destinadas al bien común?

Tal vez una de las razones es que las practica fraudulentas de los empresarios de Vicentín, no sean una excepción, sino una regla de comportamiento para casi toda la burguesía concentrada.

Hace décadas que existe una frase en los ámbitos populares, “empresas pobres, pero empresarios ricos”. Y esto indudablemente marca una cultura empresarial en la gran burguesía tradicional. Su lógica fue siempre negocios fáciles y seguros, con poca o nula competencia, hacer viable su actividad vía subsidios del estado, créditos a tasa promocionales, elusión y evasión de impuestos y la especulación vía fuga de divisas. Los grande capitanes de la industria ha hecho así su fortuna, sobre todo a partir del golpe del 76 y las reformas neoliberales de la década del noventa.

En el caso concreto de la exportación de granos, sobre todo  a través del puerto de Rosario y Santa Fe, se caracteriza por la falta de controles por parte del Estado, sobre qué y cuanto se exporta y por ende cuales son los impuestos a pagar. Con la excusa de la sequía, en el 2018 el presidente de la Nación eliminó una serie de controles y regulaciones al comercio de granos, lo  solo beneficio a los 5 grandes exportadores y a los productores más concentrados, renunciando al poder de control que el estado debe tener sobre ese sector estratégico.

La presencia de una empresa estatal en el sector granífero permitirá controlar una operatoria poco trasparente,  con herramientas para limitar la triangulación, o el contrabando vía empresas fantasmas en Paraguay, o la sub declaración de exportaciones, el abuso de precios de transferencia, y diversas maniobras para fugar divisas y evadir impuestos vía empresas “offshore” en Uruguay o Panamá.

Es urgente instrumentar la presencia de controles del estado en toda la operatoria portuaria a la vera del Paraná  y a su vez el control de la hidrobia Paraguay – Paraná. Esto permitirá evitar situaciones de puertos libres y zonas liberadas, no solo por parte de las empresas exportadoras, sino también toda una gama de delitos que operan en la región, al amparo de legislaciones demasiado benévolas y nula presencia del control estatal, como el contrabando y el narco tráfico.

Es indudable que el comportamiento de la burguesía tradicional concentrada muestra un comportamiento, no por conocido, menos preocupante. Es la incapacidad de atar sus proyectos de desarrollo empresario a los destinos, objetivos e intereses nacionales. Lamentablemente este sector muestra una vez más  una lógica de  capitalismo de saqueo, que se convierte en un lastre para el resto de la comunidad. Es necesario tener claro y actuar en consecuencia que cualquier proyecto de desarrollo y re industrialización verá  a este sector en la vereda de enfrente, en la medida que no acople sus intereses, hoy trasnacionalizados, a los intereses nacionales.

Antonio Muñiz