Por Antonio Muñiz
Las marchas y movilizaciones opositoras en las
últimas semanas marcaron el regreso de un
actor político central en la historia argentina: el pueblo en la calle.
Desde los albores de la Patria el pueblo movilizado
“quiere saber de que se trata”. Es el protagonista activo de la historia. Es
sujeto pero también constructor de la historia. Desde el 25 de mayo de 1810,
pasando por el 17 de octubre, o las manifestaciones populares de fines de los
sesenta y principio de los 70, hasta las jornadas del 2001, siempre el pueblo en la lucha por sus derechos
se expresó en la calle.
Los grandes
cambios políticos y económicos siempre fueron motorizados por el pueblo
movilizado.
Por eso el régimen, o la oligarquía que se cree
dueña del país, le temen tanto al pueblo en la calle: lo estigmatizan hasta el
cansancio, buscando deslegitimarlo o demonizarlo.
Algunos políticos de dudoso republicanismo
pretenden hacernos creer que la sentencia constitucional “el Pueblo no delibera
no gobierna, sino por medio de sus representantes” es una verdad absoluta
cuando solo es una rémora de un constitucionalismo liberal decimonónico, que
dejaba afuera de la política a los sectores populares. Con ese criterio
restrictivo cualquier manifestación popular adquiriría el carácter de sedición
y por ende de delito a castigar.
En cualquier democracia moderna esta
sentencia carece de sentido, el poder nace del pueblo y solo es del pueblo.
Ninguna minoría oligárquica y partidocratica puede arrogarse derechos que son
del pueblo.
Con esa lógica, algunos sectores del gobierno y del
poder judicial, siempre con la colaboración del periodismo militante de los
grandes medios pretenden criminalizar la protesta social. El macrismo sabe por
experiencia histórica que estos procesos de ajuste permanente solo son posibles con una fuerte represión.
Así que conjugan el poder mediático, sectores de la justicia, las fuerzas de
seguridad, y sectores del estado para reprimir cualquier atisbo de protesta y
perseguir, difamar, calumniar y hasta encarcelar a los dirigentes políticos y
sociales opositores.
La visión gubernamental que sostiene que la violencia proviene del que
arroja piedras es el resultado de una estrategia comunicacional orientada a
criminalizar toda protesta, pero también, sobre todo, a negar y ocultar la violencia que
se ejerce ilegítimamente desde el estado.
El gobierno trata de ocultar así la
violencia ejercida sobre la sociedad por parte de las políticas de ajuste permanente sobre los ingresos populares y la gigantesca
redistribución hacia los sectores concentrados de la economía.
ES el
Estado, a través de sus fuerzas de seguridad quien además deja a algunas minorías se
expresen en forma violenta y en algunos casos ´por personal de las fuerza de
seguridad infiltrados entre la multitud y las utiliza luego como excusa para una
posterior represión indiscriminada y brutal.
Es un error político y nada justifica el ataque
violento por parte de un sector hacia las fuerzas de seguridad, sobre todo
cuando es ejercida por minorías inorgánicas que terminan siendo funcionales a la estrategia de
represión que tiene el estado.
Pero tampoco sirve desde el campo popular comprar la agenda del adversario y
criminalizar la protesta violenta o demonizar cualquier escenario de violencia política
llevada adelante por el pueblo organizado.
Esta visión “purista” le hace juego al gobierno
al sacar del eje correcto la discusión: la masiva marcha contra las políticas de
ajuste y saqueo de los sectores populares fue un éxito, a pesar de no poder
abortar la aprobación de la ley.
El pueblo en la calle mostró a un gobierno débil,
cuya única política fue el chantaje sobre los gobiernos provinciales, el apriete
a legisladores y la represión.
La salida espontanea a la calle de los “caceroleros”,
expresión política de la clase media urbana porteña, es una muestra cabal de que la lucha
popular mostro la verdadera cara del ajuste neoliberal y del quiebre de la base
electoral del macrismo.
La apropiación de recursos sociales por parte de
las políticas neoliberales va necesariamente a atacar a los sectores medios,
grandes ganadores de la década kirchnerista.
Por eso todas las políticas del gobierno de Cambiemos, tanto nacional como provincial, van a apropiarse
de los recursos de las cajas de jubilación de la clase media, jubilados,
docentes, bancarios, estatales para luego privatizarlos y regalarles el negocio
a los bancos a través de la figura
nefasta de la AFJP.
Todas las encuestas muestran que la mayoría de la población desaprueba estas políticas. La prueba de ello es que la imagen presidencial bajo más de 12 puntos en las últimas dos semanas.
Todas las encuestas muestran que la mayoría de la población desaprueba estas políticas. La prueba de ello es que la imagen presidencial bajo más de 12 puntos en las últimas dos semanas.
En los próximos dos años
el gobierno neoliberal deberá acelerar sus políticas económicas y políticas, No
tiene un plan B, solo le queda seguir para adelante con sus políticas de saqueo
y por lo tanto seguir avanzando sobre los sectores populares pero sobre todo
sobre la clase media urbana. Estas políticas de ajuste permanente irán
generando un conflicto social y político creciente, donde el pueblo organizado,
movilizado y en lucha será actor principal.
1 comentario:
SIEMPRE EN TUS EXPRESIONES Y APRECIACIONES TAN EXACTAS DE LA REALIDAD QUE NOS TOCA VIVIR... Y DE COMPRENSIÓN GENERAL..ES LA ESENCIA QUE SE PROMULGUE EL PUEBLO PORQUE YA LO HAN DICHO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO...Y SOMOS TODOS PARTICIPE Y ARTÍFICES DE ESE DESTINO...POR ESOS PRINCIPIOS QUE NOS LEGARA PERÓN Y EVITA ... SOBRE UNA PATRIA SOCIAlMENTE JUSTA ...ECONÓMICAMENTE LIBRE....Y POLÍTICAMENTE SOBERANA...UN ABRAZO.-
Publicar un comentario