La flexibilización normativa responde a un pacto con inmobiliarios rurales para que capitales foráneos desembarquen en el centro del país. El agro, en pie de guerra. FAA y diputados preparan amparos.
Por: Leandro Renou | Para Letra P
En diciembre, Macri en familia en la estancia que tiene en la Patagonia el magnate terrateniente britanico Joe Lewis.
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La decisión del presidente Mauricio Macri de eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros esconde –y nace de- un pacto con agentes inmobiliarios rurales para fomentar el desembarco de inversionistas foráneos en la zona centro del país, la más rica y productiva de la Argentina. Y puso en guardia a productores locales y a legisladores de la oposición, que irán a la Justicia para bloquear la jugada oficial.
La semana pasada, a través del decreto 820, el Gobierno desmanteló los puntos principales de la Ley de Tierras, aprobada a fines de 2011. Con esa decisión, abrió la tranquera para que capitales extranjeros tengan más facilidades para comprar terrenos en Argentina. Pero eso no es todo. Con la nueva normativa se restringen funciones básicas que antes poseía el Registro Nacional de Tierras. Una, en particular, de extrema relevancia: neutraliza su potestad de requerir, previo a la compra de terrenos, el esquema completo de las empresas que pretenden adquirir, los detalles de hasta el último accionista, una facultad que se le había otorgado al organismo con el objetivo de evitar que se hicieran operaciones ocultando a los verdaderos titulares de los inmuebles rurales y, de esa manera, neutralizar transacciones que favorecieran la concentración de estas riquezas en pocas manos. De hecho, el corazón de la Ley 26.737 era, precisamente, el corrimiento de la capa que recubría las cuestiones jurídicas de las sociedades.
Ante este escenario, algunas agrupaciones del agro y legisladores de la oposición empezaron a analizar impugnaciones. Tal es el caso del diputado del FPV Martín Doñate, que hará una presentación en los próximos días. Pero lo más duro vino por el lado del titular de Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe. Se preguntó “quién asesora al Presidente y qué intereses están detrás de este decreto mediante el cual se avanza contra los pequeños productores que todavía esperan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar”. Y agregó que “una semana antes del Bicentenario de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los recursos naturales y favorecer la concentración”.
Esta posición no carece de lógica si se observan las características de la propiedad de la tierra en manos foráneas, que en una parte refleja arquitecturas armadas especialmente para obtener beneficios, ocultar accionistas y radicar compañías tenedoras en el exterior.
Según los datos del último relevamiento de tierras rurales, del año 2013, hay un total de 16.253.279 hectáreas (6,09% de la superficie total) en manos de extranjeros, más de un millón de las cuales corresponden a empresas radicadas en paraísos fiscales. Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Andorra, Liechtenstein y la República Oriental del Uruguay cobijan compañías que en Argentina poseen 1.113.654,85 hectáreas. Medido en términos comparativos, esa porción en guaridas fiscales es igual a 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. En el país vecino hay compañías que poseen 737.000 del total de hectáreas en guaridas fiscales, seguido por Luxemburgo, con 210.000.
A LAS ESCONDIDAS. Técnicamente, la extranjerización de la tierra puede provenir de la compra por parte de extranjeros o bien por la “nacionalidad” que tiene la compañía que es titular de esas tierras. Este último es el caso de las hectáreas en paraísos fiscales, muchas de las cuales son propiedad de dueños argentinos que registraron la sociedad fronteras afuera. Hay ejemplos paradigmáticos: la sociedad Goyaike Sacif está inscripta en Uruguay y en la Argentina es propietaria de 200.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. La firma, dedicada a la agricultura y a la ganadería, tiene un representante legal en los campos locales, pero los accionistas y verdaderos dueños de la firma son Gregorio Pérez Companc y buena parte de su familia.
Como este caso hay muchos. Por ejemplo, firmas que tienen dos sociedades propietarias, una con el 98% de las acciones y otra con el 2%. Pero esas dos sociedades son contraladas al 100% por una sociedad C que ahora quedará excluida de presentar información al Estado. Ergo, se generará un escenario de especulación con venta de acciones oculto de los controles, que una vez más apunta a esconder a los dueños de la tierra.
Para acceder a estos datos, el Registro de Tierras recabó información de Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble y el de las Personas Jurídicas de todas las provincias del país y cruzó eso con información de AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ). Un esquema que era casi único para monitorear datos, sólo alcanzable por los controles de la Comisión Nacional de Valores (CNV) a las firmas que van a cotizar al Mercado de Capitales.
FRIENDLY. Una de las excusas que blandió el Gobierno a la hora de modificar la normativa fue la necesidad de un sistema más amable para la atracción de inversiones. La estadística del Registro de Tierras muestra que, lejos de espantar al capital, con la ley vieja se aprobó el 93,6% de los 186 trámites de pedido de operaciones y fueron rechazados, en los tres años posteriores a la sanción de la norma, sólo 12 certificados presentados.
¿Para qué se cambió entonces la columna vertebral de la Ley de Tierras? Los que vienen trabajando cerca del Gobierno de Cambiemos desde la campaña presidencial aseguran que Mauricio Macri tiene la obsesión de dinamizar la venta de tierras en la zona núcleo (norte de Buenos Aires y sur de Córdoba y Santa Fe), área que es la más baja en materia de extranjerización y la más rica en condiciones de clima y de cosecha, sobre todo soja. A estos fines, se ha eliminado el límite de mil hectáreas por propietario. Este punto en particular es lo que denuncian la FAA y sus ramificaciones. No habiendo aún un pronunciamiento de la Mesa de Enlace, hoy diluida políticamente.
Las negociaciones por la ley muestran por qué tomó estas características. Ni bien desembarcó en el Registro de Tierras con el cambio de gobierno, Cristina Brunet tuvo una reunión llamativa con la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales (CAIR). Realizada en marzo y difundida por la propia ex comunera y referente de la línea michetista porteña en su cuenta de Facebook, en la misma se analizó la coyuntura. Además, los inmobiliarios hicieron aportes para abrir el grifo al ingreso de capitales a la zona centro. A pesar de todo, la CAIR fue un paso más allá en las últimas horas, cuando consideró que, si bien los cambios ayudan, “no son suficientes”.
LAS PROVINCIAS MÁS COLONIZADAS. Uno de los problemas que tiene la extranjerización de la tierra es que, según el Registro, sólo 964 personas jurídicas tienen casi 13 millones de hectáreas, mientras que cerca de 17 millones de personas físicas poseen sólo 3 millones y medio. Ergo, mucha tierra en muy pocas manos. Si se mide la extranjerización por provincias, Santa Cruz y Misiones tienen el 10,84% y el 13,88%, respectivamente, de su territorio en manos foráneas, seguidas por San Juan, con algo más del 10%, y Corrientes, con más del 13%. Los campos del sur son, además, una de las mayores preocupaciones, considerando la potencialidad de recursos naturales existentes.
@leandrorenou
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