«En búsqueda del país perdido»

 Claves para reconstruir un modelo argentino.

Argentina enfrenta una paradoja persistente: posee vastos recursos naturales pero sufre índices de pobreza estructuralmente elevados. Esta contradicción no es reciente; es el resultado acumulado de más de varias décadas de alternancia entre modelos económicos incompletos y contradictorios.

Por Antonio Muñiz


El país se debate entre su vocación natural como exportador de materias primas y la necesidad imperiosa de construir una base industrial sólida que garantice empleo masivo y valor agregado.

La historia reciente demuestra que ni el mero aprovechamiento de las ventajas comparativas en commodities ni los intentos aislados de industrialización por sustitución de importaciones han logrado romper el ciclo de crisis recurrentes.

El desafío actual, por lo tanto, trasciende el manejo macroeconómico coyuntural y apunta a la construcción de un consenso social y político para un proyecto de desarrollo a largo plazo.



Un poco de historia

El proceso de desindustrialización que sufre la economía argentina tiene una fecha de inicio claramente identificable: la dictadura militar de 1976. Las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz implementaron conscientemente un modelo financiero y especulativo, desarticulando el entramado industrial que se había desarrollado durante las décadas previas.

Este proceso no fue accidental sino deliberado, destinado a reorientar la economía hacia la renta financiera y la explotación extensiva de recursos primarios. La década de 1990, con las reformas de Carlos Menem y Domingo Cavallo, profundizó esta tendencia mediante privatizaciones, apertura importadora y valorización financiera, completando la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional. Las consecuencias sociales no se hicieron esperar: el desempleo estructural, la pobreza y la marginalidad se instalaron como características permanentes del panorama social argentino.

Tras la crisis de 2001, que mostró con crudeza el fracaso del modelo neoliberal, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner intentaron reencauzar el proceso de industrialización mediante políticas de sustitución de importaciones y recuperación del mercado interno. Este período logró avances significativos en el crecimiento del PBI y mejoras sustanciales en los indicadores sociales, reduciendo la pobreza y generando empleo industrial. Sin embargo, estos logros se vieron limitados por restricciones estructurales, particularmente la crónica falta de divisas para financiar la importación de insumos y bienes de capital necesarios para el proceso productivo.

El triunfo de Mauricio Macri con una receta neoliberal tradicional frustró ese proceso. Comenzó nuevamente una política desindustrializadora con un auge de la economía rentística financiera, con el gravoso retorno a las fauces del FMI y a la deuda externa.

El gobierno de Alberto Fernández navegó sin rumbo claro entre las restricciones que le marcó la coyuntura: pandemia, guerra y sequías, internas varias y sus propias limitaciones políticas y personales. Situación esta que llevó al triunfo de Javier Milei y una fuerza anarcocapitalista y reaccionaria, con un proyecto de reformular la economía y la sociedad argentina. Su modelo es un retorno a una Argentina del siglo XIX, productora de comoditys y subordinada al poder internacional.

Los resultados, cumplidos casi 20 meses de gobierno, muestran la inviabilidad histórica de estos proyectos neoliberales. Caída brutal del consumo y de la actividad industrial, disparada del dólar y sobre todo del riesgo país, En el horizonte asoma nuevamente una devaluación y  el fantasma del default.

Como resultado de toda esta nueva experiencia neoliberal queda consolidada otra vez la restricción externa de la deuda, la falta de dólares para el funcionamiento de la economía real pero también para hacer frente a los compromisos de la deuda.



Escenarios y desafíos

La situación actual presenta desafíos complejos.

La deuda externa se constituye como un instrumento de condicionamiento estructural,  como un factor limitante para cualquier proyecto de desarrollo político y económico autónomo.

El contexto global está marcado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y crisis múltiples en los órdenes sanitario, climático y alimentario.

En este escenario, la relación con bloques emergentes como los BRICS, y particularmente con China, presenta oportunidades pero también riesgos. La tentación de insertarse en el mundo como mero proveedor de materias primas es fuerte, especialmente ante la demanda creciente de alimentos y energía por parte de las potencias asiáticas.  Esta además la próxima firma el acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea, que abre mercados pero también genera los mismos riesgos de primarización de la economía.

Caer en esta tentación significaría repetir el error histórico de subordinación a los intereses de las potencias hegemónicas de turno.

La oportunidad real reside en negociar acuerdos que incluyan transferencia tecnológica y condiciones para industrializar los recursos naturales nacionales.

El principal desafío para el desarrollo argentino ya no es la sustitución simple de importaciones, sino la necesidad de dar un salto tecnológico que permita recuperar el tiempo perdido. Argentina cuenta todavía, aun con los ajustes y golpes por parte del gobierno mileista, con recursos humanos altamente calificados y instituciones científicas de excelencia, como el CONICET y las universidades nacionales.



La inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI hoy es inexistente, pero siempre fue históricamente insuficiente en comparación con países que han logrado desarrollos tecnológicos significativos.

Además, históricamente el ecosistema emprendedor enfrentó obstáculos casi insalvables: falta de crédito, alta tributación, macroeconomía inestable y ausencia de políticas de Estado consistentes. El resultado es una de las tasas de fracaso emprendedor más altas del mundo, cercana al 80% en los primeros dos años de vida de los proyectos.

La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. Países como China, Corea del Sur, Israel y los llamados «tigres asiáticos» demostraron que el desarrollo tecnológico requiere de un Estado activo que articule todos los sectores involucrados, establezca reglas claras y provea financiamiento para actividades de alto riesgo.

Las actividades de investigación y desarrollo tienen inherentemente alta tasa de fracaso, lo que dificulta el desarrollo de un mercado de capitales privado para este sector. El Estado puede y debe compensar estas fallas de mercado mediante apoyo directo (subvenciones, préstamos) e indirecto (incentivos fiscales, compras públicas).

El caso de Israel es particularmente ilustrativo: el gobierno financia el 85% de los proyectos de I+D en etapas tempranas, creando las condiciones para que luego el sector privado tome la posta.

Argentina tiene ventajas competitivas en áreas estratégicas donde podría concentrar sus esfuerzos: energías convencionales y alternativas, biotecnología, industria farmacéutica, tecnologías aeroespaciales, minería con valor agregado y la transición hacia la electromovilidad. En cada una de estas áreas existen desarrollos incipientes que podrían escalarse con políticas adecuadas.

La energía nuclear es un ejemplo destacable: Argentina es uno de los pocos países que domina el ciclo completo del combustible nuclear, desde la extracción del uranio hasta la fabricación de elementos combustibles. Las empresas INVAP y CONUAR, con proyectos como el CAREN,  son ejemplos de capacidades tecnológicas nacionales que han logrado insertarse en mercados internacionales competitivos.

La construcción de un modelo de desarrollo sostenible requiere, fundamentalmente, de un gran Acuerdo Nacional que trascienda los ciclos políticos y establezca políticas de Estado a largo plazo. Este acuerdo debe contemplar varios ejes centrales: un sistema educativo que priorice la ciencia y la tecnología; un mercado de capitales que financie  la innovación; una reforma fiscal que incentive las actividades productivas sobre las especulativas; y una inserción internacional inteligente que priorice los intereses nacionales.

La soberanía en el siglo XXI ya no se mide solamente por la independencia política formal, sino por la capacidad de un país de producir tecnología, generar empleo de calidad y satisfacer las necesidades de su pueblo.

El tiempo apremia. Cada crisis cíclica profundiza la desesperanza y erosiona el tejido social. La alternativa es clara: o Argentina logra construir un modelo de desarrollo productivo con inclusión social, o seguirá repitiendo el ciclo de auge y caída que caracteriza a las economías dependientes de recursos primarios.

La historia demuestra que los países que han logrado desarrollarse lo hicieron mediante la constante agregación de valor y la apuesta al conocimiento. Argentina tiene todos los elementos para seguir ese camino; lo que falta es la voluntad política y el consenso social para emprenderlo de manera definitiva. El futuro del país depende de esta elección.

Desarmar la Argentina clandestina

Debajo de los discursos y la coyuntura, persiste un entramado oculto de poder económico, judicial y mediático que define el rumbo del país más allá de los gobiernos.

Por Antonio Muñiz.

 


Tras la superficie de la política visible opera una red de acuerdos entre poder económico, judicial y mediático. La verdadera reforma debe comenzar por desarticular estas estructuras ocultas que han moldeado el destino del país.

La realidad argentina excede la mera sucesión de eventos coyunturales. El proceso político actual representa la expresión más aguda de un régimen de corrupción estructural que precede al gobierno presente. Comprender los desafíos del llamado «día después» requiere analizar este entramado sistémico desde una perspectiva que supere el análisis superficial.

La simbiosis del poder

La corrupción en Argentina constituye un régimen establecido que trasciende los actos ilícitos aislados. Se manifiesta como una red de acuerdos tácitos y explícitos enquistada en la médula del Estado y la economía, donde operan en simbiosis actores aparentemente disímiles pero profundamente interconectados.

El poder económico concentrado representa uno de los pilares de este sistema. Grandes conglomerados locales y multinacionales han encontrado en su relación con el Estado la vía más rentable para acumular capital, mediante mecanismos que incluyen sobreprecios, adjudicaciones directas y evasión fiscal consentida. El sistema financiero actúa como facilitador de este circuito, permitiendo la fuga de capitales y el blanqueo de dinero ilícito, mientras se beneficia de la especulación y el endeudamiento permanente del Estado.

Dentro del aparato estatal, funcionarios de diversos signos políticos han operado como administradores de este régimen, direccionando recursos públicos hacia actores económicos aliados a cambio de prebendas o futuras posiciones. La impunidad garantizada por segmentos del poder judicial corona este esquema, mediante la dilación de causas, fallos arbitrarios y persecución selectiva de opositores.

Los grandes medios de comunicación cumplen una función dual: como actores económicos que se benefician de publicidad oficial discrecional y regulaciones favorables, y como arquitectos del sentido común que visibilizan selectivamente los actos de corrupción según convenga a sus intereses.

La radicalización del sistema

Lejos de significar una ruptura, el proyecto oficial representa la radicalización de este régimen preexistente. Lo que antes era una red de corrupción que coexistía con un Estado de bienestar residual, se transforma ahora en un mecanismo acelerado de transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia los núcleos duros del poder económico.

Las herramientas tradicionales dieron paso a desregulaciones masivas que eliminan protecciones ambientales, laborales y productivas. El ajuste sobre el gasto social opera como una forma de corrupción estructural, al desviar recursos de la población vulnerable hacia el pago de una deuda cuestionable con el sector financiero.

La opacidad se institucionalizó mediante la concentración de poder y el debilitamiento deliberado de los órganos de control. Este marco facilita tanto la corrupción tradicional como nuevas modalidades donde la transferencia de recursos ocurre mediante decisiones administrativas que benefician a grupos específicos.


El desafío de la reconstrucción

Frente a este panorama, cualquier alternativa política debe entender que su tarea principal no será simplemente administrar el Estado, sino desmantelar activamente este régimen de corrupción estructural. La transformación requerida trasciende ampliamente un plan económico.

Un programa creíble exige una reforma judicial que independice realmente la procuración y la judicatura del poder político y económico. Es imprescindible establecer fueros anticorrupción con fiscales independientes y recursos propios, además de implementar juicios por jurados para casos graves. Democratizar el acceso a la función judicial, rompiendo la “familia judicial”, verdadera casta, y aumentando los controles internos sobre el desempeño de los funcionarios judiciales, transparentando sus actos.

La transparencia necesita una revolución mediante leyes de acceso a la información con mecanismos efectivos, plataformas de datos abiertos sobre gasto público y contrataciones, y veedurías ciudadanas con participación real en la fiscalización de obras públicas.

La democratización del sistema mediático requiere criterios transparentes para la distribución de la publicidad oficial y el fomento de medios comunitarios que rompan el oligopolio informativo.

La reforma política debe incluir financiamiento público de campañas y mecanismos que democraticen las estructuras partidarias.

La política económica debe reorientarse hacia la soberanía mediante una reestructuración audaz de la deuda externa, principal matriz de corrupción sistémica, ya que encubre el proceso de saqueo, apropiación y fuga de divisas, la revisión de contratos leoninos y la investigación judicial de todos los hechos y los funcionarios involucrados.

La encrucijada actual

Las fuerzas de la oposición política enfrentan una crisis donde su viejo modelo, en parte contaminado por este régimen de corrupción, muestra signos de agotamiento. La renovación necesaria no puede limitarse a lo ideológico o programático, ni siquiera generacional; debe ser fundamentalmente moral y anti-sistémica.

La construcción del día después no comenzará con un cambio de gobierno. Comienza hoy con la formación de un nuevo bloque de poder alternativo, una coalición amplia de fuerzas políticas, sociales, sindicales, culturales e intelectuales que tenga como horizonte común desarticular el régimen de corrupción y fundar una nueva República.

Este desafío exige liderazgos con autoridad moral inquebrantable, dispuestos a confrontar con los poderes reales que han capturado el Estado. La pregunta central es si existe en la Argentina la voluntad política y la lucidez estratégica para librar esta batalla, que representa la única posibilidad de asegurar un futuro de justicia social, soberanía política e independencia económica auténticas. El porvenir de la Nación depende de esta capacidad de regeneración.

septiembre 18, 2025

 

Tormenta perfecta: Milei enfrenta su mayor crisis política y económica.

 Escándalos de corrupción en el centro del poder, un ajuste que golpea a gran parte de la población, y la presión de los mercados por el dólar. El gobierno llega debilitado al 7 de septiembre, en un clima que combina incertidumbre y desconfianza.

 Un escándalo que golpea el corazón del oficialismo

El gobierno de Javier Milei transita sus horas más difíciles. A dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires —consideradas clave para el escenario nacional— estalló un caso de corrupción que sacudió a la Casa Rosada y puso bajo sospecha a su núcleo más íntimo.

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaron la existencia de un presunto sistema de cobro de coimas equivalente al 8% en las compras estatales de medicamentos. Según las grabaciones, parte de esos fondos se habrían distribuido entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La Justicia federal actuó con rapidez: allanó 14 domicilios, secuestró documentación clave e incautó 266 mil dólares en efectivo. La reacción oficial no tardó: Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, fueron desplazados en menos de 24 horas.

La realidad muestra que el gobierno sintió el golpe y tardo mucho en reaccionar. Cuando intento contener el daño, lo hizo tarde y mal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos,  puso en duda la credibilidad del ex funcionario: “Si tenía sospechas y no denunció en su momento, incumplió su deber como funcionario público”. Por otro lado, Martín Menem, involucrado en la denuncia, defendió a su primo Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei: “Pongo las manos en el fuego por ellos. Esto es una operación electoral”.

Las primeras mediciones muestran un alto impacto en la opinión publica, por ejemplo una encuesta de Proyección Consultores, el 75% de los argentinos ya conoce el caso y uno de cada dos votantes libertarios cree que Karina Milei está involucrada.

Inflación en baja, economía estancada

En paralelo, el oficialismo intenta exhibir logros en el frente económico. El propio Milei celebró que la inflación de mayo fuera de apenas 1,5%, la más baja en cinco años. A pesar que ese numero comenzó a subir en los meses siguiente , el gobierno expone que su “motosierra” está dando resultados y cuenta con alto respaldo social. Sin embargo, debajo de esos datos se esconde una realidad menos alentadora.

El freno inflacionario se sostiene con tasas de interés del 70%, lo que encarece el crédito y asfixia a las pequeñas y medianas empresas. Los préstamos productivos cayeron drásticamente, y las tasas para descuento de cheques saltaron hasta el 125 %.

El superávit fiscal, otra de las banderas del gobierno, se alcanzó gracias a recortes profundos en áreas sensibles. Por ejemplo según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), jubilados, científicos y personas con discapacidad perdieron hasta 34,7% de ingresos reales en el último año. El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica, sufrió una desfinanciación del 30% en términos reales. Estos recortes se multiplicaron en todas las áreas estatales como universidades, Conicet,  INTI, INTA,  con miles de despidos, tanto del sector publico como el privado. Estos datos  son solo una muestra del alto costo social que el experimento mileista esta haciendo pagar a la sociedad argentina.

Otro dato  que el gobierno esconde, en los últimos meses, sobre todo, se disparó el déficit cuasi fiscal a partir del pago de intereses sobre girados por la política del carry trade fomentada  para contener el dolar. Según evaluaciones privadas el monto total de pagos de intereses cuadriplica el gasto en jubilaciones, lo cual muestra claramente que el relato de  que no hay plata para mejorar las jubilaciones, sino que hay una decisión política del gobierno de privilegiar los pago al sector bancario - financiero.

El dolar sigue siendo el centro del problema económico. El gobierno no tiene dolares, no acumula reservas, mientras el tipo de cambio esta planchado por las políticas activas, pero queda cada día  mas atrasado frente a la inflación. Estas políticas generaron  y un peso sobrevaluado y un país muy caro en dolares. Por ende menos competitivo internacionalemente.  Para tener una idea del desfasaje,0 En comparación con la región, Argentina aparece entre los países más caros: un Big Mac cuesta 7,37 dólares, por encima de Brasil (4,90) y Chile (5,20).

El crecimiento previsto por el FMI para 2025, de 5,5% del PBI, hoy ajustado al 4.5 %, se concentra en la intermediación financiera (+30,2%), mientras sectores como salud (-0,5%) y educación (+0,5%) permanecen prácticamente estancados. Igualmente este pronóstico parece demasiado optimista, a pesar de la corrección de estos días, dado que tanto el consumo como la inversión están muy por debajo de los pisos históricos. Sin motores de crecimiento es casi imposible que la actividad económica se despegue. La paradoja es evidente: el modelo baja la inflación enfriando la demanda, pero lo hace a costa de paralizar totalmente la economía real.

El 7 de septiembre: un termómetro político

En este escenario, las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre se presentan como un verdadero plebiscito sobre la gestión de Milei. La Libertad Avanza necesita un triunfo para mostrar fortaleza de cara a las elecciones de octubre, sobre todo por consolidar su poder y afrontar los cambios drásticos que planean para después de diciembre. Esto ante la desconfianza de los mercados que están perdiendo la paciencia ante una situación económica asfixiante.

La estrategia oficialista se concentraba en nacionalizar la campaña bonaerense, saliendo el propio presidente a hacer actos en los distritos importantes,  tras el estallido del caso ANDIS la campaña se paralizó.  Las tensiones internas pre existentes entre los distintos sectores se agudizaron, con acusaciones y sospechas mutuas. Aunque públicamente se descarta una ruptura, por debajo el conflicto puede escalar y alcanzar a otros funcionarios. Un asesor cercano al Presidente reconoció que “se desperdiciaron siete días preciosos de campaña”, con el riesgo de que el escándalo “opaque los logros en materia económica”.

El mismo Jose Luis Espert, candidato a diputado nacional por LLA, manifestó ante sus pares me cagaron la campaña, ante el temor que las denuncias afecten un escenario electoral, donde el gobierno había puesto todas las fichas.

Un gobierno acorralado

El gobierno de Milei se enfrenta a lo que varios analistas ya llaman su “tormenta perfecta”:

Políticamente, el escándalo de corrupción golpea el corazón del gobierno, pero ademas anula el relato anticasta y erosiona la credibilidad presidencial. Pero ademas esta siendo jaqueado por el congreso que ha comenzado a rechazar sus vetos o aprobar leyes que tienden a reparar mucho de los daños de las políticas oficiales. Otro dato es el nuevo ordenamiento que se esta gestando alrededor de los gobernadores y el consiguiente rearmado en las cámaras marcan el comienzo de un limite fuerte para su gobierno.

Económicamente, el modelo depende de dolares que no tiene,  deuda cara, tasas altísimas y un ajuste recesivo que profundiza las desigualdades. El circulo empresario que apoyó fuerte en el primer año y medio, hoy mira con desconfianza y algunos voceros dicen por lo bajo que le han picado el boleto a Milei.

Socialmente, las protestas se multiplican mientras todos los indicadores sociales empeoran dia a dia y la pobreza supera el 55%.

Tal vez el síntoma mas grave es la perdida de centralidad del gobierno, la perdida de la iniciativa, la agenda y el relato. Los últimos discursos de Javier Milei muestran una disociación con la realidad que genera preocupación hasta en sus mismo colaboradores.

En este escenario las elecciones bonaerenses serán más que una disputa provincial: funcionarán como un veredicto sobre el rumbo del país. Lo que está en juego no es solo el futuro de Milei, sino la viabilidad de un proyecto que solo se basa en un ajuste perpetuo con  un costo social brutal, acusaciones de corrupción y una parálisis económica sin salida a la vista.

Un analista político lo resumió en diálogo con Noticias Argentinas: “Cuando se rompe la política, es muy difícil gobernar. Y cuando se rompe la confianza, es casi imposible recuperarla”.

El tiempo de las explicaciones se agota.

Agosto 2025

Foro en defensa del Proyecto Nacional y Popular

El Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue el invitado especial del primer Foro en Defensa del Proyecto Nacional y Popular, que contó con más de 250 militantes.