TURISMO GASOLERO

El último fin de semana largo confirmó una tendencia que se repite en 2025: más argentinos eligen explorar su país, pero con estadías más cortas y presupuestos ajustados. Mientras los datos reflejan un aumento en la cantidad de turistas, el gasto real cayó abruptamente, y las fronteras se saturan de viajeros en busca de precios imposibles en el mercado lo

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dejó al descubierto las contradicciones de un turismo nacional tensionado por la economía. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.440.000 turistas se movilizaron por el país, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024 . Sin embargo, detrás de ese número aparentemente alentador se esconde una realidad austera: la estadía promedio se redujo de 2,4 noches en 2024 a apenas 2 este año, una caída del 16,7% .

El fenómeno no es aislado. En lo que va de 2025, los seis fines de semana largos registraron 10,3 millones de turistas, con un movimiento económico estimado en $2,36 billones (equivalente a USD 1.670 millones) . No obstante, el gasto total durante el último feriado cayó un 16,2% en términos reales interanuales, pasando de $228.479 millones en 2024 a $262.627 millones este año . La paradoja se explica en un cambio de comportamiento: los viajeros priorizan la experiencia, pero recortan la duración y el consumo.

El «turista de ultimo momento» y la austeridad como norma.

La incertidumbre económica consolidó la figura del viajero de último momento, una tendencia que CAME ya había observado durante las vacaciones de invierno . En julio de 2025, el gasto promedio diario por turista fue de $89.236 , mientras que en el fin de semana largo de octubre trepó a $91.190, un 1,5% menos en términos reales respecto de 2024 .

«Se reflejó un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte», explicó la entidad . Esta estrategia permitió a las familias mantener la tradición de viajar, aunque con itinerarios ajustados y una planificación que rehúye la anticipación.

La Fuga Hacia Chile: Seis Horas de Cola y Compras Frenéticas.

Mientras el turismo interno se contrae, las fronteras experimentan un fenómeno inverso. Durante el fin de semana largo, más de 15.000 personas cruzaron los pasos fronterizos de Cristo Redentor (Mendoza) y Cardenal Samoré (Neuquén) hacia Chile . Las colas llegaron a extenderse hasta seis horas, impulsadas por un tipo de cambio favorable y promociones en indumentaria y tecnología .

«El tipo de cambio favorable, la diferencia de precios en indumentaria y tecnología, y las promociones en supermercados chilenos motivaron a miles de familias y grupos de amigos a cruzar la Cordillera», sostuvo CAME . Este «turismo de compras» contrasta con el achicamiento del consumo en destinos locales, donde una familia tipo necesitó $472.952 para viajar, equivalente al 30% de un salario promedio .

Destinos Elegidos y Costos Disparejos

La elección de destinos refleja también una búsqueda de asequibilidad. Durante el invierno, las zonas de playa estuvieron relegadas frente a opciones de montaña, nieve y termas . En el fin de semana largo, se destacaron Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo y Mar del Plata .

La dispersión de precios entre destinos es abismal: según un estudio de la UADE, una familia debe destinar cuatro veces más para alojarse en Cariló, donde los alquileres diarios promedian USD 300, que en Necochea . Esta brecha condiciona el acceso a experiencias turísticas y segmenta el mercado según el poder adquisitivo.

El Contexto Macro: Costos por las Nubes y Competitividad Perdida
El sector turístico enfrenta un escenario complejo. Un informe de la Fundación Encuentro señala que los costos operativos de la industria (energía, combustible) aumentaron un 662% desde diciembre de 2023, cuadruplicando la inflación minorista (IPC) en el mismo período . Esta asfixia financiera se tradujo en una pérdida de competitividad sistémica, tanto para el turismo interno como el receptivo .

Mientras países vecinos como Brasil, Chile y Paraguay lideran la recuperación turística regional, Argentina retrocede: el presupuesto del INPROTUR para 2025 se redujo un 54%, limitando la promoción internacional en un momento crítico .

El «turismo gasolero» no es solo un término de moda, sino el síntoma de una economía que obliga a los argentinos a ingeniar formas de seguir viajando, aunque sea por menos tiempo y con la mirada puesta en ofertas de último momento. Mientras las rutas nacionales se llenan de viajeros austeros, las fronteras se convierten en válvulas de escape para un consumo que el mercado local no puede satisfacer.

El desafío para el sector no es solo recuperar números, sino reconstruir una industria que preserve el derecho a descubrir el país, sin que el bolsillo determine hasta dónde llega el viaje.

Vicentin, símbolo de impunidad y fuga de capitales

 La caída del grupo agroexportador revela cómo la connivencia empresarial y política dejó un tendal de deudas, fraude y un símbolo de la crisis del capitalismo argentino.

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La historia de Vicentin es la crónica de una estafa anunciada. Desde sus modestos orígenes en 1929 hasta su colapso en 2019, con una deuda superior a los u$s 1.300 millones, la empresa construyó un imperio que se derrumbó entre maniobras fraudulentas, vaciamiento, un escandaloso préstamo del Banco Nación y una fuga de capitales que la justicia aún investiga. Mientras gigantes globales se disputan sus restos, el caso se convirtió en un emblema de la relación entre poder económico y político en la Argentina.

El reciente fallo judicial que declaró sin valor positivo las acciones de la compañía y la reactivación de la causa por el préstamo de 300 millones de dólares del Banco Nación son dos caras de la misma moneda: la agonía terminal de quien supo ser la sexta exportadora del país. La sentencia del juez Fabián Lorenzini, que calculó que tomaría más de 1.300 años saldar la deuda al nivel actual de actividad, sella el final de un proceso de vaciamiento que llevaba décadas. Al mismo tiempo, la citación a indagatoria del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y su vice Lucas Llach, ordenada por el juez Julián Ercolini, expone la presunta connivencia entre la empresa y la política en detrimento del Estado.

En paralelo, la causa por vaciamiento en Rosario tuvo un revés: la Cámara de Apelaciones excarceló a cuatro exdirectivos detenidos desde marzo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti– tras el pago de fianzas millonarias. Aunque recuperaron la libertad, siguen imputados por desvío de fondos que la fiscalía estima en más de $6.000 millones entre 2019 y 2024.

De almacén de pueblo a gigante favorecido por dictaduras

Vicentin nació en 1929 como un pequeño almacén fundado por los hermanos Vicentin en Avellaneda, Santa Fe. Su expansión inicial se apoyó en la industrialización: una planta desmotadora en 1937, una fábrica de aceite en 1943. Pero el salto verdadero llegó de la mano de regímenes dictatoriales. Durante el gobierno de Onganía recibió tierras estatales, y en la última dictadura cívico-militar obtuvo beneficios que incluyeron la represión a las Ligas Agrarias y a sus propios trabajadores: 22 de ellos permanecen desaparecidos. En esa etapa la empresa expandió su capacidad industrial y se benefició de la estatización de la deuda privada impulsada por Domingo Cavallo en 1982.

La metamorfosis neoliberal y el salto global

Con la democracia, la segunda generación de la familia (Nardelli y Padoan) condujo a la compañía bajo una lógica neoliberal. En 1986 trasladó su sede al sur santafesino, dejando a Avellaneda sumida en la depresión económica.

El boom llegó tras la devaluación de 2002 y el auge de los commodities:

• En 2004 compró el frigorífico Friar.

• En 2005 abrió la offshore Nacadié Comercial SA en Uruguay, con base en Panamá, marcando el inicio de la fuga sistemática de capitales.

• En 2007 fundó Renova junto a Glencore, se diversificó hacia textiles, vinos y lácteos.

La facturación se disparó y Vicentin escaló del puesto 19° en 2015 al 4° en 2019, más que triplicando ventas durante el gobierno de Mauricio Macri, con el que mantenía estrechos vínculos. Fue aportante de su campaña y uno de sus directivos, Alberto Padoán, participó en listas de Cambiemos.

La estafa al Banco Nación

El núcleo del escándalo es la maniobra de u$s 791 millones entre 2019 y 2020. La investigación del fiscal Gerardo Pollicita reveló que fondos que ingresaban como garantía fueron liberados y retirados con aval de las autoridades del banco. En noviembre de 2019, ya con incumplimientos a la vista, el directorio aprobó 28 créditos por más de u$s 105 millones. El 26 de ese mes, Herman Vicentin y Máximo Padoan obtuvieron un préstamo de u$s 6 millones en apenas 39 minutos.

La fuga fue inmediata: más de 1.400 transferencias a cuentas propias y guaridas fiscales en Uruguay, Islas Caimán, Bahamas y otros destinos. El perjuicio para el Estado se calcula en unos u$s 300 millones.

Vaciamiento y entrega de Renova

En paralelo, la empresa triangulaba exportaciones con filiales en Paraguay y Uruguay, subdeclarando ventas para evadir hasta u$s 200 millones anuales en impuestos. La maniobra más audaz ocurrió días antes del default: Vicentin vendió el 16,67% de Renova a una firma testaferro de Glencore por u$s 122 millones, fondos que nunca aparecieron. Con ello, la multinacional quedó con el control efectivo de la planta de procesamiento de soja más grande del mundo.

Quiebra, rescate frustrado y disputa por los restos

En diciembre de 2019, Vicentin se declaró en cesación de pagos. En 2020, el presidente Alberto Fernández intentó avanzar con una expropiación para preservar la empresa, pero el lobby empresario y una ofensiva mediático-judicial frenaron la iniciativa. “Me equivoqué con Vicentin porque pensé que todos iban a festejar el rescate de la empresa y sus trabajadores, pero eso no sucedió”, reconocería más tarde.

Hoy, la compañía sobrevive gracias a contratos de procesamiento con terceros que vencen en diciembre de 2025. En el proceso de cramdown abierto por el juez Lorenzini se inscribieron once interesados, entre ellos Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro y Commodities SA. Cargill, en cambio, se mantuvo al margen. El principal interés de los oferentes sigue siendo Renova, la joya del negocio.

Una herida abierta

Vicentin ya no es solo una empresa quebrada: es un símbolo del capitalismo argentino, de la connivencia entre el poder político y el económico, y de la impunidad de los grandes jugadores. La sentencia que declaró sin valor sus acciones y la puja final por sus activos marcan un punto de inflexión, pero el daño ya está hecho: trabajadores, productores y el propio Estado quedaron a la intemperie frente a un modelo donde la fuga, la especulación y el vaciamiento se repiten como norma.

El desenlace judicial y comercial definirá quién se queda con los restos, pero no borrará las lecciones: la vulnerabilidad de los más débiles, los claroscuros de la justicia y los límites de un Estado que siempre llega tarde.

Antonio Muñiz

¿Una gran estafa?: ¿Cómo las doce exportadoras se apropiaron 1500 Millones de dólares en 72 horas?

 La fugaz medida de «retenciones cero» del gobierno de Milei, destinada supuestamente a dinamizar las exportaciones, se transformó en un operativo express que benefició exclusivamente a un puñado de multinacionales agroexportadoras, en lo que analistas definen como una transferencia de riqueza sin precedentes en tan breve tiempo.

Por Antonio Muñiz

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Tres días. Setenta y dos horas. Ese fue el brevísimo lapso que necesitó una docena de corporaciones para asegurarse un beneficio fiscal de aproximadamente 1500 millones de dólares, en una maniobra que ha dejado al descubierto las profundas asimetrías en el seno del sector agroexportador argentino. La efímera política de «retenciones cero» para las ventas al exterior de granos, anunciada con bombo y platillo el pasado 22 de septiembre y derogada en medio de un escándalo el 25, no alcanzó siquiera a ser percibida por la inmensa mayoría de los productores agropecuarios. En su lugar, se convirtió en el marco de una operación financiera de altísima velocidad que canalizó recursos millonarios desde las arcas públicas y los bolsillos de los agricultores hacia las cuentas de las principales traders globales.

Las investigaciones periodísticas, corroboradas por datos oficiales a los que tuvo acceso , revelan un mecanismo preciso y expeditivo. Las empresas –entre las que se encuentran Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC), Cofco, Cargill y Viterra– registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por volúmenes descomunales de granos, en muchos casos por cosechas que ni siquiera están aseguradas. Este registro, al amparo de la tasa 0% de derechos de exportación, les garantiza un cupo para exportar en el futuro sin pagar el impuesto, que fue reinstalado en un 26% para la soja.

El Mecanismo de la Apropiación Express

El proceso, según explican especialistas en comercio exterior, fue contundente. “La secuencia fue: declaración jurada de venta sin la mercadería físicamente disponible, obtención del cupo con beneficio fiscal, y posterior compra de la granja al productor con el descuento del 26% que ellas ya no tendrán que pagar”, detalla la economista especializada en agroindustria, Dra. Valeria Sanz, del Centro de Estudios para la Producción (CEP). “La diferencia, esos 1500 millones de dólares, queda como ganancia extraordinaria para la exportadora. Es una triangulación perfecta donde el Estado pierde recaudación y el productor recibe un precio menor por su cosecha”.

La escala de la operación es abrumadora. Según los registros de la Secretaría de Comercio Interior que dirige Juan Pazo, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo, en menos de 72 horas se registraron DJVE por un volumen equivalente a más del 30% de las exportaciones argentinas de soja previstas para todo el cuatrimestre. El dato más elocuente, señalado inicialmente por la periodista Rosalía Costantino y confirmado por fuentes del mercado, es que un 29% de la soja declarada para exportación “aún no se sembró”, correspondiendo a la cosecha que recién se recogerá a partir de marzo de 2026.

“Lo que ocurrió no fue una liberación de fuerzas de mercado para ayudar al productor, sino una carrera preestablecida donde solo quienes tenían la información y la logística para operar a esa velocidad pudieron ganar. Fue un afano a mano armada con el aval del propio gobierno”, afirmó el periodista especializado Matías Longoni en su columna de Bichos de Campo, un concepto que ha resonado con fuerza en los últimos días.

Los Ganadores: Un Club Exclusivo con Nombre y Apellido

El botín de 1500 millones de dólares no se repartió de manera difusa. Según el análisis de los registros públicos realizado por la consultora Fábrica de Ideas, el beneficio se concentró en apenas doce empresas. El ranking de las principales beneficiarias es una radiografía del  sector  de la agroexportación global:

1. Bunge: se aseguró un beneficio estimado en 305 millones de dólares.

2. LDC (Louis Dreyfus Company): 298 millones de dólares.

3. Cofco International: 238 millones de dólares.

4. Viterra: 185 millones de dólares.

5. Cargill: 179 millones de dólares.

6. Molinos Río de la Plata: 106 millones de dólares.

El resto del cupo se distribuyó entre otras seis firmas de menor escala, pero igualmente de perfil corporativo y no de producción primaria. Esto muestra la extrema concentración del mercado de exportación de granos en la Argentina. Son empresas con una capacidad operativa y financiera que les permite moverse en horas, algo inalcanzable para un productor mediano o incluso para un acopio local”.

Los Perdedores: El Productor, el Estado y la Credibilidad

Al otro lado de la moneda, los perdedores son claros. El primero es el productor agropecuario, que se encontró con una ventana de oportunidad cerrada antes de siquiera poder asomarse. “Nos enteramos por los medios, y para cuando llamamos a nuestro acopiador, ya nos decían que el cupo estaba agotado. Todo pasó en un fin de semana. Ahora sabemos que cuando vendamos nuestra soja, nos van a descontar las retenciones, que ellos no pagarán. Es un doble perjuicio”, relata un productor de la  provincia de Buenos Aires.

El segundo gran perdedor es el Estado nacional. En un contexto de ajuste fiscal extremo y negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el fisco dejó de percibir 1500 millones de dólares de manera instantánea. Esta cifra equivale, por ejemplo, a casi el 40% de las metas de recorte de gasto público planteadas para el último trimestre del año. Es una paradoja difícil de explicar. Por un lado, se anuncia un ajuste que afecta a la sociedad en su conjunto, y por el otro, se permite una fuga de recursos de esta magnitud en un plazo que raya en lo irrisorio.

La maniobra incluso traspasó las fronteras, generando malestar en socios comerciales clave. Como reportaron este miércoles medios especializados como Bloomberg, asociaciones de productores de soja en Estados Unidos elevaron quejas formales, argumentando que la avalancha de ventas argentinas futuras declaradas en un solo día contribuyó a deprimir los precios internacionales del commodity en el mercado de Chicago, afectando sus propios ingresos en un momento de tensa competencia con China.

La Respuesta Oficial y un Futuro Incierto

Desde el gobierno, las explicaciones han sido escasas y han variado. Inicialmente, se argumentó que la medida buscaba “liquidar stocks” y generar un ingreso rápido de dólares. Luego, ante el escándalo, se cambio el discurso, atribuyendo el problema a una “interpretación técnica” que permitió el vaciamiento del cupo. El silencio de los principales funcionarios involucrados, el ministro Caputo y el secretario Pazo, ha sido notable.

Para el analista político Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, el episodio deja una huella profunda. “Más allá del impacto económico inmediato, el costo político es altísimo. Fractura la ya débil relación del gobierno con el interior productivo que no pertenece a la cúpula agroindustrial, erosiona la credibilidad de su gestión ante la ciudadanía que observa cómo se beneficia a unos pocos, y debilita su posición internacional al mostrar una toma de decisiones errática y con consecuencias imprevistas”, sostiene.

El cierre de esta crónica no puede ser otro que la constatación de una realidad que se repite en la historia económica argentina: la velocidad del capital concentrado para aprovechar grietas normativas contrasta con la lentitud de los eslabones más débiles de la cadena.

Las “retenciones cero” fueron, en la práctica, un espejismo. Un beneficio que existió apenas un fin de semana, suficiente para que las corporaciones, ágiles y previsoras, se asegurara una ganancia monumental. Mientras, en el campo real, el silencio de los productores es el de quienes, una vez más, se quedaron con las manos vacías.

FUENTE:  AGENCIAS Y PORTALES DE NOTICIAS

“Productores contra las cuerdas: la otra cara de la crisis”

La reciente maniobra de las exportadoras con las “retenciones cero” expuso, una vez más, cómo el modelo económico vigente favorece a los grandes jugadores de la renta financiera y a las compañías exportadoras, mientras los pequeños y medianos productores quedan atrapados en un esquema que los empuja a la pérdida. Un sector clave de la economía nacional convertido en víctima de políticas que priorizan el negocio financiero,  la minería y la energía por sobre la agroindustria.

por Antonio Muñiz

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Un sector golpeado por un modelo económico

El campo argentino atraviesa una crisis estructural que combina viejos problemas con nuevas tensiones. Sequías, altos costos de insumos, presión tributaria, alquileres dolarizados y un tipo de cambio que recorta la competitividad conforman un escenario adverso para los productores.

En este contexto, el episodio de las retenciones cero reveló el sesgo del actual modelo económico: mientras los productores no lograron capitalizar el beneficio, las grandes agroexportadoras acumularon en apenas tres días más de 1.500 millones de dólares en ganancias extraordinarias, gracias a un mecanismo que permitió registrar declaraciones de ventas al exterior (DJVE) sin respaldo físico suficiente. El resultado fue claro: el alivio fiscal terminó en las cuentas de las exportadoras, no en las del productor primario.

Del productor al rentista

La transformación de la estructura agraria argentina no es reciente, pero se profundizó en los últimos años.  En las ultimas décadas , en especial durante los 90 se produjo un fenómeno de extranjerización y concentración de la propiedad de la tierra.  Según estimaciones oficiales, en la campaña 2023/2024 el 70 % de la superficie cultivada estuvo en manos de arrendatarios. Es decir, la mayoría de quienes trabajan la tierra no son sus dueños, sino productores que deben enfrentar contratos dolarizados cada vez más onerosos.

En provincias como Córdoba, los valores de arrendamiento para la campaña 2024/2025 se ubican entre 4 y 14 quintales de soja por hectárea, con un promedio de 10 qq/ha, cifras que presionan sobre la rentabilidad. En las zonas núcleo, donde la tierra es más fértil, los valores trepan al máximo, lo que vuelve inviable la actividad para los pequeños y medianos productores.

Mientras tanto, quienes poseen la tierra pero no la trabajan logran sostener su renta, ajenos al riesgo productivo. La figura del propietario rentista se consolida como actor dominante, en detrimento del productor familiar y del chacarero que históricamente sostuvo la estructura rural.

Presión fiscal y dólar planchado

A los costos de producción se suma una carga fiscal agobiante. De acuerdo con el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en junio de 2025 los productores destinaron en promedio 63,6 % de su renta bruta a impuestos, la mayoría de carácter nacional y no coparticipables.

A esto se agrega la política cambiaria: la apreciación relativa del peso frente al dólar y la volatilidad de los mercados hacen que cada tonelada exportada rinda menos en términos reales. Así, la ecuación económica se vuelve cada vez más desfavorable para el productor.

Un modelo que margina a la agroindustria

La crisis del agro no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de un modelo económico que desplaza recursos hacia la renta financiera, la minería y la energía, relegando a la agroindustria a un rol secundario pese a su peso histórico en la generación de divisas.

En este esquema, el productor queda atrapado entre dos fuerzas: el Estado, que absorbe gran parte de la renta mediante impuestos, y los grandes exportadores, que se apropian de beneficios fiscales y ventajas comerciales. En el medio, los pequeños y medianos productores pierden capacidad de inversión y muchos terminan fuera del sistema.

 

La paradoja es evidente: producir alimentos en Argentina se ha vuelto un negocio cada vez más riesgoso y menos rentable, mientras que alquilar tierras sigue siendo altamente lucrativo. El país que históricamente fue “el granero del mundo” ve cómo su estructura agraria se transforma en un campo fértil para rentistas y especuladores, no para quienes siembran y cosechan.

Revertir esta situación exige un debate profundo sobre las políticas agrarias y el modelo de desarrollo. Sin medidas que protejan a los pequeños y medianos productores, se modifique el regimen de arrendamientos, se transparenten las operaciones de las exportadoras y reduzcan el peso de la carga fiscal a los productores chicos, la Argentina corre el riesgo de consolidar un agro sin productores: un negocio financiero más dentro de un esquema extractivo que prioriza ganancias inmediatas sobre el desarrollo productivo de largo plazo.