Propuesta para el debate público: diagnóstico y líneas de acción para una seguridad democrática y comunitaria
ANTONIO MUÑIZ -
Introducción: la seguridad en el
centro de la disputa continental
Propósito y tesis
1. Marco conceptual
Cuatro dimensiones del problema
|
Dimensión |
Qué
incluye |
Qué
registra la estadística |
Qué
queda fuera |
Instrumento
principal |
|
Violencia letal |
Homicidios, heridos
por arma de fuego, tiroteos |
Está bien registrada |
Las amenazas y la
intimidación previas |
Persecución
focalizada de grupos violentos y control de armas |
|
Delito predatorio |
Arrebatos, robo de
celulares, hurtos menores, robos en la calle y en el transporte, entraderas,
robo de motos y bicicletas |
Solo los hechos denunciados |
La mayoría de los
hechos, que no se denuncian |
Prevención
situacional, policía de proximidad y recuperación del espacio público |
|
Fraude a distancia y
ciberdelito |
Estafas telefónicas
y virtuales, cuento del tío, falsos secuestros, robo de cuentas, vaciamiento
de billeteras virtuales, extorsión digital |
Una fracción: el
SNIC recién comenzó a desagregarlo |
La mayoría de los
intentos y muchos hechos consumados, por vergüenza o resignación |
Fiscalías
especializadas, rastreo de las cuentas receptoras, corte de las
comunicaciones desde las cárceles y prevención |
|
Economías ilegales y
gobernanza criminal |
Narcotráfico, narco
menudeo, préstamos usurarios, extorsión, control de horarios y de circulación |
Casi nada, porque no
hay víctima que denuncie |
El poder territorial
de las organizaciones |
Inteligencia
financiera, Estado integral y comunidad organizada |
Conceptos que orientan la propuesta
2. Diagnóstico: un mínimo histórico
con profundas desigualdades
|
Indicador |
Valor |
Fuente |
|
Tasa de homicidios
dolosos en 2002 (pico de la serie) |
9,5 cada 100.000 |
Observatorio de Seguridad Ciudadana |
|
Tasa de homicidios
dolosos en 2023 |
4,4 cada 100.000 |
SNIC |
|
Tasa de homicidios
dolosos en 2025 |
3,6 cada 100.000 |
SNIC |
|
Variación de los
robos entre 2024 y 2025 |
−21,2% |
SNIC |
|
Estafas y
defraudaciones asistidas virtualmente en 2025 |
50.155 hechos
(+2,5%) |
SNIC |
|
Estafas y
defraudaciones tradicionales en 2025 |
72.953 hechos |
SNIC |
|
Estafas virtuales en
la provincia de Buenos Aires en 2025 |
9.594 hechos
(+52,2%) |
SNIC |
|
Ciberdelitos
sexuales contra niñas, niños y adolescentes |
1.380 víctimas en
2023, 848 en 2024 y 1.476 en 2025 (+74,1% interanual) |
SNIC |
|
Denuncias por
ciberfraude en la Ciudad de Buenos Aires |
38 en 2020; más de
2.400 en 2025 |
Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad |
|
Líneas de celular
registradas para detenidos en cárceles bonaerenses |
Cerca de 49.000 |
Datos del Servicio
Penitenciario Bonaerense difundidos por la prensa |
|
Tasa de 2025 en
Neuquén (la más alta) |
5,7 cada 100.000 |
SNIC |
|
Tasa de 2025 en la
provincia de Buenos Aires |
4,4 cada 100.000 |
SNIC |
|
Tasa de 2025 en
Corrientes (la más baja) |
0,9 cada 100.000 |
SNIC |
|
Homicidios en el
departamento Rosario (2023, 2024 y 2025) |
262, 91 y 115 |
Observatorio de
Seguridad Pública de Santa Fe |
El delito cotidiano: arrebatos, robo de celulares y hurtos menores
La industria del fraude: estafas telefónicas y ciberdelito
|
Eslabón |
Cómo funciona |
Dónde intervenir |
|
Datos |
Compra de bases de
datos personales filtradas o vendidas en canales de mensajería y uso de la
información expuesta en redes sociales |
Protección de datos
personales, persecución de la venta de bases y obligaciones de seguridad para
empresas y organismos |
|
Comunicación |
Centros de llamadas
improvisados, muchos de ellos dentro de las cárceles, con teléfonos, chips y
conexiones obtenidos de forma legal o ilegal |
Control de las
comunicaciones carcelarias, baja de líneas no autorizadas y responsabilidad
de las empresas de telefonía en la activación de chips |
|
Cobro |
Cuentas “mula” de
terceros que ceden sus claves, billeteras virtuales, CVU y retiros en
efectivo |
Bloqueo inmediato de
las cuentas receptoras, controles de apertura en bancos y billeteras, y
persecución de quienes alquilan sus cuentas |
|
Lavado y protección |
Fraccionamiento de
fondos, criptoactivos, circulación de efectivo y complicidad de personal
penitenciario o policial |
Inteligencia
financiera, auditoría de los servicios penitenciarios y sanción efectiva de
los funcionarios involucrados |
3. Economía criminal y gobernanza
territorial
La cadena de valor del narcotráfico
Evidencia desde el territorio
Los mecanismos de la gobernanza
criminal
4. Balance crítico de la doctrina de
"Seguridad y Orden"
Lo que corresponde reconocer
Los límites estructurales
5. Autocrítica del campo nacional y
popular
Un error de diagnóstico
Las víctimas son los sectores
populares
Una lucha entre pobres
Reformas sin continuidad
Una obligación política
6. Principios y ejes de propuesta
Principios rectores
Eje 1. Conducción civil y reforma
policial
Eje 2. Persecución del dinero
criminal
Eje 3. Soberanía logística
Eje 4. Territorio con Estado integral
Eje 5. Desarme
Eje 6. Reforma judicial con control
social
Eje 7. Cárceles
Eje 8. Información y evaluación
Eje 9. Fraude a distancia y mercados
de lo robado
7. Consejos Comunales por la
Seguridad
Por qué la comunidad
El antecedente de los Foros de
Seguridad
Organización
|
Nivel |
Integración |
Funciones |
|
Consejo barrial |
Vecinos elegidos en
asamblea; clubes, escuelas, iglesias y templos, centros de salud, comedores,
cooperativas y comercio local |
Diagnóstico, mapa de
riesgo, plan barrial trimestral y recuperación del espacio público |
|
Consejo municipal |
Delegados de los
consejos barriales, municipio, fiscalía y jefatura policial del distrito |
Plan local de
prevención, seguimiento de resultados y asignación del presupuesto |
|
Mesa provincial |
Representantes
municipales, Ministerio de Seguridad, Defensoría del Pueblo y universidades
nacionales |
Evaluación,
estándares comunes, formación y financiamiento |
Garantías
Instrumento legal
8. Hoja de ruta, financiamiento y evaluación
Etapas
Financiamiento
Indicadores de evaluación
|
Indicador |
Qué
mide |
Fuente |
|
Tasa de homicidios y
de heridos por arma de fuego por barrio |
Violencia letal |
SNIC y observatorios provinciales |
|
Tasa de
victimización de los hogares |
Delito real,
denunciado o no |
Encuesta nacional de victimización |
|
Proporción de delitos denunciados |
Confianza en las instituciones |
Encuesta nacional de victimización |
|
Personas que evitan
circular de noche en su barrio |
Recuperación del espacio público |
Encuesta nacional de victimización |
|
Jóvenes de 14 a 25
años incluidos en programas de empleo y educación en los territorios
prioritarios |
Prevención del reclutamiento |
Programas nacionales y provinciales |
|
Activos decomisados
y su destino |
Persecución del dinero criminal |
Ministerio Público y UIF |
|
Consejos Comunales
activos y planes barriales cumplidos |
Participación comunitaria |
Mesa provincial |
|
Estafas telefónicas
y virtuales denunciadas y fondos recuperados |
Fraude a distancia |
SNIC, UFECI y
ministerios públicos |
|
Robos de celulares y
equipos bloqueados por IMEI |
Delito cotidiano y
mercado de reventa |
SNIC y ENACOM |
|
Tiempo promedio de
resolución de las causas penales |
Eficacia judicial |
Poder Judicial y
Ministerio Público |
|
Proporción y
duración de la prisión preventiva |
Cumplimiento de los
plazos legales |
Servicios
penitenciarios y Procuración Penitenciaria |
9. Debates abiertos
Conclusión
La inseguridad se ha
convertido en uno de los ejes de la agenda política latinoamericana. Define
elecciones, reordena coaliciones y sirve de fundamento a giros políticos de
fondo en buena parte del continente.
En Chile, José Antonio
Kast ganó la segunda vuelta de diciembre de 2025 con el 58,61% de los votos, en
una campaña en la que la seguridad y la migración desplazaron a todos los demás
temas. Su programa incluyó el despliegue del Ejército en barrios con alta
criminalidad, un muro en la frontera norte y la expulsión de los migrantes en
situación irregular.
En Brasil, la primera
vuelta del 4 de octubre de 2026 dejó a Flávio Bolsonaro adelante, con el
47,11%, frente al 45,07% de Lula da Silva. Ambos se enfrentarán en el balotaje
del 25 de octubre. Según la consultora Quaest, la violencia es la principal
preocupación del 31% de los brasileños, por encima de la economía. El candidato
del Partido Liberal propone declarar narcoterroristas al Primeiro Comando da
Capital y al Comando Vermelho, construir cárceles inspiradas en el modelo
salvadoreño y bajar a 16 años la edad de responsabilidad penal para ciertos
delitos.
Estos procesos no
ocurren en el vacío. Desde febrero de 2025, Estados Unidos designó como
organizaciones terroristas a 21 cárteles y pandillas de la región, entre ellos
las dos organizaciones brasileñas mencionadas. En la Asamblea General de las
Naciones Unidas de septiembre de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que
esa designación habilitó a sus Fuerzas Armadas a actuar para eliminarlas. En
paralelo, quince gobiernos, Estados Unidos y el argentino entre ellos, firmaron
en el marco del Escudo de las Américas una declaración para actuar en conjunto
contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, y Washington
redirigió 52 millones de dólares de ayuda militar a Colombia, Ecuador, Perú y
Panamá con ese propósito. En Brasil, Trump calificó la elección como muy
importante para su país, y la campaña de Lula pidió investigar una posible
interferencia externa.
Para esta propuesta la
noción de "narcoterrorismo" funciona como una doctrina política antes
que como una categoría técnica. Al transformar un problema social y criminal en
una guerra, habilita la militarización de la seguridad interior, la
intervención externa y la restricción de derechos. Su efecto es regresivo:
desplaza el debate sobre la desigualdad, el empleo y el papel del Estado, y
alinea a los países de la región con una agenda definida en Washington. Los
grandes medios de comunicación, con una cobertura centrada en el miedo,
contribuyen a instalar ese encuadre.
Sin embargo, esa
estrategia es eficaz porque se apoya en una realidad. El miedo de los sectores
populares no es una invención mediática. Es la experiencia cotidiana de
millones de personas que no pueden circular de noche por su barrio, que ven
cómo las bandas reclutan a sus hijos que pierden en un arrebato el sueldo del
mes o, en una llamada telefónica, los ahorros de toda una vida. La derecha
avanza sobre un vacío que el campo popular dejó abierto.
El desafío, entonces,
no consiste en negar el problema, sino en disputar su interpretación y su
solución. Este documento quiere contribuir a esa tarea.
El objetivo de este
documento es aportar al debate de la sociedad. No se trata de un programa
cerrado, sino de una invitación a organizaciones sociales, sindicatos,
universidades, iglesias, clubes, comerciantes y fuerzas políticas a discutir la
seguridad con seriedad y sin demagogia.
Nuestra tesis central
es que la seguridad no se resuelve con más patrulleros ni con más mano dura,
sino reconstruyendo la comunidad, recuperando el espacio público y desarmando
la economía criminal que hoy ordena la vida de muchos barrios.
Tres ideas organizan
el análisis. La primera es que la inseguridad es, ante todo, un problema de los
sectores populares: son sus principales víctimas y quienes menos recursos
tienen para protegerse. La segunda, que el problema cambió de naturaleza: pasó del
delito disperso a economías criminales capaces de regular la vida cotidiana de
un territorio y a verdaderas industrias del fraude que operan a distancia, con
infraestructura, logística y protección. La tercera, que la respuesta exige un
Estado integral y una comunidad organizada: conducción política civil de las
fuerzas, persecución del dinero criminal, soberanía logística, una justicia que
aplique las leyes vigentes en tiempo y forma bajo control social, y Consejos
Comunales por la Seguridad como eje articulador.
Partimos de un dato
que conviene reconocer: los delitos violentos en la Argentina se encuentran en
su mínimo histórico. Ese dato no invalida la preocupación social, pero sí
permite ordenarla. Existe hoy una oportunidad para actuar antes de que la
economía criminal escale, como ocurrió en otros países de la región.
La seguridad es un
derecho social, no un servicio que se compra ni un privilegio de quien puede
pagar vigilancia privada. La Ley 12.154 de la provincia de Buenos Aires ya
define al pueblo como sujeto fundamental de la seguridad pública. Este
documento retoma ese principio y propone llevarlo a la práctica.
Hablar de
"inseguridad" en singular genera confusión. Bajo ese nombre conviven
al menos cuatro fenómenos distintos, con causas e instrumentos de abordaje
diferentes.
Llamamos gobernanza
criminal a la situación en la que una organización regula la vida de un territorio:
decide quién circula y a qué hora, presta dinero, resuelve conflictos y recluta
jóvenes. En esos casos, el crimen no solo altera el orden, sino que lo
sustituye.
Llamamos industria del
fraude a las organizaciones que convierten la estafa a distancia en una
actividad estable y escalable: compran datos personales, operan centros de
llamadas, administran redes de cuentas de terceros para cobrar y cuentan con
protección para sostener el negocio. A diferencia del estafador aislado, su
ganancia depende del volumen y de la impunidad, no del golpe individual.
Entendemos por
seguridad democrática la combinación de conducción política civil de las
fuerzas, respeto de los derechos y eficacia medible. Este enfoque rechaza la
falsa opción entre garantismo – mano dura.
La prevención opera en
tres niveles que se refuerzan entre sí: el situacional (iluminación, espacio
público, transporte), el social (escuela, empleo, salud) y el comunitario
(organización y lazos entre vecinos). Ninguno alcanza por sí solo.
Proponemos, además,
una persecución penal inteligente, que concentre la capacidad del Estado en las
organizaciones, sus jefes y su dinero, y no en el último eslabón, el más débil
y más fácil de reemplazar.
Por último, llamamos
legalidad efectiva al cumplimiento real, en tiempo y forma, de las normas
vigentes. El problema argentino no es la falta de leyes, sino la distancia
entre lo que la ley dispone y lo que el Poder Judicial efectivamente hace.
La violencia letal en
la Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde que existen registros.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2025 hubo 1.676
víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a una tasa de 3,6 cada 100.000 habitantes.
Según datos preliminares presentados por el Ministerio de Seguridad Nacional,
la tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, con una baja interanual
cercana al 15%.
La primera es que la
tendencia es larga y responde a múltiples causas. La violencia letal desciende
desde 2002, a lo largo de gobiernos de distinto signo, y en ese recorrido
influyeron la estabilidad económica relativa, los cambios demográficos, la
mejora de los registros y las políticas de cada etapa. Atribuir el resultado a
una sola gestión es más propaganda que análisis.
La segunda es que el
promedio oculta una fuerte desigualdad territorial. Una tasa nacional de 3,6
convive con provincias que la superan en más de un 50% y con barrios del
conurbano donde la violencia se concentra en unas pocas manzanas. La
inseguridad se distribuye, como la pobreza, de manera desigual.
La tercera es que
Rosario demuestra que la violencia puede reducirse. El departamento pasó de 262
homicidios en 2023 a 91 en 2024 y, según la propia ministra de Seguridad
Nacional, la clave fue la articulación entre la Nación, la provincia y el
municipio. El aumento a 115 homicidios en 2025 advierte, a la vez, que los
resultados no son automáticos ni definitivos.
La cuarta es que la
estadística no capta lo que más pesa en la vida cotidiana. La última Encuesta
Nacional de Victimización del INDEC, realizada en 2017, mostró que dos de cada
tres delitos contra las personas no se denuncian y que la principal razón es la
desconfianza en las autoridades. Sin una encuesta nacional periódica, el país
discute su seguridad con información incompleta.
La quinta es que el
delito no desaparece: muta. Mientras los robos presenciales caen, las estafas y
defraudaciones asistidas virtualmente alcanzaron 50.155 hechos en 2025 y
crecieron un 52,2% en la provincia de Buenos Aires. Si se suman las estafas
tradicionales, el universo de la defraudación ya equivale a casi un tercio de
los robos registrados. La propia ministra de Seguridad Nacional reconoció que
estas modalidades todavía no constituyen un indicador permanente del SNIC. Es
razonable suponer que una parte de la baja del delito callejero refleja un
desplazamiento hacia modalidades que la estadística todavía mide mal.
La conclusión es
doble. Hay que reconocer la baja de la violencia letal y, al mismo tiempo,
explicar por qué millones de personas, sobre todo en los barrios populares,
siguen sin poder circular tranquilas ni atender el teléfono sin desconfianza.
El delito que más pesa
en la experiencia cotidiana no es el homicidio, sino el arrebato en la parada
del colectivo, el robo del celular a la salida del trabajo o de la escuela y el
hurto menor en el comercio del barrio. Son hechos de bajo monto unitario, alta
frecuencia y escasa denuncia, que la estadística registra de manera muy
incompleta y que el sistema penal trata, en la práctica, como irrelevantes.
El robo de celulares
es el caso más claro. No existe una cifra oficial consolidada, pero las
estimaciones disponibles, recogidas incluso en proyectos presentados en la
Cámara de Diputados de la Nación, ubican la cantidad entre 5.000 y 9.000
equipos por día, alrededor del 27% de los robos denunciados. Los más expuestos
son jóvenes y trabajadores que se desplazan en transporte público. Para ellos,
el celular no es un bien suntuario: es la herramienta de trabajo, la billetera,
el acceso al banco y la agenda de toda su vida.
Detrás del arrebato
hay un mercado. El equipo robado se revende entero en ferias y redes sociales,
se desarma para vender repuestos o pasa por talleres que alteran su código de
identificación (IMEI) para reinsertarlo en el circuito. Además, el teléfono desbloqueado
da acceso a cuentas bancarias, billeteras virtuales y contactos, y conecta así
el robo callejero con la estafa digital. El ladrón es el último eslabón y el
más reemplazable; quien organiza la reducción y la reventa es quien sostiene el
negocio. Mientras exista un comprador seguro, habrá un arrebato más.
Las herramientas para
cortar ese circuito ya existen. El bloqueo de los equipos denunciados mediante
la base de IMEI, vigente por la Resolución 2459/2016 del ENACOM, y el delito de
encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal permiten perseguir
la reducción y la reventa. Lo que falta es aplicarlos de manera sistemática:
controlar a quienes comercializan equipos usados, cruzar las bases de datos y
perseguir a los reducidores con la misma prioridad que al autor del arrebato.
Que sean delitos
menores en el Código no significa que lo sean en la vida de las personas. La
reiteración del arrebato y del hurto degrada el uso del espacio público, empuja
a los vecinos a encerrarse y alimenta la demanda de mano dura. Una política de
seguridad democrática que no tenga respuesta para este delito pierde
credibilidad ante el pueblo que dice defender.
Las estafas
telefónicas y virtuales se están convirtiendo en un delito endémico. El viejo
cuento del tío se transformó en un repertorio que incluye falsos llamados de
bancos, de empresas de servicios o de organismos públicos, falsos secuestros,
el robo de cuentas de mensajería para pedir dinero a los contactos de la
víctima, inversiones fraudulentas y extorsión digital. Sus víctimas atraviesan
todas las edades y sectores sociales, pero el golpe es particularmente duro
para los jubilados y para las familias que pierden en minutos los ahorros de
años.
Las cifras oficiales
muestran la tendencia, aunque subestiman su magnitud. La Unidad Fiscal
Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recibió en 2024 más de 34.000
denuncias por delitos informáticos, un 21,1% más que el año anterior. En la
Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por ciberfraude pasaron de 38 en 2020 a
más de 2.400 en 2025, con pérdidas superiores a 24.000 millones de pesos entre
2024 y 2025. A la vez, las víctimas de ciberdelitos sexuales contra niñas,
niños y adolescentes crecieron un 74,1% entre 2024 y 2025 y superaron el nivel
de 2023.
No se trata de una
suma de estafadores aislados. La reiteración de las mismas modalidades, el
volumen de los hechos y la rapidez con que el dinero desaparece revelan una
organización que funciona como una industria, con infraestructura, logística y
protección.
El dato más grave es el papel de las cárceles. Durante 2026,
investigaciones judiciales desarticularon centros de llamadas que operaban
desde unidades bonaerenses como las de Magdalena, González Catán, Lomas del
Mirador e Ituzaingó. En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense hay
cerca de 49.000 líneas de celular registradas para uso de los detenidos,
producto de una habilitación excepcional de la pandemia que nunca se revisó y
cuyas comunicaciones no se monitorean salvo orden judicial. A ellas se suman
los teléfonos que ingresan de contrabando. En al menos una de esas causas, la
fiscalía comprobó la participación de un policía y de agentes penitenciarios en
la banda.
Un negocio de esa
escala no se sostiene sin protección. Cuando una celda funciona durante meses
como centro de llamadas, cuando miles de chips se activan sin control y cuando
las cuentas receptoras siguen operando después de las primeras denuncias, la
impunidad deja de ser un accidente y pasa a ser una condición del negocio. Por
eso el fraude a distancia debe abordarse como criminalidad organizada, con la
misma lógica que proponemos para el narcotráfico: seguir el dinero, cortar la
logística y sancionar la complicidad estatal.
El núcleo del problema
actual ya no es el delito disperso, sino una economía criminal organizada que
tiene en el narcomenudeo su motor y en los barrios populares su territorio de
operación.
El negocio funciona
como una cadena con eslabones de distinto poder y riesgo. En el primero se
ubican el ingreso y la logística, a través de rutas fluviales, puertos y
fronteras secas. En el segundo, el acopio y el fraccionamiento en cocinas y
depósitos urbanos. En el tercero, la venta minorista en búnkeres, repartos a
domicilio y puntos de venta barriales. En el cuarto, el lavado de dinero en
inmobiliarias, comercios, financieras informales y criptoactivos.
El riesgo y la
violencia se concentran en los eslabones inferiores, mientras que la ganancia
se acumula en los superiores. Una política que solo persigue la venta minorista
llena las cárceles de jóvenes reemplazables y deja intacto el negocio. Desde
que la Ley 26.052 habilitó a las provincias a perseguir el narcomenudeo, buena
parte del esfuerzo penal se concentró en vendedores y consumidores, e incluso
se denunciaron causas armadas.
En San Martín, el
Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas (IDAES-UNSAM)
vinculó con el narcotráfico el 77% de los homicidios del primer semestre de
2026; casi la mitad de las víctimas con edad registrada tenía entre 16 y 25
años y el arma de fuego es el medio principal. En Florencio Varela, el
narcomenudeo derivó en una disputa abierta entre bandas, con un nuevo estallido
de violencia en agosto de 2026. Según el Observatorio de la Deuda Social
Argentina, en 2023 el 35,6% de los hogares del conurbano identificaba venta de
drogas en su entorno, frente al 18,7% en la Ciudad de Buenos Aires.
El primero es el
reclutamiento. Para un adolescente que no estudia ni trabaja, el narcotráfico
ofrece ingresos, pertenencia y estatus. Compite con el Estado y, con
frecuencia, le gana.
El segundo es el
crédito. El préstamo narco aparece allí donde las familias necesitan efectivo y
no tienen acceso al sistema formal: endeuda, somete y convierte a los vecinos
en deudores de la organización. No hay evidencia de que sea un fenómeno generalizado,
pero sí indica una tendencia.
El tercero es el
control del espacio: horarios en los que no se puede circular, pasillos vedados
y conflictos que resuelve la banda. Un estudio sobre el Área Reconquista
registra toques de queda de hecho y vecinos divididos entre denunciar o callar
por miedo.
El cuarto es el
comando desde las cárceles. La superpoblación y el control deficiente de las
comunicaciones convierten a los penales en centros de mando y de reclutamiento
y, cada vez más, en centrales de estafas y extorsiones a distancia.
Una conclusión:
allí donde se retiran el Estado y la comunidad organizada, otro poder pasa a
organizar el territorio.
El Gobierno nacional,
con Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad Nacional desde
diciembre de 2025, define su política como continuidad de la doctrina de
"Seguridad y Orden". Un debate serio exige reconocer lo que funciona
y señalar con precisión lo que no.
El Plan 90/10
concentra recursos en los territorios con más homicidios, un criterio
técnicamente correcto. Por otra parte, el caso de Rosario muestra que la
articulación entre la Nación, la provincia y el municipio puede reducir la
violencia en poco tiempo.
El primer límite es un
punitivismo sin capacidad institucional. La Ley 27.801, vigente desde el 5 de
septiembre de 2026, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para
cualquier delito. Aunque declara fines socioeducativos, su sanción estuvo
atravesada por cuestionamientos sobre su constitucionalidad y su
financiamiento. Sin centros especializados ni equipos técnicos, ampliar la
puerta de entrada al sistema penal produce más encierro, pero no menos
reclutamiento.
El segundo es la
cárcel como multiplicador del problema. En el sistema bonaerense, la cantidad
de detenidos llegó a 66.493 en julio de 2026, un 12,86% más que dos años y
medio antes. Una cárcel superpoblada no neutraliza a las organizaciones; les
sirve de base de operaciones.
El tercero es el
retiro del Estado social. El freno a la urbanización de los barrios populares,
el recorte de programas territoriales y la caída del consumo popular debilitan
las barreras que impiden el reclutamiento. La saturación policial puede contener
la violencia, pero no reemplaza a la escuela, al club ni al trabajo.
El cuarto es la
presencia sin comunidad. El despliegue de fuerzas sin construcción de confianza
con los vecinos produce resultados frágiles: cuando el operativo se retira y la
comunidad no está organizada, la organización criminal regresa.
El quinto es la
dependencia estratégica. El Centro Regional de Información y Análisis sobre
Crimen Organizado se creó con apoyo de Estados Unidos, y la Argentina se sumó a
la declaración del Escudo de las Américas. La cooperación internacional es
necesaria, pero subordinar la definición de las amenazas a una agenda ajena,
bajo el encuadre del "narcoterrorismo", habilita la militarización de
la seguridad interior y erosiona la soberanía sobre la inteligencia criminal.
El sexto es la
inflación legislativa como sustituto de la gestión. Frente a cada hecho
resonante, la respuesta habitual es una nueva ley o una pena más alta: la baja
de la edad de imputabilidad, proyectos para agravar las penas por el robo de
celulares, nuevas figuras penales. Mientras tanto, alrededor de un tercio de
los cargos de jueces nacionales y federales está vacante, más de un tercio de
los detenidos en cárceles federales espera sentencia y herramientas vigentes,
como los procedimientos de flagrancia o el decomiso, se aplican de manera
desigual. Endurecer una ley que no se cumple no aumenta la seguridad: solo
agranda la distancia entre la norma y la realidad.
El peronismo, salvo
excepciones, nunca tuvo una política de seguridad seria y sostenida. Ninguna
propuesta del campo nacional y popular será creíble si no reconoce esa deuda
con su propio pueblo.
Durante décadas, buena
parte del campo popular consideró la inseguridad como una agenda de la derecha,
un reclamo de los sectores medios y altos amplificado por los medios. Fue un
error político y también moral. Al ceder el tema, dejó el sentido común en
manos del discurso de la mano dura, que terminó captando el voto de muchos
barrios populares.
La inseguridad golpea
con más fuerza a las propias bases del movimiento nacional: trabajadores,
jóvenes y familias de los barrios populares. Es allí donde se instala el
narcomenudeo y donde se concentra el delito.
Muchos de esos delitos
son menores: el arrebato en la parada del colectivo, el robo de la bicicleta o
del celular, la entradera, la llamada que vacía la cuenta de un jubilado. Pero
que sean menores no significa que deban ignorarse. Para quien vive de su salario,
perder la herramienta de trabajo o el sueldo del mes es una tragedia, y el
miedo cotidiano degrada la vida de todo el barrio.
En muchos barrios se
libra una disputa entre pobres. Quienes roban y quienes son robados, quienes
venden droga y las madres que pierden a sus hijos por el consumo comparten las
mismas calles. En numerosas zonas, después de cierta hora ya no se puede circular,
y el trabajador que vuelve de noche, la estudiante que sale temprano o el
vecino que espera el colectivo quedan expuestos al delito.
Cuando el Estado se
ausenta, ese conflicto rompe la solidaridad que históricamente organizó a los
sectores populares y abre dos salidas igualmente destructivas: la resignación o
la demanda de mano dura.
Hubo excepciones
valiosas, como la reforma impulsada por León Arslanian en la provincia de
Buenos Aires entre 1998 y 1999 y entre 2004 y 2007, con los Foros de Seguridad
y la conducción civil de la policía, o la creación del Ministerio de Seguridad
de la Nación en 2010. Sin embargo, esas experiencias fueron desarmadas o
abandonadas por gobiernos del mismo espacio político. Hoy la provincia de
Buenos Aires mantiene una tasa de homicidios superior al promedio nacional y un
sistema penitenciario sobrepoblado.
Dar una respuesta
efectiva, seria y no demagógica a la inseguridad no implica ninguna concesión a
la derecha. Es una obligación con el propio pueblo. Defender a los sectores
populares también significa garantizarles el derecho a vivir, trabajar y
circular sin miedo en sus barrios.
1. La comunidad es el sujeto de la seguridad. El
Estado conduce y garantiza; la comunidad organizada participa, controla y
sostiene.
2. Las fuerzas de seguridad se conducen desde el
poder político democrático y no se autogobiernan.
3. La prioridad está donde se concentra el daño:
la violencia letal, los territorios más afectados y las organizaciones
criminales, no el último eslabón.
4. Ninguna intervención policial se realiza sin
una intervención social simultánea en el mismo territorio.
5. La cooperación internacional se acepta sin
subordinación y sin militarizar la seguridad interior.
6. Cada política tiene metas, indicadores públicos
y evaluación independiente.
7. La seguridad es una política de Estado,
sostenida por acuerdos legislativos plurianuales que sobrevivan a los cambios
de gobierno.
8. La ley vigente se cumple. Antes que sancionar
normas nuevas o más duras, la prioridad es que las existentes se apliquen
correctamente, en tiempo y forma, y que la justicia rinda cuentas ante la
sociedad.
El objetivo es contar
con una policía profesional, controlada y cercana a los vecinos. Proponemos
separar la policía de prevención de la de investigación, con una policía
judicial dependiente de los ministerios públicos; organizar una policía de
proximidad con agentes estables por cuadrante, conocidos por la comunidad y
evaluados por resultados locales; crear una auditoría externa independiente
sobre la corrupción policial, principal vía de asociación entre el narcotráfico
y el Estado, y garantizar salarios dignos, régimen horario razonable, carrera
por mérito y formación universitaria. Una policía precarizada es una policía
fácil de cooptar.
El objetivo es
quitarle rentabilidad al delito. Proponemos una unidad conjunta de inteligencia
financiera integrada por la UIF, ARCA, el Banco Central y fiscalías
especializadas; el decomiso anticipado y el recupero de activos como eje de la
persecución, con reinversión de lo decomisado en prevención territorial, y la
investigación sistemática del lavado en inmobiliarias, concesionarias, cuevas
financieras y criptoactivos.
El objetivo es
controlar las puertas de entrada y salida del negocio. Proponemos un control
estatal efectivo de la hidrovía y de los puertos, públicos y privados, con
escaneo de contenedores, trazabilidad de cargas y radarización integral de las
fronteras.
El objetivo es llegar
al barrio antes que el narcotráfico. Proponemos retomar la urbanización de los
barrios populares en el marco de la Ley 27.453, con prioridad para los de mayor
violencia; un programa de empleo, terminalidad educativa, oficios y deporte
para jóvenes de 14 a 25 años en los territorios donde se concentra el
reclutamiento; microcréditos públicos y cooperativos de acceso inmediato para
desplazar al préstamo narco, y dispositivos de salud mental y de atención de
consumos problemáticos con anclaje comunitario.
El objetivo es reducir
la cantidad de armas en circulación para reducir las muertes. Proponemos la
trazabilidad total de armas y municiones, el control del desvío desde las
fuerzas de seguridad y los usuarios legales, programas de entrega voluntaria y
la persecución del tráfico ilegal.
El objetivo es que la
ley se cumpla, que el delito tenga consecuencias en un tiempo razonable y que
el sistema no reproduzca el problema. Partimos de una convicción: la Argentina
no necesita más leyes ni leyes más duras, sino que las leyes vigentes se apliquen
correctamente, en tiempo y forma. El Código Penal ya castiga el robo, la
estafa, la extorsión, el encubrimiento y el lavado de activos; la Ley 26.388
incorporó los delitos informáticos en 2008; la Ley 27.411 aprobó el Convenio de
Budapest sobre ciberdelito, y existen procedimientos de flagrancia en el orden
federal (Ley 27.272) y en el bonaerense (Ley 13.811). El déficit no es
normativo, es de ejecución.
Ese déficit se expresa
en datos concretos. Alrededor de un tercio de los cargos de jueces nacionales y
federales está vacante. En las cárceles federales, el 35,6% de los detenidos no
tiene condena firme, y la proporción supera la mitad en complejos como Marcos
Paz y Ezeiza. En la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor población
carcelaria del país, el 47% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías no
tenía condena firme a fines de 2025, según la Comisión Provincial por la
Memoria. Al mismo tiempo, la enorme mayoría de las estafas, los arrebatos y los
robos de celulares nunca llega a una sentencia. El resultado es la peor
combinación posible: presos que esperan años un juicio y delitos que nunca se
investigan.
Proponemos una reforma
orientada a la eficacia y no a la sanción de nuevas normas. En primer lugar,
cubrir las vacantes de jueces, fiscales y defensores con plazos ciertos para
cada etapa del concurso y de la designación, y acelerar la implementación del
sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. En segundo
lugar, hacer cumplir los plazos procesales que ya fijan los códigos y el límite
legal de la prisión preventiva establecido por la Ley 24.390, y extender el uso
de los procedimientos de flagrancia para que los delitos cotidianos tengan una
respuesta rápida y proporcionada. En tercer lugar, crear fiscalías
territoriales con capacidad investigativa real, orientadas a las organizaciones
y no a los consumidores ni al último eslabón, con unidades especializadas en
narcomenudeo, en fraude a distancia y en reducción de bienes robados. En cuarto
lugar, aplicar de manera sistemática el decomiso y el recupero de activos que
la ley ya permite. Por último, asegurar el financiamiento efectivo de la Ley
27.801 mediante centros especializados, medidas socioeducativas y defensores
formados.
La reforma necesita
control social, porque un poder que no rinde cuentas no corrige sus fallas.
Proponemos que cada fiscalía y cada juzgado penal publique indicadores
periódicos de gestión: causas ingresadas y resueltas, tiempos de tramitación,
personas en prisión preventiva y duración de esa medida, y bienes decomisados.
Los fiscales de cada distrito deberán presentar un informe público ante los
Consejos Comunales por la Seguridad, que podrán formular observaciones y
solicitar la intervención de los órganos de control. Un observatorio ciudadano
de la justicia penal, integrado por universidades nacionales, colegios de
abogados y organizaciones sociales, auditará el cumplimiento de los plazos. El
juicio por jurados, vigente en la provincia de Buenos Aires desde la Ley
14.543, completa esta participación popular en la administración de justicia.
El control social no reemplaza la independencia judicial: la fortalece, porque
la protege de la presión corporativa y la acerca a la sociedad a la que sirve.
El objetivo es cortar
el comando criminal y las centrales de estafa que operan desde los penales.
Proponemos revisar la habilitación de celulares en las cárceles bonaerenses y
reemplazarla por un sistema de telefonía controlada que garantice el vínculo familiar
y la comunicación con la defensa; dar de baja las líneas no autorizadas e
instalar inhibidores focalizados en los pabellones donde se detecte actividad
delictiva; sancionar al personal que facilite el ingreso de teléfonos o
participe de las maniobras; separar a los líderes de las organizaciones,
ofrecer trabajo y educación intramuros y acompañar el egreso para reducir la
reincidencia.
El objetivo es
discutir la seguridad con datos y no con impresiones. Proponemos una encuesta
nacional de victimización anual a cargo del INDEC, con módulos específicos
sobre fraude telefónico, ciberdelito y robo de celulares; la incorporación de
las estafas virtuales como indicador permanente del SNIC; observatorios
universitarios independientes, datos abiertos por municipio e indicadores
públicos de resultado para cada política.
El objetivo es
quitarle rentabilidad e impunidad a la industria del fraude y al circuito de
reventa que alimenta el delito callejero. Proponemos un protocolo obligatorio
entre fiscalías, bancos, billeteras virtuales y empresas de telefonía para
congelar en minutos las cuentas receptoras denunciadas y rastrear el destino de
los fondos; controles efectivos en la apertura de cuentas y en la activación de
chips, y la persecución penal de quienes alquilan o ceden sus cuentas a las
organizaciones. Para el robo de celulares, proponemos aplicar con rigor el
bloqueo por IMEI, controlar el comercio de equipos usados y de repuestos, y
perseguir a los reducidores como parte de la cadena delictiva. Completa el eje
una campaña permanente de prevención, con foco en jubilados y adolescentes,
articulada con PAMI, escuelas, centros de jubilados y Consejos Comunales, para
que cada vecino sepa reconocer las modalidades de engaño y cómo actuar frente a
ellas.
El eje transversal es
la coordinación federal, mediante un acuerdo entre la Nación, las provincias y
los municipios que defina roles y evite la fragmentación de la seguridad en
policías municipales sin control. El anclaje territorial de todos estos ejes son
los Consejos Comunales por la Seguridad.
La seguridad no se
resuelve con más patrulleros ni con más mano dura, sino reconstruyendo la
comunidad y recuperando el espacio público para quienes lo habitan. Los
Consejos Comunales por la Seguridad son la herramienta que traduce esa
convicción en política pública y que da anclaje barrial a los nueve ejes
anteriores.
El narcotráfico avanza
donde se rompe el lazo comunitario: plazas vacías, clubes cerrados, vecinos que
no se conocen y desconfían entre sí. Ninguna fuerza externa puede reconstruir
ese tejido. Un operativo puede despejar una esquina, pero solo una comunidad
organizada puede mantenerla ocupada por la vida del barrio.
La participación
también mejora la política estatal. Los vecinos saben dónde, cuándo y cómo
ocurre el delito mejor que cualquier estadística, y una policía que rinde
cuentas ante la comunidad tiene menos margen para asociarse con el delito.
Los Foros Vecinales de
Seguridad se constituyeron en 1998 y 1999, en el marco de la reforma
bonaerense, uno por cada comisaría. Tenían dos funciones: ejercer un control
externo sobre la policía y participar en el diagnóstico y la prevención. Hubo
experiencias notables: en la región de San Nicolás, los foros llegaron a elegir
a su jefe policial departamental, y en Quilmes trabajaron con jóvenes de la
villa Itatí.
Con el tiempo, la
mayoría de los foros quedó reducida a instancias consultivas, sin recursos ni
poder real, y muchos fueron capturados por intereses partidarios o policiales.
Diversos proyectos presentados en la Legislatura bonaerense advirtieron que la Ley
12.154 no se aplica de manera integral. Los Consejos Comunales recogen esa
experiencia y se proponen corregir sus fallas.
1. Elaborar diagnósticos participativos y mapas de
riesgo, actualizados cada trimestre.
2. Ejercer el control ciudadano de la policía,
mediante una rendición de cuentas pública y periódica del jefe policial de la
jurisdicción, con facultad para solicitar auditorías y emitir opinión
vinculante sobre su continuidad.
3. Administrar un presupuesto participativo de
prevención, financiado con una parte del presupuesto de seguridad y con bienes
decomisados al crimen organizado.
4. Impulsar la recuperación del espacio público:
iluminación, plazas, clubes y escuelas abiertos fuera de horario, actividades
nocturnas, corredores seguros hacia escuelas y paradas de transporte, ferias y
propuestas culturales.
5. Desarrollar instancias de mediación comunitaria
para resolver conflictos vecinales antes de que escalen a la violencia.
6. Funcionar como sistema de alerta temprana
frente al reclutamiento juvenil, en articulación con la escuela, los servicios
de salud y los programas de empleo.
7. Recibir un informe público y periódico de la
fiscalía y de la jefatura policial del distrito sobre la evolución del delito,
los tiempos de las causas y los resultados obtenidos, y elevar sus
observaciones a la Mesa provincial y a los órganos de control del Poder
Judicial y del Ministerio Público.
8. Organizar redes vecinales de prevención de
estafas, con especial atención a las personas mayores que viven solas, en
articulación con los centros de jubilados y las fiscalías especializadas.
Los consejos no son
fuerzas paralelas: no patrullan, no detienen ni ejercen la fuerza, y cualquier
forma de justicia por mano propia queda expresamente excluida. Sus
representantes son elegidos y rotativos, sin subordinación a la policía ni a
estructuras partidarias. Quienes los integran cuentan con canales de denuncia
anónima y con un vínculo directo con las fiscalías, porque enfrentar al
narcotráfico en el barrio expone a las personas. Las actas, los datos y los
resultados son públicos, y el Estado financia la capacitación en prevención,
mediación y derechos.
Proponemos una ley
provincial de Consejos Comunales por la Seguridad que actualice el régimen de
participación de la Ley 12.154, con adhesión de los municipios y financiamiento
asignado por ley. En el plano nacional, una ley marco podría ofrecer el modelo
a las provincias y condicionar parte de las transferencias en materia de
seguridad a su implementación.
Una propuesta sin
etapas, recursos ni indicadores se limita a ser una declaración de principios.
Por eso planteamos una implementación gradual que comience por los territorios
más afectados.
En los primeros cien
días, convocar a un Acuerdo Federal de Seguridad Democrática con todas las
fuerzas políticas, poner en marcha Consejos Comunales piloto en los barrios con
mayor violencia letal, crear la unidad conjunta de inteligencia financiera, acordar
con bancos, billeteras virtuales y empresas de telefonía el protocolo de
bloqueo inmediato de cuentas receptoras, iniciar la revisión de las líneas
telefónicas habilitadas en las cárceles, presentar un plan de cobertura de
vacantes judiciales con plazos ciertos y lanzar la encuesta nacional de
victimización.
Durante el primer año,
sancionar la ley de Consejos Comunales, desplegar la policía de proximidad en
los territorios prioritarios, implementar en esos mismos barrios el programa
juvenil de empleo, educación y deporte, iniciar los controles integrales en puertos
y en la hidrovía y publicar los primeros indicadores de gestión de fiscalías y
juzgados penales.
En un horizonte de
cuatro años, completar la reforma policial, extender los Consejos a todos los
municipios y publicar una evaluación independiente que permita ajustar las
políticas según sus resultados.
Las fuentes propuestas
son tres: la reorientación de parte del gasto reactivo hacia la prevención
territorial y la policía de proximidad; un fondo de prevención alimentado con
los bienes decomisados al crimen organizado, y un fondo federal cuyas transferencias
queden condicionadas al cumplimiento de metas y a la implementación de los
Consejos.
Las metas numéricas
deberán fijarse a partir de una línea de base medida al inicio. Como mínimo, proponemos evaluar los siguientes indicadores.
Una propuesta para el
debate debe exponerse a las objeciones más sólidas. Estas son las que
consideramos más serias.
La primera sostiene
que los resultados prueban que el orden funciona. El Gobierno nacional afirma
que la baja de los homicidios y los robos en 2024 y 2025 demuestra la eficacia
de la presencia federal y de la persecución sin concesiones. La baja es real y
Rosario lo confirma, pero la tendencia es anterior y responde a múltiples
causas. El aumento de los homicidios rosarinos en 2025 muestra, además, la
fragilidad de los resultados que no tienen anclaje comunitario.
La segunda afirma que
la pobreza no explica el delito, ya que en 2024 la pobreza aumentó mientras el
delito disminuía. Coincidimos en que la pobreza no es una causa directa. Lo que
sostenemos es que la ausencia del Estado y la ruptura del lazo comunitario
crean las condiciones para que las organizaciones criminales recluten y
gobiernen territorios.
La tercera plantea que
la participación comunitaria ya fracasó, porque los Foros de Seguridad no
cambiaron la realidad de la mayoría de los barrios. A nuestro juicio, los foros
fracasaron por falta de poder, de recursos y de continuidad, no por su concepto.
Los Consejos Comunales corrigen esas fallas con facultades vinculantes,
presupuesto propio y respaldo legal.
La cuarta advierte que
los consejos pueden ser capturados por intereses particulares o derivar en
justicia por mano propia. Es un riesgo real, y por eso proponemos la elección y
rotación de los representantes, transparencia total, la prohibición expresa de
toda acción de fuerza y la protección de quienes denuncian.
La quinta señala que
no hay datos suficientes para evaluar ninguna política. Sin una encuesta de
victimización periódica, en efecto, ninguna posición puede demostrar del todo
su argumento. Por esa razón, la información pública es uno de los nueve ejes de
la propuesta, y cada medida queda sujeta a evaluación independiente.
La sexta sostiene que
la respuesta está en leyes más duras: penas más altas para el robo de
celulares, nuevas figuras penales para las estafas, menores edades de
imputabilidad. La evidencia muestra lo contrario. La certeza y la rapidez de la
sanción disuaden más que su severidad, y una pena más alta que no se aplica no
protege a nadie. Las herramientas legales para perseguir el fraude, la
reducción de lo robado y el lavado ya existen; lo que falta son fiscales,
jueces y peritos, plazos cumplidos y control ciudadano sobre su desempeño.
La Argentina tiene hoy
una oportunidad. La violencia letal se encuentra en mínimos históricos y la
economía criminal todavía puede contenerse antes de que alcance los niveles de
otros países de la región. Desaprovecharla con más castigo, menos Estado y mayor
dependencia externa sería un error histórico.
El Instituto
Independencia propone otro camino: conducción civil de las fuerzas, persecución
del dinero criminal, soberanía sobre los puertos y la hidrovía, una justicia
que aplique en tiempo y forma las leyes que ya existen, el desmantelamiento de
la industria del fraude y un Estado presente en cada barrio. Ninguna de estas
herramientas alcanzará, sin embargo, sin una comunidad organizada que recupere
sus plazas, sus clubes y sus calles.
La seguridad es un
derecho del pueblo, una responsabilidad indelegable del Estado y una tarea que
solo puede cumplirse con la comunidad como protagonista. Convocamos a las
fuerzas sociales y políticas a discutir este documento, mejorarlo y convertirlo
en una política de Estado.
ANTONIO MUÑIZ- INSTITUTO INDEPENDENCIA - octubre de 2026
Fuentes
Estadísticas
oficiales y normativa
•
Ministerio de Seguridad Nacional:
estadísticas criminales 2025 (SNIC)
•
Ministerio de Seguridad Nacional: Plan 90/10
•
Presidencia de la Nación: jura de
Alejandra Monteoliva
•
Provincia de Buenos Aires: reglamentación de la
Ley 12.154 y Foros de Seguridad
•
Honorable Cámara de Diputados de la
Nación: proyecto 3896-D-2025 sobre el robo de celulares
Estudios
y observatorios
•
Observatorio de Seguridad Ciudadana:
homicidios en la Argentina
•
CLAD: los foros vecinales de seguridad en la
provincia de Buenos Aires
•
Redalyc: violencias en el Área
Reconquista
•
Chequeado: homicidios en Rosario
entre 2023 y 2025
•
Tiempo Argentino: informe del
Observatorio de San Martín (primer semestre de 2026)
•
ACIJ: vacantes en el Poder Judicial
de la Nación (abril de 2026)
Argentina
en la prensa
•
La Nación: el mapa de los homicidios
en la Argentina
•
La Nación: Centro Regional sobre
Crimen Organizado
•
La Capital: Plan Bandera y tendencia
de 2026
•
Rosario Nuestro: la articulación en
el Plan Bandera
•
Perfil:
estadísticas criminales de 2025
•
El Estratégico: datos preliminares
del primer trimestre de 2026
•
Perfil: informe de la Comisión
Provincial por la Memoria sobre las cárceles bonaerenses
•
Infobae: la violencia que organiza
el barrio
•
Infobae: deterioro social en el
conurbano
•
El Diario Varelense: el crecimiento
del narcotráfico en Florencio Varela
•
Tiempo Argentino: causas armadas en
el conurbano
•
El Cronista: Régimen Penal Juvenil,
Ley 27.801
•
Diario de Cuyo: sanción del Régimen
Penal Juvenil
•
El Economista: Encuesta Nacional de
Victimización del INDEC
•
La Nación: el aumento de los
ciberdelitos en la Argentina
•
Chequeado: las estafas de 2025 y las
denuncias ante la UFECI
•
AM del Plata: ciberfraudes en la
Ciudad de Buenos Aires
•
El Diario de Carlos Paz: estafas
desde las cárceles en el AMBA
•
Mundo Poder: líneas de celular en
las cárceles bonaerenses
•
Infobae: el call center carcelario
de Magdalena
•
La Nación: extorsiones desde las
unidades de González Catán y Lomas del Mirador
•
La Noticia 1: allanamiento en la
cárcel de Ituzaingó por estafas virtuales
•
Diario Judicial: vacantes en la
justicia nacional y federal
•
Tiempo Judicial: presos sin condena
en cárceles federales
•
El Argentino Diario: presos sin
condena en Ezeiza y Marcos Paz
Contexto
regional
•
La Nación: primera vuelta
presidencial en Brasil
•
Gestión: segunda vuelta presidencial
en Chile
•
Diario de Cuyo: la elección chilena
•
TRT Español: el triunfo de Kast
•
Directorio Cubano: los 21 grupos en
la lista terrorista de Estados Unidos
•
Diario.mx y The New York Times: la
designación de grupos criminales como terroristas
•
Diario.mx: los aliados
latinoamericanos de Trump y la ayuda militar
•
Emol: la declaración del Escudo de
las Américas contra 24 organizaciones
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