Por Mempo Giardinelli Pagina12
De que la ley de servicios de comunicación audiovisual se apruebe, o no, depende en gran medida el futuro de nuestra democracia. No es exagerado decir que será una de las leyes fundamentales de esta República para los próximos años. Y después vendrá la Ley de Entidades Financieras, esa otra herencia maldita de la dictadura. Por eso hay tanta resistencia y se ha enturbiado el debate con la visión apocalíptica de quienes temen ver afectados sus intereses. Lo grave no es eso, sin embargo, sino cierta confusión que se ve en algunos sectores dizque progres que, a la hora de contarse los porotos, podrían votar divididos una vez más. Y tal como pasó con la 125, es posible que terminen alineados con los republicanos más diestros. Por ahora se los ve seguido en los programas que más atacan, desvirtúan y distorsionan el proyecto, llamándolo “Ley de Medios K”, una mentira. Lo saben los periodistas que se alinean con sus patrones con debida obediencia (vaya uno a saber qué dirían de estar desempleados o en otros conchabos) pero parece que lo ignoran los que van ahí a opinar y mayoritariamente a coincidir.
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo no es creación K ni mucho menos. Es producto de muchos años de lucha por el derecho a la información, y es el resultado de los famosos 21 puntos que en agosto de 2004 consensuaron 300 organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, las dos centrales sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, organizaciones sociales, movimientos cooperativos y pymes de la comunicación. La ley de facto 22.285, firmada por Videla en 1980 y que todavía rige –y ampara a los monopolios–, es un mamarracho jurídico insostenible, no sólo por su origen sino por las sucesivas enmiendas de todos los presidentes desde Alfonsín en adelante, incluyendo al binomio Kirchner, y que sólo sirvieron para favorecer los intereses de empresarios amigos del poder de turno.
Los monopolios son una de las más viejas lacras argentinas. Hemos sido siempre un país que estimuló legislativamente monopolios de todo tipo, y así nos fue y así nos va. Es hora de terminarlo: las condiciones están dadas y sería una maravilla que fuera precisamente esta ley la que señale un nuevo camino. Sobre todo si se logra que su espíritu y su letra antimonopólica no se desvirtúen después.
Es urgente sancionar esta ley. Y no importa en absoluto si responde a las convicciones del Gobierno o más bien –como pienso– a haberse dado cuenta de la gran metida de pata de Néstor Kirchner en 2005, cuando les concedió otra absurda prórroga a los concesionarios y abrió el camino a la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo que fortaleció con desmesura a los actuales monopolios y concentró peligrosamente la (des)información en todo el país. Escribí entonces que el presidente estaba criando cuervos. Y así fue. La cuestión del llamado “campo” fue la muestra cabal de ese desatino político que también se debe cargar en la mochila de los desaciertos kirchneristas. Pero no por eso debe restarse apoyo a la nueva ley. Ni debe esperarse al 10 de diciembre, porque es válida toda sospecha de posibles nuevos cajoneos.
Y es claro que también hay que reconocer que el proyecto contiene puntos oscuros, que deben perfeccionarse en bien de la democracia y la información. Por caso, poner frenos estrictos a toda posible discrecionalidad; establecer controles plurales, democráticos y efectivos; y ni se diga de la sospechosa puerta abierta a las telefónicas. Porque el tema del triple-play es por lo menos peligroso, ya que el control de la fibra óptica puede condenar a la desaparición de los pequeños prestadores, si tecnológicamente las proveedoras de señales seguirán siendo las grandes corporaciones. Será cuestión de establecer reglas de juego claras y equitativas, así como normas y organismos de la sociedad civil para vigilar atentamente el sistema. No es imposible.
Y en ese sentido está muy bien que la oposición reclame cambios, garantías y seguridades antiautoritarias. Y mucho mejor está que los sectores progresistas –de Solanas a Macaluse, de Bonasso a Basteiro o de Lozano a Morandini, por citar algunos diputados/as– le muestren los dientes al Gobierno para que afloje en todo lo oscuro y confuso y acepte retroceder en aras de la claridad y las garantías que exige el derecho a la información, que es la versión popular, digamos, de la hoy empresarial libertad de expresión que hoy defienden paladines como la señora Bullrich, por caso, o la hasta hace poco ignota diputada Giudice.
Todo eso está muy bien. Pero lo que se diría que no está bien es cuando en los programas de tele donde uno esperaría que fuesen durísimos también con quienes los invitan; algunos progresistas en realidad terminan pegando palos solamente al Gobierno, al amparo de cartelitos que rezan “Ley de Medios K”, como si ellos compartieran esa mentira. Eso hace temer por el voto de algunos legisladores que, hasta ahora y por “no quedar pegados con los K” o por “diferenciarse”, parecerían capaces de terminar alineados una vez más con lo más reaccionario del país. Pobres de nosotros si algunos de ellos/as terminan votando en contra. Porque aun con sus errores e imprecisiones (corregibles antes de la sanción, si el Gobierno no repite necedades y torpezas, por difícil que les resulte) esta nueva ley tendrá la virtud principal de su claro contenido antimonopólico. Eso es lo que la hace tan necesaria y urgente. Será el mejor instrumento para frenar cualquier intento autoritario de pensamiento único, sea de éste o de futuros gobiernos, pero también –y sobre todo– de los monopolios mediáticos privados que hoy son los verdaderos dictadores de conciencia de la Argentina. Algo ya hemos ganado los argentinos: como sociedad avanzamos muchísimo, porque discutir esto que hoy discutimos era impensable hace cinco o diez años. Pero con eso no alcanza. Si, como parece, estamos asistiendo a un final de época, sería por lo menos incongruente que a la hora de la hora falten ciertos porotos.
Se va a acabar...
Debate sobre la nueva ley de medios: 23 razones para apoyarla.
Por Roberto Caballero*. Revista 23
Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
* Director de revista Veintitrés
Por Roberto Caballero*. Revista 23
Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo.
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
* Director de revista Veintitrés
Neoliberalismo, medios de comunicación y democracia
Por Ricardo Forster *
“El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice nada más que esto: ‘lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece’. La actitud que por principio exige es esa aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho gracias a su manera de aparecer sin réplica, gracias a su monopolio de las apariencias.” Guy Debord
1 En el mismo momento histórico en el que caía el Muro de Berlín y se desplomaba como un castillo de naipes el sistema soviético, cuando casi atónitos contemplamos la apertura de una época que de un modo arrollador se deshacía de imágenes, lenguajes políticos, ideologías y prácticas que habían convulsionado y apasionado durante más de un siglo a hombres y mujeres de las geografías más diversas y distantes, lo que emergió como exponente de una nueva época del mundo fue la forma neoliberal del capitalismo tardío.
Las últimas décadas del siglo XX estuvieron atravesadas por la hegemonía de un discurso que se ufanaba de haber concluido, de una vez y para siempre, con las disputas ideológicas, al mismo tiempo que afirmaba la llegada de un tiempo articulado alrededor de la economía de mercado y de la democracia liberal. Fin de la historia y muerte de las ideologías para desplazarse, ahora, por los espacios rutilantes del consumo, el reino de las mercancías y el goce hedonista. Los escenarios, ya antiguos, de las conflictividades políticas y sociales serían pacientemente reconstruidos en los nuevos museos temáticos, sitios interactivos en los que el visitante de estos tiempos poshistóricos podría contemplar aquello que sucedía en los días ideologizados. La paz del mercado desplazó, eso se anunció a los cuatro vientos, las oscuras turbulencias de una historia dominada por el conflicto y la intransigencia de los incontables, de esas masas anónimas, oscuras y resentidas que regresarían a ese sitio del que nunca debieron haber salido. Las tradiciones del igualitarismo fueron a parar al vertedero de la historia. Hizo su aparición triunfal el nuevo ciudadano-consumidor, figura arquetípica de un clivaje hiperindividualista en el interior de la sociedad, ese que se desplazaría con fervor de iniciado por los santuarios de las metrópolis contemporáneas: los shopping centers.
Pero lo que también comenzó a ser desmontado, junto con el vertiginoso giro de la economía de producción a la economía de especulación, fue el imaginario social que acompañó el tiempo del capitalismo bienestarista, aquel que hizo, a partir de la segunda posguerra, del Estado un referente insustituible a la hora de articular las relaciones entre el capital y el trabajo (del New Deal rooseveltiano, pasando por nuestra experiencia de un Estado de Bienestar bajo el primer peronismo hasta llegar a la edad de oro del bienestarismo socialdemócrata europeo, ese modelo fue lo propio de un largo período de la historia del siglo XX que sería brutalmente desmontado por el neoliberalismo allí donde inició su derrumbe el modelo, ya fracasado desde tiempo antes, del socialismo autoritario de la URSS, dejándole al capital, de todos modos, las manos libres para convertirse en el amo de la nueva situación mundial). El pasaje de la metáfora fabril a la metáfora financiera (adiós a las chimeneas y a los sindicatos, bienvenidos los yuppies de Wall Street, las carteras de inversores, la flexibilización laboral y el trabajo basura) vino a expresar la bancarrota de prácticas que remitían a una época esclerosada; puso en evidencia que estábamos en presencia de una mutación fundamental del capitalismo, y que esa mutación no iba a detenerse hasta resemantizar la totalidad de los lenguajes sociales, económicos, políticos y culturales.
Dicho de otra manera: el neoliberalismo, su lógica más profunda y decisiva, se dirigía hacia una transformación revolucionaria del conjunto de la vida social. En esa tarea de desmontaje de las viejas formas de vida y de representación, seguida de la construcción de una nueva subjetividad entramada con las demandas de la economía global de mercado, ocuparían un lugar central y privilegiado los grandes medios de comunicación. Pensar el neoliberalismo es interrogar por ese maridaje extraordinario entre mercancía e imagen, entre mercado y lenguaje mediático; es tratar de comprender el fenomenal proceso de culturalización de la política y de estetización de todas las esferas de la vida. Una de las derivaciones de este proceso ha sido la expropiación de la política, y su consiguiente vaciamiento, por el lenguaje de los medios de comunicación.
2 Lo que el filósofo francés Guy Debord, con anticipación genial –allá por los años ’60–, había denominado la “sociedad del espectáculo”, aquella que se desplazaba hacia el dominio pleno y escenográfico de la pasión consumista y de sus “paraísos artificiales”, transformando a los seres humanos en espectadores cada vez más pasivos del verdadero sujeto de la época, la mercancía, constituyó lo propio de la travesía neoliberal. Se trató de una apropiación, por parte del capitalismo, de las fantasías y los deseos al mismo tiempo que se expandía planetariamente la industria del espectáculo, y la cultura, adecuada a los lenguajes audiovisuales y a su enorme capacidad de penetración, se convertía en una mercancía clave para la producción de una nueva humanidad. Lo que había prefigurado Hollywood desde los años ’30 y ’40, mostrándose como la avanzada brillante, innovadora y compleja de la americanización del mundo, señalando la importancia decisiva de la industria del espectáculo como vanguardia en la construcción de los nuevos imaginarios sociales, terminó siendo la materia prima a partir de la que el neoliberalismo logró naturalizar sus valores y sus intereses. Es inimaginable el despliegue planetario, global, del capitalismo financiero-especulativo, su capacidad para volverse hegemónico, sin ese rol decisivo de los medios de comunicación.
Por esas paradojas de la historia, los primeros que se dieron cuenta de la monumental importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación y su relación directa con la política fueron los regímenes fascistas. Mussolini en Italia y Hitler y Goebbels en Alemania capturaron con maestría mefistofélica los poderes que emergían de la radiofonía. Con el giro de los acontecimientos, y una vez derrotado el totalitarismo, las triunfantes democracias occidentales se apropiarían con igual fervor de los potenciales propagandísticos y generadores de imaginarios social-culturales, que se guardan en los medios de comunicación de masas. La política quedó atrapada en esa lógica discursiva e iconográfica al mismo tiempo que la estetización y espectacularización emanados de los recursos propios de esos lenguajes contaminaban casi todas las esferas de la vida cotidiana. La astucia genial del sistema fue proyectar en la compleja trama a la que llamamos sociedad (transformada, por los mismos medios, en “opinión pública”) la imagen de que la corporación mediática era portadora de independencia, autonomía y capacidad crítica al mismo tiempo que garantizaba la libertad de expresión. Lo que se logró fue invisibilizar los lazos esenciales que vinculaban y vinculan a estas empresas con los intereses económicos dominantes. El neoliberalismo, como ideología del capitalismo tardío, comprendió que no era posible garantizar una profunda transformación económica si, al mismo tiempo, no se cambiaba la manera de mirar el mundo y de comprender la realidad. De lo que se trató es de la intensiva producción de un nuevo sentido común.
Más allá de la sobrevaloración, siempre discutible, que se pueda hacer del papel de las corporaciones mediáticas como definidoras de la opinión pública y como constructoras decisivas del sentido común, lo cierto es que ocupan un lugar destacadísimo en la estrategia de dominación del neoliberalismo. Son un factor sin el cual le sería muy difícil, a esa ideología, transformar sus intereses particulares en intereses del conjunto de la sociedad, mutando prácticas egoístas y exclusivamente ligadas al lucro y la rentabilidad en valores naturalizados en el interior de las conciencias. La proliferación de los lenguajes audiovisuales, su profundo arraigo en la intimidad de la vida cotidiana exigen, de la misma sociedad, una indispensable herramienta que le permita legislar adecuadamente impidiendo que la tendencia a la concentración y a la monopolización hagan del espectro comunicacional una incansable repetición del sentido común neoliberal. Entre la ideología y el mito, los lenguajes emanados de la corporación mediática apuntalaron el despliegue de nuevas formas de la subjetividad adheridas al reino de valores de un capitalismo que se leyó a sí mismo como la estación final y consumada de la historia.
De ahí, entonces, la crucial importancia que adquiere, en términos de una ampliación de la circulación democrática de la comunicación y la información, el debate que se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación en torno del proyecto de una nueva ley de servicios audiovisuales. Lo medular de la disputa político-cultural se juega en estas discusiones, no porque una ley vaya a garantizar una espontánea transformación de los valores reinantes sino porque, al menos, logrará impedir que sigan proliferando los monopolios y abrirá el juego para que otros actores entren en la conversación. De eso se trata, entre otras cosas, la democracia. Dicho de otro modo: en una sociedad atravesada de lado a lado por los lenguajes de la comunicación y la información resulta inimaginable que ese campo abrumador y decisivo permanezca al margen de las grandes disputas político-culturales. En el interior de ese mundo en el mundo se despliegan imágenes, ideas, proyectos, lenguajes, formas de la sensibilidad, mitos que se entraman capilarmente en la cotidianidad de nuestras vidas. Leerlos desde la inocencia o creyendo que en su interior se privilegian centralmente los modos de la diversidad y la pluralidad constituye, a estas alturas de la travesía argentina y mundial, un desplazamiento del eje de la discusión hacia la más crasa complicidad con los factores de poder que se manifiestan en los núcleos duros y concentrados de los medios masivos de comunicación. La búsqueda, tal vez ilusoria pero imprescindible, de una mayor democratización en la distribución y producción de la comunicación es un desafío de primera magnitud a la hora de imaginar un giro más participativo y plural. El poder corporativo lo sabe y, por eso, va con todas sus armas contra un proyecto de servicios audiovisuales que viene a amenazar su hegemonía.
* Doctor en Filosofía, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
“El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice nada más que esto: ‘lo que aparece es bueno, lo bueno es lo que aparece’. La actitud que por principio exige es esa aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho gracias a su manera de aparecer sin réplica, gracias a su monopolio de las apariencias.” Guy Debord
1 En el mismo momento histórico en el que caía el Muro de Berlín y se desplomaba como un castillo de naipes el sistema soviético, cuando casi atónitos contemplamos la apertura de una época que de un modo arrollador se deshacía de imágenes, lenguajes políticos, ideologías y prácticas que habían convulsionado y apasionado durante más de un siglo a hombres y mujeres de las geografías más diversas y distantes, lo que emergió como exponente de una nueva época del mundo fue la forma neoliberal del capitalismo tardío.
Las últimas décadas del siglo XX estuvieron atravesadas por la hegemonía de un discurso que se ufanaba de haber concluido, de una vez y para siempre, con las disputas ideológicas, al mismo tiempo que afirmaba la llegada de un tiempo articulado alrededor de la economía de mercado y de la democracia liberal. Fin de la historia y muerte de las ideologías para desplazarse, ahora, por los espacios rutilantes del consumo, el reino de las mercancías y el goce hedonista. Los escenarios, ya antiguos, de las conflictividades políticas y sociales serían pacientemente reconstruidos en los nuevos museos temáticos, sitios interactivos en los que el visitante de estos tiempos poshistóricos podría contemplar aquello que sucedía en los días ideologizados. La paz del mercado desplazó, eso se anunció a los cuatro vientos, las oscuras turbulencias de una historia dominada por el conflicto y la intransigencia de los incontables, de esas masas anónimas, oscuras y resentidas que regresarían a ese sitio del que nunca debieron haber salido. Las tradiciones del igualitarismo fueron a parar al vertedero de la historia. Hizo su aparición triunfal el nuevo ciudadano-consumidor, figura arquetípica de un clivaje hiperindividualista en el interior de la sociedad, ese que se desplazaría con fervor de iniciado por los santuarios de las metrópolis contemporáneas: los shopping centers.
Pero lo que también comenzó a ser desmontado, junto con el vertiginoso giro de la economía de producción a la economía de especulación, fue el imaginario social que acompañó el tiempo del capitalismo bienestarista, aquel que hizo, a partir de la segunda posguerra, del Estado un referente insustituible a la hora de articular las relaciones entre el capital y el trabajo (del New Deal rooseveltiano, pasando por nuestra experiencia de un Estado de Bienestar bajo el primer peronismo hasta llegar a la edad de oro del bienestarismo socialdemócrata europeo, ese modelo fue lo propio de un largo período de la historia del siglo XX que sería brutalmente desmontado por el neoliberalismo allí donde inició su derrumbe el modelo, ya fracasado desde tiempo antes, del socialismo autoritario de la URSS, dejándole al capital, de todos modos, las manos libres para convertirse en el amo de la nueva situación mundial). El pasaje de la metáfora fabril a la metáfora financiera (adiós a las chimeneas y a los sindicatos, bienvenidos los yuppies de Wall Street, las carteras de inversores, la flexibilización laboral y el trabajo basura) vino a expresar la bancarrota de prácticas que remitían a una época esclerosada; puso en evidencia que estábamos en presencia de una mutación fundamental del capitalismo, y que esa mutación no iba a detenerse hasta resemantizar la totalidad de los lenguajes sociales, económicos, políticos y culturales.
Dicho de otra manera: el neoliberalismo, su lógica más profunda y decisiva, se dirigía hacia una transformación revolucionaria del conjunto de la vida social. En esa tarea de desmontaje de las viejas formas de vida y de representación, seguida de la construcción de una nueva subjetividad entramada con las demandas de la economía global de mercado, ocuparían un lugar central y privilegiado los grandes medios de comunicación. Pensar el neoliberalismo es interrogar por ese maridaje extraordinario entre mercancía e imagen, entre mercado y lenguaje mediático; es tratar de comprender el fenomenal proceso de culturalización de la política y de estetización de todas las esferas de la vida. Una de las derivaciones de este proceso ha sido la expropiación de la política, y su consiguiente vaciamiento, por el lenguaje de los medios de comunicación.
2 Lo que el filósofo francés Guy Debord, con anticipación genial –allá por los años ’60–, había denominado la “sociedad del espectáculo”, aquella que se desplazaba hacia el dominio pleno y escenográfico de la pasión consumista y de sus “paraísos artificiales”, transformando a los seres humanos en espectadores cada vez más pasivos del verdadero sujeto de la época, la mercancía, constituyó lo propio de la travesía neoliberal. Se trató de una apropiación, por parte del capitalismo, de las fantasías y los deseos al mismo tiempo que se expandía planetariamente la industria del espectáculo, y la cultura, adecuada a los lenguajes audiovisuales y a su enorme capacidad de penetración, se convertía en una mercancía clave para la producción de una nueva humanidad. Lo que había prefigurado Hollywood desde los años ’30 y ’40, mostrándose como la avanzada brillante, innovadora y compleja de la americanización del mundo, señalando la importancia decisiva de la industria del espectáculo como vanguardia en la construcción de los nuevos imaginarios sociales, terminó siendo la materia prima a partir de la que el neoliberalismo logró naturalizar sus valores y sus intereses. Es inimaginable el despliegue planetario, global, del capitalismo financiero-especulativo, su capacidad para volverse hegemónico, sin ese rol decisivo de los medios de comunicación.
Por esas paradojas de la historia, los primeros que se dieron cuenta de la monumental importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación y su relación directa con la política fueron los regímenes fascistas. Mussolini en Italia y Hitler y Goebbels en Alemania capturaron con maestría mefistofélica los poderes que emergían de la radiofonía. Con el giro de los acontecimientos, y una vez derrotado el totalitarismo, las triunfantes democracias occidentales se apropiarían con igual fervor de los potenciales propagandísticos y generadores de imaginarios social-culturales, que se guardan en los medios de comunicación de masas. La política quedó atrapada en esa lógica discursiva e iconográfica al mismo tiempo que la estetización y espectacularización emanados de los recursos propios de esos lenguajes contaminaban casi todas las esferas de la vida cotidiana. La astucia genial del sistema fue proyectar en la compleja trama a la que llamamos sociedad (transformada, por los mismos medios, en “opinión pública”) la imagen de que la corporación mediática era portadora de independencia, autonomía y capacidad crítica al mismo tiempo que garantizaba la libertad de expresión. Lo que se logró fue invisibilizar los lazos esenciales que vinculaban y vinculan a estas empresas con los intereses económicos dominantes. El neoliberalismo, como ideología del capitalismo tardío, comprendió que no era posible garantizar una profunda transformación económica si, al mismo tiempo, no se cambiaba la manera de mirar el mundo y de comprender la realidad. De lo que se trató es de la intensiva producción de un nuevo sentido común.
Más allá de la sobrevaloración, siempre discutible, que se pueda hacer del papel de las corporaciones mediáticas como definidoras de la opinión pública y como constructoras decisivas del sentido común, lo cierto es que ocupan un lugar destacadísimo en la estrategia de dominación del neoliberalismo. Son un factor sin el cual le sería muy difícil, a esa ideología, transformar sus intereses particulares en intereses del conjunto de la sociedad, mutando prácticas egoístas y exclusivamente ligadas al lucro y la rentabilidad en valores naturalizados en el interior de las conciencias. La proliferación de los lenguajes audiovisuales, su profundo arraigo en la intimidad de la vida cotidiana exigen, de la misma sociedad, una indispensable herramienta que le permita legislar adecuadamente impidiendo que la tendencia a la concentración y a la monopolización hagan del espectro comunicacional una incansable repetición del sentido común neoliberal. Entre la ideología y el mito, los lenguajes emanados de la corporación mediática apuntalaron el despliegue de nuevas formas de la subjetividad adheridas al reino de valores de un capitalismo que se leyó a sí mismo como la estación final y consumada de la historia.
De ahí, entonces, la crucial importancia que adquiere, en términos de una ampliación de la circulación democrática de la comunicación y la información, el debate que se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación en torno del proyecto de una nueva ley de servicios audiovisuales. Lo medular de la disputa político-cultural se juega en estas discusiones, no porque una ley vaya a garantizar una espontánea transformación de los valores reinantes sino porque, al menos, logrará impedir que sigan proliferando los monopolios y abrirá el juego para que otros actores entren en la conversación. De eso se trata, entre otras cosas, la democracia. Dicho de otro modo: en una sociedad atravesada de lado a lado por los lenguajes de la comunicación y la información resulta inimaginable que ese campo abrumador y decisivo permanezca al margen de las grandes disputas político-culturales. En el interior de ese mundo en el mundo se despliegan imágenes, ideas, proyectos, lenguajes, formas de la sensibilidad, mitos que se entraman capilarmente en la cotidianidad de nuestras vidas. Leerlos desde la inocencia o creyendo que en su interior se privilegian centralmente los modos de la diversidad y la pluralidad constituye, a estas alturas de la travesía argentina y mundial, un desplazamiento del eje de la discusión hacia la más crasa complicidad con los factores de poder que se manifiestan en los núcleos duros y concentrados de los medios masivos de comunicación. La búsqueda, tal vez ilusoria pero imprescindible, de una mayor democratización en la distribución y producción de la comunicación es un desafío de primera magnitud a la hora de imaginar un giro más participativo y plural. El poder corporativo lo sabe y, por eso, va con todas sus armas contra un proyecto de servicios audiovisuales que viene a amenazar su hegemonía.
* Doctor en Filosofía, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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