Doctrina Monroe recargada, “guerra antinarco” y la batalla por los recursos naturales.
Por Antonio Muñiz
La ofensiva de Trump ya no aparece como una suma de episodios aislados: toma forma de doctrina de gobierno. Washington combina sanciones, presión financiera, despliegue militar y una “guerra antinarco” que ahora incluye amenazas de operaciones terrestres en México y Colombia.
La disputa se proyecta sobre todo el continente. Asi la región enfrenta un riesgo mayor: la normalización de la intervención como método.
Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y con él regresó una idea antigua, eficaz y peligrosamente actualizada: el hemisferio occidental como retaguardia estratégica de Estados Unidos. No se trata solo de afinidades ideológicas con gobiernos alineados. Se trata de preeminencia: control de rutas, recursos, infraestructura crítica y margen político interno en un continente que, una vez más, es leído desde Washington como “zona de seguridad”, “área de influencia” o “patio trasero”.
El cambio dejó de ser una interpretación. Está formalizado en la arquitectura estratégica: la Casa Blanca publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reivindica “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe, con el objetivo explícito de restaurar la primacía estadounidense en el continente y negar a potencias extra-hemisféricas la posibilidad de controlar activos estratégicos, puertos, infraestructura y posiciones con valor militar. Esa orientación —ya declarada, ya defendida— ordena el resto de las decisiones. Cuando la doctrina se escribe, lo que sigue (presiones, sanciones, acuerdos, bases, “accesos” y operaciones) deja de ser improvisación y se vuelve programa de gobierno.
Una palabra que falta: imperialismo.
Venezuela y el petróleo.
El “narcoterrorismo” como llave de guerra: México y Colombia bajo presión
Ultraderechas en ascenso: el año electoral del “orden” pro-Washington
Argentina: rescate financiero y subordinación estratégica
Tierra del Fuego, Atlántico Sur y la puerta antártica
Mercosur e integración: autonomía bajo presión
Groenlandia: el mismo patrón, otro mapa
Brasil y el Amazonas: hoy no, mañana quizás.
2026: el mayor riesgo es la normalización de estos hechos.
En buena parte del debate público regional se habla de “escalada”, “cruce”, “tensión”. Pero cuando una potencia opera sobre territorio ajeno, impone bloqueos de hecho, captura o traslada dirigentes, y define unilateralmente qué es “legal” en rutas internacionales, el eufemismo encubre lo central: intervención imperial. El punto de inflexión fue Venezuela. Allí la disputa pasó del plano diplomático al de la fuerza, con consecuencias que reconfiguran el umbral de lo posible en la región. El precedente importa más que el episodio: cuando un hecho se naturaliza, se vuelve método.
En Venezuela, la dimensión energética no es decorativa: es el centro. La ofensiva se proyectó sobre exportaciones, cargamentos y rutas, con un mensaje doble: disciplinamiento interno y señal externa hacia China y Rusia, que disputan presencia en el continente. Cuando una potencia puede interrumpir flujos, condicionar compradores y administrar el riesgo marítimo, captura la renta petrolera de ese pais, ejerce poder real sobre ese Estado intervenido incluso sin ocupar formalmente su territorio.
El control de rutas y cargamentos agrega un elemento decisivo: desplaza el conflicto a un plano estructural, donde el poder no se mide por declaraciones sino por capacidad operativa para administrar el comercio, el acceso a divisas y la circulación de energía. En ese escenario, la soberanía queda subordinada al control material de los circuitos militares y comerciales.
La novedad más inquietante del inicio de 2026 es que la guerra antinarco dejó de ser cooperación policial para convertirse en excusa de guerra. La designación de cárteles como organizaciones terroristas endureció el marco, amplió el repertorio de sanciones y habilitó un discurso de excepcionalidad. Pero el salto cualitativo llegó con una idea que Trump repite: operaciones directas y, si fuera necesario, incursiones terrestres.
México quedó en el centro por una razón obvia: su soberanía es el límite que define si el hemisferio entra en una fase de intervención normalizada. Frente a esa presión, la postura del gobierno mexicano fue tajante: cooperación sí, tropas no. Sin embargo, la amenaza persiste porque se integra a un dispositivo mayor, donde seguridad, migración y crimen transnacional son presentados como asuntos de “defensa del territorio estadounidense”.
Colombia aparece como el siguiente escalón. La tensión con Gustavo Petro combinó amenazas públicas y gestos de diplomacia condicionada: primero el golpe de efecto, luego la invitación al diálogo bajo la sombra de sanciones y acusaciones. En paralelo, la idea de “acción conjunta” contra estructuras armadas y narcotráfico funciona como fórmula ambigua: puede ser cooperación, pero también puede abrir la puerta a presencia operacional más directa, con costos políticos internos para Colombia y un efecto demostración para el resto de la región.
La lógica es consistente: cuando el hemisferio se define como prioridad de “defensa del hogar”, la lucha contra el “narcoterrorismo “ se vuelve la clave narrativa que todo lo justifica. El problema del narcotráfico es real, pero también lo es el uso político-estratégico de ese problema para ampliar márgenes de intervencion.
El giro estratégico de Estados Unidos se apoya en un clima regional: crisis sociales profundas, miedo cotidiano, economías frágiles y violencia criminal. Ahí, la palabra “orden” funciona como promesa total: seguridad, castigo, disciplina. Ese clima abre paso a programas de mano dura y a alineamientos externos presentados como requisito de gobernabilidad.
En Chile, el corrimiento a la derecha se consolidó con una victoria electoral con agenda securitaria y antimigratoria. Ecuador profundizó un ciclo político atravesado por la violencia, con un relato de emergencia permanente que legitima estados de excepción y medidas extraordinarias. En Bolivia, el cambio de signo político se dio en el marco de una crisis económica que debilitó al oficialismo histórico y reabrió el mapa de alineamientos. El patrón se repite: seguridad como política total, economía como dependencia y gobernabilidad negociada bajo condicionamientos externos.
En ese tablero, Argentina funciona como caso testigo. La fragilidad macroeconómica y la dependencia de financiamiento externo convierten cada decisión en variable geopolítica. Cuando la supervivencia economica depende de apoyos externos, la autonomía se achica. Y cuando el respaldo financiero llega acompañado de alineamiento, el margen soberano se vuelve parte del acuerdo, aunque no siempre se lo nombre.
A ese cuadro se sumó un dato excepcional: la intervención del Tesoro estadounidense para sostener la estabilidad financiera y política del gobierno argentino, un gesto que puede presentarse como “ayuda” pero que también opera como mecanismo de condicionamiento. Tambien dentro de ese marco hay que evaluar el apoyo politico explicito de Donald Trump al presidente argentino que le permitieron a este ganar las elecciones intermedias de 2025. Pero esta claro que la ayuda nunca es gratis: reduce autonomía, reordena prioridades y transforma decisiones internas en piezas de una estrategia hemisférica.
Y aquí aparece el punto que, por geopolitica y recursos, trasciende cualquier coyuntura: la integridad territorial argentina.
Ushuaia no es un puerto más: es una bisagra. La proyección sobre la Antártida, el control del Atlántico Sur y el valor logístico de los pasos bioceánicos convierten a Tierra del Fuego en un punto sensible. Bajo la excusa del “control de accesos” o de la logística antártica, cualquier infraestructura con potencial dual puede transformarse en palanca de largo plazo: permite presencia, inteligencia, proyección naval y condicionamiento sobre decisiones soberanas futuras.
En un hemisferio donde la doctrina estratégica habla de expandir accesos en ubicaciones clave, el riesgo no reside solo en una base formal, sino en la acumulación progresiva de ventajas operativas: acuerdos, ejercicios, facilidades, usos preferenciales, tecnología, intercambio de información. La experiencia histórica muestra que la dependencia no empieza con un despliegue masivo; empieza con una puerta entreabierta que luego se vuelve regla.
La creacion de una base naval en el sur argentino, la presencia de tropas militares inglesas en Malvinas y su control de gran parte del Mar Autral, sumado a una extranjerizacion en la propiedad de la tierra patagonica y la riqueza en minería, agua y energía de esa región, pone en riesgo futuro la integridad territorial argentina.
La integración regional también quedó atravesada por esta disputa. La accion coordinada por parte del actual gobierno argentino, seguida por el gobierno de Paraguay, con una agenda de flexibilización y acuerdos bilaterales de libre comercio tiene como fin erosionar la capacidad del Mercosur de actuar como bloque y aislar a Brasil. Cuando el continente negocia fragmentado, se vuelve más vulnerable a presiones cruzadas. En esa lógica, la integración deja de ser herramienta de autonomía y pasa a ser terreno de disputa entre modelos: soberanía con coordinación regional o subordinación estructural.
La obsesión por el control territorial no se limita al sur. El interés por Groenlandia exhibe el mismo patrón en otro escenario: geografía, recursos y competencia global convertidos en justificación para forzar decisiones políticas por presión económica o amenaza. Cambia el mapa, no cambia la gramática: donde hay valor estratégico, se busca el control, “por las buenas o por las malas”, tal como definio Donald Trump en estos dias.
Por ahora, Brasil no es blanco directo del trumpismo, luego de cruces en los primeros meses del 2025. Pero el Amazonas permanece como nervio estratégico, por agua, biodiversidad, minerales y control territorial.
En un contexto donde el hemisferio se redefine como área prioritaria, es difícil imaginar que la Amazonia quede fuera del radar si la disputa global escala. El argumento puede mutar: clima, crimen transnacional, minería ilegal, “protección internacional”, infraestructura crítica. El objetivo, en cambio, sería constante: condicionar soberanía sobre un recurso que el mundo mira como reserva del futuro.
América Latina enfrenta una disyuntiva histórica con ropaje nuevo. Lo nuevo es el clima de época: crisis social, violencia real, economías endeudadas y competencia global que convierte recursos e infraestructura en objetivos estratégicos. Lo viejo es el método: presión, sanciones, tutela, intervención.
Si la región acepta que una incursión puede justificarse como “antinarcoterrorismo”, que una base puede instalarse como “logística”, y que el disciplinamiento financiero puede presentarse como “ayuda”, el próximo paso llega sin debate: llega por inercia.
La batalla de fondo ya no es solo ideológica ni electoral. Es soberana. La disyuntiva es si el continente puede sostener el principio básico, que ningún conflicto interno puede justificar la suspensión del derecho internacional ni la tutela externa, o entra en una fase donde la intervención externa vuelve a ser norma y no excepción. Y en ese terreno, la disputa es, como muestra la historia larga latinoamericana, entre proyectos de soberanía nacional y modelos de dependencia colonial.
