“La herencia invisible”.

   Cómo la economía de la dictadura sigue marcando el rumbo argentino

A casi cincuenta años del golpe de 1976, el modelo económico impuesto por la última dictadura continúa moldeando la estructura productiva y financiera del país. Liberalización, endeudamiento, primarización y fuga de capitales siguen siendo los pilares de un esquema que se consolidó en los 90, reapareció con fuerza durante el macrismo y hoy se profundiza bajo el gobierno de Javier Milei.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no solo inició un ciclo de terrorismo de Estado; también impuso una transformación profunda en la estructura económica argentina. La dictadura cívico-militar desarticuló el modelo de desarrollo industrial y mercado interno que había guiado a la economía durante décadas, reemplazándolo por un programa de apertura comercial, liberalización financiera y creciente endeudamiento externo. Las consecuencias de aquel giro siguen condicionando al país hasta el presente.

Una matriz ideológica importada

La política económica del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se apoyó en los postulados neoliberales difundidos por la escuela de Chicago. Bajo la premisa de que el Estado era el gran obstáculo para el crecimiento, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz impulsó una estrategia de desregulación financiera, eliminación de controles, apertura indiscriminada de importaciones y retracción del rol estatal en sectores estratégicos.

La prioridad no era el desarrollo industrial ni el fortalecimiento del mercado interno, sino la estabilidad nominal y la atracción de capitales a través de instrumentos financieros de corto plazo. Ese cambio de rumbo alteró de raíz el patrón de crecimiento del país.

Desindustrialización acelerada

La apertura comercial, combinada con un tipo de cambio atrasado y el encarecimiento del crédito interno, provocó un proceso de desindustrialización sin precedentes. Fábricas de sectores medianos y pequeños, articuladas históricamente al consumo interno, quedaron expuestas a una avalancha de productos importados.

El cierre de establecimientos, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del salario real reconfiguraron la estructura productiva. En paralelo, se consolidó una concentración del capital en manos de grupos vinculados al negocio financiero, que aprovecharon la desregulación del mercado de capitales para expandir un circuito de especulación altamente rentable.

Endeudamiento y valorización financiera

El endeudamiento externo se convirtió en el eje del nuevo modelo. La deuda, que rondaba los 8.000 millones de dólares en 1976, superó los 45.000 millones en 1983. La mayor parte de esos fondos no financió infraestructura ni inversiones productivas: alimentó la valorización financiera y facilitó la fuga de capitales mediante el mecanismo conocido como “bicicleta financiera”.

Capitales especulativos ingresaban atraídos por altas tasas en moneda local, obtenían rentas extraordinarias y luego fugaban sus ganancias al exterior. Este proceso deterioró la balanza de pagos, agravó la fragilidad macroeconómica y preparó el terreno para futuras crisis.

El colapso y la estatización de la deuda privada

Tras años de sobrevaluación del peso, caída industrial y fuga constante de divisas, la economía entró en crisis en 1981. La devaluación impulsada por Lorenzo Sigaut profundizó el deterioro y aceleró la corrida cambiaria. El estallido definitivo llegó en 1982, cuando el Estado decidió estatizar la deuda externa privada, trasladando al conjunto de la sociedad obligaciones generadas por grandes grupos económicos.

Aquella decisión condicionó las finanzas públicas de los gobiernos democráticos durante décadas y consolidó un patrón regresivo de distribución del ingreso.

Una herencia que atraviesa gobiernos

El retorno democrático no significó una reversión del modelo instaurado en 1976. Por el contrario, varias de sus piezas centrales perduraron. La década del 90 consolidó la matriz con la convertibilidad, las privatizaciones y la apertura total a los flujos financieros internacionales. La economía volvió a quedar expuesta a ciclos de endeudamiento, fuga, crisis y recesión.

En el siglo XXI, el gobierno de Mauricio Macri reeditó gran parte de aquellas políticas: liberalización bancaria, endeudamiento acelerado, retorno al FMI y un fuerte proceso de fuga de capitales. La economía quedó nuevamente atrapada en un círculo de dependencia externa y fragilidad financiera.

Hoy, el gobierno de Javier Milei profundiza esa misma orientación con una agenda de desregulación extrema, primacía del capital financiero, dolarización de tarifas y una visión extractivista del desarrollo. El patrón instaurado por la dictadura no solo sobrevivió: se adaptó a nuevas condiciones y encontró nuevos administradores.

 Un modelo que se repite y una deuda pendiente

La experiencia iniciada en 1976 marcó una reconfiguración estructural que permanece vigente. La liberalización financiera, la primacía del endeudamiento, la desindustrialización y la dependencia de exportaciones primarias definieron un modelo que atravesó gobiernos y coyunturas.

Menem, Macri y Milei, con matices distintos, continuaron ese camino. Los gobiernos populares lograron avances en términos de ampliación del mercado interno, recuperación del salario y fortalecimiento industrial, pero no consiguieron desmontar las bases del esquema financiero-extractivo ni revertir la dependencia del crédito externo.

La persistencia de esta matriz explica buena parte de las recurrentes crisis de deuda, la volatilidad macroeconómica y las dificultades para construir un proyecto de desarrollo soberano. El desafío que persiste es romper con una estructura que, desde hace casi cinco décadas, subordina la producción a la especulación y el interés nacional a los movimientos del capital financiero global.

Antonio Muñiz

El malestar económico se profundiza y el Gobierno pierde apoyo fuera de su núcleo duro

 El termómetro del humor social volvió a encenderse y los números no traen buenas noticias para el oficialismo. Un nuevo relevamiento del Monitor de Humor Social y Político, elaborado por D’Alessio IROL y Berensztein, muestra que el clima social y la evaluación de la gestión de Javier Milei se mantienen en terreno inestable.

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Una amplia mayoría de los argentinos percibe que la economía empeoró y duda de una recuperación en el corto plazo. La desaprobación al Gobierno de Javier Milei se mantiene estable pero alta, mientras la polarización política y la falta de mejoras concretas en la vida cotidiana alimentan la desconfianza social.

Aunque algunos indicadores macroeconómicos se muestran estables, el descontento con la situación económica domina el humor social. Según el relevamiento de D’Alessio IROL y Berensztein, el 62 % de los argentinos considera que la economía está peor que hace un año, mientras solo el 35 % percibe una mejora. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 74 % cree que la situación mejoró; en cambio, entre los opositores, el 96 % sostiene lo contrario.

La brecha política atraviesa toda la percepción económica. Mientras el discurso oficial insiste en los “logros técnicos” del ajuste —déficit fiscal cero, tipo de cambio estable, desinflación— la mayoría de la población siente que esos resultados no se traducen en una mejora de su vida cotidiana. En palabras del economista Hernán Letcher, “la estabilización sin crecimiento ni distribución es apenas una foto contable que no cambia la realidad social”.

De cara al futuro inmediato, el pesimismo avanza: el 52 % cree que la economía empeorará en los próximos doce meses y apenas el 44 % se muestra esperanzado en una recuperación. Este diagnóstico coincide con informes de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), que advierten que el mercado interno “no se recupera” y que la recesión se profundizó durante el tercer trimestre de 2025.

Una gestión con aprobación acotada

En el plano político, la evaluación del Gobierno nacional revela un techo difícil de perforar. Un 56 % de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei frente a un 42 % que la respalda. Dentro del electorado libertario, la adhesión se mantiene en torno al 88 %, pero el Gobierno no logra ampliar su base social. Entre los votantes opositores, la desaprobación roza el 99 %.

Los analistas coinciden en que la administración se sostiene sobre una base fiel pero estrecha. “El problema del mileísmo no es la fidelidad de sus votantes, sino su aislamiento: no crece hacia el centro ni retiene a los sectores medios que fueron seducidos por su discurso inicial de orden y libertad”, resume el politólogo Sergio Berensztein.

La paradoja es evidente: mientras Milei exhibe cifras de equilibrio fiscal y festeja la contención inflacionaria, la sociedad percibe que el costo del ajuste recae sobre los mismos sectores de siempre. Los aumentos en tarifas dolarizadas, el congelamiento salarial y la contracción del consumo golpean a la clase media, que según una reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), “se siente más empobrecida y desprotegida que nunca”.

Inseguridad e incertidumbre: las alarmas del presente

La incertidumbre encabeza la lista de preocupaciones nacionales con un 61 %, seguida por la inseguridad (58 %) y la falta de propuestas productivas (53 %). El estudio refleja dos agendas totalmente distintas según la orientación política: los votantes oficialistas priorizan la inseguridad (76 %), la “corrupción kirchnerista” (71 %) y el narcotráfico (49 %); mientras los opositores mencionan como principales problemas los recortes del Gobierno (94 %), la inestabilidad económica (84 %) y la falta de impulso al crecimiento (76 %).

El resultado es un país fragmentado, con dos miradas y dos lenguajes políticos que rara vez se cruzan. Para los votantes libertarios, el ajuste es un sacrificio necesario; para el resto, una agresión sin horizonte. Esa distancia narrativa explica la creciente polarización y el enfriamiento del humor social incluso en sectores que, hasta hace poco, mostraban paciencia con el rumbo oficial.

El humor social y el horizonte político

Entre las figuras políticas nacionales, Guillermo Francos lidera la imagen positiva con el 46 %, seguido por Patricia Bullrich y Diego Santilli (42 %). Javier Milei mantiene un 38 % de imagen positiva y un 57 % negativa, niveles similares a los de Mauricio Macri. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la imagen positiva desciende al 28 % y la negativa trepa al 65 %, mientras Axel Kicillof conserva un 37 % positiva y 58 % negativa.

En cuanto a la valoración del rumbo nacional, el 45 % de los consultados se declara conforme con el camino elegido en las urnas, frente a un 52 % que lo desaprueba. Entre los libertarios, la satisfacción es casi unánime (93 %), pero fuera de ese círculo predomina el desencanto.

El desafío para el oficialismo es sostener la gobernabilidad en un contexto de recesión prolongada, desigualdad creciente y pérdida de expectativas. Si bien el Gobierno celebra haber frenado la inflación y reducido el déficit, la estabilidad prometida parece beneficiar a los mercados antes que a la economía real. En los hechos, las tarifas atadas al dólar no reflejan los costos de producción sino la rentabilidad asegurada a los empresarios, mientras el consumo interno sigue en retroceso.

Un país entre la paciencia y el hartazgo

La encuesta confirma que el apoyo a Milei se mantiene en su núcleo más ideologizado, pero fuera de ese círculo la confianza se erosiona. Los resultados técnicos del ajuste no logran compensar la pérdida de poder adquisitivo ni el deterioro de la vida cotidiana. La sociedad parece ingresar en una etapa de fatiga: el orden de los mercados ya no alcanza para justificar el desorden social.

En síntesis, seis de cada diez argentinos creen que la economía está peor que hace un año y más de la mitad anticipa un empeoramiento. En ese escenario, la legitimidad del Gobierno depende menos de las cifras macroeconómicas que de su capacidad para ofrecer esperanza y sentido en medio del ajuste. Mientras la paciencia ciudadana se acorta, el malestar se convierte en el nuevo termómetro político de la Argentina.

Antonio

Muñiz

La Patria Grande fragmentada: Otra oportunidad perdida.

Mientras el mundo se reconfigura en torno a grandes bloques de poder, Javier Milei desarma desde adentro cualquier intento de unidad sudamericana. Su alineamiento incondicional con Estados Unidos y su decisión de boicotear el Mercosur o el abandono del BRICS  repiten el viejo libreto de la balcanización latinoamericana que Inglaterra impulsó en el siglo XIX y que hoy Washington actualiza con nuevos métodos.

Por Antonio Muñiz

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La historia de América Latina es, también, la historia de su desintegración inducida. En el siglo XIX, la potencia británica impuso su estrategia de “dividir para dominar”, fomentando fragmentaciones territoriales que impidieron el surgimiento de un poder continental capaz de competir con su comercio y su marina. Dos siglos después, la historia rima: los Estados Unidos han heredado aquel papel imperial y cuentan con aliados locales que operan, consciente o inconscientemente, como topos del Norte. Javier Milei es hoy el más fervoroso de ellos.

Desde que asumió la presidencia argentina, Milei ha hecho del alineamiento con Washington y Tel Aviv no solo una política exterior, sino una identidad ideológica. La geopolítica, para él, es una extensión del fanatismo: divide el mundo entre “aliados del bien” y “enemigos de la libertad”, repitiendo un esquema mental que reduce la política internacional a cruzadas morales. Pero detrás del discurso libertario se oculta una dependencia estructural.

Su decisión de retirar a la Argentina del BRICS, cuando el país ya había sido aceptado como miembro pleno, constituye uno de los errores estratégicos más graves de la historia reciente.  

 Argentina había logrado, tras años de gestión diplomática, ingresar al bloque que reúne a las principales economías emergentes del planeta —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, un espacio donde el Sur Global discute las nuevas reglas financieras y comerciales del siglo XXI. Salir del BRICS no fue una “decisión de política exterior soberana”, como sostuvo Milei, sino una entrega geopolítica: un gesto de obediencia hacia Washington, que ve en ese bloque un desafío directo a su hegemonía.

Mientras el mundo multipolar avanza, la Argentina retrocede a un rol colonial. Rechazó una oportunidad histórica de integrarse a una red financiera que busca reducir la dependencia del dólar y promover inversiones en infraestructura, energía y tecnología. Brasil, China e India —socios naturales para la región— siguen adelante con un proyecto que, paradójicamente, tiene en el BRICS  un sistema cooperativo entre países que buscan autonomía frente a los poderes tradicionales.

El viejo plan de fragmentar el Sur

El proceder de Milei no puede analizarse aisladamente. Es parte de una lógica más amplia que reproduce, con otros actores y tecnologías, la vieja política británica de fragmentar América Latina. En el siglo XIX, Londres impulsó la desunión del continente para controlar su comercio y su deuda. Hoy, Estados Unidos utiliza su influencia financiera, mediática y militar para garantizar que ninguna integración sudamericana gane densidad estratégica.

El libertarismo presidencial encaja a la perfección en esa agenda. Su prédica contra el Estado, la integración y los organismos regionales no es una expresión de rebeldía: es la traducción local del neoliberalismo subordinado. Donde Perón, Chávez, Lula o Kirchner veían la necesidad de un bloque industrial y soberano, Milei ve “estatismo” y “populismo”. Donde otros buscaron alianzas comerciales y políticas, él levanta muros ideológicos. Y donde el Sur global ensaya mecanismos de cooperación, él propone arrodillarse ante el “mundo libre” de Wall Street.

El contraste con el ciclo de integración sudamericana

Entre 2003 y 2015, Sudamérica vivió su etapa más fértil de cooperación política. Con Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, se creó UNASUR, se fundó el Consejo de Defensa Suramericano y se proyectó el Banco del Sur, herramientas destinadas a cimentar una autonomía colectiva. Aquel ciclo demostró que la integración es posible cuando existe una coincidencia mínima de objetivos: industrializar, proteger los recursos naturales y hablar con una sola voz ante el mundo.

Pero esa arquitectura se derrumbó bajo el peso de los cambios de signo político y de las presiones externas. Washington comprendió que debía impedir la consolidación de un bloque sudamericano. Lo hizo promoviendo rupturas, infiltrando agendas y alentando proyectos políticos de desmantelamiento. Milei, con su impronta disruptiva, representa la fase más extrema de esa ofensiva: ya no busca disputar el sentido de la integración, sino aniquilarla desde dentro.

Un Mercosur debilitado y un Sur sin brújula

El Mercosur, que podría ser el núcleo duro de un bloque regional, atraviesa una crisis de sentido. Mientras Brasil intenta relanzar el diálogo con África, Asia y los BRICS, la Argentina adopta un discurso que bordea el aislamiento. El gobierno bloquea acuerdos, congela proyectos industriales conjuntos y desprecia cualquier mecanismo multilateral que no esté bendecido por Washington.
El resultado es una paradoja: en la era de los bloques continentales, Sudamérica vuelve a comportarse como en la era de las colonias, exportando materias primas y comprando tecnología.

El desafío pendiente: reconstruir la Patria Grande

La única salida posible para la región sigue siendo la integración. América del Sur tiene lo que el mundo necesita: alimentos, agua, energía, litio, biodiversidad y conocimiento científico. Pero carece de lo esencial: unidad política y poder financiero propio. El camino no está en las cruzadas ideológicas ni en la sumisión a potencias externas, sino en la creación de instituciones sólidas y proyectos comunes.

Reactivar UNASUR, consolidar un sistema de pagos regional, crear un Fondo Sudamericano de Desarrollo, ampliar el MERCOSUR y articular cadenas de valor en energía, tecnología y defensa no son consignas románticas: son condiciones de supervivencia en un mundo que se organiza por bloques.

Milei podrá presentar su aislamiento como un acto de independencia, pero la historia lo juzgará como lo que es: una política de vasallaje disfrazada de libertad. Mientras el planeta se divide en grandes espacios continentales, la Argentina vuelve a quedar sola, empobrecida y subordinada. El general Perón lo advirtió con claridad profética: “La unidad continental no es una opción: es el destino.”

Hoy ese destino está en juego. Y mientras el topo trabaja desde adentro para destruirlo, los pueblos del Sur tienen la responsabilidad histórica de volver a construir la Patria Grande, antes de que otros vuelvan a escribir su futuro.

 

La política sitiada: el avance del capital global sobre la democracia

 

El capital global domina los flujos, las monedas y los algoritmos. Pero la historia enseña que los pueblos, cuando despiertan, pueden torcer cualquier destino. Argentina enfrenta hoy ese dilema: resignarse al mandato de los mercados o volver a hacer de la política una herramienta de emancipación colectiva.

Por Antonio Muñiz

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Mientras el poder financiero global avanza sobre los Estados y redefine los márgenes de la democracia, Argentina se convierte en un laboratorio de esa disputa. Las decisiones económicas ya no se toman en el Congreso ni en la Casa Rosada, sino en los mercados y en los despachos de Washington. Sin embargo, una nueva conciencia social emerge desde abajo, decidida a recuperar el sentido político de la soberanía.

La democracia, tal como la conocimos en el siglo XX, atraviesa una crisis profunda. Ya no son los partidos ni los parlamentos quienes marcan el rumbo de los pueblos, sino los mercados, las calificadoras de riesgo y los algoritmos de las plataformas digitales. Las decisiones que afectan la vida cotidiana —los precios, el crédito, la energía, el trabajo— se definen cada vez más lejos de las urnas y de los territorios, en despachos financieros o en los servidores de grandes corporaciones tecnológicas.

En la Argentina, este proceso se expresa con nitidez. Los gobiernos elegidos por voto popular se ven condicionados por organismos multilaterales, fondos de inversión y presiones mediáticas que operan como poderes de veto. La deuda externa, convertida en instrumento de disciplinamiento político, actúa como una soga sobre cualquier proyecto de desarrollo autónomo. El capital financiero global no necesita tanques ni invasiones: le basta con la tasa de interés, el dólar y los medios para moldear gobiernos y subjetividades.

El discurso de la “libertad de mercado” encubre, en realidad, la subordinación de la política al capital. Lo que se presenta como modernización o eficiencia no es más que una transferencia sistemática de poder desde el Estado hacia las corporaciones. En nombre de la “competitividad”, se desmantelan derechos laborales; en nombre de la “apertura”, se destruye la industria nacional; en nombre de la “autonomía individual”, se disuelve la idea misma de comunidad.

El fenómeno no es exclusivamente argentino. Desde Europa hasta América Latina, los pueblos asisten al vaciamiento de sus democracias: la soberanía se diluye en tratados de libre comercio, los parlamentos se transforman en escribanías del poder económico y los medios masivos reemplazan el debate público por la propaganda corporativa. La globalización neoliberal ha logrado lo que las dictaduras no pudieron: instalar el consenso de que “no hay alternativa”.

Sin embargo, cada intento de sometimiento genera su contragolpe histórico. En los márgenes del sistema surgen nuevas formas de organización social, política y productiva que rescatan el valor de lo común. Cooperativas que sostienen la economía real, universidades que resisten el desfinanciamiento, sindicatos que se reinventan frente a la precarización, y movimientos populares que vuelven a poner en el centro la palabra justicia.

Argentina tiene una tradición de lucha que se niega a desaparecer. Cuando los poderes concentrados intentaron borrar al pueblo de la historia, éste siempre encontró el modo de volver: en la fábrica, en la calle, en la urna o en la palabra. La batalla actual no se libra sólo contra un modelo económico, sino contra la idea de que el destino está escrito.

Hoy, frente al dominio del capital global, el desafío es reconstruir una democracia soberana, capaz de decidir sobre sus recursos, su trabajo y su futuro. Una democracia que no se limite a votar, sino que se atreva a gobernar; que no delegue su poder en los mercados, sino que lo recupere en manos del pueblo organizado.

Porque el capital podrá comprar voluntades, manipular discursos y condicionar gobiernos, pero nunca podrá derrotar a un pueblo que decide volver a creer en sí mismo. La historia argentina —con sus derrotas y sus resurrecciones— enseña que los pueblos sólo pierden cuando se rinden. Y el nuestro, una y otra vez, está demostrando que no está dispuesto a hacerlo.

El dilema del 26 de octubre: ¿Punto de quiebre?

 En la antesala del 26-O, el Coloquio de IDEA expuso la presión del poder económico sobre el gobierno de Javier Milei para profundizar las reformas estructurales. Desde Washington, el Tesoro estadounidense intervino en el mercado argentino y proyectó un paquete de hasta 40.000 millones de dólares, condicionado al resultado electoral. En paralelo, el oficialismo endurece su agenda laboral, previsional e impositiva para calmar a los mercados y retener el favor del establishment.

por Antonio Muñiz

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El clamor en Mar del Plata: “microeconomía y consensos”

Durante el Coloquio de IDEA, los principales dirigentes empresariales reclamaron “consensos amplios” y una hoja de ruta estable para evitar que la economía quede atrapada entre la inestabilidad política y la dependencia financiera externa. La consigna fue clara: sin base política interna, no hay programa económico posible.

En paralelo, Luis “Toto” Caputo anticipó una nueva agenda de reformas que incluye una reforma laboral con quita de derechos para los trabajadores, una reforma previsional y una reforma impositiva de carácter regresivo, a implementarse después del 26 de octubre. Mientras el establishment nucleado en IDEA reclama mayor ajuste y previsibilidad, el Gobierno, en un discurso dirigido a su núcleo duro, ratifica esa hoja de ruta de austeridad como respuesta a los reclamos del poder económico.

Las exigencias del Círculo Rojo encuentran eco en la percepción de que una derrota legislativa podría volver inviable el esquema de liberalización y apertura financiera. En los pasillos del Sheraton, la frase más repetida fue: “El apoyo de afuera no alcanza; hace falta gobernabilidad adentro.”

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Caballo de Troya: Washington entra al juego

El reciente respaldo del Tesoro norteamericano se convirtió en una herramienta política más que en un salvataje financiero. El 9 de octubre, Estados Unidos prometió una línea de swap por 20.000 millones de dólares, sumada a compras directas de pesos en el mercado argentino. Luego, Scott Bessent anunció una asistencia complementaria de otros 20.000 millones provenientes de bancos privados y fondos soberanos, elevando el total a 40.000 millones.

Sin embargo, esa ayuda llega con una cláusula implícita: solo se mantendrá si Milei gana las elecciones o conserva mayoría legislativa. Bessent fue categórico: “La Argentina tendrá el respaldo de Estados Unidos mientras continúe con estas políticas.” El mensaje fue leído en Buenos Aires como un gesto de apoyo condicionado y, en algunos círculos, como una forma de presión electoral.

Donald Trump añadió confusión al afirmar en su red Truth Social que la “generosidad” de Washington dependerá del resultado del 26-O. El posteo, inicialmente celebrado por funcionarios argentinos que malinterpretaron el inglés, fue luego desmentido por los mercados, que reaccionaron con caídas de bonos y suba del dólar.

El Tesoro norteamericano realizó tres intervenciones directas en el mercado cambiario —por un total estimado de 679 millones de dólares— para contener la devaluación. Más que una política económica, fue una señal política: Estados Unidos apoya, pero con condiciones.

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Reacción de los mercados: entre la calma frágil y la sospecha

El anuncio del paquete de ayuda provocó un optimismo efímero. Bonos y acciones argentinas subieron, el dólar moderó su alza y se habló de un “rescate histórico”. Sin embargo, al confirmarse que los fondos no tenían fecha concreta de desembolso y que dependían del escenario político, los mercados volvieron a la volatilidad.

El tipo de cambio oficial cerró en alza pese a las intervenciones, los dólares financieros siguieron escalando y la brecha cambiaria se amplió. Analistas en Nueva York advirtieron que el respaldo estadounidense puede evaporarse si Milei pierde capacidad legislativa o si las reformas prometidas no avanzan en el Congreso.

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Tensiones en el Gobierno y fisuras internas

El viaje a Washington dejó al descubierto las divisiones en el oficialismo. Mientras el canciller Gerardo Werthein y Santiago Caputo se cruzaban acusaciones por el fracaso de la cumbre con Trump, Luis Caputo intentaba recomponer la narrativa oficial desde el Ministerio de Economía.

Bessent reconoció que los fondoshttps://youtu.be/xn0h2CDHj9A aún están “en formación” y que el segundo tramo del paquete dependerá de “condiciones políticas favorables”. La admisión reforzó la percepción de que la relación bilateral se guía más por lógica electoral que por cooperación económica.

Incluso voces ortodoxas del Círculo Rojo, como Carlos Melconian, calificaron la intervención estadounidense en el mercado local como “una incursión cuasicolonial” y advirtieron que el esquema cambiario actual “no puede sostenerse”. Por su parte, el Financial Times cuestionó el enfoque argentino: “Si la locura es repetir la misma acción y esperar un resultado diferente, entonces la política económica de Milei roza la demencia.”

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Humo o punto de no retorno: el 26-O como fecha límite

El 27 de octubre se presenta como un plebiscito económico y político. Si Milei logra consolidar mayoría parlamentaria, podrá sostener su programa con apoyo financiero externo. Si no, la asistencia estadounidense puede diluirse, abriendo un vacío de poder en plena recesión.

La ecuación es tan simple como inquietante: el establishment reclama más reformas, el Gobierno promete más ajuste, y la sociedad paga el costo. En este triángulo, los consensos invocados en Mar del Plata suenan más a pedido de obediencia que a pacto democrático.

Los mercados ya no esperan milagros, solo buscan certidumbre. Y el oficialismo, en su afán por tranquilizarlos, parece dispuesto a profundizar un camino que tensiona la paz social y deja al país al borde de una nueva crisis de legitimidad.

El discurso del “consenso” se ha transformado en la legitimación política del ajuste: detrás de las cifras y los gráficos, se consolida un proyecto de redistribución regresiva del ingreso y de desarticulación del tejido productivo nacional.

Si el Presidente logra sostener esta alianza con los grandes grupos concentrados —con el respaldo de Estados Unidos—, el país ingresará en una nueva fase del experimento neoliberal, marcado por la dependencia y el ajuste estructural.
Pero si la sociedad reacciona —como tantas veces en nuestra historia—, el intento de refundar la Argentina sobre las ruinas de su pueblo podría toparse con su propio límite histórico.

Después de octubre: Milei prepara la segunda ola del ajuste

 Tras las elecciones del 26 de octubre, Milei proyecta avanzar con su plan de reformas estructurales —laboral, previsional, tributaria y de privatizaciones— bajo la supervisión del FMI y el respaldo de Estados Unidos. Su estrategia apunta a ampliar consensos políticos y legislativos mediante acuerdos con Macri y gobernadores afines, asegurando la aprobación de leyes claves que consolidarán la dolarización, la privatización de activos estatales y la profundización del ajuste económico y social en todo el país.

REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA

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El Gobierno se prepara para una nueva etapa de su programa económico. Con las elecciones legislativas como punto de inflexión, Javier Milei busca avanzar con el núcleo duro de las reformas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y respaldadas por Washington. La agenda incluye la reforma laboral, impositiva, la previsional, la reducción del gasto social y la consolidación del esquema de liberalización total de la economía, con el objetivo de institucionalizar el ajuste y garantizar un modelo de dependencia externa y disciplinamiento social.

Para el oficialismo, el ajuste iniciado en diciembre del 23  “aún no terminó”. Se encuentra en su fase más profunda: convertir en leyes las transformaciones que aseguren la continuidad del programa fiscal y financiero a largo plazo. La estrategia consiste en postergar las medidas más impopulares hasta después de las elecciones, evitando costos políticos inmediatos y aprovechando una eventual recomposición del poder parlamentario.

Entre los puntos centrales se encuentra la reforma laboral, cuyo borrador ya circula entre empresarios y despachos oficiales. El proyecto propone eliminar las indemnizaciones tradicionales, flexibilizar la contratación y permitir acuerdos individuales por empresa, reduciendo el alcance de los convenios colectivos. Los sindicatos advierten que se trata de una reconfiguración del sistema laboral argentino, orientada a debilitar la negociación sindical, reducir los costos empresariales y desregular las condiciones de trabajo.

A la vez, el Gobierno avanza con una reforma previsional estructural que contempla el aumento de la edad jubilatoria, la limitación del acceso a pensiones y la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes. La nueva fórmula de movilidad buscaría anclar las jubilaciones al equilibrio fiscal, perpetuando la licuación real de los ingresos de los adultos mayores. El sistema previsional, que históricamente actuó como pilar de la seguridad social, pasaría a ser un componente subordinado a la lógica del ajuste y del financiamiento externo.

El recorte de programas sociales y pensiones por discapacidad completa el cuadro. La reducción de beneficios y el endurecimiento de los criterios de acceso responden a una agenda dictada por el FMI como condición para habilitar nuevos desembolsos. Washington, en tanto, respalda estas políticas bajo el argumento de “modernizar la economía”, en el marco de su renovada injerencia geopolítica sobre América del Sur.

Detrás de estas medidas hay un proyecto estructural de mayor alcance. La dolarización de la economía sigue siendo el horizonte estratégico del gobierno de Milei. Las políticas de contracción monetaria, recorte del gasto y licuación de salarios y privatizaciones son parte del camino hacia un régimen donde  toda la economía quede anclada al dólar estadounidense. Este proceso, que implicaría la pérdida total de soberanía monetaria, eliminaría la posibilidad de desarrollar políticas industriales, agrandando la brecha entre el capital financiero y la producción nacional. En una economía dolarizada, el ajuste se vuelve estructural y permanente, y el margen de maniobra del Estado se reduce a la mínima expresión.

En paralelo, la entrega de los recursos naturales se consolida como otra de las consecuencias más graves del modelo. Bajo el argumento de atraer inversiones, el gobierno promueve la apertura total de la explotación del litio, el cobre, el gas, el petróleo y los bienes estratégicos del subsuelo a empresas estadounidenses y fondos de inversión. Las privatizaciones de empresas estatales, represas hidroeléctricas, centrales nucleares y activos energéticos avanzan a precios de liquidación, en un proceso que no solo implica la concentración total de la economía sino también su extranjerización. Los recursos naturales, motor potencial del desarrollo argentino, quedan bajo control de corporaciones extranjeras, mientras el Estado renuncia a toda capacidad de planificación.

La arquitectura de este proyecto busca consolidar un nuevo orden social y productivo: salarios bajos, derechos laborales reducidos, jubilaciones mínimas y un Estado desfinanciado. Detrás del discurso de la “libertad”, se impone una lógica de disciplinamiento social donde la pobreza y la precariedad se convierten en herramientas de control político.

En los próximos meses, la disputa se trasladará al Congreso, donde Milei intentará convertir estas reformas en leyes. Su apuesta es clara: aprovechar el supuesto capital político que surja de las elecciones de octubre para imponer un paquete que reconfigure el contrato social argentino. Su ultima reunión  con Mauricio Macri y un eventual acuerdo post 26 con los gobernadores que se nuclean en Provincias Unidas, apuntan a consolidar una mayoría en ambas cámaras que le permitan avanzar en sus objetivos.

Lo que está en juego este 26 de octubre trasciende la coyuntura electoral: se trata de definir si la Argentina conserva su capacidad de decisión sobre su destino o si se consolida como un territorio subordinado a los intereses del capital extranjero.

Mercados en tensión

 El dólar no cede y los mercados se tensionan: los ADRs caen, pero los bonos rebotan tras el anuncio de recompra de deuda

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A pesar del acuerdo de swap con Estados Unidos, el dólar blue superó los $1.500 y quedó a un paso de su récord histórico. Los bonos en dólares lograron recuperarse sobre el cierre gracias al anuncio oficial de recompra de deuda, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cayeron con fuerza. La incertidumbre política y cambiaria vuelve a marcar el pulso del mercado.

Tensión en los mercados financieros

En una jornada de marcada volatilidad, los mercados argentinos registraron movimientos contrapuestos. Mientras los bonos soberanos en dólares lograron revertir las pérdidas iniciales y cerrar en terreno positivo, los ADRs —las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street— sufrieron caídas de hasta 5,3%.

El rebote de los títulos públicos se produjo luego de que el Ministerio de Economía anunciara que inició negociaciones con bancos internacionales para llevar adelante una operación de recompra de deuda externa. Según fuentes oficiales, el objetivo sería reducir el costo financiero y liberar recursos destinados a inversiones estratégicas en educación y desarrollo tecnológico.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que la operación se realizará con la asistencia de J.P. Morgan. En el Palacio de Hacienda señalan que “se trata de un paso clave para recomponer el perfil de deuda del país y recuperar la confianza de los mercados”.

Los bonos se recuperan, las acciones se hunden

Tras el anuncio, los bonos en dólares subieron hasta un 3%, borrando las pérdidas de la mañana. Analistas del mercado interpretaron el movimiento como “una señal de que el Gobierno intenta ordenar el frente financiero en un contexto de creciente tensión política”.

Sin embargo, la renta variable mostró la otra cara de la moneda. Los ADRs de compañías argentinas en Wall Street retrocedieron con fuerza —entre ellas, YPF, Banco Macro y Galicia— afectadas por la suba del riesgo país y el salto del dólar paralelo. En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,6% en pesos y 2,2% medido en dólares.

“Hay un mercado que no encuentra anclaje”, resumió un operador bursátil. “La recompra de deuda puede generar algo de oxígeno, pero el frente político sigue siendo la principal fuente de incertidumbre”.

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El dólar supera los $1.500: el swap no calma la presión

Pese al reciente acuerdo de swap entre el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos, la presión cambiaria no dio tregua. El dólar blue cerró este lunes a $1.505 para la venta, con una suba diaria de $20, y se ubicó a apenas $15 de su máximo nominal histórico alcanzado el 19 de septiembre.

El dólar mayorista, que marca la referencia para el comercio exterior, avanzó a $1.475 (+1,7%), mientras que los dólares financieros también continuaron en alza: el MEP cotizó a $1.553,74 y el Contado con Liquidación (CCL) trepó a $1.570,57.

El llamado “dólar tarjeta” o turista, que incluye el recargo impositivo del 30%, alcanzó los $1.943,50. Incluso el dólar cripto —que se negocia en plataformas digitales como Bitso o Binance— se mantuvo cerca de los $1.540.

En la City porteña, los operadores coincidieron en que la firma del swap con Washington, por hasta US$ 20.000 millones, “no logró frenar la demanda de cobertura cambiaria”. La incertidumbre electoral y el temor a un salto inflacionario mantienen viva la búsqueda de refugio en el dólar.

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Mercados entre el alivio financiero y el riesgo político

La foto de la jornada deja un escenario ambivalente: señales de alivio en el frente de la deuda, pero persistente desconfianza cambiaria. El mercado celebra parcialmente la iniciativa de recompra, pero al mismo tiempo duda de su capacidad para estabilizar una economía marcada por la recesión, la caída del consumo y la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El riesgo país continúa por encima de los 1.000 puntos básicos y la brecha cambiaria sigue en torno al 6%, indicadores de un sistema financiero bajo presión. “El mensaje del mercado es claro: mientras la política no dé certezas, no habrá calma en el dólar”, analizó un economista de una consultora privada.

Perspectivas

En los próximos días, la atención estará puesta en tres variables clave: la concreción efectiva del programa de recompra de deuda, la evolución de las reservas del Banco Central y el resultado de las elecciones legislativas.

Si el Gobierno logra mostrar resultados concretos en esos frentes, podría comenzar a revertir el clima de incertidumbre. Pero, por ahora, la dinámica diaria del dólar y la desconfianza inversora mantienen a los mercados en vilo.

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Por Redacción Data Política y Económica
Fuentes: Ámbito Financiero, Infobae, iProfesional, datos del Banco Central y operadores del mercado cambiario.