La eventual derogación de la Ley de Tierras no es únicamente una decisión económica. También involucra la soberanía, el desarrollo nacional y el control de los recursos estratégicos del país.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre la Ley 26.737, que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, volvió a colocar en el centro de la escena un debate que trasciende cualquier coyuntura política. No se trata simplemente de atraer inversiones o facilitar operaciones inmobiliarias. Lo que está en discusión es quién controla el territorio argentino y, con él, el acceso al agua, los minerales, la producción de alimentos, la energía y las zonas de frontera.
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Los informes del Observatorio de Tierras advierten que millones de hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros y que, en varios departamentos del país, la participación supera ampliamente los límites que la propia ley había intentado establecer. Más allá de las cifras puntuales, el dato relevante es que gran parte de esas superficies coincide con áreas de enorme valor estratégico por su riqueza hídrica, minera, forestal o logística.
El argumento oficial sostiene que eliminar las restricciones permitirá atraer capitales, aumentar las inversiones y generar empleo. Es una posición legítima dentro del debate económico. Sin embargo, la experiencia argentina demuestra que la inversión extranjera, por sí sola, no garantiza desarrollo si no forma parte de una estrategia nacional que priorice la producción, el agregado de valor y la defensa de los intereses permanentes del país.
La tierra no es un activo financiero cualquiera. Es un recurso limitado e irremplazable. Sobre ella se asientan la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, los yacimientos de minerales críticos, la biodiversidad y la capacidad del Estado para ejercer plenamente su soberanía. En un escenario internacional marcado por la competencia por los recursos naturales, renunciar a herramientas de regulación puede convertirse en un costo muy superior a cualquier beneficio de corto plazo.
La discusión tampoco debería reducirse a una falsa dicotomía entre inversión o regulación. Argentina necesita ambas cosas. Necesita capital para crecer, pero también reglas claras que preserven el interés nacional. Los países que mejor administran sus recursos estratégicos son precisamente aquellos que combinan apertura económica con una fuerte capacidad estatal para definir prioridades y establecer límites.
La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de decisiones que privilegiaron beneficios inmediatos sin evaluar sus consecuencias estructurales. La política sobre la propiedad de la tierra debería escapar a esa lógica. Lo que hoy se decida tendrá efectos durante décadas y condicionará las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones.
El verdadero debate no es si la tierra puede venderse. El debate consiste en determinar bajo qué condiciones, con qué controles y en función de qué proyecto de país. Porque cuando lo que está en juego es el territorio, la discusión deja de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de soberanía nacional.
Argentina necesita inversiones, pero también necesita preservar el control sobre sus recursos estratégicos. Conciliar ambos objetivos es el desafío de una política de Estado que aún sigue pendiente.
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