Una operacion de pinzas perfecta

Mientras el RIGI, el REIBP y la inocencia fiscal blindan la renta de los recursos naturales, el mismo esquema exprime al resto de la sociedad con salarios pisados, tarifazos, tasas altas y un dólar planchado que financia la bicicleta. Es una sola operación con dos manos: una se queda con lo de abajo, la otra con lo de afuera.

DATA POLÍTICA Y ECONÓMICA   |   Sección: Economía Política

Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso el modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo: una pinza. Con una mano, el Estado le garantiza al capital concentrado —minero, energético, financiero— la propiedad de la renta de los recursos naturales por treinta años, sin retenciones, con Ganancias más baja y litigio en el CIADI si algo sale mal. Con la otra, exprime al resto de la sociedad —asalariados, jubilados, pequeños comercios, industria pyme— a través del ajuste fiscal, el tarifazo de los servicios públicos y una tasa de interés que sostiene una timba financiera cada vez más autorreferencial. No son dos políticas separadas. Es una sola ecuación: lo que el Círculo Rojo no arriesga en un lado, lo cobra garantizado en el otro.

La renta que no se toca

El primer brazo de la pinza ya es conocido: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) blinda por tres décadas a los proyectos mineros y energéticos con Ganancias reducida del 35% al 25%, sin retenciones a la exportación y con giro de utilidades facilitado; el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) congela hasta 2038 la alícuota patrimonial de las grandes fortunas; el nuevo esquema de inocencia fiscal invierte la carga de la prueba a favor de quien tiene que explicar de dónde salió la plata. Marcelo Diamand ya había descrito el patrón hace medio siglo: una fracción de la burguesía local que no compite transformando recursos en valor agregado, sino capturando la renta diferencial de lo que la naturaleza da gratis —ayer la pampa húmeda, hoy el litio, el cobre y Vaca Muerta— sin asumir jamás el riesgo empresario que supone invertir en una estructura productiva desequilibrada.

El ajuste como máquina de transferencia

El segundo brazo de la pinza se ejecuta sobre los ingresos de quienes no tienen forma de blindarse. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, difundido en abril de 2026, midió que el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3% desde noviembre de 2023, quedando por debajo de los niveles de 2001. Los salarios del sector público perdieron 17% de poder adquisitivo en el mismo período; los privados, casi 5%. La consultora Mercer proyectó para 2026 aumentos salariales corporativos en torno al 26%, por debajo de la inflación esperada, lo que confirma que la licuación no fue un costo transitorio de la estabilización sino una política sostenida en el tiempo.

A esa licuación salarial se suma el tarifazo. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, la electricidad acumuló un aumento del 494% desde el inicio de la gestión Milei y el gas natural, del 2.073%, muy por encima de una inflación acumulada del 311,9% en el mismo lapso. El propio esquema de subsidios fue rediseñado para que el usuario residencial pase de cubrir en promedio el 55% del costo real de la energía a cubrir el 76% en electricidad y el 79% en gas durante 2026. Es, otra vez, la misma lógica de la renta de los recursos naturales aplicada puertas adentro: las empresas de energía y agua, muchas bajo procesos de privatización o desregulación tarifaria, recomponen su rentabilidad trasladando el costo completo al consumidor cautivo, sin que exista compensación salarial que lo absorba.

La bicicleta que no para

El tercer brazo es financiero. El Banco Central sostuvo durante buena parte de 2026 tasas de interés reales elevadas para incentivar la migración de dólares a instrumentos en pesos, en un esquema de tipo de cambio administrado que el propio mercado empezó a describir como atraso cambiario. Economistas como Sergio Chouza cuantificaron esa apreciación en torno al 12% acumulado en el año, mientras que reportes financieros registraron ganancias en moneda dura cercanas al 12% en apenas cincuenta días entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 para quien apostó al carry trade. Es la bicicleta de siempre, con un agregado: mientras el rendimiento financiero en dólares bate récords para quien tiene el capital líquido para jugarla, la macroeconomía real —industria, exportaciones no tradicionales, empleo privado registrado— pierde competitividad cambiaria mes a mes, porque el dólar barato que financia la timba es el mismo dólar caro que encarece producir en el país.

El resultado es una arquitectura donde ganar plata sin producir nada se volvió más rentable que invertir en producir. El Círculo Rojo no necesita arriesgar capital en una fábrica cuando puede obtener en el mercado de pesos, con riesgo acotado por la promesa de estabilidad cambiaria, un retorno en dólares que ninguna actividad productiva real ofrece hoy en la Argentina. Fundación Fundar documentó la consecuencia esperable: la inversión privada cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026 y la importación de bienes de capital retrocedió 13,9% en junio. El capital que no se aventura en la economía real encuentra, en el propio diseño de la política monetaria, un refugio más cómodo y más rentable.

Una sola apropiación, dos objetos

Leídos por separado, el RIGI, el tarifazo y el carry trade parecen políticas sectoriales con lógicas propias: inversión, energía, estabilización monetaria. Leídos juntos, describen una única operación de apropiación con dos objetos simultáneos. Por un lado, la renta de los recursos naturales no renovables, que sale del subsuelo con el fisco atado de manos por treinta años. Por otro, la renta que genera el resto de la sociedad con su trabajo, su consumo cautivo de servicios esenciales y su ahorro forzado en instrumentos en pesos: todo ese excedente termina, por rutas distintas, en el mismo lugar. Eduardo Basualdo llamó a este patrón valorización financiera del capital: la ganancia no nace de ampliar la frontera productiva, sino de administrar posiciones de privilegio —normativo, tarifario, financiero— frente a un Estado que dejó de arbitrar entre sectores y pasó a garantizar el reparto a favor de uno solo.

La diferencia con etapas anteriores del mismo patrón no es de naturaleza sino de blindaje jurídico. Nunca antes la extracción de renta —la de los recursos naturales y la del resto de la sociedad— había quedado tan protegida contra la posibilidad de una corrección futura por la vía electoral. El Círculo Rojo lo sabe, y por eso elige bando sin ambigüedades en la disputa que viene: no necesita ganar todas las elecciones, le alcanza con que ninguna ley pueda tocarle lo que ya aseguró. La pregunta pendiente es si una correlación de fuerzas distinta —como ocurrió otras veces con privilegios que se creyeron eternos— todavía tiene margen para reabrir esa discusión, o si la pinza terminó de cerrarse antes de que la política encontrara el modo de discutirla.

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