Argentina en otra encrucijada

 

En esta última semana, la Argentina concentró la síntesis más cruda de su momento: inflación que interrumpe la promesa de desaceleración, un nuevo desembolso del FMI que profundiza la espiral de endeudamiento, el derrumbe de SanCor como emblema del tejido productivo destruido, un discurso presidencial ante empresarios que generó más inquietud que confianza, encuestas en el peor registro histórico de la gestión libertaria, y el presidente volando a Israel —el país más aislado del concierto mundial— mientras la economía doméstica se hunde. El cuadro es de deterioro múltiple y simultáneo.


Los precios no ceden

El INDEC publicó el martes 14 el dato que nadie en el gobierno esperaba con entusiasmo: el IPC de marzo marcó 3,4%, siete décimas más que en febrero, con 9,4% acumulado en el trimestre y 32,6% interanual. Dos días después, el jueves 16, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) cerró también en 3,4%, el mayor registro mensual desde abril de 2025, tras acelerar 2,4 puntos sobre el 1% de febrero. La coincidencia de ambos índices en la misma cifra no es trivial: la cadena de transmisión entre producción y consumo opera sin amortiguadores. El principal motor fue el petróleo crudo y gas, con un salto de 27,3% explicado por el conflicto en Medio Oriente, que por sí solo aportó 2,02 puntos de los 3,4 del índice general.

En el AmCham Summit del martes 14, Milei reconoció que el dato «es malo» y «le repugna», lo achacó a factores externos —carne y petróleo— y prometió una caída «inminente». La misma promesa lleva formulándose desde que el IPC tocó su piso de 1,5% en mayo de 2025. JP Morgan proyectó un promedio de 2,2% mensual para el segundo trimestre, pero advirtió que los riesgos siguen sesgados al alza y que una desinflación profunda requiere el levantamiento total del cepo, recortes impositivos y la finalización del ajuste de precios relativos: ninguno de esos tres ingredientes está en la agenda inmediata del gobierno.

Más deuda, las mismas advertencias

El miércoles 15, mientras el dato de inflación circulaba caliente, el ministerio de Economía anunció la firma del Staff Level Agreement de la segunda revisión técnica del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. El directorio habilitará un desembolso de 1.000 millones de dólares. Luis Caputo viajó a Washington, se reunió con Kristalina Georgieva y describió el clima como de «relación de confianza». La titular del Fondo dijo estar «súper impresionada» con los logros. Sin embargo, el propio texto del acuerdo contiene diagnósticos que el oficialismo prefiere no amplificar: las reservas netas cerraron 2025 en torno a menos 14.100 millones de dólares, muy por debajo de las metas acordadas, y el organismo reconoce que el esquema se sostiene sobre deuda, venta de activos y financiamiento externo, no sobre divisas generadas por el aparato productivo.

El Fondo optó por redefinir los objetivos fallidos y trasladar las exigencias hacia adelante, en vez de endurecer las condicionalidades. Ante inversores en Washington, Caputo no descartó la venta de activos públicos para afrontar los 4.500 millones de dólares en vencimientos de mitad de año. El horizonte más pesado llega en 2027: 21.000 millones de dólares en vencimientos totales, de los cuales 7.000 millones corresponden al propio Fondo. Si los datos del segundo trimestre no mejoran el frente de reservas, la tercera revisión —prevista para mayo— puede traer turbulencias.


USD 1.000 M  Nuevo desembolso habilitado por la segunda revisión técnica

−USD 14.100 M  Reservas netas del BCRA al cierre de 2025, según el propio FMI

USD 21.000 M  Vencimientos de deuda proyectados para 2027


SanCor: el fin de un símbolo

El mismo jueves 16 en que el INDEC publicó la inflación mayorista, SanCor Cooperativas Unidas Limitada presentó formalmente su pedido de quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia N°5 de Rafaela. La solicitud, firmada por el presidente del Consejo, Oscar Juan Sapino, pide la «declaración de propia quiebra por frustración del concurso preventivo» iniciado en febrero de 2025. Después de más de un año sin poder acordar con sus 1.500 acreedores verificados, con una deuda de 120 millones de dólares y sin inversores interesados en capitalizar la empresa, la propia cooperativa reconoció en el expediente que «ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones sin recurrir a medios ruinosos». La situación laboral es proporcional: alrededor de 850 trabajadores en riesgo y ocho meses de salarios impagos, más el aguinaldo.

SanCor

La caída de SanCor no es un episodio aislado. Desde diciembre de 2023, más de 24.000 empresas cerraron en el país, la mayor destrucción neta de unidades productivas en los primeros años de una gestión en décadas recientes. El caso de la cooperativa láctea muestra que la crisis alcanza a empresas con historia centenaria y presencia exportadora, no solo a emprendimientos marginales.

Salarios que pierden

El INDEC publicó también el Índice de Salarios de febrero: los sueldos registrados crecieron 2,4% frente a una inflación del 2,9%, marcando el sexto mes consecutivo con caída real del salario registrado. En el año acumulado desde febrero de 2025, los salarios registrados subieron 27,5% contra una inflación de 33,1%. El impacto sectorial es desigual pero generalizado: Construcción perdió 12,4% de poder adquisitivo en el año, Textiles 12,3%, Indumentaria y Gastronómicos 9,5% cada uno. En el mercado laboral, la destrucción es concreta: 124.735 puestos de trabajo registrados menos en el último año, con las perspectivas de contratación para el segundo trimestre marcando el primer saldo negativo en 23 meses.


−5,9%  Pérdida de poder adquisitivo del salario de convenio en el año a febrero 2026

−124.735  Puestos de trabajo registrados perdidos en el último año


El presidente ante los empresarios: incertidumbre sin consuelo

La tarde del martes 14, con el dato de inflación recién publicado, Milei cerró el AmCham Summit 2026 con un discurso que eligió enfrentar el tema incómodo. La decisión fue aplaudida como gesto; el contenido dejó divididas las opiniones. Tras la autocrítica retórica sobre el 3,4%, vino la explicación de siempre —factores externos, transitoriedad garantizada— seguida del relato electoral: la Argentina resistió una «corrida cambiaria equivalente al 50% del M2», el oficialismo ganó las legislativas de octubre de 2025 con 41%, la gente «sabe del esfuerzo». También cargó contra el Congreso, al que llamó el «ataque destituyente» por su resistencia parlamentaria.

Las reacciones dentro del salón fueron más reveladoras que el discurso mismo. Según periodistas presentes, hubo bostezos y desconcierto. Economistas cuestionaron la explicación oficial con dureza: «No puede ser que siempre la culpa la tenga otro. Hace diez meses que la inflación no baja.» Otro señaló que Milei «no habla más de salarios porque sabe que con estos niveles de inflación no hay recuperación posible». Un directivo de una multinacional aludió a los escándalos de corrupción —el caso Adorni, los departamentos no declarados, los viajes en avión oficial— como factores que «hacen ruido» en el clima de negocios.


“No puede ser que siempre la culpa la tenga otro. Hace diez meses que la inflación no baja.”  — Economista presente en el AmCham Summit, según La Nación, 15 de abril


El derrumbe de imagen

Las encuestas de la semana configuran el peor momento de la gestión libertaria desde que asumió. Opina Argentina registró la imagen positiva de Milei en 35% en la primera semana de abril —seis puntos menos que en marzo, trece menos que en enero— y la negativa en 63%. El dato más sensible para el círculo presidencial: el 35% de sus propios votantes tiene hoy una imagen negativa del presidente. En el ranking de imagen positiva, Milei cayó al quinto puesto, por debajo de Kicillof y Bregman (44% cada uno) y de Cristina Kirchner (39%). La ESPOP de la Universidad de San Andrés, publicada el miércoles 16, precisó que el 70% de los argentinos desaprueba la gestión y que la aprobación está en 36%, peor que Macri al mismo tramo de mandato (51%), aunque aún lejos del piso de Fernández (17%). En los sectores de menores ingresos, la desaprobación trepa al 71%.

El desgaste alcanza al gabinete. Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, sufrió la mayor caída individual del mes: 16 puntos, con un diferencial de imagen de menos 51%. Karina Milei acumula menos 50%. El 60,7% de los encuestados rechaza un segundo mandato de Milei; el 55,9% estima que la economía estará peor dentro de un año. El desempleo encabeza las preocupaciones ciudadanas con el 40% de las menciones, seguido por bajos salarios (39%) y corrupción (38%).


35%  Imagen positiva de Milei — mínimo histórico de su gestión

63% Imagen negativa — 13 puntos de caída desde enero


El presidente contra el mundo

Mientras la Argentina cerraba una semana muy compleja, Milei partió este sábado 18 de abril hacia Israel para participar, entre el 19 y el 22, de los actos por el 78° aniversario del Día de la Independencia. Fue su tercer viaje oficial al país y el más cargado de simbolismo. Será el primer mandatario extranjero en encender una antorcha en la ceremonia del Monte Herzl —aunque su participación fue grabada previamente por razones de seguridad ligadas al conflicto con Irán—. El presidente Isaac Herzog le entregará la Medalla de Honor Presidencial por su apoyo «incansable». También se reunirá con Netanyahu, a quien llama «un amigo» de «profunda admiración».

El contexto en el que se produce este viaje es el de mayor aislamiento internacional de Israel desde la fundación del Estado en 1948. La Comisión Internacional de Investigación de la ONU calificó la campaña sobre Gaza como una «campaña genocida». Amnistía Internacional y múltiples relatores de Naciones Unidas coincidieron en ese diagnóstico. El 12 de abril, la Global Sumud Flotilla —más de 70 embarcaciones de 100 países, 3.000 participantes— zarpó para romper el bloqueo israelí. Decenas de gobiernos llamaron a sus embajadores. La Corte Internacional de Justicia tiene abierto el proceso iniciado por Sudáfrica. Milei respondió declarando su apoyo «total y absoluto» al accionar de Israel y calificando de «cobardes» a los líderes que critican a Netanyahu.

El viaje arrastra además un posible problema internacional, pero con consecuencias doméstica de largo plazo: Malvinas. El posible anuncio del traslado de la embajada argentina a Jerusalén —que Milei volvió a confirmar como decisión tomada, aunque «dependiente de las circunstancias»— vulnera el principio de integridad territorial y puede activar el mecanismo del estoppel, que impide a un Estado sostener posturas contradictorias frente a un mismo principio en el derecho internacional. Argentina exige al mundo que respete ese principio en Malvinas mientras desafía las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el estatus de Jerusalén. La contradicción no pasó inadvertida en las cancillerías que el país necesita para sostener su reclamo soberano.


“El traslado de la embajada a Jerusalén pone en peligro a Argentina de cara al sistema multilateral. Representa un grave antecedente que pone en juego cuestiones que hemos sostenido por años.”  — Especialista en derecho internacional, según Perfil


La imagen del presidente encendiendo una antorcha en Tel Aviv tiene la contundencia de un símbolo involuntario. Milei eligió este viaje como señal identitaria en el preciso momento en que la distancia entre su agenda ideológica y la realidad es cada vez más notoria. Es la paradoja más costosa de un liderazgo que se va diluyendo enroscado en un dogmatismo cada vez más peligroso.

 

ANTONIO MUÑIZ

DATA POLITICA Y ECONOMICA

El comercio en terapia intensiva


La caída del poder adquisitivo, el desplome de las ventas y el deterioro del mercado interno configuran un escenario crítico. El comercio encabeza el cierre de empresas y expone, con crudeza, el pulso real de la economía argentina.


El comercio volvió a ubicarse en el centro de la escena económica, no por su dinamismo sino por su deterioro. En la Argentina actual, el sector funciona como un termómetro preciso: cuando cae el consumo, las primeras señales aparecen en las persianas bajas. Hoy, esa imagen se multiplica en todo el país.

Los datos más recientes confirman la magnitud del fenómeno. En el último año desaparecieron más de 3.100 empresas comerciales, convirtiendo al sector en el principal afectado por el cierre de firmas. A su vez, el comercio registró una caída del 7% en febrero, consolidándose como uno de los mayores factores de arrastre de la actividad económica.

No se trata solo de un problema sectorial. Es la expresión visible de un proceso más profundo: el debilitamiento del mercado interno.

El consumo, en retroceso sostenido

El deterioro del consumo es el eje estructural de la crisis. Las ventas en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía muestran caídas persistentes. En marzo, el consumo masivo volvió a contraerse y acumuló un primer trimestre negativo, con descensos que en grandes cadenas oscilaron entre el 6% y el 7%.

CABA en alerta: el cierre de comercios se dispara un 30% | Agencia Comunas

La tendencia no distingue regiones ni formatos comerciales. En supermercados, las ventas cayeron en las 24 jurisdicciones del país, mientras que en comercios barriales la baja también es generalizada.

Incluso en términos históricos, el retroceso es significativo. En algunas regiones como el NEA y el NOA, el consumo en supermercados se redujo más de un tercio en comparación con 2023, evidenciando un deterioro acelerado del poder de compra.

Salarios en caída y demanda debilitada

El factor determinante es el ingreso. La pérdida del poder adquisitivo atraviesa a todos los segmentos sociales. Los salarios reales acumulan caídas importantes frente a 2023: casi 38% en el sector público nacional, más del 15% en el ámbito provincial y también retrocesos en el sector privado registrado.

En paralelo, las políticas de asistencia social perdieron capacidad de sostén. Programas como la AUH y la Tarjeta Alimentar cubren hoy menos del 20% del costo de vida, reduciendo el piso mínimo de consumo.

El resultado es un círculo contractivo: menores ingresos generan menos consumo, lo que impacta directamente en las ventas y, finalmente, en la supervivencia de las empresas.

Cierres, ajuste y cambio en la estructura económica

El impacto sobre el tejido productivo es contundente. Durante 2025 cerraron más de 10.000 empresas en el país y la cifra supera las 22.600 si se toma el período desde fines de 2023.

El comercio lidera ese proceso, seguido por transporte, servicios inmobiliarios e industria manufacturera. En conjunto, estos sectores explican cerca del 90% de la destrucción neta de empresas.

A la par, la estructura económica muestra una reconfiguración preocupante: mientras crecen actividades primarias y financieras, retroceden los sectores que generan empleo y encadenamientos productivos.

En términos concretos, esto implica menos trabajo, menor circulación de ingresos y mayor fragilidad social.

Comercios al límite

En el territorio, la crisis adopta formas concretas. Comerciantes que reducen horarios, achican planteles o directamente cierran sus locales. Rubros como indumentaria, calzado, electrodomésticos y artículos para el hogar aparecen entre los más golpeados.

Cierres de comercios en La Plata - InfoPlatense

El aumento de costos —tarifas, alquileres, impuestos— agrava el escenario. En muchos casos, las ventas ya no alcanzan para cubrir gastos operativos básicos, lo que acelera decisiones de cierre o endeudamiento.

La situación es particularmente crítica para el comercio de cercanía, que depende del flujo diario de ingresos de los hogares. Cuando ese flujo se interrumpe, la actividad se paraliza.

Expectativas negativas y falta de horizonte

Las perspectivas no muestran señales claras de reversión. Más del 80% de las empresas prevé que las ventas se mantendrán iguales o caerán, mientras que una amplia mayoría no proyecta incorporar personal.

El problema no es solo coyuntural. La combinación de ajuste fiscal, caída de ingresos y ausencia de políticas de estímulo al mercado interno configura un escenario donde la recuperación aparece lejana.

Algunos sectores muestran leves repuntes o dinámicas específicas —como el comercio electrónico—, pero no alcanzan para compensar la caída generalizada del consumo.

El síntoma de una crisis más profunda

El deterioro del comercio no es un fenómeno aislado: es la manifestación más visible de una crisis económica que atraviesa al conjunto de la sociedad.

Cuando el consumo se retrae, no solo se enfría la actividad: se rompe el entramado productivo, se pierden empleos y se debilita la cohesión social.

En ese contexto, el comercio deja de ser un simple sector para convertirse en un indicador clave. Hoy, ese indicador marca con claridad el momento: una economía que crece en algunos márgenes, pero se contrae en su base más vital, el mercado interno.

La pregunta ya no es si el comercio está en crisis, sino cuánto más puede resistir sin una recomposición real del poder adquisitivo y de la demanda.

REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA

La deuda que no aparece en el superávit

 

El Gobierno pisó más de $2 billones en gastos durante marzo y la actividad registró su peor caída desde la pandemia. La City empieza a cuestionar la sostenibilidad del ancla fiscal.


La Tesorería General de la Nación registró en marzo el mayor incremento mensual de deuda flotante desde que Javier Milei asumió la presidencia: $2,1 billones en un solo mes, que llevaron el total a $4 billones. Al mismo tiempo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC marcó en febrero una caída de 2,6% intermensual desestacionalizado, la contracción más pronunciada desde abril de 2020. La combinación de esos dos datos encendió señales de alarma en el mercado financiero sobre la verdadera solidez del superávit primario que el gobierno exhibe como principal logro de su gestión



LA MECÁNICA DEL NÚMERO QUE NO CIERRA

La deuda flotante es, en términos técnicos, el gasto devengado por el Poder Ejecutivo pero no pagado dentro del período contable. Es decir: el Estado comprometió erogaciones que no se reflejan como gasto en la caja del mes. Ese mecanismo, legítimo en sí mismo, se convierte en una variable de observación crítica cuando su crecimiento es sostenido o acelerado, porque puede indicar que el superávit fiscal presentado no registra la totalidad del gasto real del período.

En marzo, ese stock trepó de $1,9 billones a $4 billones. La consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) subrayó en un informe a sus clientes que la Administración Central explicó apenas el 42% del superávit del Sector Público Nacional No Financiero —que fue de $0,93 billones—, lo que abre interrogantes sobre qué porción de ese resultado refleja una consolidación genuina y qué porción es un ajuste postergado.

E l fenómeno no sorprende a los analistas en abstracto: postergar pagos es un recurso habitual en la administración pública. Lo que preocupa en este caso es la escala del salto —$2,1 billones en treinta días— y el contexto en que se produce: una recaudación impositiva que acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales y una economía que todavía no logra despegar de la recesión de 2024.

UNA ECONOMÍA REAL QUE NO ACOMPAÑA

El EMAE de febrero fue el termómetro más crudo de la situación. La caída de 2,6% respecto de enero —en la serie desestacionalizada— superó los registros de la crisis postelectoral de 2019, del estallido social de 2001 y de otros episodios de contracción aguda. Solo la pandemia, en abril de 2020, había golpeado más fuerte.

La heterogeneidad sectorial agrava el diagnóstico. Mientras algunos rubros intensivos en capital —minería, agro exportador— se sostienen o crecen, los sectores que concentran empleo formal e informal acumulan caídas de magnitud:

La construcción acumula una caída de 22,4% desde diciembre de 2023, lo que equivale a la destrucción de más de un quinto de su capacidad productiva en poco más de dos años. La industria manufacturera, con −8,8% en el mismo período, atraviesa una contracción estructural que golpea de lleno a provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

EL ANCLA FISCAL Y SUS GRIETAS

El ministro de Economía, Luis Caputo, convirtió el superávit fiscal en el principal relato de gestión del gobierno. La idea es que el orden de las cuentas públicas constituye la condición necesaria para estabilizar la inflación, sostener el tipo de cambio y reiniciar el ciclo de crédito. Esa narrativa funcionó durante 2024, cuando el ajuste fue brutal pero los mercados lo valoraron como señal de seriedad.

En 2026, el escenario se complejizó. La recaudación cayó en términos reales durante ocho meses consecutivos. El rebote de la actividad que se esperaba para el primer trimestre no llegó. Y el Gobierno recurrió a una combinación de ajuste explícito —Caputo exigió en los últimos días a todos los ministerios una nueva ronda de reducción de erogaciones— y ajuste implícito, vía postergación de pagos.


«Sin un rebote claro de la actividad, el esquema enfrenta un desafío que los números de caja no alcanzan a ocultar»


El problema de fondo es la secuencia: si la actividad no se recupera, la recaudación no se recupera; si la recaudación no se recupera, la presión sobre el gasto se intensifica; y si el gasto se contiene postergando pagos, la deuda flotante crece hasta el punto en que el diferimiento se convierte en problema en sí mismo. Ese círculo, aún incipiente, es el que los inversores de la City empezaron a poner bajo la lupa.

¿QUÉ MIRAN LOS INVERSORES?

Para el mercado, la señal más relevante no es el dato puntual de marzo —que puede atribuirse a factores estacionales o a demoras administrativas normales— sino la tendencia. Si la deuda flotante continúa creciendo a este ritmo en abril y mayo, el superávit primario base caja comenzará a mostrar una brecha creciente respecto del devengado, y ese diferencial erosionará la credibilidad de la variable que el Gobierno usa para anclar las expectativas.

La segunda lectura que hace la City es sobre el timing político: el gobierno enfrenta elecciones legislativas de medio término en octubre. La historia argentina sugiere que los ciclos de ajuste pre-electoral suelen relajarse en el segundo semestre, lo que añade presión adicional sobre el resultado fiscal del año.

El superávit sigue siendo real. Pero los instrumentos con que se construye —postergación de pagos, reducción acelerada de obra pública, caída del gasto social en términos reales— tienen límites físicos y políticos. Ese es el interrogante que los analistas no se atreven todavía a responder con certeza: cuánto aguanta el ancla si la economía real no provee el combustible que la sostiene.

NR

¿El fin del viejo orden político?

 La visita de Peter Thiel a la Argentina esta semana —diez días de agenda reservada, reuniones con Santiago Caputo y un encuentro formal con Javier Milei en la Casa Rosada— puso sobre la mesa, sin que nadie lo nombrara, el debate que la política argentina parece incapaz de darse, el poder creciente de las plataformas tecnológicas sobre el Estado, la economía y la democracia.

Por Antonio Muñiz


El algoritmo manda

Durante dos siglos, la política occidental giró sobre un eje único: cuánto Estado y cuánto mercado. Fue una disputa feroz, costó guerras, generó constituciones. Hoy ese debate es un anacronismo. No porque alguno de los dos bandos haya ganado, sino porque llegó un tercero que los desplazó a los dos sin pedir permiso: el algoritmo.

No es una metáfora. Cuando el sistema de recomendación de Amazon decide qué productos existen para un consumidor determinado, no opera dentro de un mercado, construye ese mercado. Cuando el algoritmo de X filtra lo que un ciudadano ve en las 48 horas previas a una elección, no interviene en la democracia, es la democracia, para ese ciudadano, en ese momento. La distinción entre herramienta y sistema ya no existe. Lo que queda es una forma de gobierno que no figura en ninguna constitución, pero sí tiene efectos soberanos reales.


  • «No estamos ante una nueva forma de capitalismo. Estamos ante su sucesor: un sistema donde la renta la extrae el algoritmo de la existencia misma de millones de usuarios.»  Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo (2023)


El nombre provisional de ese sistema es tecnofeudalismo. Su linaje arranca en el neoliberalismo de los años ochenta, que plantó el axioma fundante: el mercado procesa información mejor que el voto.

Silicon Valley lo radicalizó hasta su conclusión lógica, si el mercado sabe más que la mayoría, el algoritmo sabe más que el mercado. Y si el algoritmo gobierna mejor que la política, entonces la política sobra. Esa cadena de razonamiento no fue enunciada en voz alta durante décadas. Ahora se ejecuta sin disimulo.

Un saqueo sin armas.

El caso más transparente ocurrió en 2025. Elon Musk —el hombre más rico del mundo, con contratos por miles de millones de dólares con el gobierno federal estadounidense— asumió como asesor especial sin cargo electo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. Sus equipos de ingenieros de veintitantos años recorrieron sin previo aviso agencias del Estado más poderoso del mundo. Accedieron a bases de datos del Tesoro, del IRS, de la Seguridad Social. Más de treinta demandas judiciales bloquearon parcialmente esas acciones. Cuando Musk se fue, cuatro meses después, la estructura de poder que instaló permaneció.

Lo que el DOGE dejó en evidencia no es que un millonario capturó transitoriamente al Estado. Demostró algo más profundo, que la infraestructura técnica del Estado moderno ya no es administrable por funcionarios electos sin el concurso de actores privados que poseen el conocimiento, los sistemas y los datos. El Estado se volvió dependiente de la plataforma para funcionar. Y esa dependencia no requiere soborno ni coerción. Solo requiere incompetencia técnica relativa, que el sistema garantiza al mantener deliberadamente la asimetría de conocimiento.

La misma lógica opera a escalas menores, pero igualmente reveladoras, los sistemas de salud que corren en Amazon Web Services, los registros civiles alojados en Google Cloud, las comunicaciones gubernamentales que transitan por Microsoft Azure. En todos esos casos, la corporación que provee la infraestructura tiene acceso real —y en muchos casos legal, según sus propios contratos de servicio— a datos sobre los que el Estado pretende ejercer soberanía. La soberanía digital es, para la mayoría de los países, una ficción que nadie se ha atrevido todavía a nombrar como tal.

El voto como ritual. 

La democracia liberal descansa sobre un supuesto que el algoritmo ha convertido en cuento, que el ciudadano razonablemente informado emite un voto que agrega preferencias colectivas. Ese supuesto fue siempre imperfecto. Ahora es operativamente falso.

Cuando Meta determina que el contenido emocionalmente polarizante maximiza el tiempo de permanencia y por tanto lo amplifica sistemáticamente, no está distorsionando el debate democrático, está construyendo ese debate para los cientos de millones de personas que forman sus opiniones principalmente a través de esa plataforma. Las revelaciones de Frances Haugen en 2021 documentaron lo que muchos ya intuían, el sistema amplifica la ira y el miedo porque generan más adhesión que la información rigurosa. La democracia que ese algoritmo produce es, estructuralmente, una democracia del resentimiento.

La inteligencia artificial generativa agrava el problema hasta hacerlo cualitativamente distinto. Los modelos de lenguaje de gran escala pueden producir, a costo marginal prácticamente nulo, contenido político personalizado por individuo, adaptado a sus sesgos cognitivos específicos, en el idioma y el registro afectivo que maximiza su impacto. Una campaña de desinformación que en 2016 requería ejércitos de trolls humanos puede ejecutarse hoy con un prompt y una tarjeta de crédito. La asimetría entre quien puede producir ese contenido y quien lo consume sin herramientas para detectar su artificialidad es la asimetría de poder más relevante de la política contemporánea. No tiene regulación efectiva.


  • «El voto no desaparece. Se convierte en la firma al pie de un contrato cuyas cláusulas el ciudadano no leyó porque el algoritmo nunca se las mostró.»

 

Hay una segunda columna de la democracia que también se está vaciando, por una vía diferente pero convergente, la complejidad técnica del gobierno en la era digital supera la capacidad de comprensión y control de cualquier funcionario electo.

Ningún legislador comprende realmente el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial que su gobierno ya utiliza para asignar prestaciones sociales, evaluar riesgos crediticios, determinar quién es sujeto de vigilancia o decidir qué solicitudes de asilo se procesan primero. Ningún ministro tiene la formación técnica para auditar los modelos que sus agencias emplean. Esa brecha no es accidental. Es la condición de posibilidad de una nueva forma de gobierno en la que las decisiones las toman sistemas opacos que nadie eligió y que nadie puede revocar.

El paso siguiente ya se formula como propuesta explícita en los círculos de poder de Silicon Valley, si el representante humano no puede gestionar la complejidad del Estado moderno, hay que reemplazarlo por un agente de inteligencia artificial que sí puede. El argumento es el mismo que usa Curtis Yarvin —el programador convertido en filósofo del neorreaccionarismo— para defender al CEO soberano: eficiencia técnica versus disfunción democrática. J.D. Vance, hoy vicepresidente de los Estados Unidos, es discípulo declarado de esa corriente.

El horizonte no es especulativo. Ya existen estados locales que usan IA para asignar recursos, algoritmos judiciales que recomiendan sentencias, sistemas automatizados que determinan el acceso a beneficios sociales. El paso del apoyo a la decisión humana al reemplazo de la decisión humana es una pendiente, no un abismo. Y se está recorriendo.

Los arquitectos del nuevo poder.

Los nombres son conocidos y no tan conocidos. Peter Thiel lo formuló sin eufemismos: la democracia y la libertad son incompatibles, porque la mayoría siempre vota contra el capital. Yarvin construyó la filosofía: el Estado como empresa con CEO soberano, sin parlamentos ni partidos, sin rendición de cuentas horizontal. Musk ejecutó el experimento en vivo. Y Vance le da cobertura institucional desde la segunda magistratura del país más poderoso del mundo.

El tecnofeudalismo no necesita abolir la democracia. Solo necesita vaciarla de contenido y conservar su carcasa. Una democracia como forma sin sustancia es más útil que su abolición directa: legitima sin obligar. Esa es la novedad del sistema: opera en la legalidad, usa las instituciones como pantalla y convierte el lenguaje de la eficiencia y la innovación en ideología.

Hay que entender eso con precisión. Cuando Musk dice que el DOGE ahorra al gobierno un millardo de dólares por día, no está describiendo contabilidad, está construyendo una narrativa de legitimidad para la captura del Estado por intereses privados. Cuando los aceleracionistas afirman que hay que precipitar el colapso institucional para que emerjan formas superiores, no hacen pronóstico tecnológico, hacen política reaccionaria en código de ciencia ficción.

Lo que viene. 

Proyectar las consecuencias de lo que ya ocurre no es ciencia ficción sino extrapolación de tendencias concretas. El escenario más probable, si no hay resistencia organizada, es la consolidación de un sistema donde la IA de próxima generación permite a las plataformas modelar el comportamiento político a escala individual, anticipar la disidencia antes de que se organice y suprimirla sin violencia visible. Los Estados ceden soberanía monetaria a criptomonedas privadas. Las funciones de educación, salud, seguridad y justicia migran a actores que operan fuera del alcance del derecho público. El transhumanismo estratifica definitivamente la especie. La extensión de vida y la cognición aumentada disponibles para quien pueda pagarlas. La desigualdad económica, ahora con las nuevas tecnologías  se vuelve biológica.

Existe otro camino, más difícil, la presión social organizada fuerza a las plataformas a operar bajo lógica de servicio público. Los datos de los usuarios dejan de ser propiedad corporativa y pasan a ser bien colectivo con regulación democrática. Los sistemas de IA son auditables, explicables y responsabilizables. Ese escenario requiere exactamente lo que el tecnofeudalismo destruye sistemáticamente, una ciudadanía informada, instituciones con autonomía real y voluntad política de largo plazo.

Entre esos extremos está la fragmentación. Europa regula sin coordinación global efectiva, Estados Unidos oscila según qué partido gobierne, China consolida su propio bloque tecnofeudal bajo control estatal. Y los países del Sur Global quedan atrapados entre sistemas que no controlan, en una nueva forma de dependencia que no requiere colonia ni deuda, basta con no tener soberanía digital.

Argentina en el tablero mundial. 

Argentina no es excepción a este proceso. Es su versión periférica más ilustrativa. Un gobierno que importó la retórica de Silicon Valley para legitimar el desmantelamiento del Estado, en un país sin soberanía digital, sin infraestructura tecnológica propia, sin marco legal para los datos de sus ciudadanos, está cediendo soberanía real a actores que no responden ante ningún argentino. No es un problema del futuro. Es el presente.

El poder que no se nombra no se disputa. Esa es la razón por la que los arquitectos del tecnofeudalismo prefieren que este debate ocurra lo menos posible en el espacio público, envuelto siempre en jerga técnica, en promesas de eficiencia, en la ilusión de que el cambio es neutro porque lo hace una máquina.

No lo es. Detrás de cada algoritmo hay una decisión política, una jerarquía de valores, un poder al que se sirve. La pregunta política no desapareció. Solo cambió de dónde se hace.

¿Qué forma de organización colectiva puede disputar poder a un sistema que controla la información, el dinero, la infraestructura y, si nadie lo impide, el Estado mismo? Esa pregunta no tiene respuesta técnica, solo tiene una respuesta desde la política.

 


Fuentes

Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo (2023). Cédric Durand, Tecnofeudalismo. Crítica de la economía digital (2020). Curtis Yarvin (Mencius Moldbug), Unqualified Reservations (2007-2013). Peter Thiel, Zero to One (2014). Le Grand Continent, «DOGE: anatomía del golpe de Estado digital» (marzo 2025). Frances Haugen, testimonio ante el Congreso de EEUU (2021). Tomás Borovinsky, análisis político.