PENSAR LA NACION . ANTONIO MUÑIZ

 EL PENSAMIENTO NACIONAL Y UNA HERENCIA QUE EXCEDE LOS NOMBRES PROPIOS

Por qué el pensamiento nacional argentino del siglo XX sigue siendo una caja de herramientas para pensar la Nación

Cada tanto vuelve la tentación de resumir el pensamiento nacional argentino en una galería de próceres: Cooke, Jauretche, Hernández Arregui, Ramos, algún nombre más según el gusto de quien haga la lista. Es una simplificación cómoda y, por eso mismo, engañosa. Reducir un proceso colectivo a un puñado de autores es exactamente el tipo de operación que esos mismos pensadores denunciaban cuando criticaban al liberalismo argentino por escribir la historia como sucesión de individualidades iluminadas. El pensamiento nacional del siglo XX no fue la obra de unos pocos intelectuales brillantes. Fue una tradición construida en capas sucesivas, por corrientes que discreparon entre sí tanto como discreparon con sus adversarios comunes, y que dejó una herencia mucho más extensa que cualquiera de sus autores individuales.

Este artículo se ocupa de esa herencia ampliada: de dónde viene, qué ejes atraviesan cien años de producción heterogénea, y por qué —más allá de cualquier nostalgia— rescatarla sigue siendo un instrumento necesario para pensar la Nación en 2026.

Una genealogía más larga que sus nombres propios

La tradición nacional no nace con FORJA en 1935, aunque ese sótano de Corrientes sea un punto de condensación decisivo. Tiene una prehistoria en el radicalismo yrigoyenista, que fue la primera fuerza política argentina en plantear —de manera todavía imprecisa, pero real— la incorporación de las mayorías populares al régimen político y una sospecha instintiva sobre el poder de las corporaciones extranjeras. De ahí en más, la genealogía se ramifica en direcciones que conviene distinguir antes de buscar lo que tienen en común.

Está el revisionismo histórico, con Manuel Gálvez, los hermanos Irazusta y Ernesto Palacio a la cabeza, que reescribió la historia oficial mitrista para devolverle centralidad a Rosas, a las autonomías provinciales y a la resistencia frente a las potencias británica y francesa: una historia pensada desde acá, no desde el atlas europeo.



Está la elaboración doctrinaria del peronismo histórico, que sintetizó —con las tensiones y ambigüedades propias de todo movimiento de masas— nacionalismo popular, industrialización y ampliación de derechos sociales, y que hizo del Estado un instrumento de decisión propia antes que un administrador de recetas ajenas.

Está el ensayismo de Raúl Scalabrini Ortiz, que unió erudición ferroviaria con una prosa capaz de instalar en el sentido común la idea de la Argentina como colonia informal del capital inglés. Y está, más acá en el tiempo, la reelaboración que hicieron de todo eso las generaciones setentistas, con sus aciertos, sus tragedias y sus saldos abiertos. La economía estructuralista de Prebisch, Diamand o Ferrer forma parte de este mapa —le puso números y mecanismos al diagnóstico de la dependencia— pero es una pieza entre varias, no la matriz que explica a las demás: el pensamiento nacional fue, ante todo, una postura sobre desde dónde se piensa, no una escuela económica.

A esto hay que sumarle el plano que quizás mejor explica por qué esta tradición prendió tan hondo: la cultura popular. El tango de Discépolo y Manzi, el folklore de los años cuarenta y cincuenta, buena parte del cine y la literatura de la época, difundieron en clave sensible lo que el ensayo formulaba en clave conceptual. Ahí está, en realidad, el núcleo de todo: la zoncera, en el sentido de Jauretche, no se combate solamente con contraargumentos técnicos —se combate con otra sensibilidad, otra manera de nombrarse a sí mismo. Un país que no produce su propia música, su propia narrativa, su propio humor sobre lo que le pasa, termina pensándose con las palabras que le prestan otros. Esa dimensión estética y afectiva no es un anexo decorativo de la tradición nacional: es, junto con la política, su terreno principal.

El pensamiento nacional no fue, ante todo, una escuela económica: fue una postura sobre desde dónde se piensa. Una conversación de un siglo entre historiadores, militantes y artistas que discreparon en casi todo salvo en una convicción de fondo —la Argentina no podía pensarse con categorías importadas, tenía que construir las propias.

Los ejes que atraviesan el siglo

Más allá de esta diversidad de registros y de las diferencias —a veces irreconciliables— entre sus protagonistas, es posible identificar un núcleo de problemas comunes que la tradición nacional formuló una y otra vez, con vocabularios distintos según la época.

El primero, y el que ordena a todos los demás, es la convicción de que la Argentina tiene que pensarse desde sí misma. No se trata de un reflejo antiintelectual ni de un rechazo a las ideas venidas de afuera: se trata de negarse a aplicar sobre un país semicolonial, sin traducción ni crítica, los diagnósticos y las recetas elaboradas para resolver los problemas de otros países, en otras condiciones históricas. Del revisionismo al peronismo, de Scalabrini a la Izquierda Nacional, la operación de fondo es siempre la misma: mirar la realidad propia con ojos propios antes de preguntar qué manual extranjero corresponde aplicarle. Un pensamiento situado, no un pensamiento importado —esa es, más que cualquier tesis puntual, la marca de fábrica de la tradición nacional.

El segundo es que la batalla cultural es, ella misma, batalla política, y no su antesala ni su decoración. Hernández Arregui lo formuló con crudeza: quien controla el sentido común —qué es razonable, qué es utópico, qué historia se enseña, qué modelo de país se da por sentado— controla de antemano los límites de lo que la política puede discutir. No hace falta ganar una elección para perder un país: alcanza con perder la disputa por las palabras con las que ese país se piensa a sí mismo. Por eso la tradición nacional invirtió tanto en historia, en lengua, en símbolos, en relato, con la misma seriedad con que invirtió en economía: sabía que ningún programa sobrevive si el terreno cultural en el que debería sostenerse ya fue conquistado por el adversario.

El tercero es la inseparabilidad entre la cuestión nacional y la cuestión social. Frente a un liberalismo que trataba ambas cuestiones como asuntos distintos —la primera, de política exterior; la segunda, de política social— la tradición nacional insistió en que no hay soberanía posible sin distribución del ingreso, ni justicia social sostenible sin capacidad de decisión autónoma sobre los resortes del país. Esa fusión, que hoy puede sonar obvia, fue en su momento una ruptura con el sentido común de las élites ilustradas argentinas, que solían pensar ambas cuestiones —cuando las pensaban— por separado y con manuales distintos.

El cuarto es la centralidad de las mayorías y el pueblo organizado como sujeto del cambio, y la consiguiente sospecha frente a cualquier variante de vanguardismo, sea armado o tecnocrático. La experiencia argentina del siglo XX —de FORJA al peronismo, de la Resistencia a los intentos guerrilleros de los setenta— dejó una lección dolorosamente aprendida: ninguna transformación que prescinda de la organización popular real se sostiene en el tiempo, por más correcto que sea su diagnóstico, y menos si ese diagnóstico fue copiado de otra experiencia sin preguntarse si acá servía.

El quinto, menos citado pero igual de decisivo, es la tensión permanente entre lealtad política y lucidez crítica. La tradición nacional no fue una escuela de obsecuencia. Sus mejores exponentes acompañaron al movimiento popular sin renunciar a discutirlo puertas adentro, y esa combinación —compromiso sin genuflexión— es quizás el rasgo más difícil de sostener y más urgente de recuperar en un presente de adhesiones automáticas.

Por qué esta herencia importa en 2026

La Argentina atraviesa hoy un experimento de apertura comercial y financiera, reducción del Estado y disciplinamiento fiscal que se presenta, una vez más, como la única alternativa racional frente a décadas de supuesto populismo irresponsable. Es exactamente el tipo de relato que la tradición nacional entrenó durante un siglo para desarmar: no negando la existencia de problemas reales —inflación, déficit, ineficiencias del Estado— sino cuestionando la pretensión de que solo hay una manera de resolverlos y de que esa manera es ajena a toda decisión política.

La batalla cultural, en particular, se libra hoy con una intensidad que quizás ni Hernández Arregui pudo anticipar. La zoncera contemporánea no necesita sótanos radicales ni panfletos mimeografiados: circula en redes sociales, en informes de consultoras, en la gramática de la eficiencia, el mérito individual y el emprendedorismo, con la misma función que cumplían las zonceras de 1935 —presentar como sentido común universal, incuestionable, lo que en rigor es un interés particular travestido de verdad técnica. Disputar ese sentido común, palabra por palabra, relato por relato, no es una tarea accesoria de la política: es, otra vez, la política misma.

Ese mismo criterio —pensar desde acá, no importar recetas— es el que debería aplicarse a los problemas materiales del presente: qué estructura productiva, qué inserción internacional, qué matriz energética y qué modelo de trabajo necesita la Argentina no son preguntas que se respondan copiando un manual, sea el del ajuste ortodoxo o el de cualquier heterodoxia importada sin beneficio de inventario. La tradición nacional no legó fórmulas cerradas para el 2026 —ninguna tradición las tiene—, legó el hábito de desconfiar de las respuestas que llegan ya elaboradas desde afuera y de construir, con datos y con historia propia, las que hacen falta acá.

Algo equivalente ocurre con la cuestión social. El trabajo se fragmenta, se precariza, se automatiza a un ritmo que ningún autor del siglo XX pudo prever en sus términos actuales. Pero la convicción de que no hay proyecto nacional viable sin una distribución del ingreso que incluya a las mayorías sigue siendo, si acaso, más urgente que en 1945 o en 1973, precisamente porque las tecnologías de exclusión son hoy más sofisticadas —y más difíciles de nombrar— que entonces.

No se trata de repetir consignas de otra época sino de sostener, con problemas nuevos, la misma actitud de fondo: pensar la Nación desde nosotros, disputar el sentido común palabra por palabra, y construir las propias recetas en lugar de importar las ajenas.


Rescatar sin embalsamar

Recuperar esta herencia no significa convertirla en dogma ni tratar a sus autores como si hubieran resuelto de antemano los problemas del presente. Sería, otra vez, la zoncera de creer que hay un texto sagrado capaz de explicarlo todo —o, peor, cambiar una receta importada por otra, con otra bandera. Significa, más modestamente, sostener una actitud: pensar la Argentina desde sí misma antes que desde el manual de turno, sea el de la ortodoxia o el de cualquier heterodoxia de manual; dar la batalla cultural con la misma convicción con que se da la batalla política, porque son la misma batalla; y construir las propias recetas, con los propios datos y la propia historia, en lugar de importarlas ya hechas.

Esa actitud —más que cualquiera de sus conclusiones particulares— es la herencia viva del pensamiento nacional argentino. Un siglo de autores que discreparon entre sí en casi todo dejó, sin proponérselo, algo más valioso que un recetario: dejó el hábito de pensarse desde acá. Setenta, ochenta, noventa años después, esa actitud —más que ninguna fórmula concreta— es la que la Argentina necesita volver a ejercitar.

Equipo de Redacción — DATA Política y Económica

Una operacion de pinzas perfecta

Mientras el RIGI, el REIBP y la inocencia fiscal blindan la renta de los recursos naturales, el mismo esquema exprime al resto de la sociedad con salarios pisados, tarifazos, tasas altas y un dólar planchado que financia la bicicleta. Es una sola operación con dos manos: una se queda con lo de abajo, la otra con lo de afuera.

DATA POLÍTICA Y ECONÓMICA   |   Sección: Economía Política

Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso el modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo: una pinza. Con una mano, el Estado le garantiza al capital concentrado —minero, energético, financiero— la propiedad de la renta de los recursos naturales por treinta años, sin retenciones, con Ganancias más baja y litigio en el CIADI si algo sale mal. Con la otra, exprime al resto de la sociedad —asalariados, jubilados, pequeños comercios, industria pyme— a través del ajuste fiscal, el tarifazo de los servicios públicos y una tasa de interés que sostiene una timba financiera cada vez más autorreferencial. No son dos políticas separadas. Es una sola ecuación: lo que el Círculo Rojo no arriesga en un lado, lo cobra garantizado en el otro.

La renta que no se toca

El primer brazo de la pinza ya es conocido: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) blinda por tres décadas a los proyectos mineros y energéticos con Ganancias reducida del 35% al 25%, sin retenciones a la exportación y con giro de utilidades facilitado; el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) congela hasta 2038 la alícuota patrimonial de las grandes fortunas; el nuevo esquema de inocencia fiscal invierte la carga de la prueba a favor de quien tiene que explicar de dónde salió la plata. Marcelo Diamand ya había descrito el patrón hace medio siglo: una fracción de la burguesía local que no compite transformando recursos en valor agregado, sino capturando la renta diferencial de lo que la naturaleza da gratis —ayer la pampa húmeda, hoy el litio, el cobre y Vaca Muerta— sin asumir jamás el riesgo empresario que supone invertir en una estructura productiva desequilibrada.

El ajuste como máquina de transferencia

El segundo brazo de la pinza se ejecuta sobre los ingresos de quienes no tienen forma de blindarse. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, difundido en abril de 2026, midió que el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3% desde noviembre de 2023, quedando por debajo de los niveles de 2001. Los salarios del sector público perdieron 17% de poder adquisitivo en el mismo período; los privados, casi 5%. La consultora Mercer proyectó para 2026 aumentos salariales corporativos en torno al 26%, por debajo de la inflación esperada, lo que confirma que la licuación no fue un costo transitorio de la estabilización sino una política sostenida en el tiempo.

A esa licuación salarial se suma el tarifazo. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, la electricidad acumuló un aumento del 494% desde el inicio de la gestión Milei y el gas natural, del 2.073%, muy por encima de una inflación acumulada del 311,9% en el mismo lapso. El propio esquema de subsidios fue rediseñado para que el usuario residencial pase de cubrir en promedio el 55% del costo real de la energía a cubrir el 76% en electricidad y el 79% en gas durante 2026. Es, otra vez, la misma lógica de la renta de los recursos naturales aplicada puertas adentro: las empresas de energía y agua, muchas bajo procesos de privatización o desregulación tarifaria, recomponen su rentabilidad trasladando el costo completo al consumidor cautivo, sin que exista compensación salarial que lo absorba.

La bicicleta que no para

El tercer brazo es financiero. El Banco Central sostuvo durante buena parte de 2026 tasas de interés reales elevadas para incentivar la migración de dólares a instrumentos en pesos, en un esquema de tipo de cambio administrado que el propio mercado empezó a describir como atraso cambiario. Economistas como Sergio Chouza cuantificaron esa apreciación en torno al 12% acumulado en el año, mientras que reportes financieros registraron ganancias en moneda dura cercanas al 12% en apenas cincuenta días entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 para quien apostó al carry trade. Es la bicicleta de siempre, con un agregado: mientras el rendimiento financiero en dólares bate récords para quien tiene el capital líquido para jugarla, la macroeconomía real —industria, exportaciones no tradicionales, empleo privado registrado— pierde competitividad cambiaria mes a mes, porque el dólar barato que financia la timba es el mismo dólar caro que encarece producir en el país.

El resultado es una arquitectura donde ganar plata sin producir nada se volvió más rentable que invertir en producir. El Círculo Rojo no necesita arriesgar capital en una fábrica cuando puede obtener en el mercado de pesos, con riesgo acotado por la promesa de estabilidad cambiaria, un retorno en dólares que ninguna actividad productiva real ofrece hoy en la Argentina. Fundación Fundar documentó la consecuencia esperable: la inversión privada cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026 y la importación de bienes de capital retrocedió 13,9% en junio. El capital que no se aventura en la economía real encuentra, en el propio diseño de la política monetaria, un refugio más cómodo y más rentable.

Una sola apropiación, dos objetos

Leídos por separado, el RIGI, el tarifazo y el carry trade parecen políticas sectoriales con lógicas propias: inversión, energía, estabilización monetaria. Leídos juntos, describen una única operación de apropiación con dos objetos simultáneos. Por un lado, la renta de los recursos naturales no renovables, que sale del subsuelo con el fisco atado de manos por treinta años. Por otro, la renta que genera el resto de la sociedad con su trabajo, su consumo cautivo de servicios esenciales y su ahorro forzado en instrumentos en pesos: todo ese excedente termina, por rutas distintas, en el mismo lugar. Eduardo Basualdo llamó a este patrón valorización financiera del capital: la ganancia no nace de ampliar la frontera productiva, sino de administrar posiciones de privilegio —normativo, tarifario, financiero— frente a un Estado que dejó de arbitrar entre sectores y pasó a garantizar el reparto a favor de uno solo.

La diferencia con etapas anteriores del mismo patrón no es de naturaleza sino de blindaje jurídico. Nunca antes la extracción de renta —la de los recursos naturales y la del resto de la sociedad— había quedado tan protegida contra la posibilidad de una corrección futura por la vía electoral. El Círculo Rojo lo sabe, y por eso elige bando sin ambigüedades en la disputa que viene: no necesita ganar todas las elecciones, le alcanza con que ninguna ley pueda tocarle lo que ya aseguró. La pregunta pendiente es si una correlación de fuerzas distinta —como ocurrió otras veces con privilegios que se creyeron eternos— todavía tiene margen para reabrir esa discusión, o si la pinza terminó de cerrarse antes de que la política encontrara el modo de discutirla.

Malvinas y el Atlántico Sur: de Madrid a Milei, el desafío de recuperar una política exterior soberana

Treinta y seis años después de los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido consolidó su control político, militar y económico sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La pregunta ya no es solamente cómo recuperar las islas, sino cómo reconstruir una política exterior soberana que responda al interés nacional y no quede subordinada a las prioridades estratégicas de otras potencias.


Las guerras no siempre terminan cuando callan las armas.

En muchas ocasiones continúan durante décadas mediante tratados diplomáticos, acuerdos económicos, alianzas militares y decisiones políticas que, lentamente, modifican la relación de fuerzas entre los Estados.

La historia de Malvinas después de 1982 puede leerse desde esa perspectiva.

Sin renunciar nunca a su reclamo jurídico, la Argentina fue adoptando una serie de decisiones diplomáticas que permitieron al Reino Unido consolidar su dominio efectivo sobre las islas mientras la discusión por la soberanía quedaba, en los hechos, congelada.

Los Acuerdos de Madrid marcaron el inicio de ese proceso. El comunicado Foradori-Duncan, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, profundizó esa lógica. Y la política exterior impulsada por Javier Milei parece abrir una tercera etapa, caracterizada por un alineamiento estratégico con Estados Unidos y el Reino Unido que algunos analistas denominan la «atlantización» de la política exterior argentina.

Madrid: el comienzo de un nuevo paradigma

En 1989 y 1990, el gobierno de Carlos Menem restableció plenamente las relaciones diplomáticas con el Reino Unido mediante los Acuerdos de Madrid.

Su eje fue la denominada «fórmula del paraguas», que permitió avanzar en acuerdos sobre pesca, navegación, comunicaciones, cooperación científica y cuestiones militares dejando al margen el conflicto por la soberanía.

Desde el punto de vista jurídico, la Argentina mantuvo intacto su reclamo sobre las Islas Malvinas.

Pero desde una perspectiva política y estratégica, el Reino Unido obtuvo aquello que necesitaba: estabilidad diplomática para administrar el archipiélago sin afrontar mayores costos internacionales.

Mientras Buenos Aires reiteraba anualmente su reclamo ante las Naciones Unidas, Londres consolidaba hechos consumados.

Las licencias pesqueras comenzaron a generar ingresos millonarios.

La exploración de hidrocarburos avanzó sobre la plataforma continental.

La base militar de Monte Agradable se transformó en uno de los principales enclaves estratégicos occidentales en el Atlántico Sur.

Con el paso del tiempo, la correlación de fuerzas empezó a favorecer exclusivamente a quien ejercía el control efectivo del territorio.

El acuerdo Macri-May

La segunda gran controversia llegó en septiembre de 2016.

El comunicado conjunto firmado por el vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro británico Alan Duncan propuso «remover todos los obstáculos» que limitaran el crecimiento económico de las Islas Malvinas.

La redacción fue interpretada por amplios sectores políticos, diplomáticos y académicos como una señal favorable a la consolidación económica del enclave británico, particularmente en materia de pesca, hidrocarburos, transporte aéreo y cooperación científica.

Aunque el gobierno de Mauricio Macri sostuvo que el reclamo de soberanía permanecía inalterable, el acuerdo fue ampliamente cuestionado porque desplazaba el eje de la discusión hacia la cooperación económica mientras el conflicto de fondo continuaba sin resolverse.

Años más tarde, las declaraciones del propio Carlos Foradori sobre las circunstancias en que se desarrolló aquella negociación reavivaron las críticas. Finalmente, el entendimiento fue dejado sin efecto por el gobierno argentino en 2023.

Milei y una nueva etapa

La llegada de Javier Milei a la Presidencia introdujo un cambio diferente.

Ya no se trata únicamente de normalizar relaciones diplomáticas o impulsar acuerdos sectoriales.

La política exterior argentina pasó a privilegiar explícitamente el alineamiento con el bloque occidental liderado por Estados Unidos.

La alianza con Washington, el acercamiento político al Reino Unido, la cooperación con la OTAN y la asociación estratégica con Israel constituyen hoy los principales ejes de la inserción internacional promovida por la Casa Rosada.

El Gobierno sostiene que esa estrategia permitirá fortalecer la posición internacional de la Argentina y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.

Sin embargo, hasta el momento ese acercamiento no produjo avances verificables en la negociación por la soberanía de las Islas Malvinas.

Londres mantiene inalterable su posición histórica, continúa rechazando cualquier discusión bilateral sobre la soberanía y sigue fortaleciendo su presencia militar en el Atlántico Sur.

El verdadero conflicto es el Atlántico Sur

Reducir Malvinas a una disputa por un archipiélago constituye un error estratégico.

Lo que realmente está en juego es el control del Atlántico Sur.

Allí convergen algunas de las mayores reservas pesqueras del planeta, importantes recursos hidrocarburíferos offshore, minerales críticos, rutas marítimas interoceánicas y la principal puerta de acceso a la Antártida.

La base militar británica de Monte Agradable no responde únicamente a la defensa de las islas.

Forma parte de un dispositivo estratégico que permite proyectar capacidad militar sobre millones de kilómetros cuadrados del Atlántico Sur y posicionarse frente al futuro desarrollo económico y científico del continente antártico.

En un escenario internacional marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias, el Atlántico Sur adquiere un valor geopolítico cada vez mayor.



La «atlantización» de la política exterior

Durante buena parte de la etapa democrática, la política exterior argentina procuró sostener una posición relativamente autónoma, construyendo consensos en América Latina, el Movimiento de Países No Alineados y las Naciones Unidas para respaldar el reclamo sobre Malvinas.

La actual administración parece recorrer un camino distinto.

La prioridad pasó a ser la consolidación de una inserción preferencial dentro del esquema estratégico liderado por Estados Unidos.

Para el Gobierno, esa decisión fortalece la posición internacional del país.

Sus críticos sostienen que implica una pérdida de autonomía para definir una estrategia propia sobre el Atlántico Sur, precisamente en una región donde confluyen los intereses estratégicos de Estados Unidos y del Reino Unido.

La discusión no pasa por cuestionar las relaciones con las principales potencias occidentales, indispensables para cualquier política exterior moderna.

El interrogante es otro: si esas relaciones se construyen desde una posición de autonomía nacional o desde una lógica de subordinación a prioridades estratégicas definidas fuera del país.

Una soberanía que también se disputa en la diplomacia

Las soberanías no se erosionan únicamente mediante una derrota militar.

También pueden debilitarse cuando una de las partes consolida sistemáticamente su presencia política, económica y militar mientras la otra limita su estrategia al reclamo diplomático.

Eso es, precisamente, lo que muestran más de tres décadas transcurridas desde los Acuerdos de Madrid.

El Reino Unido fortaleció su infraestructura militar, expandió la explotación de los recursos pesqueros, avanzó sobre los hidrocarburos offshore y consolidó una administración cada vez más integrada a sus intereses estratégicos.

La Argentina, en cambio, preservó la legitimidad jurídica de su reclamo, pero no logró modificar la realidad geopolítica del Atlántico Sur.

El debate que la Argentina todavía debe darse

Más de cuarenta años después de la guerra, el debate sobre Malvinas ya no puede reducirse a la reivindicación de un derecho histórico que prácticamente ningún gobierno argentino discute.

La verdadera discusión consiste en definir qué política exterior necesita el país para defender sus intereses estratégicos en un mundo atravesado por la disputa entre grandes potencias.

No se trata de elegir entre Oriente y Occidente, ni entre Estados Unidos, Europa o China.

El desafío consiste en recuperar una política exterior soberana, capaz de construir alianzas internacionales sin resignar la autonomía para definir el interés nacional.

Porque la soberanía no se pierde únicamente cuando se cede un territorio.

También comienza a debilitarse cuando un país deja de decidir, por sí mismo, el rumbo de su política exterior, la defensa de sus recursos estratégicos y su lugar en el nuevo orden mundial.

Chamical, la noche en que la dictadura fusiló a la Iglesia de los pobres

A cincuenta años del secuestro y fusilamiento de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y del asesinato del laico Wenceslao Pedernera, la historia riojana sigue devolviendo la misma pregunta, qué clase de Iglesia resultaba intolerable para el terrorismo de Estado.

 


Terminaban de cenar en la casa de las monjas cuando golpearon la puerta. Eran hombres
uniformados, se identificaron como Policía Federal y pidieron a los dos curas que los
acompañaran a declarar a la capital provincial. Era la noche del 18 de julio de 1976, en Chamical, La Rioja. Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias no volvieron a esa casa.
Los llevaron a la base aérea de Chamical. Ahí los torturaron durante horas. Después los fusilaron y les vendaron los ojos, en un descampado al sur de la ciudad. Al día siguiente, unos obreros ferroviarios que volvían de su turno encontraron los dos cuerpos acribillados junto a las vías.
Murias tenía, además, signos de tortura que no dejaban margen para la versión oficial de un
enfrentamiento.


Murias había nacido en Córdoba en 1945, pasó por el Liceo Militar y empezó ingeniería antes de descubrir la vocación franciscana. Se ordenó sacerdote en 1972 y en 1975 pidió, él mismo, que lo destinaran a La Rioja. Terminó de vicario en Chamical. Poco antes de morir le escribió a sucomunidad una frase que hoy se lee como un diagnóstico exacto de la época: “Acá al obispo lo persiguen, a los curas los cuestionan, en cualquier momento nos van a matar”.
Longueville, en cambio, venía de otra tradición: nació en 1931 en una familia campesina francesa, se ordenó en 1957 y en 1969 partió como misionero a comunidades indígenas de México, donde aprendió castellano. En 1971 se incorporó a la diócesis de La Rioja como párroco. Dostrayectorias distintas —el joven riojano formado en el fervor conciliar y el misionero francés curtido en  el trabajo con comunidades indígenas— confluyeron en la misma parroquia, El Salvador, y en el mismo desenlace.
Ambos formaban parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, la corriente que en la Argentina de los setenta tradujo la opción por los pobres del Concilio Vaticano II y de Medellín en organización campesina, cooperativas y catequesis social. En La Rioja, esa traducción tenía nombre y apellido: Enrique Angelelli, el obispo que había reorientado la diócesis entera hacia los sectores rurales más postergados y que, por eso mismo, se había convertido en blanco de la derecha eclesiástica local y de los servicios de inteligencia militares antes incluso del golpe del 24 de marzo de 1976.
La lógica represiva no distinguía entre sotana y overol. Una semana después de Chamical, en la noche del 24 de julio, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en la casa de Wenceslao Pedernera, en Sañogasta, y lo acribillaron delante de su esposa y sus tres hijas. Pedernera no tenía formación teológica ni estudios completos: había trabajado en una calera y después en las bodegas Gargantini, en Mendoza, antes de volcarse a la catequesis rural junto a Angelelli. Su asesinato deja en evidencia que el objetivo no era un clero disidente sino una red pastoral completa, laicos incluidos.
Angelelli no tardó en seguir el mismo destino. Viajó a Chamical para el sepelio de Murias y
Longueville y se quedó varios días acompañando a la comunidad. Días más tarde, al regresar a la capital riojana con uno de sus vicarios, murió cerca de Punta de los Llanos en lo que lasautoridades militares presentaron como un accidente de tránsito: el obispo apareció junto a su auto volcado, con un golpe fatal en la cabeza. La Justicia tardó décadas en desarmar esa versión.
Recién en 2014 un tribunal federal determinó que se trató de un homicidio y condenó a dos
militares retirados. Dos cartas de Angelelli guardadas en los archivos vaticanos, que el papa
Francisco puso a disposición de la causa, resultaron centrales para esa condena.
El Vaticano reconoció en 2018 que las cuatro muertes constituyeron martirio “en odio a la fe” y, el 27 de abril de 2019, los beatificó en una ceremonia multitudinaria en la ciudad de La Rioja. Desde entonces el 17 de julio quedó fijado como su fecha litúrgica.  El predio donde fusilaron a Murias y Longueville se llama, desde hace años, Los Mártires, y un oratorio sostiene ahí la memoria del episodio.
Medio siglo después, el caso Chamical sigue funcionando como un espejo incómodo. Interpela tanto a los sectores eclesiásticos que reivindican aquella Iglesia comprometida con los pobres como a los relatos que todavía buscan reducir el terrorismo de Estado a una guerra entre dos demonios. No hubo enfrentamiento en la casa de las monjas de Chamical. Hubo una orden, una base de la fuerza aérea y una decisión política de exterminar cualquier forma de organización popular.

 

La tierra en disputa: el debate que Argentina no puede seguir postergando

 La eventual derogación de la Ley de Tierras no es únicamente una decisión económica. También involucra la soberanía, el desarrollo nacional y el control de los recursos estratégicos del país.

REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA

La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre la Ley 26.737, que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, volvió a colocar en el centro de la escena un debate que trasciende cualquier coyuntura política. No se trata simplemente de atraer inversiones o facilitar operaciones inmobiliarias. Lo que está en discusión es quién controla el territorio argentino y, con él, el acceso al agua, los minerales, la producción de alimentos, la energía y las zonas de frontera.

 


Ana Marks rechazó el proyecto para permitir la venta de tierras a  extranjeros: “Quieren convertir a la Argentina en una colonia al servicio  de intereses foráneos”

Los informes del Observatorio de Tierras advierten que millones de hectáreas ya pertenecen a propietarios extranjeros y que, en varios departamentos del país, la participación supera ampliamente los límites que la propia ley había intentado establecer. Más allá de las cifras puntuales, el dato relevante es que gran parte de esas superficies coincide con áreas de enorme valor estratégico por su riqueza hídrica, minera, forestal o logística.

El argumento oficial sostiene que eliminar las restricciones permitirá atraer capitales, aumentar las inversiones y generar empleo. Es una posición legítima dentro del debate económico. Sin embargo, la experiencia argentina demuestra que la inversión extranjera, por sí sola, no garantiza desarrollo si no forma parte de una estrategia nacional que priorice la producción, el agregado de valor y la defensa de los intereses permanentes del país.

La tierra no es un activo financiero cualquiera. Es un recurso limitado e irremplazable. Sobre ella se asientan la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, los yacimientos de minerales críticos, la biodiversidad y la capacidad del Estado para ejercer plenamente su soberanía. En un escenario internacional marcado por la competencia por los recursos naturales, renunciar a herramientas de regulación puede convertirse en un costo muy superior a cualquier beneficio de corto plazo.

La discusión tampoco debería reducirse a una falsa dicotomía entre inversión o regulación. Argentina necesita ambas cosas. Necesita capital para crecer, pero también reglas claras que preserven el interés nacional. Los países que mejor administran sus recursos estratégicos son precisamente aquellos que combinan apertura económica con una fuerte capacidad estatal para definir prioridades y establecer límites.

La historia económica argentina ofrece numerosos ejemplos de decisiones que privilegiaron beneficios inmediatos sin evaluar sus consecuencias estructurales. La política sobre la propiedad de la tierra debería escapar a esa lógica. Lo que hoy se decida tendrá efectos durante décadas y condicionará las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones.

El verdadero debate no es si la tierra puede venderse. El debate consiste en determinar bajo qué condiciones, con qué controles y en función de qué proyecto de país. Porque cuando lo que está en juego es el territorio, la discusión deja de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de soberanía nacional.

Argentina necesita inversiones, pero también necesita preservar el control sobre sus recursos estratégicos. Conciliar ambos objetivos es el desafío de una política de Estado que aún sigue pendiente.