El peso del sector manufacturero en el PBI cayó al nivel más bajo en noventa años. Se perdieron 100.000 empleos fabriles en dos años. Cerraron casi 30.000 empresas desde diciembre de 2023. Y el daño no se concentra solo en el conurbano bonaerense: se extiende por capitales de provincia, enclaves industriales del interior y economías regionales que sostienen a millones de familias a lo largo de todo el país.
Por Antonio Muñiz
La pregunta no es retórica. Tampoco es nueva. Pero en los últimos meses adquirió una urgencia que ya no admite tratamiento diferido: ¿puede Argentina prescindir de su industria manufacturera y seguir siendo una sociedad con movilidad social, empleo de calidad y algún margen de soberanía sobre su propio destino?
Dos documentos recientes pusieron el debate en el centro con una franqueza inhabitual. El editorial de La Nación del 19 de abril —titulado «Preservar el programa, proteger a Milei»— y la disertación del economista Ricardo Arriazu ante la Fundación del Tucumán a fines de marzo comparten la misma tesis: la industrialización argentina fue un error histórico, y lo que ocurre hoy no es una crisis sino una corrección. El país debe volver a su lugar en la división internacional del trabajo: proveedor de materias primas, exportador de minerales, ahorrador de dólares para pagar deuda.
Los datos cuentan otra historia.
El mínimo de noventa años
Según el informe elaborado por el AESIAL y el CEHEAL de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, durante los dos primeros años del gobierno de Milei la industria manufacturera perdió 100.000 puestos de trabajo —160 por día—, la capacidad ociosa trepó al 40% y el peso del sector en el PBI cayó del 16,5% al 13,7%. Ese nivel no se registraba desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Para encontrar un piso semejante hay que retroceder casi noventa años en los registros históricos.
El sector cerró 2024 con una contracción del 8,8% en términos reales, peor que la pandemia de 2020 y que la crisis financiera global de 2009. En el tercer trimestre de 2025 la caída retomó el signo negativo, con un retroceso del 2,4% interanual, luego de un rebote parcial que no llegó a compensar ni la mitad de lo perdido. Las plantas fabriles arrancaron 2026 operando al 53,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde que existe la estadística oficial. Casi la mitad del aparato productivo nacional está parado, sin generar empleo, depreciándose.
En ese contexto, el PBI industrial per cápita retrocedió cuarenta años: el nivel actual es equivalente al de 1985. Y las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —las que incorporan tecnología y trabajo calificado— cayeron del 35% del total exportado en 2011 al 28% en 2024, con una merma de más de 6.000 millones de dólares. El país vende al mundo cada vez más alimentos sin procesar y minerales en bruto, y cada vez menos productos con contenido industrial.
— «Argentina tiene una estructura productiva artificial, producto de casi un siglo de castigar a los sectores en los cuales tenemos ventaja comparativa y subsidiar a los sectores donde no tenemos ventaja comparativa.» RICARDO ARRIAZU
El costo humano no se mide en puntos del PBI sino en fuentes de trabajo que dejan de existir. Desde diciembre de 2023 cerraron más de 3.000 fábricas y se perdieron casi 80.000 puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera. En los primeros meses de 2026, el 97% de los empleos formales destruidos en toda la economía correspondieron al sector fabril. El informe del Grupo Atenas lo definió con precisión: no es una recesión común, sino una desintegración progresiva del entramado productivo.
La crisis no se siente solo en el conurbano
Uno de los equívocos más persistentes del debate es asumir que la desindustrialización golpea principalmente al Gran Buenos Aires. El AMBA concentra la mayor parte del tejido industrial y, por eso, también la mayor parte del daño en términos absolutos. Pero lo que está ocurriendo es un fenómeno federal: llega a las capitales de provincia, a los enclaves industriales del interior y a las economías regionales que no tienen ninguna apuesta extractiva que las compense.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, detrás de la provincia de Buenos Aires la segunda más afectada por el cierre de empresas fue Córdoba, con casi 2.800 unidades productivas menos hasta mediados de 2025. Le siguieron Santa Fe, Mendoza y Salta. En términos relativos, La Rioja perdió el 19,7% de sus empresas, Chaco el 12,4%, Tierra del Fuego el 11,7% y Misiones el 10,8%.
Las economías regionales: otro país que también se rompe
La destrucción no se limita a los enclaves industriales urbanos. Alcanza también a las economías regionales, esas tramas productivas que integran agricultura, industrialización primaria y mercado de trabajo en zonas donde no existe otra actividad que las sostenga. Aquí el daño tiene una característica particular: es irreversible. Cuando un viñedo se arranca o un secadero de yerba cierra, no vuelven.
El semáforo productivo de CONINAGRO lo resume sin eufemismos: siete de las diecinueve producciones regionales analizadas están en rojo. La vitivinicultura es apenas la más visible. La acompañan la yerba mate, el arroz, la papa, las peras y manzanas, los cítricos dulces y la mandioca. Todas, actividades intensivas en mano de obra, de fuerte anclaje territorial, con alta relevancia social en provincias donde no hay alternativa de reemplazo.
Un PBI que crece mientras las fábricas cierran.
El gobierno exhibe el crecimiento del PBI como prueba de que el modelo funciona. La paradoja es real pero no es nueva: la economía argentina crece al 3,4% anual mientras el empleo asalariado privado registrado acumula 300.000 puestos menos que en noviembre de 2023 y la informalidad laboral alcanza al 43% de la fuerza ocupada. No hay contradicción técnica en eso. Hay una economía a dos velocidades donde los sectores que crecen —finanzas, minería, agro— son intensivos en capital y generan poco empleo, y los que destruyen empleo masivo —manufactura, construcción, comercio— son exactamente los que están en retroceso.
«La destrucción es más rápida que la creación.» Ricardo Arriazu
El informe de la UBA lo cuantifica: entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la intermediación financiera creció 25%, casi veinte veces el incremento del PBI en su conjunto. La minería avanzó 17,9% y el agro 14,1%. La industria, en ese mismo período, cayó 8,3%. El comercio retrocedió 5,2%. La construcción se desplomó 14,1%.
Esa no es una heterogeneidad menor ni transitoria. Es la huella estructural de un modelo que redistribuye el producto hacia los sectores que menos trabajo generan, y que desfinancia deliberadamente a los que más lo hacen. El Presupuesto 2026 recortó en un 40% los recursos y exenciones destinadas a la industria mientras concentraba el apoyo estatal en el RIGI, orientado al gran capital extranjero en energía, minería y siderurgia.
Lo que Arriazu no termina de decir
La hoja de ruta que Arriazu expuso en Tucumán tiene al menos tres supuestos que no resisten el contraste con la realidad concreta del país.
El primero es la movilidad laboral. Una operaria textil de La Rioja no migra a una mina de litio en Catamarca. Un metalúrgico de Villa Constitución no se reconvierte en operario de Vaca Muerta. Un chacarero del Alto Valle no abandona su parcela para trabajar en un yacimiento de San Juan. Las personas tienen historia, familia, raíces y trayectorias laborales específicas. No son piezas intercambiables de un modelo de equilibrio general.
El segundo es la escala. El proyecto de ampliación de la mina Gualcamayo, con 665 millones de dólares de inversión, genera aproximadamente 1.700 empleos directos e indirectos. Eso no alcanza para compensar lo que cierra en un solo trimestre en una sola provincia industrial. La minería crea divisas para los acreedores externos que las cobran; no crea el tejido social que genera una fábrica instalada en una ciudad mediana del interior.
El tercero, y quizás el más grave, es la irreversibilidad. Cuando una PyME cierra, no reabre. Cuando un viñedo se arranca, tarda años en volver a producir. Cuando un técnico especializado emigra, no regresa. El informe del Observatorio IPA calculó que el 6,3% de las PyMEs consultadas anticipa cerrar en 2026, lo que proyectado al universo total del sector implicaría más de 31.000 cierres adicionales. La destrucción no tiene marcha atrás. Y Arriazu lo sabe: en Tucumán reconoció que «la destrucción es siempre más rápida que la creación».
Lo que se pierde cuando se pierde una fábrica
La industria manufacturera explica el 18% del PBI, emplea a 2,5 millones de personas y origina la mitad de la inversión privada en investigación y desarrollo. Ese último dato raramente aparece en el debate público. Cuando una fábrica cierra no se destruye solo un empleo: se destruye una cadena de proveedores, una red logística, un vínculo con una escuela técnica o una universidad, una acumulación de conocimiento colectivo que no se improvisa ni se importa. En 1970, Argentina representaba el 1,6% de la manufactura global. Hoy representa el 0,6%. Esa pérdida de posición no es solo económica: define cuánto puede decidir un país sobre su propio futuro.
La pregunta que queda
¿Puede Argentina existir sin industria? En el sentido físico, sí. Habrá un país con ese nombre. Pero la pregunta de fondo es si ese país podrá generar empleo de calidad, sostener comunidades en el interior productivo, reducir su dependencia de acreedores externos y tener algún margen real de decisión sobre su modelo de desarrollo. La evidencia comparada es contundente: ningún país que desarmó su industria en nombre de las ventajas comparativas estáticas logró ese objetivo. Los que prosperaron —incluidas economías primarias exitosas— lo hicieron industrializando sus recursos, no exportándolos en bruto.
Una Argentina sin industrias no es solo una Argentina con menos fábricas. Es una Argentina con menos empleo calificado en el AMBA y en Córdoba, con menos pequeños productores en Mendoza y Misiones, con menos técnicos en Tierra del Fuego y La Rioja, con menos cadenas de valor en el Alto Valle y el NEA. Es una Argentina donde la riqueza que genera la tierra la captura el capital extranjero, y donde los que viven en esos territorios solo cosechan la precariedad.
El daño no tiene epicentro. Tiene escala federal. Y eso lo hace más difícil pero más urgente de revertir.
Fuentes
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