La burguesía que no fue

 Breve análisis sobre el fracaso histórico de la clase empresarial argentina como actor de desarrollo nacional y su persistente incapacidad de sostener un proyecto propio más allá del corto plazo.

Por Antonio Muñiz

Hay una paradoja que recorre la historia económica argentina como un hilo conductor que nadie termina de nombrar: el país que tuvo el ingreso per cápita más alto de América Latina durante las primeras décadas del siglo XX nunca logró consolidar una burguesía industrial capaz de liderar un proyecto de desarrollo de largo plazo. Lo que hubo, en cambio, fue una clase empresarial fragmentada, oscilante entre el proteccionismo y la apertura según las conveniencias del ciclo, dispuesta a sostener gobiernos y orientaciones ideológicas que iban directamente en contra de sus propios intereses estructurales. Eso sigue siendo verdad hoy, quizás con más evidencia que nunca.

La escena se repite en 2026 con una crudeza casi teatral. Un presidente que declara ante la plana mayor de la Unión Industrial Argentina que “el período de mayor expansión económica de la historia argentina fue durante el modelo agroexportador, y no con el modelo fracasado de sustitución de importaciones” recibe aplausos moderados y alguna queja en off. El mismo gobierno que aplicó la apertura importadora más intensa en décadas, recortó en un 40% los recursos presupuestarios destinados a la industria y festejó el cierre de fábricas como “reconversión” es también el que la UIA describe, en su documento de protesta de marzo de 2026, como promotor de “avances en materia de equilibrio fiscal y reformas estructurales”. La crítica no alcanzó a durar una página entera. Eso no es ingenuidad. Es un patrón.

El actor que faltó

En los grandes procesos de industrialización del siglo XX —Alemania, Japón, Corea del Sur— la burguesía industrial fue la clase que organizó el Estado a su imagen, impuso aranceles y construyó instituciones orientadas al largo plazo. Argentina nunca tuvo eso. Lo que tuvo fue una clase dominante cuya fractura originaria —entre la burguesía agraria pampeana y los industriales urbanos, entre el capital financiero y el capital productivo— nunca se resolvió a favor de ninguna de las partes. Esa tensión irresuelta es lo que Juan Carlos Portantiero llamó “empate hegemónico”: ninguna fracción capaz de imponer su proyecto como dominante, todas con poder de veto, ninguna con capacidad de construcción. La consecuencia sigue siendo la misma: en un empate hegemónico, el único árbitro posible es el Estado. Pero el Estado argentino, lejos de ser el organizador autónomo del desarrollo, fue el territorio de disputa. Y cuando la burguesía industrial perdió esa disputa, no buscó reorganizarse, buscó un nuevo árbitro al que subordinarse.

El golpe de 1976 y el suicidio de clase

El momento más visible de esa capitulación histórica fue 1976. La UIA confluye en el apoyo al golpe cívico-militar junto a la Sociedad Rural y los grandes grupos financieros, en un movimiento que resolvió la crisis de acumulación por la vía de la exclusión violenta del trabajo organizado. Pero lo que ese acuerdo implicaba para la propia burguesía industrial era su propia sentencia: el plan de Martínez de Hoz abrió las importaciones, apreció el tipo de cambio y destruyó el tejido de pymes que era la base de ese sector. Los grupos más concentrados podían sobrevivir —incluso prosperar— en ese contexto; los sectores medianos y chicos, que eran mayoría, no tenían esa espalda. Como señala Eduardo Basualdo, lo que se consolidó desde 1976 fue una alianza entre fracciones del gran capital industrial, el sistema financiero y el capital extranjero que operó consistentemente a favor de la rentabilidad financiera y en contra del entramado productivo integrado. Ese patrón —la burguesía concentrada ganando mientras la pequeña y mediana industria pierde, y la primera sin voluntad de defender a la segunda— explica buena parte de la historia económica posterior.

La oscilación como estrategia

Entre 1976 y 2023, la conducción de la UIA osciló sistemáticamente entre el reclamo proteccionista cuando el tipo de cambio apreciado destruyó su competitividad y el acompañamiento entusiasta de los gobiernos liberales cuando la estabilidad macroeconómica les prometió crédito barato y previsibilidad de costos. Apoyaron a Menem, se quejaron cuando los destruyó. Apoyaron a Kirchner, se quejaron cuando los costos en dólares volvieron a subir. Apoyaron a Macri en la primera fase, se quejaron en la segunda. El movimiento es pendular y predecible. Lo que nunca hicieron es lo que Aldo Ferrer llamaba “densidad nacional”: sostener una posición estratégica de largo plazo sobre el modelo de desarrollo, articulada con los sectores del trabajo y con el Estado, para defenderla frente a los intereses del capital financiero y agroexportador. Un país periférico no se desarrolla si sus élites prefieren la renta de corto plazo a la acumulación productiva de largo plazo.

El silencio táctico frente a Milei

Lo que ocurrió entre 2024 y 2026 es el capítulo más reciente y más elocuente de esa historia. Milei asumió con un discurso explícitamente contrario a la industria manufacturera: el proteccionismo industrial era “una tutela viciosa”, la sustitución de importaciones “un fracaso”. Y procedió a ejecutarlo: arancel cero o reducido para miles de productos, tipo de cambio semifijo que encareció la producción local en dólares, apertura de importaciones desde Asia. La respuesta de los grandes grupos industriales fue el silencio táctico: la conducción de la UIA —el llamado “ala Techint”— celebró el ordenamiento macroeconómico porque sus intereses en siderurgia, energía y logística estaban alineados con el RIGI. Lo que se destruía era la pequeña y mediana industria. Solo cuando la presión de las Uniones Industriales del interior se volvió insostenible, la UIA emitió un comunicado de protesta —en marzo de 2026— que terminaba reafirmando “su vocación de trabajar junto al Gobierno”. La pequeña y mediana industria del Norte, que no tiene nada que negociar porque ya está en la lona, fue la que rompió el silencio.

Los números de la claudicación

El resultado está a la vista. Según el informe del AESIAL y el CEHEAL de la UBA, entre 2023 y 2025 el sector industrial perdió 100.000 puestos de trabajo —160 por día—, su participación en el PBI cayó del 16,5% al 13,7% y la capacidad instalada promedio bajó al 58%, con picos de 53,6% en enero de 2026, el nivel más bajo desde que existe la estadística. Cerraron más de 3.000 fábricas. El PBI industrial per cápita retrocedió cuarenta años. Esos números son el retrato de una clase dirigente que privatiza sus ganancias y socializa sus pérdidas: los sectores más concentrados siempre encuentran la forma de salir bien parados mientras los medianos y chicos pagan el costo de adaptación.

Pero hay una dimensión de esa lógica que raramente se nombra con precisión: la burguesía argentina no solo evade su responsabilidad política de construir un proyecto de desarrollo; evade, también, su responsabilidad fiscal de financiarlo.

La apropiación de recursos estatales —subsidios, contratos, exenciones, créditos blandos, infraestructura pública— convive con la negativa sistemática a contribuir al sostenimiento del Estado que los provee. El caso más notorio es el de Marcos Galperin y Mercado Libre. La empresa más valiosa de origen argentino construyó su posición dominante sobre una plataforma institucional que el Estado argentino contribuyó a sostener: infraestructura logística subsidiada, exenciones impositivas por miles de millones de dólares y un mercado interno que sus plataformas colonizaron con ventajas regulatorias imposibles de replicar donde el Estado no cede terreno. Cuando esa acumulación ya estaba consolidada, Galperin —una de las mayores fortunas personales de la Argentina— trasladó su residencia fiscal a Uruguay, colocando su patrimonio fuera del alcance del fisco argentino. El gesto no es una rareza individual: es la destilación de una mentalidad de clase. Usar el Estado como plataforma de despegue y eludirlo como obligación redistributiva. Acumular en el país, tributar en otro. En términos estructurales, la figura de Galperin no es la de un empresario que se fue: es la de una clase que nunca estuvo.

El problema estructural que la UIA no puede nombrar

Lo que la conducción de la UIA no puede decir —porque implicaría nombrar su propia contradicción— es que el problema no es Milei. Milei es el síntoma más agudo de un problema que viene de antes. El problema es que en Argentina nunca se construyó la alianza social y política capaz de sostener un proyecto industrialista contra la resistencia sistemática del capital financiero y agroexportador. Y la burguesía industrial, que debía haber sido el actor central de esa construcción, prefirió en cada encrucijada el acuerdo de corto plazo antes que el conflicto necesario para imponer un modelo diferente.

Lo dijo Aldo Ferrer desde los años cincuenta: la única salida para un país periférico es industrializarse, y para eso se necesita tiempo, protección, crédito y, sobre todo, una burguesía que crea en ese proyecto y esté dispuesta a financiarlo. La burguesía argentina no creyó, y tampoco pagó. La evasión impositiva no es en Argentina una práctica marginal: es un componente estructural del modelo de acumulación de los sectores dominantes. La AFIP estimó que la economía informal y la subfacturación de grandes contribuyentes generan una brecha fiscal de entre el 30% y el 40% de la recaudación potencial. Los grandes grupos económicos —los mismos que reclaman estabilidad, seguridad jurídica y crédito público— son al mismo tiempo los actores más sofisticados en planificación fiscal agresiva: precios de transferencia con filiales en paráisos fiscales, triangulación de exportaciones, fideicomisos offshore, residencias fiscales en jurisdicciones de baja tributación. Reclaman el orden que el Estado garantiza y rechazan pagar por él.

Las burguesías que lideraron industrializaciones tardías exitosas —Corea del Sur, Japón, Brasil en ciertos períodos— operaron dentro de marcos de reciprocidad con el Estado: protección y crédito a cambio de compromisos de desempeño y tributación efectiva. En Argentina esa reciprocidad nunca se constituyó.

Lo que se instituyó, en cambio, fue una cultura de captación de renta pública sin contrapartida —lo que la literatura económica llama rent-seeking—: el empresario que negocia subsidios en la mañana y evade impuestos a la tarde, que elogia al Estado cuando lo favorece y lo desprecia cuando le cobra. Cada dólar evadido es un dólar que el Estado no invierte en la infraestructura o el crédito de fomento que esa misma corporación reclamará en la próxima crisis. Lo sustiene la burguesía que no fue. La misma que no construyó el Estado que necesitaba, la misma que no financió el Estado que usaba, y la misma que hoy aplaude al gobierno que la desmonta.

¿Quién construye lo que la burguesía no supo construir?

La pregunta que deja este recorrido no es menor. Si la burguesía industrial argentina no fue —y la evidencia histórica sugiere que no lo será— ¿Quién puede ser el actor capaz de liderar un proyecto de desarrollo autónomo?

En los casos de industrialización tardía exitosa —Corea del Sur en los años sesenta y setenta, China desde los ochenta, Brasil en ciertos períodos— el Estado intervino activamente para construir la capacidad industrial que el mercado solo no producía: aranceles, crédito dirigido, políticas de compras públicas, inversión en investigación y desarrollo, formación técnica masiva. No como sustituto del mercado sino como organizador de las condiciones en que el mercado podía funcionar en la dirección del desarrollo.

En Argentina esa capacidad estatal existe de modo fragmentado y discontinuo: cada vez que se construye alguna institucionalidad de fomento industrial —CONICET, INTI, FONTAR, las líneas sectoriales del Banco Nación—, el siguiente ciclo político la desmonta o la vacía. No porque el Estado argentino sea incapaz de actuar, sino porque no hay una fuerza política con la suficiente consistencia y duración para sostener ese proyecto más allá de un mandato presidencial.

Y ahí se cierra el círculo. Sin burguesía industrial con vocación estratégica, sin Estado con continuidad de proyecto, sin alianza social que sostenga una visión de desarrollo de largo plazo, el resultado es lo que se ve, una desindustrialización acelerada que algunos celebran como corrección necesaria, pero que solo genera desocupación y pobreza. El pensamiento estructuralista argentino —desde Prebisch hasta Diamand, desde Ferrer hasta los investigadores de la UBA que hoy miden el daño— lo habían anticipado con exactitud.

La burguesía que no fue es también el proyecto de país que no fue. Y mientras no haya quien lidere un proyecto de desarrollo económico y social, Argentina seguirá sin ser.