La visita de Peter Thiel a la Argentina esta semana —diez días de agenda reservada, reuniones con Santiago Caputo y un encuentro formal con Javier Milei en la Casa Rosada— puso sobre la mesa, sin que nadie lo nombrara, el debate que la política argentina parece incapaz de darse, el poder creciente de las plataformas tecnológicas sobre el Estado, la economía y la democracia.
Por Antonio Muñiz
El algoritmo manda
Durante dos siglos, la política occidental giró sobre un eje único: cuánto Estado y cuánto mercado. Fue una disputa feroz, costó guerras, generó constituciones. Hoy ese debate es un anacronismo. No porque alguno de los dos bandos haya ganado, sino porque llegó un tercero que los desplazó a los dos sin pedir permiso: el algoritmo.
No es una metáfora. Cuando el sistema de recomendación de Amazon decide qué productos existen para un consumidor determinado, no opera dentro de un mercado, construye ese mercado. Cuando el algoritmo de X filtra lo que un ciudadano ve en las 48 horas previas a una elección, no interviene en la democracia, es la democracia, para ese ciudadano, en ese momento. La distinción entre herramienta y sistema ya no existe. Lo que queda es una forma de gobierno que no figura en ninguna constitución, pero sí tiene efectos soberanos reales.
«No estamos ante una nueva forma de capitalismo. Estamos ante su sucesor: un sistema donde la renta la extrae el algoritmo de la existencia misma de millones de usuarios.» Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo (2023)
El nombre provisional de ese sistema es tecnofeudalismo. Su linaje arranca en el neoliberalismo de los años ochenta, que plantó el axioma fundante: el mercado procesa información mejor que el voto.
Silicon Valley lo radicalizó hasta su conclusión lógica, si el mercado sabe más que la mayoría, el algoritmo sabe más que el mercado. Y si el algoritmo gobierna mejor que la política, entonces la política sobra. Esa cadena de razonamiento no fue enunciada en voz alta durante décadas. Ahora se ejecuta sin disimulo.
Un saqueo sin armas.
El caso más transparente ocurrió en 2025. Elon Musk —el hombre más rico del mundo, con contratos por miles de millones de dólares con el gobierno federal estadounidense— asumió como asesor especial sin cargo electo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. Sus equipos de ingenieros de veintitantos años recorrieron sin previo aviso agencias del Estado más poderoso del mundo. Accedieron a bases de datos del Tesoro, del IRS, de la Seguridad Social. Más de treinta demandas judiciales bloquearon parcialmente esas acciones. Cuando Musk se fue, cuatro meses después, la estructura de poder que instaló permaneció.
Lo que el DOGE dejó en evidencia no es que un millonario capturó transitoriamente al Estado. Demostró algo más profundo, que la infraestructura técnica del Estado moderno ya no es administrable por funcionarios electos sin el concurso de actores privados que poseen el conocimiento, los sistemas y los datos. El Estado se volvió dependiente de la plataforma para funcionar. Y esa dependencia no requiere soborno ni coerción. Solo requiere incompetencia técnica relativa, que el sistema garantiza al mantener deliberadamente la asimetría de conocimiento.
La misma lógica opera a escalas menores, pero igualmente reveladoras, los sistemas de salud que corren en Amazon Web Services, los registros civiles alojados en Google Cloud, las comunicaciones gubernamentales que transitan por Microsoft Azure. En todos esos casos, la corporación que provee la infraestructura tiene acceso real —y en muchos casos legal, según sus propios contratos de servicio— a datos sobre los que el Estado pretende ejercer soberanía. La soberanía digital es, para la mayoría de los países, una ficción que nadie se ha atrevido todavía a nombrar como tal.
El voto como ritual.
La democracia liberal descansa sobre un supuesto que el algoritmo ha convertido en cuento, que el ciudadano razonablemente informado emite un voto que agrega preferencias colectivas. Ese supuesto fue siempre imperfecto. Ahora es operativamente falso.
Cuando Meta determina que el contenido emocionalmente polarizante maximiza el tiempo de permanencia y por tanto lo amplifica sistemáticamente, no está distorsionando el debate democrático, está construyendo ese debate para los cientos de millones de personas que forman sus opiniones principalmente a través de esa plataforma. Las revelaciones de Frances Haugen en 2021 documentaron lo que muchos ya intuían, el sistema amplifica la ira y el miedo porque generan más adhesión que la información rigurosa. La democracia que ese algoritmo produce es, estructuralmente, una democracia del resentimiento.
La inteligencia artificial generativa agrava el problema hasta hacerlo cualitativamente distinto. Los modelos de lenguaje de gran escala pueden producir, a costo marginal prácticamente nulo, contenido político personalizado por individuo, adaptado a sus sesgos cognitivos específicos, en el idioma y el registro afectivo que maximiza su impacto. Una campaña de desinformación que en 2016 requería ejércitos de trolls humanos puede ejecutarse hoy con un prompt y una tarjeta de crédito. La asimetría entre quien puede producir ese contenido y quien lo consume sin herramientas para detectar su artificialidad es la asimetría de poder más relevante de la política contemporánea. No tiene regulación efectiva.
- «El voto no desaparece. Se convierte en la firma al pie de un contrato cuyas cláusulas el ciudadano no leyó porque el algoritmo nunca se las mostró.»
Hay una segunda columna de la democracia que también se está vaciando, por una vía diferente pero convergente, la complejidad técnica del gobierno en la era digital supera la capacidad de comprensión y control de cualquier funcionario electo.
Ningún legislador comprende realmente el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial que su gobierno ya utiliza para asignar prestaciones sociales, evaluar riesgos crediticios, determinar quién es sujeto de vigilancia o decidir qué solicitudes de asilo se procesan primero. Ningún ministro tiene la formación técnica para auditar los modelos que sus agencias emplean. Esa brecha no es accidental. Es la condición de posibilidad de una nueva forma de gobierno en la que las decisiones las toman sistemas opacos que nadie eligió y que nadie puede revocar.
El paso siguiente ya se formula como propuesta explícita en los círculos de poder de Silicon Valley, si el representante humano no puede gestionar la complejidad del Estado moderno, hay que reemplazarlo por un agente de inteligencia artificial que sí puede. El argumento es el mismo que usa Curtis Yarvin —el programador convertido en filósofo del neorreaccionarismo— para defender al CEO soberano: eficiencia técnica versus disfunción democrática. J.D. Vance, hoy vicepresidente de los Estados Unidos, es discípulo declarado de esa corriente.
El horizonte no es especulativo. Ya existen estados locales que usan IA para asignar recursos, algoritmos judiciales que recomiendan sentencias, sistemas automatizados que determinan el acceso a beneficios sociales. El paso del apoyo a la decisión humana al reemplazo de la decisión humana es una pendiente, no un abismo. Y se está recorriendo.
Los arquitectos del nuevo poder.
Los nombres son conocidos y no tan conocidos. Peter Thiel lo formuló sin eufemismos: la democracia y la libertad son incompatibles, porque la mayoría siempre vota contra el capital. Yarvin construyó la filosofía: el Estado como empresa con CEO soberano, sin parlamentos ni partidos, sin rendición de cuentas horizontal. Musk ejecutó el experimento en vivo. Y Vance le da cobertura institucional desde la segunda magistratura del país más poderoso del mundo.
El tecnofeudalismo no necesita abolir la democracia. Solo necesita vaciarla de contenido y conservar su carcasa. Una democracia como forma sin sustancia es más útil que su abolición directa: legitima sin obligar. Esa es la novedad del sistema: opera en la legalidad, usa las instituciones como pantalla y convierte el lenguaje de la eficiencia y la innovación en ideología.
Hay que entender eso con precisión. Cuando Musk dice que el DOGE ahorra al gobierno un millardo de dólares por día, no está describiendo contabilidad, está construyendo una narrativa de legitimidad para la captura del Estado por intereses privados. Cuando los aceleracionistas afirman que hay que precipitar el colapso institucional para que emerjan formas superiores, no hacen pronóstico tecnológico, hacen política reaccionaria en código de ciencia ficción.
Lo que viene.
Proyectar las consecuencias de lo que ya ocurre no es ciencia ficción sino extrapolación de tendencias concretas. El escenario más probable, si no hay resistencia organizada, es la consolidación de un sistema donde la IA de próxima generación permite a las plataformas modelar el comportamiento político a escala individual, anticipar la disidencia antes de que se organice y suprimirla sin violencia visible. Los Estados ceden soberanía monetaria a criptomonedas privadas. Las funciones de educación, salud, seguridad y justicia migran a actores que operan fuera del alcance del derecho público. El transhumanismo estratifica definitivamente la especie. La extensión de vida y la cognición aumentada disponibles para quien pueda pagarlas. La desigualdad económica, ahora con las nuevas tecnologías se vuelve biológica.
Existe otro camino, más difícil, la presión social organizada fuerza a las plataformas a operar bajo lógica de servicio público. Los datos de los usuarios dejan de ser propiedad corporativa y pasan a ser bien colectivo con regulación democrática. Los sistemas de IA son auditables, explicables y responsabilizables. Ese escenario requiere exactamente lo que el tecnofeudalismo destruye sistemáticamente, una ciudadanía informada, instituciones con autonomía real y voluntad política de largo plazo.
Entre esos extremos está la fragmentación. Europa regula sin coordinación global efectiva, Estados Unidos oscila según qué partido gobierne, China consolida su propio bloque tecnofeudal bajo control estatal. Y los países del Sur Global quedan atrapados entre sistemas que no controlan, en una nueva forma de dependencia que no requiere colonia ni deuda, basta con no tener soberanía digital.
Argentina en el tablero mundial.
Argentina no es excepción a este proceso. Es su versión periférica más ilustrativa. Un gobierno que importó la retórica de Silicon Valley para legitimar el desmantelamiento del Estado, en un país sin soberanía digital, sin infraestructura tecnológica propia, sin marco legal para los datos de sus ciudadanos, está cediendo soberanía real a actores que no responden ante ningún argentino. No es un problema del futuro. Es el presente.
El poder que no se nombra no se disputa. Esa es la razón por la que los arquitectos del tecnofeudalismo prefieren que este debate ocurra lo menos posible en el espacio público, envuelto siempre en jerga técnica, en promesas de eficiencia, en la ilusión de que el cambio es neutro porque lo hace una máquina.
No lo es. Detrás de cada algoritmo hay una decisión política, una jerarquía de valores, un poder al que se sirve. La pregunta política no desapareció. Solo cambió de dónde se hace.
¿Qué forma de organización colectiva puede disputar poder a un sistema que controla la información, el dinero, la infraestructura y, si nadie lo impide, el Estado mismo? Esa pregunta no tiene respuesta técnica, solo tiene una respuesta desde la política.
Fuentes
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