Milei endurece controles: un “ICE argentino”, inteligencia con más poder y un modelo de seguridad que tensiona la democracia

El gobierno busca consolidar una Agencia de Seguridad Migratoria con perfil policial y reformó por DNU la Ley de Inteligencia (941/2025), otorgando a los servicios de espionaje facultades inéditas de detención y vigilancia. Ambos movimientos entrelazan políticas de control con implicancias profundas para derechos y libertades.

Por Antonio Muñiz

El gobierno de Javier Milei acelera reformas institucionales en dos frentes sensibles: migración y seguridad interior. Por un lado, está en marcha la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria que reagruparía y militarizaría controles fronterizos y deportaciones bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad. Por otro, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, el gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando facultades y autonomía operativa de los servicios de inteligencia (SIDE y anexos), incluidos poderes de aprehensión sin orden judicial y acceso a datos sensibles. Ambos cambios no sólo redefinen roles estatales sino que plantean tensiones con garantías constitucionales y derechos básicos.

Organizaciones de derechos humanos advierten sobre vigilancia masiva y persecución.

El “modelo migratorio” con tono de seguridad

La migración dejó de ser principalmente una política administrativa. Con el traslado de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad, el gobierno anunció una Agencia de Seguridad Migratoria con funciones que combinan control fronterizo, cooperación con fuerzas federales y foco en “amenazas transnacionales”, un giro que recuerda el perfil policíaco del U.S. Border Patrol/ICE. Este enfoque implica desplazar el eje del control migratorio desde un ámbito civil hacia uno de “seguridad nacional”.

En operativos recientes en el conurbano bonaerense, agentes migratorios con apoyo de fuerzas federales usaron equipos biométricos para controlar 385 personas, detectando 16 en situación irregular sujetos a procesos de expulsión administrativa. La visibilidad del despliegue y su lógica operativa ya apuntan a una migración concebida bajo principio de control y vigilancia.

Otra vez hubo represión a los jubilados durante una protesta en el Congreso | Perfil

Reforma de inteligencia: facultades inéditas para la SIDE

El DNU 941/2025, dictado en diciembre de 2025 y publicado en enero de 2026, reconfiguró la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, reorganizando el sistema y otorgando a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) un rol central y superior sobre toda la comunidad de inteligencia. Bajo este esquema:

Los servicios pueden aprehender personas en el marco de sus tareas de inteligencia y contrainteligencia cuando así se argumente, incluso sin orden judicial previa.
Se facilita el acceso a comunicaciones, datos personales e intercambio de información con organismos públicos y privados bajo criterios de “seguridad nacional” o amenazas emergentes.
Se amplía la cooperación operativa entre fuerzas federales, servicios de inteligencia y organismos de seguridad.
SIDE administra discrecionalmente el presupuesto de gastos reservados y se erige como eje del Sistema de Inteligencia Nacional.

Esto marca un salto respecto del diseño original de la Ley de Inteligencia y de su propósito de subordinar la producción de inteligencia al control civil y constitucional, limitando facultades coercitivas de los agentes.

DNU 941/2025 reorganiza el sistema de inteligencia y otorga facultades de aprehensión y acceso a datos sin orden judicial.

Debate y resistencias

La reforma fue instrumentada por decreto durante el receso legislativo, lo que habilita su aplicación inmediata pero deja su ratificación definitiva en manos del Congreso cuando sesione. Sectores de la oposición, especialistas y organizaciones de derechos humanos alertan que la ampliación de poderes de inteligencia puede devenir en herramienta de persecución política, espionaje y vigilancia masiva de la población. Un comunicado conjunto de más de 20 ONG advirtió que el decreto “permite aprehensiones sin intervención judicial” y plantea riesgos de “intimidación y represión arbitraria”.

La Ley Gases avanza con represión - CTA

Legisladores de bloques como Provincias Unidas y partidos de centro también expresaron preocupación por el debilitamiento de controles civiles sobre la inteligencia y la potencial transformación de fuerzas armadas y de seguridad en actores de la seguridad interior.

El esquema remite a modelos como el de la ICE en EE.UU., que combina control migratorio con lógica de seguridad y vigilancia amplia.

Las reformas en materia migratoria y de inteligencia no son cambios aislados de estructura burocrática: conforman un marco creciente de institucionalización del control social y de seguridad interior en Argentina.

La normalización del uso de la fuerza antes que la justicia, y la delegación de facultades represivas a organismos con bajo control judicial, remiten a experiencias históricas donde el Estado prioriza la “seguridad” frente a derechos ciudadanos.

Argentina tiene memoria de cómo doctrinas de seguridad nacional y estructuras de inteligencia sin contrapesos pueden derivar en persecución del “enemigo interno” , hoy enmarcado en las protestas y movilizaciones sociales, que incluyen a opositores, trabajadores, jubilados, migrantes y estudiantes. La combinación de una agencia migratoria policializada y servicios de inteligencia con poderes ampliados crea un dispositivo de control que tensiona garantías democráticas y civiles de la política.

Milei vs. Rocca: una pelea que desnuda el fracaso de las élites para pensar el desarrollo

El cruce entre el Presidente y el dueño de Techint no es un episodio personal ni una disputa por precios. Es la expresión de una crisis más profunda: un gobierno subordinado a la lógica financiera global y una élite empresaria incapaz de construir un proyecto nacional de largo plazo.

ANTONIO MUÑIZ

El insulto de Javier Milei a Paolo Rocca, tras la licitación perdida por Techint frente a una empresa india para un proyecto estratégico asociado a Vaca Muerta, activó un debate que venía latente. La discusión pública se concentró en los caños, en la supuesta brecha de precios y en la reacción de la UIA. Pero el núcleo del problema es otro: la ausencia de una estrategia de desarrollo nacional compartida entre Estado, industria y trabajo.

En esa clave, la intervención de Roberto Feletti ordena el conflicto con crudeza política. Para Feletti, ni Milei ni Rocca están en condiciones de diagramar un proyecto de país viable. No por casualidad ni por error táctico, sino por la lógica estructural que ambos representan. El Presidente, porque gobierna como apéndice del capital financiero global, reduciendo el Estado a un dispositivo de ajuste y disciplinamiento. El empresario, porque concibe al Estado como un actor subordinado, “bobo”, útil para bajar impuestos, transferir recursos o garantizar rentabilidad, pero no como socio estratégico del desarrollo.

El señalamiento va más lejos. Según Feletti, el gran empresariado argentino empoderó políticamente al experimento libertario con un objetivo claro: bajar salarios, reducir impuestos, debilitar regulaciones laborales y achicar el Estado. Milei no irrumpió desde afuera del sistema: fue una construcción política habilitada por sectores económicos que buscaban profundizar un giro regresivo. La paradoja es que ese mismo Presidente, una vez en el poder, ya no distingue aliados: combate y desprecia incluso a quienes acompañaron el rumbo, cuando sus intereses sectoriales entran en colisión con la lógica general del ajuste.

Este punto conecta directamente con una idea trabajada desde hace años por Alfredo Zaiat: el fracaso histórico de una burguesía nacional en la Argentina. No por falta de capital, sino por falta de vocación estratégica. Se trata de una élite que privilegia el rentismo, la captura de beneficios coyunturales y el arbitraje con el Estado, pero que no asume el riesgo político y económico de liderar un proceso sostenido de industrialización, innovación y ampliación del mercado interno. Reclama protección cuando la importación la perjudica, pero rechaza un Estado con capacidad de planificación, regulación y conducción.

Desde otro ángulo complementario, Alejandro Bercovich describió con claridad el país que quieren los grandes empresarios: un país con menos Estado, menos impuestos y menos derechos laborales, aun cuando eso implique desarticular el mercado interno y debilitar la cohesión social. En ese esquema, el Estado no debe ser una herramienta de desarrollo, sino un obstáculo a remover. Esa concepción explica por qué amplios sectores del poder económico acompañaron a Milei incluso sabiendo que su programa no tenía anclaje productivo, sino financiero y cultural.

El conflicto Techint–Welspun condensa estas tensiones. No se trata solo de una licitación, sino de un modelo macroeconómico que combina apertura importadora, atraso cambiario y beneficios fiscales a grandes proyectos extractivos, mientras deja a la industria local compitiendo en condiciones estructuralmente desfavorables. La “competitividad”, en este contexto, no surge de mayor productividad o innovación, sino de salarios comprimidos, empleo en retroceso y sustitución de producción nacional por importaciones.

Por eso, como advierte Feletti, el problema no se resuelve eligiendo entre Milei o Rocca. Ambos son parte de una encerrona trágica: un gobierno que desprecia la producción y una élite empresaria que no logra —o no quiere— pensar un país más allá de su propio balance. El resultado es un patrón de acumulación que reproduce dependencia, primarización y vulnerabilidad externa.

La pelea Milei–Rocca no anticipa un nuevo rumbo: confirma la crisis de proyecto de las élites argentinas. Mientras el Presidente actúa como ejecutor de una lógica financiera global y el gran empresariado insiste en un Estado subordinado, la Argentina sigue sin resolver su dilema central. La advertencia es política y actual: sin una propuesta clara de desarrollo, que articule Estado, industria y trabajo, no hay mercado que alcance ni empresario que salve al país.

REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA

Peronismo: la crisis no es electoral, es de organización y poder.

América Latina bajo fuego.

Doctrina Monroe recargada, “guerra antinarco” y la batalla por los recursos naturales.

Por Antonio Muñiz
La ofensiva de Trump ya no aparece como una suma de episodios aislados: toma forma de doctrina de gobierno. Washington combina sanciones, presión financiera, despliegue militar y una “guerra antinarco” que ahora incluye amenazas de operaciones terrestres en México y Colombia.
La disputa se proyecta sobre todo el continente. Asi la región enfrenta un riesgo mayor: la normalización de la intervención como método.
Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y con él regresó una idea antigua, eficaz y peligrosamente actualizada: el hemisferio occidental como retaguardia estratégica de Estados Unidos. No se trata solo de afinidades ideológicas con gobiernos alineados. Se trata de preeminencia: control de rutas, recursos, infraestructura crítica y margen político interno en un continente que, una vez más, es leído desde Washington como “zona de seguridad”, “área de influencia” o “patio trasero”.
El cambio dejó de ser una interpretación. Está formalizado en la arquitectura estratégica: la Casa Blanca publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reivindica “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe, con el objetivo explícito de restaurar la primacía estadounidense en el continente y negar a potencias extra-hemisféricas la posibilidad de controlar activos estratégicos, puertos, infraestructura y posiciones con valor militar. Esa orientación —ya declarada, ya defendida— ordena el resto de las decisiones. Cuando la doctrina se escribe, lo que sigue (presiones, sanciones, acuerdos, bases, “accesos” y operaciones) deja de ser improvisación y se vuelve programa de gobierno.

Una palabra que falta: imperialismo.
Venezuela y el petróleo.
El “narcoterrorismo” como llave de guerra: México y Colombia bajo presión
Ultraderechas en ascenso: el año electoral del “orden” pro-Washington
Argentina: rescate financiero y subordinación estratégica
Tierra del Fuego, Atlántico Sur y la puerta antártica
Mercosur e integración: autonomía bajo presión
Groenlandia: el mismo patrón, otro mapa
Brasil y el Amazonas: hoy no, mañana quizás.
2026: el mayor riesgo es la normalización de estos hechos.

En buena parte del debate público regional se habla de “escalada”, “cruce”, “tensión”. Pero cuando una potencia opera sobre territorio ajeno, impone bloqueos de hecho, captura o traslada dirigentes, y define unilateralmente qué es “legal” en rutas internacionales, el eufemismo encubre lo central: intervención imperial. El punto de inflexión fue Venezuela. Allí la disputa pasó del plano diplomático al de la fuerza, con consecuencias que reconfiguran el umbral de lo posible en la región. El precedente importa más que el episodio: cuando un hecho se naturaliza, se vuelve método.

En Venezuela, la dimensión energética no es decorativa: es el centro. La ofensiva se proyectó sobre exportaciones, cargamentos y rutas, con un mensaje doble: disciplinamiento interno y señal externa hacia China y Rusia, que disputan presencia en el continente. Cuando una potencia puede interrumpir flujos, condicionar compradores y administrar el riesgo marítimo, captura la renta petrolera de ese pais, ejerce poder real sobre ese Estado intervenido incluso sin ocupar formalmente su territorio.
El control de rutas y cargamentos agrega un elemento decisivo: desplaza el conflicto a un plano estructural, donde el poder no se mide por declaraciones sino por capacidad operativa para administrar el comercio, el acceso a divisas y la circulación de energía. En ese escenario, la soberanía queda subordinada al control material de los circuitos militares y comerciales.

La novedad más inquietante del inicio de 2026 es que la guerra antinarco dejó de ser cooperación policial para convertirse en excusa de guerra. La designación de cárteles como organizaciones terroristas endureció el marco, amplió el repertorio de sanciones y habilitó un discurso de excepcionalidad. Pero el salto cualitativo llegó con una idea que Trump repite: operaciones directas y, si fuera necesario, incursiones terrestres.
México quedó en el centro por una razón obvia: su soberanía es el límite que define si el hemisferio entra en una fase de intervención normalizada. Frente a esa presión, la postura del gobierno mexicano fue tajante: cooperación sí, tropas no. Sin embargo, la amenaza persiste porque se integra a un dispositivo mayor, donde seguridad, migración y crimen transnacional son presentados como asuntos de “defensa del territorio estadounidense”.
Colombia aparece como el siguiente escalón. La tensión con Gustavo Petro combinó amenazas públicas y gestos de diplomacia condicionada: primero el golpe de efecto, luego la invitación al diálogo bajo la sombra de sanciones y acusaciones. En paralelo, la idea de “acción conjunta” contra estructuras armadas y narcotráfico funciona como fórmula ambigua: puede ser cooperación, pero también puede abrir la puerta a presencia operacional más directa, con costos políticos internos para Colombia y un efecto demostración para el resto de la región.
La lógica es consistente: cuando el hemisferio se define como prioridad de “defensa del hogar”, la lucha contra el “narcoterrorismo “ se vuelve la clave narrativa que todo lo justifica. El problema del narcotráfico es real, pero también lo es el uso político-estratégico de ese problema para ampliar márgenes de intervencion.

El giro estratégico de Estados Unidos se apoya en un clima regional: crisis sociales profundas, miedo cotidiano, economías frágiles y violencia criminal. Ahí, la palabra “orden” funciona como promesa total: seguridad, castigo, disciplina. Ese clima abre paso a programas de mano dura y a alineamientos externos presentados como requisito de gobernabilidad.
En Chile, el corrimiento a la derecha se consolidó con una victoria electoral con agenda securitaria y antimigratoria. Ecuador profundizó un ciclo político atravesado por la violencia, con un relato de emergencia permanente que legitima estados de excepción y medidas extraordinarias. En Bolivia, el cambio de signo político se dio en el marco de una crisis económica que debilitó al oficialismo histórico y reabrió el mapa de alineamientos. El patrón se repite: seguridad como política total, economía como dependencia y gobernabilidad negociada bajo condicionamientos externos.

En ese tablero, Argentina funciona como caso testigo. La fragilidad macroeconómica y la dependencia de financiamiento externo convierten cada decisión en variable geopolítica. Cuando la supervivencia economica depende de apoyos externos, la autonomía se achica. Y cuando el respaldo financiero llega acompañado de alineamiento, el margen soberano se vuelve parte del acuerdo, aunque no siempre se lo nombre.
A ese cuadro se sumó un dato excepcional: la intervención del Tesoro estadounidense para sostener la estabilidad financiera y política del gobierno argentino, un gesto que puede presentarse como “ayuda” pero que también opera como mecanismo de condicionamiento. Tambien dentro de ese marco hay que evaluar el apoyo politico explicito de Donald Trump al presidente argentino que le permitieron a este ganar las elecciones intermedias de 2025. Pero esta claro que la ayuda nunca es gratis: reduce autonomía, reordena prioridades y transforma decisiones internas en piezas de una estrategia hemisférica.
Y aquí aparece el punto que, por geopolitica y recursos, trasciende cualquier coyuntura: la integridad territorial argentina.

Ushuaia no es un puerto más: es una bisagra. La proyección sobre la Antártida, el control del Atlántico Sur y el valor logístico de los pasos bioceánicos convierten a Tierra del Fuego en un punto sensible. Bajo la excusa del “control de accesos” o de la logística antártica, cualquier infraestructura con potencial dual puede transformarse en palanca de largo plazo: permite presencia, inteligencia, proyección naval y condicionamiento sobre decisiones soberanas futuras.
En un hemisferio donde la doctrina estratégica habla de expandir accesos en ubicaciones clave, el riesgo no reside solo en una base formal, sino en la acumulación progresiva de ventajas operativas: acuerdos, ejercicios, facilidades, usos preferenciales, tecnología, intercambio de información. La experiencia histórica muestra que la dependencia no empieza con un despliegue masivo; empieza con una puerta entreabierta que luego se vuelve regla.
La creacion de una base naval en el sur argentino, la presencia de tropas militares inglesas en Malvinas y su control de gran parte del Mar Autral, sumado a una extranjerizacion en la propiedad de la tierra patagonica y la riqueza en minería, agua y energía de esa región, pone en riesgo futuro la integridad territorial argentina.

La integración regional también quedó atravesada por esta disputa. La accion coordinada por parte del actual gobierno argentino, seguida por el gobierno de Paraguay, con una agenda de flexibilización y acuerdos bilaterales de libre comercio tiene como fin erosionar la capacidad del Mercosur de actuar como bloque y aislar a Brasil. Cuando el continente negocia fragmentado, se vuelve más vulnerable a presiones cruzadas. En esa lógica, la integración deja de ser herramienta de autonomía y pasa a ser terreno de disputa entre modelos: soberanía con coordinación regional o subordinación estructural.

La obsesión por el control territorial no se limita al sur. El interés por Groenlandia exhibe el mismo patrón en otro escenario: geografía, recursos y competencia global convertidos en justificación para forzar decisiones políticas por presión económica o amenaza. Cambia el mapa, no cambia la gramática: donde hay valor estratégico, se busca el control, “por las buenas o por las malas”, tal como definio Donald Trump en estos dias.

Por ahora, Brasil no es blanco directo del trumpismo, luego de cruces en los primeros meses del 2025. Pero el Amazonas permanece como nervio estratégico, por agua, biodiversidad, minerales y control territorial.
En un contexto donde el hemisferio se redefine como área prioritaria, es difícil imaginar que la Amazonia quede fuera del radar si la disputa global escala. El argumento puede mutar: clima, crimen transnacional, minería ilegal, “protección internacional”, infraestructura crítica. El objetivo, en cambio, sería constante: condicionar soberanía sobre un recurso que el mundo mira como reserva del futuro.

América Latina enfrenta una disyuntiva histórica con ropaje nuevo. Lo nuevo es el clima de época: crisis social, violencia real, economías endeudadas y competencia global que convierte recursos e infraestructura en objetivos estratégicos. Lo viejo es el método: presión, sanciones, tutela, intervención.
Si la región acepta que una incursión puede justificarse como “antinarcoterrorismo”, que una base puede instalarse como “logística”, y que el disciplinamiento financiero puede presentarse como “ayuda”, el próximo paso llega sin debate: llega por inercia.
La batalla de fondo ya no es solo ideológica ni electoral. Es soberana. La disyuntiva es si el continente puede sostener el principio básico, que ningún conflicto interno puede justificar la suspensión del derecho internacional ni la tutela externa, o entra en una fase donde la intervención externa vuelve a ser norma y no excepción. Y en ese terreno, la disputa es, como muestra la historia larga latinoamericana, entre proyectos de soberanía nacional y modelos de dependencia colonial.

Reflexiones sobre el avance de las derechas y una autocrítica desde el campo popular latinoamericano

En un contexto global marcado por el avance de las derechas con discursos autoritarios y excluyentes, es imperativo que los sectores populares en América Latina y el Caribe retomen la disputa política e ideológica.

Nuestra región ha sido históricamente un terreno fértil para las luchas emancipadoras, pero también el epicentro de intervenciones imperiales que han tratado de frenar nuestros procesos de liberación. Este artículo busca no solo entender las causas del actual ascenso de las derechas en la región, sino también plantear una autocrítica desde los movimientos populares, cuya fragmentación y falta de conexión con las masas han dejado espacio para que las ideas reaccionarias ganen terreno.

La lucha ideológica como terreno de batalla en América Latina

Tal como lo muestra la historia las ideas de la clase dominante son las que prevalecen en cada época. En América Latina, hemos visto cómo las fuerzas conservadoras, tanto locales como extranjeras, han logrado imponer un discurso que legitima el ajuste, la competencia voraz y el individualismo, bajo la fachada de una falsa "libertad".

Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿qué ha pasado con las ideas de justicia social, integración regional y soberanía que fueron las banderas de nuestras luchas populares? La derecha ha sabido vestir su proyecto de sometimiento con el ropaje de la rebeldía, mientras que las fuerzas progresistas han tenido dificultades para articular una respuesta contundente, atrapadas en fragmentaciones y debates internos que no siempre conectan con las urgencias de nuestros pueblos.

La pérdida de rumbo en la izquierda y el campo popular

Desde la caída del Muro de Berlín y el auge de las políticas de globalización neoliberal, los movimientos de izquierda en el mundo han enfrentado una profunda crisis. En América Latina, los procesos populares como los liderados por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o los Kirchner en Argentina, trajeron consigo avances significativos en la lucha por la soberanía y la justicia social. Sin embargo, la arremetida de la derecha en años recientes, aliada con el capital transnacional y los organismos financieros internacionales, ha sabido explotar los errores y limitaciones de estos gobiernos progresistas para revertir dichas conquistas.

Pero no podemos culpar únicamente a la derecha. También es necesario asumir nuestras propias responsabilidades. ¿Por qué el neoliberalismo ha logrado seducir a sectores populares que sufren sus consecuencias más brutales? La respuesta está en la desconexión de las dirigencias populares con las realidades concretas de nuestros pueblos. Los debates teóricos, la burocratización de los cuadros militantes y las internas politiqueras han desviado la atención de las necesidades inmediatas de las mayorías: el trabajo, el acceso a la tierra, la vivienda, la salud y la educación. En este sentido, la autocrítica debe ser profunda, pues sin un proyecto de transformación que ponga en el centro a las grandes mayorías postergadas, no hay horizonte emancipador posible.

El populismo (1) latinoamericano como respuesta soberana

En América Latina, las ultimas respuestas desde el campo popular han sido diversas. Gobiernos como los de Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia o Boric en Chile, han buscado retomar un camino de justicia social y soberanía nacional. Sin embargo, estas experiencias también requieren una mirada crítica, se convirtieron en gestiones fallidas, ya que no han podido dar las respuesta esperadas por la sociedad.

¿Porqué los gobiernos de los movimientos populares no han querido o podido superar los límites del capitalismo dependiente y construir una verdadera alternativa al modelo de acumulación hegemónico?

En el caso del peronismo, que desde sus orígenes enfrentó al imperialismo y a las oligarquías locales, el desafío no es solo defender lo conquistado, sino avanzar en la construcción de un proyecto de país profundamente inclusivo. Como recordaba Juan Domingo Perón: “La verdadera libertad se encuentra en la justicia social”. Es aquí donde los movimientos populares deben recuperar su capacidad de transformación, para que la justicia social no sea una consigna vacía, sino una realidad palpable en la vida de nuestro pueblo.

La batalla cultural y la disputa por el sentido común

La derecha ha comprendido que la batalla no se da únicamente en el terreno económico, sino que se libra principalmente en el campo cultural. Han logrado imponer la idea de que el Estado es ineficiente y que solo el mercado puede generar bienestar. Este discurso, promovido por los grandes medios de comunicación y los sectores más concentrados del poder, ha calado profundamente en sectores populares, generando divisiones internas y debilitando la solidaridad de clase.

Frente a este avance, es fundamental que los movimientos populares latinoamericanos recuperen la disputa por el sentido común. Debemos reivindicar las conquistas históricas de nuestros pueblos, recordando que cada derecho ganado fue fruto de la lucha y el sacrificio. La soberanía nacional y popular no es un concepto abstracto; es una necesidad urgente en una región que sigue siendo tratada como patio trasero por las potencias extranjeras.

La unidad del campo popular: un desafío latinoamericano

El desafío central para el campo popular en América Latina es construir una unidad amplia que, sin perder la identidad y las perspectivas locales, pueda enfrentar el avance de las derechas. No se trata solo de resistir, sino de avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la integración regional, la independencia económica y la justicia social. Como planteaba Perón, “para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino”, y este principio de unidad nacional debe proyectarse a toda América Latina, bajo el ideal de la Patria Grande.

El futuro de América Latina: soberanía y emancipación

En última instancia, la lucha por la soberanía no es solo territorial, sino también económica, cultural e ideológica. La liberación de nuestros pueblos no se logrará si seguimos sujetos a los dictados de las potencias extranjeras y los organismos financieros internacionales. Como latinoamericanos, tenemos la responsabilidad histórica de avanzar hacia un proyecto de integración que priorice los intereses de nuestros pueblos y no de las élites que siempre han gobernado en función de sus propios privilegios.

La batalla contra el neoliberalismo y el imperialismo sigue vigente y es más urgente que nunca. Y como nos enseña la historia de nuestras luchas, solo con la organización popular, la unidad y la claridad en nuestros objetivos podremos construir una América Latina verdaderamente soberana y justa.

1- En el ámbito latinoamericano se han etiquetado como populistas a todas aquellas políticas económicas implementadas en beneficio de las clases populares y excluidas.

ANTONIO MUÑIZ

Peronismo: la crisis no es electoral, es de organización y poder.

La crisis que atraviesa el peronismo no puede explicarse como una simple derrota electoral ni como un problema coyuntural de liderazgo. Lo que está en juego es más profundo: una crisis de organización, de conducción y, sobre todo, de sujeto social. Por Antonio Muñiz En paralelo, el gobierno de Javier Milei no se limita a administrar un ajuste económico ni a aplicar un recetario ortodoxo: impulsa un proyecto de reordenamiento social que busca desarmar los lazos comunitarios y sustituirlos por una sociedad de individuos aislados, endeudados y disciplinados. El mileísmo no gobierna solo con políticas económicas. Opera como una forma contemporánea de colonización que articula finanzas, medios, cultura, justicia y plataformas tecnológicas. Su objetivo estratégico no es únicamente reducir el Estado, sino erosionar las bases materiales y simbólicas que permiten la construcción de poder popular. Allí reside la gravedad del momento histórico: no se trata de una disputa electoral más, sino de una ofensiva sobre la idea misma de comunidad organizada. Frente a este escenario, el peronismo aparece desorientado. Durante años, la política fue reducida a la lógica electoral: ganar la próxima elección, cerrar listas, ordenar internas. Ese achicamiento del Movimiento al Partido tuvo un costo alto. Cuando el peronismo deja de organizar al pueblo y se concentra solo en competir por cargos, la militancia se vacía de sentido y la sociedad queda librada a la iniciativa del poder real. La derecha avanza no solo porque propone un programa económico regresivo, sino porque logra interpelar subjetividades. Construye sentido común anti político, instala la idea de que el Estado es un enemigo y presenta a la política como una estafa permanente. Frente a eso, muchas veces el peronismo respondió con denuncias, pero sin orientación. Señalar el daño no alcanza si no se ofrece un horizonte. Sin horizonte, no hay organización posible. El problema central no es solo discursivo. La colonización contemporánea se impone con estructura, endeudamiento, fuga de capitales, control financiero, tarifas, precios, judicialización de la política, concentración mediática y plataformas digitales que fragmentan la experiencia social. Si el peronismo no reconstruye su propia estructura social —territorial, productiva, cultural y organizativa— queda condenado a reaccionar, siempre tarde, frente a una agenda que otros imponen. En ese vacío aparece lo que podría llamarse un “peronismo sin sujeto”: un discurso que conserva palabras históricas, pero que ya no se apoya en una comunidad organizada capaz de sostenerlas. Identidad sin músculo, memoria sin futuro. La dispersión de causas, agendas y consignas —aun bienintencionadas— es el síntoma más claro de esa crisis de síntesis. Sin un objetivo central que ordene prioridades, la política se fragmenta y la militancia se convierte en una suma de esfuerzos aislados. La democracia liberal realmente existente refuerza este problema. Empuja a competir por cargos y visibilidad, no a construir poder social duradero. En ese marco, el marketing electoral reemplaza a la conducción política. Se habla de “temas del día” mientras se pierde de vista el conflicto estructural que define la época. Por eso, el primer paso es clarificar quien es el enemigo. No alcanza con hablar genéricamente de “la derecha” o “el neoliberalismo”. La colonización actual funciona como un sistema integrado. Es económica, cuando subordina al país al endeudamiento y la primarización. Es cultural, cuando degrada el debate público y promueve el individualismo como valor supremo. Es judicial, cuando utiliza el lawfare para condicionar o perseguir dirigentes populares. Es tecnológica, cuando reemplaza organización por indignación algorítmica. Y es territorial, cuando fragmenta comunidades y naturaliza economías de supervivencia. Frente a este cuadro, la tarea del peronismo no es “volver” por nostalgia ni resistir como espera pasiva. La tarea es reconstruir el Movimiento. Recuperar una lógica profundamente peronista: la Comunidad Organizada como base de una democracia real, participativa y permanente. Allí aparece una distinción clave que el peronismo nunca debería haber perdido de vista: el Partido es una herramienta para disputar el gobierno; el Movimiento es la herramienta para disputar poder. Cuando el Movimiento se reduce al Partido, la política se achica. Cuando el Estado se separa de la comunidad organizada, la gestión se vuelve mera administración. Y cuando el gobierno no se apoya en un pueblo organizado, se agota rápidamente, aun cuando gane elecciones. En este sentido, la grieta que ordena no es la de partido contra partido. La línea de demarcación real atraviesa a la sociedad de otro modo: Patria o Colonia, comunidad organizada o individualismo, producción y trabajo o financiarización, soberanía política o tutela externa, democracia participativa o democracia de espectadores. No se trata de una grieta moral ni emocional, sino estratégica. Sirve para ordenar alianzas, discursos y prioridades. La unidad, en este contexto, no puede ser solo un acuerdo defensivo ni un congelamiento de internas. Necesita contenido. Un modelo de país mínimo, comprensible y traducible en organización. Producción y trabajo como eje, soberanía económica, justicia social moderna, soberanía cultural y un Estado eficaz articulado con la comunidad. Sin programa, la unidad se vuelve amontonamiento; sin organización, el programa se vuelve retórica. Todo esto remite a un objetivo central: tomar el poder. Pero no se debe confundir el instrumento con el fin. Se puede ganar una elección y, sin embargo, perder conducción política y cultural. La historia reciente lo demuestra. El poder duradero no se construye solo en el Estado, sino en la trama social que lo sostiene y lo controla. En definitiva, la disputa que se abre en esta etapa no es solamente electoral. Es cultural, organizativa y estratégica. La colonización necesita individuos sueltos, indignados y manipulables. El peronismo, cuando vuelve a su raíz histórica, propone lo contrario: un pueblo organizado que discute su destino, construye poder y gobierna con sentido colectivo. Sin comunidad organizada no hay conducción posible. Y sin conducción, la política se reduce a administración de la derrota.

América Latina bajo fuego.

Doctrina Monroe recargada, “guerra antinarco” y disputa por recursos estratégicos Por Antonio Muñiz La ofensiva de Donald Trump ya no puede leerse como una suma de episodios aislados: empieza a operar como doctrina de gobierno. Washington combina sanciones, presión financiera, despliegue militar y una “guerra antinarco” que ahora incorpora amenazas de operaciones directas, incluso con eventuales incursiones terrestres en México y Colombia. La región queda así frente a un riesgo mayor: la normalización de la intervención como método. Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y, con su regreso, reactivó una idea antigua y hoy peligrosamente actualizada: el hemisferio occidental como retaguardia estratégica de Estados Unidos. No se trata únicamente de afinidades ideológicas con gobiernos alineados, sino de preeminencia: control de rutas, recursos, infraestructura crítica y margen de maniobra política en un continente que vuelve a ser leído desde Washington como “zona de seguridad” y “área de influencia”. Esa orientación dejó de ser una interpretación y pasó a formalizarse en la arquitectura estratégica. La Casa Blanca publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reivindica “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe, con el objetivo explícito de restaurar la primacía estadounidense en el continente e impedir que potencias extra hemisféricas consoliden posiciones sobre activos estratégicos, puertos o infraestructura con valor militar. Cuando la doctrina se escribe, lo que sigue —presiones, acuerdos, bases, “accesos”, sanciones u operaciones— deja de ser improvisación: se vuelve programa. Un mes de Trump en el poder: su relación con América Latina en cuatro actos - France 24 La palabra que falta: imperialismo En buena parte del debate regional se habla de “tensión”, “cruce” o “escalada”. Pero cuando una potencia condiciona rutas internacionales, impone bloqueos de hecho, captura o traslada dirigentes y define unilateralmente qué es “legal” en aguas y circuitos comerciales, el eufemismo tapa lo central: intervención imperial. El punto de inflexión fue Venezuela. Allí la disputa se desplazó del plano diplomático al de la fuerza, corriendo el umbral de lo posible. El precedente es más relevante que el episodio: cuando un hecho se naturaliza, se vuelve método. Venezuela y el petróleo: soberanía bajo control material En Venezuela, la dimensión energética no es decorativa: es el núcleo. La presión sobre exportaciones, cargamentos y rutas envía un doble mensaje: disciplinamiento interno y señal externa hacia China y Rusia, que disputan presencia en el continente. Cuando una potencia puede interrumpir flujos, condicionar compradores y administrar el riesgo marítimo, captura renta, regula el acceso a divisas y ejerce poder real sobre el Estado intervenido aun sin una ocupación formal. Ese control traslada el conflicto a un plano estructural. La soberanía queda subordinada al dominio material de circuitos militares y comerciales: no manda quien declara, sino quien puede operar sobre el comercio, la energía y la logística. “Narcoterrorismo” como llave de guerra: México y Colombia bajo presión La novedad más inquietante del inicio de 2026 es el salto conceptual: la guerra antinarco dejó de ser cooperación policial para presentarse como excusa de guerra. La designación de cárteles como organizaciones terroristas endurece el marco, amplía sanciones y habilita un discurso de excepcionalidad. Pero el quiebre llega con una idea que Trump repite: acciones directas y, si hiciera falta, incursiones terrestres. México quedó en el centro por una razón obvia: su soberanía funciona como línea roja para definir si el hemisferio entra en una fase de intervención normalizada. La respuesta mexicana fue tajante: cooperación sí, tropas no. Aun así, la amenaza persiste porque se integra a un dispositivo mayor donde seguridad, migración y crimen transnacional se presentan como asuntos de “defensa del territorio estadounidense”. Colombia aparece como el siguiente escalón. La tensión con Gustavo Petro combinó amenazas públicas con diplomacia condicionada: golpe de efecto primero, invitación al diálogo después, siempre bajo la sombra de sanciones y acusaciones. En paralelo, la noción de “acción conjunta” contra estructuras armadas y narcotráfico funciona como fórmula ambigua: puede ser cooperación, pero también puerta de entrada a una presencia operacional más directa, con costos internos para Colombia y efecto demostración para el resto de la región. El problema del narcotráfico es real. También lo es su uso político-estratégico para ampliar márgenes de intervención. Ultraderechas en ascenso: el “orden” como promesa total El giro estratégico de Estados Unidos se apoya en un clima regional atravesado por crisis sociales, miedo cotidiano, economías frágiles y violencia criminal. En ese terreno, la palabra “orden” funciona como promesa total: seguridad, castigo, disciplina. El resultado es una ventana de oportunidad para programas de mano dura y alineamientos externos presentados como condición de gobernabilidad. En Chile, el corrimiento a la derecha se consolidó con una victoria de agenda securitaria y antimigratoria. Ecuador profundizó un ciclo político bajo el relato de emergencia permanente que legitima estados de excepción y medidas extraordinarias. En Bolivia, el cambio de signo se produjo en un marco de crisis económica que debilitó al oficialismo histórico y reabrió el mapa de alineamientos. El patrón se repite: seguridad como política total, economía bajo tutela y gobernabilidad negociada con condicionamientos externos. El país de América Latina al que apunta Estados Unidos como nuevo objetivo Argentina: rescate financiero y subordinación estratégica En este tablero, Argentina opera como caso testigo. La fragilidad macroeconómica y la dependencia del financiamiento externo convierten cada decisión en variable geopolítica. Cuando la supervivencia económica depende de respaldos externos, el margen de autonomía se reduce; y cuando ese respaldo llega ligado a alineamientos, la soberanía pasa a formar parte del acuerdo aunque no se lo nombre. A ese cuadro se sumó un dato excepcional: la intervención del Tesoro estadounidense para sostener la estabilidad financiera y política del gobierno argentino. Puede presentarse como “ayuda”, pero funciona también como mecanismo de condicionamiento. En el mismo marco debe leerse el apoyo político explícito de Trump al presidente argentino, que incidió en la consolidación del oficialismo en las intermedias de 2025. La regla histórica es simple: la asistencia nunca es gratis. Y por detrás de la coyuntura aparece el punto más sensible, por geopolítica y recursos: la integridad territorial argentina. Tierra del Fuego, Atlántico Sur y puerta antártica Ushuaia no es un puerto más: es una bisagra. La proyección hacia la Antártida, el control del Atlántico Sur y el valor logístico de los pasos bioceánicos vuelven a Tierra del Fuego un punto crítico. Bajo excusas como “control de accesos” o logística antártica, cualquier infraestructura con potencial dual puede convertirse en palanca de largo plazo: presencia, inteligencia, proyección naval y condicionamiento sobre decisiones futuras. El riesgo no reside solo en una base formal, sino en la acumulación gradual de ventajas operativas: acuerdos, ejercicios, facilidades, usos preferenciales, tecnología e intercambio de información. La dependencia rara vez empieza con un despliegue masivo; suele comenzar con una puerta entreabierta que, con el tiempo, se vuelve regla. La discusión se agrava por un contexto regional específico: la presencia militar británica en Malvinas y su control sobre áreas del Atlántico Sur, sumados a procesos de extranjerización de la tierra patagónica y al valor estratégico de la región en minería, agua y energía. En conjunto, ese cuadro incrementa riesgos de mediano plazo sobre soberanía e integridad territorial. Mercosur e integración: autonomía bajo presión La integración regional también quedó atravesada por esta disputa. La agenda de flexibilización del Mercosur —impulsada por el gobierno argentino y acompañada por Paraguay mediante la búsqueda de acuerdos bilaterales de libre comercio— tiende a erosionar la capacidad del bloque y a aislar a Brasil. Cuando la región negocia fragmentada, se vuelve más vulnerable a presiones cruzadas. La integración deja de ser herramienta de autonomía y pasa a ser campo de disputa entre modelos: soberanía con coordinación regional o subordinación estructural. Groenlandia: el mismo patrón, otro mapa La obsesión por el control territorial no se limita al sur. El interés por Groenlandia repite la misma gramática: geografía, recursos y competencia global como justificación para forzar decisiones políticas por presión económica o amenaza. Cambia el mapa, no cambia el método: donde hay valor estratégico, se busca control “por las buenas o por las malas”. Brasil y el Amazonas: hoy no, mañana quizás Por ahora, Brasil no aparece como blanco directo del trumpismo tras los cruces de los primeros meses de 2025. Pero el Amazonas sigue siendo un nervio estratégico por agua, biodiversidad, minerales y control territorial. En un contexto donde el hemisferio se redefine como prioridad, es difícil imaginar que la Amazonia quede fuera del radar si la disputa global escala. Los argumentos pueden mutar —clima, crimen transnacional, minería ilegal, “protección internacional”, infraestructura crítica—, pero el objetivo sería estable: condicionar soberanía sobre un recurso que el mundo mira como reserva del futuro. 2026: el riesgo mayor es la normalización América Latina enfrenta una disyuntiva histórica con ropaje nuevo. Lo nuevo es el clima de época: crisis social, violencia real, economías endeudadas y competencia global que convierte recursos e infraestructura en objetivos estratégicos. Lo viejo es el método: presión, sanciones, tutela, intervención. Si la región acepta que una incursión puede justificarse como “antinarcoterrorismo”, que una base puede instalarse como “logística”, y que el disciplinamiento financiero puede presentarse como “ayuda”, el próximo paso no llega por debate: llega por inercia. La batalla de fondo ya no es solo ideológica ni electoral. Es soberana. La disyuntiva es si el continente puede sostener un principio básico —que ningún conflicto interno justifica la tutela externa ni la suspensión del derecho internacional— o si entra en una fase donde la intervención vuelve a ser una normalidad y no una excepción. En ese terreno, como enseña la historia larga latinoamericana, la disputa real se juega entre proyectos de soberanía nacional y modelos de dependencia colonial.

Municipalismo y Participación ciudadana

El pasado 4 de mayo se realizó una charla debate organizada por el Centro de Estudios Causa Luján y la agrupación Causa Popular. El Profesor Marcel Pavka, especialista en el tema brindó una amena charla donde contó experiencias de distintos municipios sobre distintas herramientas de gestión municìpal que promueven la participación popular en la toma de decisiones de los gobernantes.
Analizó por ultimo distintos modelos de implementación del Presupuesto participativo, donde los vecinos son quienes deciden en que y como se invierten los recursos en su barrio y o localidad.