Antonio Muñiz : Un país que se deshace.

Un país que se deshace.

La balcanización de la Argentina no es obra de Milei, pero Milei la administra como si fuera su programa de gobierno. Sobre un federalismo que ya era más nominal que real, el presidente libertario descargó el ajuste más brutal en décadas, retiró al Estado nacional como articulador territorial y consagró la dispersión como sistema. El resultado no es libertad: es un país que se deshace sin que nadie lo conduzca.

Por Antonio Muñiz

Cuando el territorio se desanuda del poder

La política argentina contemporánea se encuentra atravesada por una fractura estructural que excede la coyuntura económica o los estilos de liderazgo. Lo que se evidencia es un vaciamiento del proyecto nacional como horizonte articulador, en un contexto donde las provincias actúan como unidades autárquicas y el Estado central ha perdido capacidad de estructuración. En lugar de un sistema federal cooperativo, emerge un entramado territorial balcanizado, fragmentado en agendas divergentes, lealtades efímeras y racionalidades localistas.

Esta dinámica no es sólo institucional: expresa una crisis de lo estatal, es decir, una erosión del poder estructurante del Estado como productor de sentido, integración y dirección colectiva.

El peligro de la balcanización del país: un llamado a la reflexión – Por Raul Ayala | RADIO LA MIRA

La disociación entre Estado y Nación

El Estado moderno cumple tres funciones centrales: legitimar el orden político, ocupar y distribuir poder en el territorio y construir identidad nacional. Estas dimensiones, reales y simbólicas, se encuentran en tensión en la Argentina actual. El orden político es formalmente democrático, pero la legitimidad está erosionada por el descrédito de las élites. El poder se distribuye según un federalismo que, en los hechos, se ha transformado en una unión de feudos provinciales. Y la identidad nacional, otrora cimentada en imaginarios colectivos como la cultura, la democracia, le educación, el desarrollo o la movilidad social ascendente, ha sido sustituida por identidades subnacionales o individualistas.

La Nación, como proyecto, queda a la deriva. Y con ella, el destino compartido.

La ausencia de un proyecto nacional no es sólo un vacío programático. Es la expresión de una desarticulación profunda entre Estado y Nación. Las provincias se gestionan como unidades cerradas sobre sí mismas, donde el poder responde más a lógicas de gobernabilidad interna que a la construcción de un modelo común de país. El Estado nacional, por su parte, ha dejado de funcionar como centro ordenador, incapaz de proyectar un horizonte de desarrollo que sea más que la administración del ajuste o la gestión del malestar. Esta disociación configura un cuadro crisis estructural, donde la Nación no articula ya el territorio ni la subjetividad política.

Balcanización del poder: gobernadores sin nación

La decisión de la mayoría de los gobernadores de desdoblar las elecciones provinciales respecto del calendario nacional fue sintomática. Ya no se trata simplemente de estrategias electorales locales. Es un síntoma de que los liderazgos provinciales no se reconocen en la nación como un proyecto común, sino que buscan blindarse frente a su decadencia. En términos de análisis institucional, estamos frente a una atomización de las lógicas de poder, donde el capital político se construye en clave territorial, mientras el poder central se vuelve incapaz de disciplinar, coordinar o siquiera negociar de forma sistemática.

Esta deriva balcanizante no ocurre en el vacío. Se inserta en un contexto donde el federalismo argentino ha quedado reducido a un mecanismo de distribución fiscal sin contrapartida política, cultural ni estratégica. La coparticipación funciona como subsidio a la gobernabilidad, no como herramienta de desarrollo. Y cuando ese flujo se interrumpe —como ocurre bajo la actual presidencia de Javier Milei—, el tejido federal se deshilacha con rapidez.

El sistema de coparticipación federal argentino opera históricamente como mecanismo de gobernabilidad, no de desarrollo. Transfiere recursos sin exigir contraprestación política ni estratégica. Cuando el flujo se corta, como bajo el ajuste mileísta, la cohesión territorial se derrumba.

El vacío del centro: Estado mínimo, poder desarticulado

Lo que en el arranque del gobierno de Milei pudo leerse como una autoridad que se imponía por disrupción sin articulación de intereses, se fue consolidando, a lo largo de 2024 y 2025, en una coalición de poder con perfiles más definidos: el gran empresariado concentrado, el sector financiero —nacional e internacional—, y el respaldo estratégico de Washington y el FMI como garantes externos del experimento. El poder no está vacío: está selectivamente distribuido entre los ganadores del nuevo modelo.

El poder no está vacío: está selectivamente distribuido entre los ganadores del nuevo modelo. Argentina como plataforma exportadora de commodities.

Ese modelo tiene una lógica estructural precisa: Argentina como plataforma exportadora de commodities. El eje gravitacional se desplazó hacia tres sectores —minería, energía y agronegocios— que traccionan divisas, disciplinan la macroeconomía y ordenan la agenda de inversiones. En este esquema, el territorio nacional deja de ser un espacio de integración para convertirse en un archipiélago de enclaves productivos: hay provincias que se acoplan al nuevo ciclo y provincias que lo padecen.

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Las ganadoras son las que tienen productos exportables: el NOA minero, la Patagonia energética, la Pampa Húmeda agropecuaria. En esas jurisdicciones, las burguesías locales presionan para insertarse en las cadenas de valor globales, los gobernadores negocian directamente con inversores extranjeros y el Estado nacional opera como facilitador regulatorio. Las perdedoras son los grandes centros urbanos y las zonas de industrialización densa: el AMBA, los cordones fabriles del Gran Córdoba, del Gran Rosario, del Gran Mendoza. Allí la burguesía industrial y el sector de servicios atraviesan una crisis de rentabilidad que no tiene horizonte de reversión dentro de la lógica extractivista, y la clase trabajadora acumula deterioro de poder adquisitivo sin compensación.

Esta geografía fracturada tiene una consecuencia política de primer orden: profundiza la fragmentación del sistema federal. Los gobernadores ya no pueden articular una posición común frente a la Nación porque sus economías provinciales responden a lógicas divergentes. El que gobierna Jujuy o Neuquén tiene incentivos para acoplarse al modelo; el que gobierna el conurbano o una ciudad industrial tiene incentivos para resistirlo. El resultado es una balcanización regional que no es un efecto secundario del programa, sino su condición de reproducción: un federalismo atomizado es más fácil de administrar desde el poder central cuando ese poder central ya no pretende construir nación sino facilitar la extracción de sus recursos.

Más allá de algunos indicadores que el oficialismo exhibe como evidencia de éxito —estabilización del tipo de cambio, reducción del déficit fiscal, recuperación parcial de reservas—, el modelo no contiene una respuesta para los 45 millones de argentinos. Un esquema centrado en la exportación de recursos naturales con bajo coeficiente de empleo, nula transferencia tecnológica y acelerada desindustrialización no genera densidad productiva suficiente para sostener un mercado interno de la escala que requiere una sociedad urbana y asalariada como la argentina. La coalición gobernante lo sabe: no está diseñando un país para todos, sino administrando la transición hacia un país para algunos.

El “federalismo de regiones” que ensayan algunos gobernadores —como la Región Centro o el Norte Grande— expresa, en este marco, una racionalidad defensiva antes que una visión compartida de país. Son intentos de bloquear el peor escenario, no de construir un proyecto superador. La Nación, como proyecto, queda así a la deriva: no porque el poder esté ausente, sino porque el poder existente no tiene interés en reconstituirla.

¿Qué es un proyecto nacional?

Recuperar un proyecto nacional no significa imponer una ideología única, sino establecer un horizonte común de desarrollo que articule territorio, producción y ciudadanía. Esto implica responder, al menos, a tres preguntas clave:

¿Qué país queremos ser?

¿Un enclave agroexportador subordinado a las cadenas globales, o una economía con valor agregado, integración regional y justicia social?

¿Cómo distribuimos el poder en el territorio?

¿Un federalismo real, con capacidades estatales en todas las provincias, o una delegación administrativa sin autonomía efectiva?

¿Cómo distribuimos el poder en el territorio?

¿Un federalismo real, con capacidades estatales en todas las provincias, o una delegación administrativa sin autonomía efectiva?

¿Qué tipo de ciudadanía promovemos?

¿Una sociedad de derechos e inclusión o una competencia darwiniana entre individuos desconectados?

Responder estas preguntas exige una reconfiguración del pacto federal, pero también de la cultura política. Implica repensar al Estado no como obstáculo, sino como herramienta de coordinación estratégica entre Nación y provincias; como garante de derechos y promotor del desarrollo con equidad.

Reconstruir lo común

La Argentina necesita, más que nunca, reconstruir un centro político y simbólico. No se trata de recentralizar el poder, sino de recomponer un vínculo federativo basado en responsabilidades compartidas y metas comunes. Un nuevo proyecto nacional debe surgir no como imposición vertical, sino como resultado de un pacto horizontal , logrado a través del dialogo y los consensos entre actores provinciales, sociales, productivos y políticos.

De lo contrario, la balcanización no será solo electoral o fiscal. Será existencial: una Argentina sin nación, sin horizonte, sin futuro común.

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Peronismo: la crisis no es electoral, es de organización y poder.

La crisis que atraviesa el peronismo no puede explicarse como una simple derrota electoral ni como un problema coyuntural de liderazgo. Lo que está en juego es más profundo: una crisis de organización, de conducción y, sobre todo, de sujeto social. Por Antonio Muñiz En paralelo, el gobierno de Javier Milei no se limita a administrar un ajuste económico ni a aplicar un recetario ortodoxo: impulsa un proyecto de reordenamiento social que busca desarmar los lazos comunitarios y sustituirlos por una sociedad de individuos aislados, endeudados y disciplinados. El mileísmo no gobierna solo con políticas económicas. Opera como una forma contemporánea de colonización que articula finanzas, medios, cultura, justicia y plataformas tecnológicas. Su objetivo estratégico no es únicamente reducir el Estado, sino erosionar las bases materiales y simbólicas que permiten la construcción de poder popular. Allí reside la gravedad del momento histórico: no se trata de una disputa electoral más, sino de una ofensiva sobre la idea misma de comunidad organizada. Frente a este escenario, el peronismo aparece desorientado. Durante años, la política fue reducida a la lógica electoral: ganar la próxima elección, cerrar listas, ordenar internas. Ese achicamiento del Movimiento al Partido tuvo un costo alto. Cuando el peronismo deja de organizar al pueblo y se concentra solo en competir por cargos, la militancia se vacía de sentido y la sociedad queda librada a la iniciativa del poder real. La derecha avanza no solo porque propone un programa económico regresivo, sino porque logra interpelar subjetividades. Construye sentido común anti político, instala la idea de que el Estado es un enemigo y presenta a la política como una estafa permanente. Frente a eso, muchas veces el peronismo respondió con denuncias, pero sin orientación. Señalar el daño no alcanza si no se ofrece un horizonte. Sin horizonte, no hay organización posible. El problema central no es solo discursivo. La colonización contemporánea se impone con estructura, endeudamiento, fuga de capitales, control financiero, tarifas, precios, judicialización de la política, concentración mediática y plataformas digitales que fragmentan la experiencia social. Si el peronismo no reconstruye su propia estructura social —territorial, productiva, cultural y organizativa— queda condenado a reaccionar, siempre tarde, frente a una agenda que otros imponen. En ese vacío aparece lo que podría llamarse un “peronismo sin sujeto”: un discurso que conserva palabras históricas, pero que ya no se apoya en una comunidad organizada capaz de sostenerlas. Identidad sin músculo, memoria sin futuro. La dispersión de causas, agendas y consignas —aun bienintencionadas— es el síntoma más claro de esa crisis de síntesis. Sin un objetivo central que ordene prioridades, la política se fragmenta y la militancia se convierte en una suma de esfuerzos aislados. La democracia liberal realmente existente refuerza este problema. Empuja a competir por cargos y visibilidad, no a construir poder social duradero. En ese marco, el marketing electoral reemplaza a la conducción política. Se habla de “temas del día” mientras se pierde de vista el conflicto estructural que define la época. Por eso, el primer paso es clarificar quien es el enemigo. No alcanza con hablar genéricamente de “la derecha” o “el neoliberalismo”. La colonización actual funciona como un sistema integrado. Es económica, cuando subordina al país al endeudamiento y la primarización. Es cultural, cuando degrada el debate público y promueve el individualismo como valor supremo. Es judicial, cuando utiliza el lawfare para condicionar o perseguir dirigentes populares. Es tecnológica, cuando reemplaza organización por indignación algorítmica. Y es territorial, cuando fragmenta comunidades y naturaliza economías de supervivencia. Frente a este cuadro, la tarea del peronismo no es “volver” por nostalgia ni resistir como espera pasiva. La tarea es reconstruir el Movimiento. Recuperar una lógica profundamente peronista: la Comunidad Organizada como base de una democracia real, participativa y permanente. Allí aparece una distinción clave que el peronismo nunca debería haber perdido de vista: el Partido es una herramienta para disputar el gobierno; el Movimiento es la herramienta para disputar poder. Cuando el Movimiento se reduce al Partido, la política se achica. Cuando el Estado se separa de la comunidad organizada, la gestión se vuelve mera administración. Y cuando el gobierno no se apoya en un pueblo organizado, se agota rápidamente, aun cuando gane elecciones. En este sentido, la grieta que ordena no es la de partido contra partido. La línea de demarcación real atraviesa a la sociedad de otro modo: Patria o Colonia, comunidad organizada o individualismo, producción y trabajo o financiarización, soberanía política o tutela externa, democracia participativa o democracia de espectadores. No se trata de una grieta moral ni emocional, sino estratégica. Sirve para ordenar alianzas, discursos y prioridades. La unidad, en este contexto, no puede ser solo un acuerdo defensivo ni un congelamiento de internas. Necesita contenido. Un modelo de país mínimo, comprensible y traducible en organización. Producción y trabajo como eje, soberanía económica, justicia social moderna, soberanía cultural y un Estado eficaz articulado con la comunidad. Sin programa, la unidad se vuelve amontonamiento; sin organización, el programa se vuelve retórica. Todo esto remite a un objetivo central: tomar el poder. Pero no se debe confundir el instrumento con el fin. Se puede ganar una elección y, sin embargo, perder conducción política y cultural. La historia reciente lo demuestra. El poder duradero no se construye solo en el Estado, sino en la trama social que lo sostiene y lo controla. En definitiva, la disputa que se abre en esta etapa no es solamente electoral. Es cultural, organizativa y estratégica. La colonización necesita individuos sueltos, indignados y manipulables. El peronismo, cuando vuelve a su raíz histórica, propone lo contrario: un pueblo organizado que discute su destino, construye poder y gobierna con sentido colectivo. Sin comunidad organizada no hay conducción posible. Y sin conducción, la política se reduce a administración de la derrota.

América Latina bajo fuego.

Doctrina Monroe recargada, “guerra antinarco” y disputa por recursos estratégicos Por Antonio Muñiz La ofensiva de Donald Trump ya no puede leerse como una suma de episodios aislados: empieza a operar como doctrina de gobierno. Washington combina sanciones, presión financiera, despliegue militar y una “guerra antinarco” que ahora incorpora amenazas de operaciones directas, incluso con eventuales incursiones terrestres en México y Colombia. La región queda así frente a un riesgo mayor: la normalización de la intervención como método. Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y, con su regreso, reactivó una idea antigua y hoy peligrosamente actualizada: el hemisferio occidental como retaguardia estratégica de Estados Unidos. No se trata únicamente de afinidades ideológicas con gobiernos alineados, sino de preeminencia: control de rutas, recursos, infraestructura crítica y margen de maniobra política en un continente que vuelve a ser leído desde Washington como “zona de seguridad” y “área de influencia”. Esa orientación dejó de ser una interpretación y pasó a formalizarse en la arquitectura estratégica. La Casa Blanca publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que reivindica “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe, con el objetivo explícito de restaurar la primacía estadounidense en el continente e impedir que potencias extra hemisféricas consoliden posiciones sobre activos estratégicos, puertos o infraestructura con valor militar. Cuando la doctrina se escribe, lo que sigue —presiones, acuerdos, bases, “accesos”, sanciones u operaciones— deja de ser improvisación: se vuelve programa. Un mes de Trump en el poder: su relación con América Latina en cuatro actos - France 24 La palabra que falta: imperialismo En buena parte del debate regional se habla de “tensión”, “cruce” o “escalada”. Pero cuando una potencia condiciona rutas internacionales, impone bloqueos de hecho, captura o traslada dirigentes y define unilateralmente qué es “legal” en aguas y circuitos comerciales, el eufemismo tapa lo central: intervención imperial. El punto de inflexión fue Venezuela. Allí la disputa se desplazó del plano diplomático al de la fuerza, corriendo el umbral de lo posible. El precedente es más relevante que el episodio: cuando un hecho se naturaliza, se vuelve método. Venezuela y el petróleo: soberanía bajo control material En Venezuela, la dimensión energética no es decorativa: es el núcleo. La presión sobre exportaciones, cargamentos y rutas envía un doble mensaje: disciplinamiento interno y señal externa hacia China y Rusia, que disputan presencia en el continente. Cuando una potencia puede interrumpir flujos, condicionar compradores y administrar el riesgo marítimo, captura renta, regula el acceso a divisas y ejerce poder real sobre el Estado intervenido aun sin una ocupación formal. Ese control traslada el conflicto a un plano estructural. La soberanía queda subordinada al dominio material de circuitos militares y comerciales: no manda quien declara, sino quien puede operar sobre el comercio, la energía y la logística. “Narcoterrorismo” como llave de guerra: México y Colombia bajo presión La novedad más inquietante del inicio de 2026 es el salto conceptual: la guerra antinarco dejó de ser cooperación policial para presentarse como excusa de guerra. La designación de cárteles como organizaciones terroristas endurece el marco, amplía sanciones y habilita un discurso de excepcionalidad. Pero el quiebre llega con una idea que Trump repite: acciones directas y, si hiciera falta, incursiones terrestres. México quedó en el centro por una razón obvia: su soberanía funciona como línea roja para definir si el hemisferio entra en una fase de intervención normalizada. La respuesta mexicana fue tajante: cooperación sí, tropas no. Aun así, la amenaza persiste porque se integra a un dispositivo mayor donde seguridad, migración y crimen transnacional se presentan como asuntos de “defensa del territorio estadounidense”. Colombia aparece como el siguiente escalón. La tensión con Gustavo Petro combinó amenazas públicas con diplomacia condicionada: golpe de efecto primero, invitación al diálogo después, siempre bajo la sombra de sanciones y acusaciones. En paralelo, la noción de “acción conjunta” contra estructuras armadas y narcotráfico funciona como fórmula ambigua: puede ser cooperación, pero también puerta de entrada a una presencia operacional más directa, con costos internos para Colombia y efecto demostración para el resto de la región. El problema del narcotráfico es real. También lo es su uso político-estratégico para ampliar márgenes de intervención. Ultraderechas en ascenso: el “orden” como promesa total El giro estratégico de Estados Unidos se apoya en un clima regional atravesado por crisis sociales, miedo cotidiano, economías frágiles y violencia criminal. En ese terreno, la palabra “orden” funciona como promesa total: seguridad, castigo, disciplina. El resultado es una ventana de oportunidad para programas de mano dura y alineamientos externos presentados como condición de gobernabilidad. En Chile, el corrimiento a la derecha se consolidó con una victoria de agenda securitaria y antimigratoria. Ecuador profundizó un ciclo político bajo el relato de emergencia permanente que legitima estados de excepción y medidas extraordinarias. En Bolivia, el cambio de signo se produjo en un marco de crisis económica que debilitó al oficialismo histórico y reabrió el mapa de alineamientos. El patrón se repite: seguridad como política total, economía bajo tutela y gobernabilidad negociada con condicionamientos externos. El país de América Latina al que apunta Estados Unidos como nuevo objetivo Argentina: rescate financiero y subordinación estratégica En este tablero, Argentina opera como caso testigo. La fragilidad macroeconómica y la dependencia del financiamiento externo convierten cada decisión en variable geopolítica. Cuando la supervivencia económica depende de respaldos externos, el margen de autonomía se reduce; y cuando ese respaldo llega ligado a alineamientos, la soberanía pasa a formar parte del acuerdo aunque no se lo nombre. A ese cuadro se sumó un dato excepcional: la intervención del Tesoro estadounidense para sostener la estabilidad financiera y política del gobierno argentino. Puede presentarse como “ayuda”, pero funciona también como mecanismo de condicionamiento. En el mismo marco debe leerse el apoyo político explícito de Trump al presidente argentino, que incidió en la consolidación del oficialismo en las intermedias de 2025. La regla histórica es simple: la asistencia nunca es gratis. Y por detrás de la coyuntura aparece el punto más sensible, por geopolítica y recursos: la integridad territorial argentina. Tierra del Fuego, Atlántico Sur y puerta antártica Ushuaia no es un puerto más: es una bisagra. La proyección hacia la Antártida, el control del Atlántico Sur y el valor logístico de los pasos bioceánicos vuelven a Tierra del Fuego un punto crítico. Bajo excusas como “control de accesos” o logística antártica, cualquier infraestructura con potencial dual puede convertirse en palanca de largo plazo: presencia, inteligencia, proyección naval y condicionamiento sobre decisiones futuras. El riesgo no reside solo en una base formal, sino en la acumulación gradual de ventajas operativas: acuerdos, ejercicios, facilidades, usos preferenciales, tecnología e intercambio de información. La dependencia rara vez empieza con un despliegue masivo; suele comenzar con una puerta entreabierta que, con el tiempo, se vuelve regla. La discusión se agrava por un contexto regional específico: la presencia militar británica en Malvinas y su control sobre áreas del Atlántico Sur, sumados a procesos de extranjerización de la tierra patagónica y al valor estratégico de la región en minería, agua y energía. En conjunto, ese cuadro incrementa riesgos de mediano plazo sobre soberanía e integridad territorial. Mercosur e integración: autonomía bajo presión La integración regional también quedó atravesada por esta disputa. La agenda de flexibilización del Mercosur —impulsada por el gobierno argentino y acompañada por Paraguay mediante la búsqueda de acuerdos bilaterales de libre comercio— tiende a erosionar la capacidad del bloque y a aislar a Brasil. Cuando la región negocia fragmentada, se vuelve más vulnerable a presiones cruzadas. La integración deja de ser herramienta de autonomía y pasa a ser campo de disputa entre modelos: soberanía con coordinación regional o subordinación estructural. Groenlandia: el mismo patrón, otro mapa La obsesión por el control territorial no se limita al sur. El interés por Groenlandia repite la misma gramática: geografía, recursos y competencia global como justificación para forzar decisiones políticas por presión económica o amenaza. Cambia el mapa, no cambia el método: donde hay valor estratégico, se busca control “por las buenas o por las malas”. Brasil y el Amazonas: hoy no, mañana quizás Por ahora, Brasil no aparece como blanco directo del trumpismo tras los cruces de los primeros meses de 2025. Pero el Amazonas sigue siendo un nervio estratégico por agua, biodiversidad, minerales y control territorial. En un contexto donde el hemisferio se redefine como prioridad, es difícil imaginar que la Amazonia quede fuera del radar si la disputa global escala. Los argumentos pueden mutar —clima, crimen transnacional, minería ilegal, “protección internacional”, infraestructura crítica—, pero el objetivo sería estable: condicionar soberanía sobre un recurso que el mundo mira como reserva del futuro. 2026: el riesgo mayor es la normalización América Latina enfrenta una disyuntiva histórica con ropaje nuevo. Lo nuevo es el clima de época: crisis social, violencia real, economías endeudadas y competencia global que convierte recursos e infraestructura en objetivos estratégicos. Lo viejo es el método: presión, sanciones, tutela, intervención. Si la región acepta que una incursión puede justificarse como “antinarcoterrorismo”, que una base puede instalarse como “logística”, y que el disciplinamiento financiero puede presentarse como “ayuda”, el próximo paso no llega por debate: llega por inercia. La batalla de fondo ya no es solo ideológica ni electoral. Es soberana. La disyuntiva es si el continente puede sostener un principio básico —que ningún conflicto interno justifica la tutela externa ni la suspensión del derecho internacional— o si entra en una fase donde la intervención vuelve a ser una normalidad y no una excepción. En ese terreno, como enseña la historia larga latinoamericana, la disputa real se juega entre proyectos de soberanía nacional y modelos de dependencia colonial.

Municipalismo y Participación ciudadana

El pasado 4 de mayo se realizó una charla debate organizada por el Centro de Estudios Causa Luján y la agrupación Causa Popular. El Profesor Marcel Pavka, especialista en el tema brindó una amena charla donde contó experiencias de distintos municipios sobre distintas herramientas de gestión municìpal que promueven la participación popular en la toma de decisiones de los gobernantes.
Analizó por ultimo distintos modelos de implementación del Presupuesto participativo, donde los vecinos son quienes deciden en que y como se invierten los recursos en su barrio y o localidad.