“Con amigos así… el acuerdo comercial que desnivela la cancha”

El precio oculto del acuerdo con Estados Unidos: concesiones unilaterales y un futuro incierto para la economía argentina

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Un pacto presentado como “recíproco” profundiza la apertura económica, fija nuevas obligaciones estructurales y consolida el costo político del rescate financiero estadounidense.

El gobierno argentino anunció la firma de un marco para un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, titulado “Framework for a United States-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and Investment”. La Casa Blanca lo presentó como un entendimiento “recíproco”, destinado a atraer inversiones y facilitar el comercio bilateral.

Sin embargo, el análisis del documento estadounidense revela una marcada asimetría: las obligaciones recaen casi exclusivamente sobre Argentina, mientras que los compromisos de Estados Unidos son mínimos o condicionados. El economista Hernán Letcher señala que el pacto “no puede considerarse bilateral: hay derechos para EE.UU. y obligaciones para Argentina”.

Un acuerdo sin reciprocidad real

Aunque se lo promociona como equilibrado, el contenido expresa otra cosa. Las concesiones argentinas avanzan sobre barreras arancelarias, regulaciones técnicas, propiedad intelectual, comercio digital y regulaciones laborales, mientras que Estados Unidos no modifica aranceles estratégicos ni flexibiliza barreras que afecten a su industria.

“No aparece ningún beneficio concreto para Argentina. Las concesiones son todas unilaterales”, subraya Letcher.

Impacto sobre sectores productivos

La apertura prometida tensiona sectores claves. En el agro, Argentina compite directamente con la producción estadounidense, altamente subsidiada y con mayor productividad. En el terreno industrial, la situación es aún más delicada: la entrada sin restricciones de bienes de capital, medicamentos, químicos o vehículos presiona sobre las pymes locales.

Un punto crítico del acuerdo establece que Argentina aceptará vehículos y alimentos certificados únicamente bajo normas estadounidenses, sin verificación local. Esto limita el rol de organismos como ANMAT y SENASA.

Agricultura: apertura acelerada sin garantías

La Casa Blanca informó que Argentina permitirá:

• el ingreso de aves de corral estadounidenses en un plazo de un año,

• la no restricción de ciertos quesos y carnes bajo denominaciones específicas,

• la simplificación de registros para carnes bovinas, porcinas y vísceras,

• la eliminación de requisitos de certificación para productos lácteos.

En simultáneo, no existen evidencias de un acceso real al mercado estadounidense para la carne argentina. La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ya avisó que el volumen “no será mucho” y que nuestro país deberá “garantizar la seguridad sanitaria”.

Empresas estatales en la mira

El acuerdo exige “abordar posibles acciones distorsivas” de empresas estatales y subsidios industriales. Esta cláusula apunta a firmas estratégicas como INVAP, YPF y ARSAT, cuyos desarrollos tecnológicos han generado tensiones históricas con Washington. En cables diplomáticos difundidos años atrás, Estados Unidos reconocía su interés en limitar proyectos como los satélites geoestacionarios.

Minerales críticos: la disputa silenciosa

Estados Unidos puso especial énfasis en la cooperación para la inversión en minerales críticos como litio y cobre. Scott Bessent, secretario del Tesoro, lo describió como prioridad estratégica.
Lo llamativo es que esta referencia no aparece en el comunicado del Presidente argentino, probablemente para evitar un conflicto inmediato con las provincias dueñas de los recursos.

Trabajo y comercio digital con sesgo geopolítico

El compromiso argentino de prohibir bienes producidos con “trabajo forzoso” puede afectar importaciones provenientes de China y el sudeste asiático, alineándose con la disputa comercial global que impulsa Washington.

El capítulo de comercio digital, además, flexibiliza la transferencia transfronteriza de datos personales y facilita la operación de grandes plataformas estadounidenses.

Eliminación de la tasa de estadística

Argentina eliminará gradualmente la tasa de estadística para productos estadounidenses.
Solo en los primeros diez meses de 2025, este tributo recaudó $875.000 millones, de los cuales $80.000 millones provinieron de Estados Unidos. La decisión implica pérdida de recursos fiscales sin contrapartida equivalente.

¿Qué concede Estados Unidos?

Las concesiones estadounidenses son mínimas:

• Eliminación de aranceles temporales solo para recursos no disponibles en EE.UU.

• Exención para algunos productos farmacéuticos no patentados.

• Un enunciado vago sobre considerar el impacto del acuerdo en “seguridad nacional”.

Nada de esto afecta sectores donde Argentina podría ganar mercado. Los aranceles al acero —justificados bajo normativa antidumping— permanecen intactos.

Síntesis final

El acuerdo presentado como una modernización comercial se parece más a un paquete de obligaciones unilaterales que desregulan sectores estratégicos, debilitan capacidades estatales y profundizan la competencia desigual con una de las economías más poderosas del mundo.

No es un pacto recíproco: funciona como el costo político del rescate financiero brindado por EE.UU. durante la campaña electoral, pese a que Luis Caputo aseguró que “no nos pidieron nada”.

Las implicancias exceden el plano comercial. Lo que está en juego es la posibilidad de sostener un proyecto productivo nacional en un escenario global marcado por disputas tecnológicas, geopolíticas y económicas. El debate recién empieza, pero el camino elegido condiciona el desarrollo argentino a mediano y largo plazo.

Antonio Muñiz

Deuda, fuga y entrega: radiografía de un nuevo ciclo de saqueo en la Argentina

 Mientras la deuda crece, las reservas caen y la fuga de capitales se acelera, el Gobierno avanza con privatizaciones y concesiones de activos estratégicos. Informes oficiales, datos del Banco Central y análisis de economistas permiten reconstruir un fenómeno que vuelve a colocar al país en un sendero de vulnerabilidad estructural.

Por Antonio Muñiz

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Endeudamiento en espiral: un ciclo que vuelve

La deuda pública argentina continúa expandiéndose a niveles críticos. Según datos del Ministerio de Economía y del Informe de Deuda Pública, la deuda bruta pasó de USD 240.665 millones en diciembre de 2015 a USD 454.031 millones al 30 de septiembre de 2025, incluyendo USD 57.292 millones derivados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El problema se anticipó en 2016, cuando las comisiones de Diputados debatieron el pago a los fondos buitre. Allí, el economista Jorge Gaggero advirtió que el país ingresaba en “un tercer ciclo largo de endeudamiento”, señalando que los nuevos compromisos externos impulsarían “la fuga estructural del dinero ilegal”. La economista Magdalena Rúa, en un informe posterior, demostró cómo ese ciclo efectivamente se consolidó entre 2016 y 2019.

La administración siguiente renegoció plazos e intereses con acreedores externos, sin revisar la legalidad ni el trasfondo del endeudamiento. La gestión actual amplificó el problema al transformar pasivos del Banco Central y parte del déficit fiscal en más de USD 70.000 millones de nueva deuda del Tesoro. En paralelo, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el Banco Central perdió USD 6.300 millones en reservas.

El 14 de abril de 2025, con la presencia del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, se firmó una ampliación del acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, lo que incluyó como señal política la liberación del mercado de cambios para personas físicas.

La fuga de capitales: el verdadero motor del deterioro

El balance cambiario del Banco Central indica que en septiembre de 2025 la Formación de Activos Externos ascendió a USD 6.890 millones, y que entre abril y septiembre la fuga totalizó USD 24.400 millones.

Ese drenaje se financió con desembolsos del FMI, créditos del BID y del Banco Mundial, y por la liquidación de exportaciones no alcanzadas por retenciones, autorizadas por el Decreto 862/25. Solo en septiembre, exportadores de soja liquidaron USD 7.000 millones sin pagar derechos de exportación.

El economista Horacio Rovelli estimó que esa decisión implicó una pérdida fiscal cercana a USD 1.400 millones, mientras que los dólares ingresados se utilizaron para comprar divisas a precio oficial para su posterior salida del país. Rovelli sostiene que el mecanismo reproduce un patrón conocido: “……  se abre el mercado y quienes tienen excedentes compran dólares baratos. El Estado pierde reservas y se endeuda para sostener ese movimiento”.

Privatizaciones y concesiones: un patrimonio en liquidación

Con más deuda y menos dólares, el Gobierno aceleró la venta y concesión de activos estratégicos. El 7 de noviembre se abrieron las ofertas para operar las centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— convertidas previamente en sociedades anónimas que permiten la transferencia de acciones.

Entre las empresas que compiten por las concesiones figuran:

• Central Puerto (grupo Caputo–Bemberg–Escasany–Ruete Aguirre)

• AES

• Enel

• Pampa Energía

• Genneia-Aluar

• MSU Green Energy

Organizaciones ambientales y especialistas denunciaron que el proceso carece de garantías de control estatal efectivo y que no existen estudios ambientales actualizados y completos.

A este esquema se suman otras áreas sensibles: la hidrovía del Paraná, las rutas nacionales 12 y 14, AySA, ENARSA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). En esta última, el Gobierno impulsa la venta del 44% del paquete accionario, un modelo que, como advierte Rovelli, “habilita el control privado de una empresa estratégica aun cuando el Estado mantenga la mayoría nominal”.

El Paraná: el corredor estratégico más disputado

El 3 de noviembre se realizó la audiencia pública por la nueva concesión del río Paraná. Organizaciones sociales, ambientales y técnicas denunciaron irregularidades en el proceso, especialmente la ausencia de estudios serios de impacto ambiental.

Los números del Paraná hablan por sí solos:

• más de 100 millones de toneladas de carga anual,

• 81% de las exportaciones de granos y derivados,

• 91% de la carga contenerizada,

• 4.500 buques extranjeros al año, ninguno de bandera argentina.

Además, el 80% de las barcazas que operan en la hidrovía pertenece a empresas paraguayas, muchas vinculadas al mismo conglomerado exportador que domina el comercio exterior argentino.

Un país que vende barato mientras pierde reservas

El propio Ministerio de Economía calcula que el conjunto de privatizaciones y concesiones podría generar entre USD 5.000 y 5.500 millones.
Es menos que:

• el costo proyectado de Atucha III (USD 6.500 millones),

• y menos incluso que la fuga registrada solo en septiembre de 2025 (USD 6.890 millones).

Para Rovelli, estos números describen el corazón del modelo:
“Se endeuda al Estado, se vacían las reservas y luego se remata el patrimonio público para cubrir el agujero que deja la fuga. Es un proceso de transferencia de recursos hacia grupos concentrados, locales y externos”.

Un ciclo que se profundiza

Endeudamiento externo, fuga de capitales, desregulación financiera y privatización acelerada conforman una secuencia que la Argentina ya ha recorrido. La diferencia actual es la velocidad del proceso y la magnitud de los activos puestos en juego.

El país transita un nuevo ciclo de despojo que compromete sectores estratégicos —energía, logística, transporte, recursos naturales— y erosiona la capacidad de decisión del Estado. La reconstrucción de un sendero distinto exige identificar la lógica de este modelo y actuar antes de que el daño se vuelva irreversible.

Antonio Muñiz

“La herencia invisible”.

   Cómo la economía de la dictadura sigue marcando el rumbo argentino

A casi cincuenta años del golpe de 1976, el modelo económico impuesto por la última dictadura continúa moldeando la estructura productiva y financiera del país. Liberalización, endeudamiento, primarización y fuga de capitales siguen siendo los pilares de un esquema que se consolidó en los 90, reapareció con fuerza durante el macrismo y hoy se profundiza bajo el gobierno de Javier Milei.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no solo inició un ciclo de terrorismo de Estado; también impuso una transformación profunda en la estructura económica argentina. La dictadura cívico-militar desarticuló el modelo de desarrollo industrial y mercado interno que había guiado a la economía durante décadas, reemplazándolo por un programa de apertura comercial, liberalización financiera y creciente endeudamiento externo. Las consecuencias de aquel giro siguen condicionando al país hasta el presente.

Una matriz ideológica importada

La política económica del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se apoyó en los postulados neoliberales difundidos por la escuela de Chicago. Bajo la premisa de que el Estado era el gran obstáculo para el crecimiento, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz impulsó una estrategia de desregulación financiera, eliminación de controles, apertura indiscriminada de importaciones y retracción del rol estatal en sectores estratégicos.

La prioridad no era el desarrollo industrial ni el fortalecimiento del mercado interno, sino la estabilidad nominal y la atracción de capitales a través de instrumentos financieros de corto plazo. Ese cambio de rumbo alteró de raíz el patrón de crecimiento del país.

Desindustrialización acelerada

La apertura comercial, combinada con un tipo de cambio atrasado y el encarecimiento del crédito interno, provocó un proceso de desindustrialización sin precedentes. Fábricas de sectores medianos y pequeños, articuladas históricamente al consumo interno, quedaron expuestas a una avalancha de productos importados.

El cierre de establecimientos, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del salario real reconfiguraron la estructura productiva. En paralelo, se consolidó una concentración del capital en manos de grupos vinculados al negocio financiero, que aprovecharon la desregulación del mercado de capitales para expandir un circuito de especulación altamente rentable.

Endeudamiento y valorización financiera

El endeudamiento externo se convirtió en el eje del nuevo modelo. La deuda, que rondaba los 8.000 millones de dólares en 1976, superó los 45.000 millones en 1983. La mayor parte de esos fondos no financió infraestructura ni inversiones productivas: alimentó la valorización financiera y facilitó la fuga de capitales mediante el mecanismo conocido como “bicicleta financiera”.

Capitales especulativos ingresaban atraídos por altas tasas en moneda local, obtenían rentas extraordinarias y luego fugaban sus ganancias al exterior. Este proceso deterioró la balanza de pagos, agravó la fragilidad macroeconómica y preparó el terreno para futuras crisis.

El colapso y la estatización de la deuda privada

Tras años de sobrevaluación del peso, caída industrial y fuga constante de divisas, la economía entró en crisis en 1981. La devaluación impulsada por Lorenzo Sigaut profundizó el deterioro y aceleró la corrida cambiaria. El estallido definitivo llegó en 1982, cuando el Estado decidió estatizar la deuda externa privada, trasladando al conjunto de la sociedad obligaciones generadas por grandes grupos económicos.

Aquella decisión condicionó las finanzas públicas de los gobiernos democráticos durante décadas y consolidó un patrón regresivo de distribución del ingreso.

Una herencia que atraviesa gobiernos

El retorno democrático no significó una reversión del modelo instaurado en 1976. Por el contrario, varias de sus piezas centrales perduraron. La década del 90 consolidó la matriz con la convertibilidad, las privatizaciones y la apertura total a los flujos financieros internacionales. La economía volvió a quedar expuesta a ciclos de endeudamiento, fuga, crisis y recesión.

En el siglo XXI, el gobierno de Mauricio Macri reeditó gran parte de aquellas políticas: liberalización bancaria, endeudamiento acelerado, retorno al FMI y un fuerte proceso de fuga de capitales. La economía quedó nuevamente atrapada en un círculo de dependencia externa y fragilidad financiera.

Hoy, el gobierno de Javier Milei profundiza esa misma orientación con una agenda de desregulación extrema, primacía del capital financiero, dolarización de tarifas y una visión extractivista del desarrollo. El patrón instaurado por la dictadura no solo sobrevivió: se adaptó a nuevas condiciones y encontró nuevos administradores.

 Un modelo que se repite y una deuda pendiente

La experiencia iniciada en 1976 marcó una reconfiguración estructural que permanece vigente. La liberalización financiera, la primacía del endeudamiento, la desindustrialización y la dependencia de exportaciones primarias definieron un modelo que atravesó gobiernos y coyunturas.

Menem, Macri y Milei, con matices distintos, continuaron ese camino. Los gobiernos populares lograron avances en términos de ampliación del mercado interno, recuperación del salario y fortalecimiento industrial, pero no consiguieron desmontar las bases del esquema financiero-extractivo ni revertir la dependencia del crédito externo.

La persistencia de esta matriz explica buena parte de las recurrentes crisis de deuda, la volatilidad macroeconómica y las dificultades para construir un proyecto de desarrollo soberano. El desafío que persiste es romper con una estructura que, desde hace casi cinco décadas, subordina la producción a la especulación y el interés nacional a los movimientos del capital financiero global.

Antonio Muñiz

El malestar económico se profundiza y el Gobierno pierde apoyo fuera de su núcleo duro

 El termómetro del humor social volvió a encenderse y los números no traen buenas noticias para el oficialismo. Un nuevo relevamiento del Monitor de Humor Social y Político, elaborado por D’Alessio IROL y Berensztein, muestra que el clima social y la evaluación de la gestión de Javier Milei se mantienen en terreno inestable.

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Una amplia mayoría de los argentinos percibe que la economía empeoró y duda de una recuperación en el corto plazo. La desaprobación al Gobierno de Javier Milei se mantiene estable pero alta, mientras la polarización política y la falta de mejoras concretas en la vida cotidiana alimentan la desconfianza social.

Aunque algunos indicadores macroeconómicos se muestran estables, el descontento con la situación económica domina el humor social. Según el relevamiento de D’Alessio IROL y Berensztein, el 62 % de los argentinos considera que la economía está peor que hace un año, mientras solo el 35 % percibe una mejora. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 74 % cree que la situación mejoró; en cambio, entre los opositores, el 96 % sostiene lo contrario.

La brecha política atraviesa toda la percepción económica. Mientras el discurso oficial insiste en los “logros técnicos” del ajuste —déficit fiscal cero, tipo de cambio estable, desinflación— la mayoría de la población siente que esos resultados no se traducen en una mejora de su vida cotidiana. En palabras del economista Hernán Letcher, “la estabilización sin crecimiento ni distribución es apenas una foto contable que no cambia la realidad social”.

De cara al futuro inmediato, el pesimismo avanza: el 52 % cree que la economía empeorará en los próximos doce meses y apenas el 44 % se muestra esperanzado en una recuperación. Este diagnóstico coincide con informes de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), que advierten que el mercado interno “no se recupera” y que la recesión se profundizó durante el tercer trimestre de 2025.

Una gestión con aprobación acotada

En el plano político, la evaluación del Gobierno nacional revela un techo difícil de perforar. Un 56 % de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei frente a un 42 % que la respalda. Dentro del electorado libertario, la adhesión se mantiene en torno al 88 %, pero el Gobierno no logra ampliar su base social. Entre los votantes opositores, la desaprobación roza el 99 %.

Los analistas coinciden en que la administración se sostiene sobre una base fiel pero estrecha. “El problema del mileísmo no es la fidelidad de sus votantes, sino su aislamiento: no crece hacia el centro ni retiene a los sectores medios que fueron seducidos por su discurso inicial de orden y libertad”, resume el politólogo Sergio Berensztein.

La paradoja es evidente: mientras Milei exhibe cifras de equilibrio fiscal y festeja la contención inflacionaria, la sociedad percibe que el costo del ajuste recae sobre los mismos sectores de siempre. Los aumentos en tarifas dolarizadas, el congelamiento salarial y la contracción del consumo golpean a la clase media, que según una reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), “se siente más empobrecida y desprotegida que nunca”.

Inseguridad e incertidumbre: las alarmas del presente

La incertidumbre encabeza la lista de preocupaciones nacionales con un 61 %, seguida por la inseguridad (58 %) y la falta de propuestas productivas (53 %). El estudio refleja dos agendas totalmente distintas según la orientación política: los votantes oficialistas priorizan la inseguridad (76 %), la “corrupción kirchnerista” (71 %) y el narcotráfico (49 %); mientras los opositores mencionan como principales problemas los recortes del Gobierno (94 %), la inestabilidad económica (84 %) y la falta de impulso al crecimiento (76 %).

El resultado es un país fragmentado, con dos miradas y dos lenguajes políticos que rara vez se cruzan. Para los votantes libertarios, el ajuste es un sacrificio necesario; para el resto, una agresión sin horizonte. Esa distancia narrativa explica la creciente polarización y el enfriamiento del humor social incluso en sectores que, hasta hace poco, mostraban paciencia con el rumbo oficial.

El humor social y el horizonte político

Entre las figuras políticas nacionales, Guillermo Francos lidera la imagen positiva con el 46 %, seguido por Patricia Bullrich y Diego Santilli (42 %). Javier Milei mantiene un 38 % de imagen positiva y un 57 % negativa, niveles similares a los de Mauricio Macri. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la imagen positiva desciende al 28 % y la negativa trepa al 65 %, mientras Axel Kicillof conserva un 37 % positiva y 58 % negativa.

En cuanto a la valoración del rumbo nacional, el 45 % de los consultados se declara conforme con el camino elegido en las urnas, frente a un 52 % que lo desaprueba. Entre los libertarios, la satisfacción es casi unánime (93 %), pero fuera de ese círculo predomina el desencanto.

El desafío para el oficialismo es sostener la gobernabilidad en un contexto de recesión prolongada, desigualdad creciente y pérdida de expectativas. Si bien el Gobierno celebra haber frenado la inflación y reducido el déficit, la estabilidad prometida parece beneficiar a los mercados antes que a la economía real. En los hechos, las tarifas atadas al dólar no reflejan los costos de producción sino la rentabilidad asegurada a los empresarios, mientras el consumo interno sigue en retroceso.

Un país entre la paciencia y el hartazgo

La encuesta confirma que el apoyo a Milei se mantiene en su núcleo más ideologizado, pero fuera de ese círculo la confianza se erosiona. Los resultados técnicos del ajuste no logran compensar la pérdida de poder adquisitivo ni el deterioro de la vida cotidiana. La sociedad parece ingresar en una etapa de fatiga: el orden de los mercados ya no alcanza para justificar el desorden social.

En síntesis, seis de cada diez argentinos creen que la economía está peor que hace un año y más de la mitad anticipa un empeoramiento. En ese escenario, la legitimidad del Gobierno depende menos de las cifras macroeconómicas que de su capacidad para ofrecer esperanza y sentido en medio del ajuste. Mientras la paciencia ciudadana se acorta, el malestar se convierte en el nuevo termómetro político de la Argentina.

Antonio

Muñiz

La Patria Grande fragmentada: Otra oportunidad perdida.

Mientras el mundo se reconfigura en torno a grandes bloques de poder, Javier Milei desarma desde adentro cualquier intento de unidad sudamericana. Su alineamiento incondicional con Estados Unidos y su decisión de boicotear el Mercosur o el abandono del BRICS  repiten el viejo libreto de la balcanización latinoamericana que Inglaterra impulsó en el siglo XIX y que hoy Washington actualiza con nuevos métodos.

Por Antonio Muñiz

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La historia de América Latina es, también, la historia de su desintegración inducida. En el siglo XIX, la potencia británica impuso su estrategia de “dividir para dominar”, fomentando fragmentaciones territoriales que impidieron el surgimiento de un poder continental capaz de competir con su comercio y su marina. Dos siglos después, la historia rima: los Estados Unidos han heredado aquel papel imperial y cuentan con aliados locales que operan, consciente o inconscientemente, como topos del Norte. Javier Milei es hoy el más fervoroso de ellos.

Desde que asumió la presidencia argentina, Milei ha hecho del alineamiento con Washington y Tel Aviv no solo una política exterior, sino una identidad ideológica. La geopolítica, para él, es una extensión del fanatismo: divide el mundo entre “aliados del bien” y “enemigos de la libertad”, repitiendo un esquema mental que reduce la política internacional a cruzadas morales. Pero detrás del discurso libertario se oculta una dependencia estructural.

Su decisión de retirar a la Argentina del BRICS, cuando el país ya había sido aceptado como miembro pleno, constituye uno de los errores estratégicos más graves de la historia reciente.  

 Argentina había logrado, tras años de gestión diplomática, ingresar al bloque que reúne a las principales economías emergentes del planeta —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—, un espacio donde el Sur Global discute las nuevas reglas financieras y comerciales del siglo XXI. Salir del BRICS no fue una “decisión de política exterior soberana”, como sostuvo Milei, sino una entrega geopolítica: un gesto de obediencia hacia Washington, que ve en ese bloque un desafío directo a su hegemonía.

Mientras el mundo multipolar avanza, la Argentina retrocede a un rol colonial. Rechazó una oportunidad histórica de integrarse a una red financiera que busca reducir la dependencia del dólar y promover inversiones en infraestructura, energía y tecnología. Brasil, China e India —socios naturales para la región— siguen adelante con un proyecto que, paradójicamente, tiene en el BRICS  un sistema cooperativo entre países que buscan autonomía frente a los poderes tradicionales.

El viejo plan de fragmentar el Sur

El proceder de Milei no puede analizarse aisladamente. Es parte de una lógica más amplia que reproduce, con otros actores y tecnologías, la vieja política británica de fragmentar América Latina. En el siglo XIX, Londres impulsó la desunión del continente para controlar su comercio y su deuda. Hoy, Estados Unidos utiliza su influencia financiera, mediática y militar para garantizar que ninguna integración sudamericana gane densidad estratégica.

El libertarismo presidencial encaja a la perfección en esa agenda. Su prédica contra el Estado, la integración y los organismos regionales no es una expresión de rebeldía: es la traducción local del neoliberalismo subordinado. Donde Perón, Chávez, Lula o Kirchner veían la necesidad de un bloque industrial y soberano, Milei ve “estatismo” y “populismo”. Donde otros buscaron alianzas comerciales y políticas, él levanta muros ideológicos. Y donde el Sur global ensaya mecanismos de cooperación, él propone arrodillarse ante el “mundo libre” de Wall Street.

El contraste con el ciclo de integración sudamericana

Entre 2003 y 2015, Sudamérica vivió su etapa más fértil de cooperación política. Con Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, se creó UNASUR, se fundó el Consejo de Defensa Suramericano y se proyectó el Banco del Sur, herramientas destinadas a cimentar una autonomía colectiva. Aquel ciclo demostró que la integración es posible cuando existe una coincidencia mínima de objetivos: industrializar, proteger los recursos naturales y hablar con una sola voz ante el mundo.

Pero esa arquitectura se derrumbó bajo el peso de los cambios de signo político y de las presiones externas. Washington comprendió que debía impedir la consolidación de un bloque sudamericano. Lo hizo promoviendo rupturas, infiltrando agendas y alentando proyectos políticos de desmantelamiento. Milei, con su impronta disruptiva, representa la fase más extrema de esa ofensiva: ya no busca disputar el sentido de la integración, sino aniquilarla desde dentro.

Un Mercosur debilitado y un Sur sin brújula

El Mercosur, que podría ser el núcleo duro de un bloque regional, atraviesa una crisis de sentido. Mientras Brasil intenta relanzar el diálogo con África, Asia y los BRICS, la Argentina adopta un discurso que bordea el aislamiento. El gobierno bloquea acuerdos, congela proyectos industriales conjuntos y desprecia cualquier mecanismo multilateral que no esté bendecido por Washington.
El resultado es una paradoja: en la era de los bloques continentales, Sudamérica vuelve a comportarse como en la era de las colonias, exportando materias primas y comprando tecnología.

El desafío pendiente: reconstruir la Patria Grande

La única salida posible para la región sigue siendo la integración. América del Sur tiene lo que el mundo necesita: alimentos, agua, energía, litio, biodiversidad y conocimiento científico. Pero carece de lo esencial: unidad política y poder financiero propio. El camino no está en las cruzadas ideológicas ni en la sumisión a potencias externas, sino en la creación de instituciones sólidas y proyectos comunes.

Reactivar UNASUR, consolidar un sistema de pagos regional, crear un Fondo Sudamericano de Desarrollo, ampliar el MERCOSUR y articular cadenas de valor en energía, tecnología y defensa no son consignas románticas: son condiciones de supervivencia en un mundo que se organiza por bloques.

Milei podrá presentar su aislamiento como un acto de independencia, pero la historia lo juzgará como lo que es: una política de vasallaje disfrazada de libertad. Mientras el planeta se divide en grandes espacios continentales, la Argentina vuelve a quedar sola, empobrecida y subordinada. El general Perón lo advirtió con claridad profética: “La unidad continental no es una opción: es el destino.”

Hoy ese destino está en juego. Y mientras el topo trabaja desde adentro para destruirlo, los pueblos del Sur tienen la responsabilidad histórica de volver a construir la Patria Grande, antes de que otros vuelvan a escribir su futuro.